sábado, 19 de noviembre de 2016

VENGANZA NO ES JUSTICIA


La saña contra el doctor Jaime Smart, respetado hombre del derecho, es una muestra contundente de abuso del poder estatal en violación del marco legal

Dr. Jaime Smart

"Dadme una persona y yo le encontraré un delito" es la frase atribuida a Andrey Vyshinsky, el temido procurador general de la URSS (1935), la perversa mente creativa detrás de la gran purga que llevó a cabo José Stalin, mediante los célebres juicios de Moscú. Se trataba de falsos procesos públicos, con sentencias condenatorias preestablecidas, para así eliminar a sus enemigos políticos, presuntamente respetando las formalidades procesales. Vyshinsky recomendaba a sus fiscales y a los jueces, guiar sus investigaciones y sentencias conforme una "perspectiva social más amplia". Es decir, que cada caso debía ser juzgado en el "contexto" de la doctrina marxista de la lucha de clases. Como resultado, en esos juicios no era necesario respetar las garantías del debido proceso legal ni los principios de la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley, el nulla poena sine lege o el derecho de defensa, sino que bastaba determinar que el imputado había sido reticente en adherir a la sociedad sin clases o insistente en conservar sus hábitos burgueses. O simplemente, por razón de Estado: cuando el Partido Comunista considerase útil el dictado de condenas ejemplares para educar a la población en lo que consideraba el recto camino. Es realmente notable que la teoría del "contexto" como factor de atribución penal para condenar sólo sobre la base de presunciones, haya sido también copiada, 80 años más tarde, por algunos miembros de nuestro Poder Judicial que militan en la agrupación Justicia Legítima.

Andrey Vyshinsky

Como los métodos de los totalitarismos siempre convergen, cabe recordar que durante la Alemania nazi fue creado el Volksgerichtshof o tribunal del pueblo, que también edificó farsas judiciales para condenar a los enemigos del nazismo en función del "contexto" en que los imputados habrían actuado. Sobre la base de presunciones de corte ideológico, miles de alemanes sufrieron la pena capital con el argumento de que ponían en peligro al Tercer Reich, no obstante que los delitos no estaban tipificados ni existían pruebas de culpabilidad. No sorprende que el presidente del Tribunal fuese el gélido Roland Freisler, admirador declarado del ruso Vyshinsky, a pesar de lo sucedido en Stalingrado.

ex juez Carlos Rozanski

En la Argentina se llevan a cabo cientos de juicios de lesa humanidad contra militares que intervinieron en la guerra antisubversiva. Sin embargo existe un solo caso de un civil condenado a prisión perpetua. Se trata del doctor Jaime Smart, quien fue ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar y, por tal razón, la Justicia le atribuyó, sin probarlo más allá de toda duda razonable, haber sido ideólogo de un plan de exterminio de la población civil durante aquel período. Smart fue condenado por el Tribunal Nº 1 de La Plata, presidido por el escandaloso ex juez Carlos Rozanski, quien renunció a su cargo para evitar enfrentar las gravísimas denuncias que se habían acumulado en su contra en el Consejo de la Magistratura.

Al igual que en los juicios de Moscú, Rozanski dispuso realizar las audiencias en un teatro, para dar cabida a intimidatorias barras de militantes que convirtieron una actuación judicial independiente en un circo político, con cánticos amenazadores más próximos a la violencia que a la razón y al derecho. Smart fue condenado, no obstante que en el juicio a los comandantes quedó probado que la policía de la provincia de Buenos Aires no dependía operativamente del Ministerio de Gobierno, sino del Primer Cuerpo de Ejército. Por tanto, la gestión de Smart se limitó al ejercicio de las competencias civiles de su ministerio. El tribunal recurrió a Vyshinsky, sin nombrarlo, y adoptó la doctrina del "contexto", señalando que bastaba que Smart hubiese "integrado el aparato organizado del poder represivo, con independencia del tipo de intervención que hubiese tenido".
 
"Isabelita" y "el Brujo"


La saña contra Smart tiene un claro sentido de venganza, pues en los años setenta, este respetado hombre de derecho integró la Cámara Federal en lo Penal que juzgó a los terroristas que asolaban el país aplicando el Código Penal. Pero su esfuerzo fue abandonado cuando asumió la presidencia Héctor Cámpora, quien de inmediato dispuso la liberación de presos de las cárceles. Tal fue el clima de terror a partir de 1973, que María Estela Martínez de Perón ordenó "aniquilar" a aquéllos, dejando de lado al Poder Judicial y encomendando la tarea a los efectivos parapoliciales de la Triple A. El tribunal que integró Smart fue un intento de aplicar el debido proceso legal a quienes atentaban con violencia contra el orden público en democracia y la forma más adecuada de encarar la tragedia de la lucha armada.

Diké, diosa de la justicia

Ya han pasado 33 años desde la instauración de la democracia. En ella, la Justicia debe actuar en forma legítima, respetando el debido proceso legal y las garantías constitucionales. De lo contrario, aunque se denomine legítima, es sólo una torpe puesta en escena con fines políticos e ideológicos. Y si los delitos de lesa humanidad se juzgan conforme la ideología o la política, dejan de ser delitos y pierden su carga humanitaria. Como lo hemos dicho reiteradamente desde estas columnas, si las garantías constitucionales son soslayadas en nombre de la liberación, el socialismo nacional o del hombre nuevo, como hicieran Vyshinsky y Freisler, no será en el ámbito de Diké, diosa de la justicia, sino en el de Némesis, diosa de la venganza.

Némesis, diosa de la venganza
Hace más de ocho años que Smart se encuentra detenido -los últimos en Marcos Paz y en Ezeiza- a pesar de haber superado los 80 años, habiendo alegado infundadamente el tribunal presidido por el renunciado Rozanski, que existe "peligro de fuga". Y, más tarde, dado lo absurdo de esa causal, alegándose el riesgo de que Smart pudiese utilizar su "ascendiente" personal sobre "estructuras aún subsistentes" de personas con afinidad a la extinguida dictadura militar.

jueza Ana María Figueroa, de Justicia Legítima

Como las causas han sido apeladas, ahora la Cámara de Casación se encuentra considerando el caso. Ha correspondido la intervención de la Sala I, presidida por la jueza Ana María Figueroa, de Justicia Legítima, a quien secundan como subrogantes Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Cabe ahora recordar que el fundamento utilizado en la Argentina para distinguir el "terrorismo de Estado" del accionar de las bandas subversivas se refiere al abuso del poder coactivo del Estado contra ciudadanos, cuando su finalidad es el bien común, actuando conforme a la ley. Ese argumento tiene una contracara y conlleva una obligación simétrica: todos los órganos del Estado, y no solamente el Poder Ejecutivo, deben apegarse a derecho. Y los jueces -con más razón- están obligados a dejar de lado tanto la política como la ideología, confirmando así que en nuestro país se ha dado vuelta la peligrosa página de la parcialidad. Es de desear que nunca más asistamos a un abuso del poder estatal fuera del marco legal como el que hace años viene sufriendo Smart.



NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

FELIZ TRISTE CUMPLEAÑOS


El 17/11 de 2016 se cumplieron, y aún   no salgo de mi asombro, 10 (diez) años  procesado sin condena y privado de mi libertad.

Para entender lo irregular de mi situación, tuve un corto periodo excarcelado después de haber cumplido tres años detenido sin condena, resolución  dictada por casación y firme por no haberse presentado la fiscalía en tiempo y forma.

No obstante mediante un recurso extraordinario presentado por el fiscal general, la Corte Suprema de Justicia en un dictado dividido revocó la excarcelación, y aquí me encuentro cumpliendo 10 años privado de mi libertad desconociendo el estado argentino,  principios básicos de la justicia universal.

Próximamente cumpliré 80 años, por operaciones en las dos caderas tengo cierta discapacidad. y ninguna posibilidad en influir en  el proceso en marcha.

Indudablemente la CSJ no leyó los autos de instrucción donde me imputan cientos de  asesinatos, secuestros robo de niños etc., con una redacción confusa, maliciosa y contradictoria, una verdadera zanata, que de haberla leído, se darían cuenta del bochorno judicial que avalaron.

Solo pido que lean mis dos alegatos donde con pruebas fehacientes demuestro mi inocencia.             

Me privaron de mis mejores años en el ocaso de mi vida, mi nieto más pequeño aun no pudo conocer a su abuelo.

En una charla a través de internet, ese pequeño de rulos oscuros, redondos ojos brillantes, y tonada caribeña, con la espontaneidad propio de un niño de su edad, me preguntó, si mi hijo era adulto, (es decir su padre).

En una situación normal, este episodio sería una anécdota cómica familiar, pero en realidad esconde el drama de mi familia, mis hijos tuvieron que emigrar, mis nietos nacieron en el extranjero y el nieto más pequeño  presa de una confusión total respecto de su abuelo virtual.

Me han privado de contarles los cuentos del abuelo, acariciar sus cabellos, velar su sueño y besar su frente; el tiempo vital disponible es  breve, toda mi familia no podrá olvidar esta injusticia, lo que los hacen renegar de su condición de ciudadano argentino

Soy un paria civil y militar, la justicia no cumple con la constitución, el periodismo ignora nuestra situación y nos anatemiza a todos como genocidas, la Iglesia tibiamente promete pero no hace nada, le remití al Papa una carta explicando mi situación, (con la seguridad que fue recibida), en la cual  le pedía una bendición, no solo no recibí nada ni de terceras personas, sino que se ocupa más de delincuentes reconocidos, que de un pobre viejo privado de su libertad, condenado a muerte en vida.

Eugenio Bautista Vilardo
Capitán de Navío IM (RE)
DNI 4 251 385

Detenido político  

FEDERICO IBAÑEZ Miembro de Montoneros. TESTIGO IMPROPIO


La mentira de los KK(s) se derrumba como un Castillo construido con Naipes. Sin embargo hay un ala que tiembla pero todavía no cae. “LA MENTIRA DE LOS DDHH” o el “CIRKO JURÌDICO”. Todavía los MEDIOS DE DIFUSIÒN, cómplices del RELATO, intentan gambetear un tema que necesariamente saldrá a la luz. El INCUMPLIMIENTO del artículo 18 de la CN, la NEGACIÒN del terrorismo, su JUZGAMIENTO por más de 15.000 atentados, la EXISTENCIA de más de 5.000 víctimas entre mutilados y muertos, la COMPLICIDAD de jueces prevaricadores, la EXISTENCIA de una escuela de FALSOS TESTIGOS, la INFILTRACIÓN de terroristas en todas las organizaciones del país, FUNDAMENTALMENTE en los tres poderes del estado y el DINERO ROBADO a todos los argentinos para “INDEMNIZAR” a quienes debieran ser juzgados.

En el video que sigue se observa a un TESTIGO declarando contra quienes en cumplimiento de órdenes DEBIERON combatir contra el terrorismo. Se trata de FEDERICO IBAÑEZ. Amigo y cómplice de FIRMENICH, ABAL MEDINA, NORMA ARROSTITO, secuestradores y ejecutores entre otros del General ARAMBURU. Como mínimo fue dueño de un AGUANTADERO y CARCEL DEL PUEBLO. Testigos como este… TODOS los que se prestaron y beneficiaron del CIRKO.

¿ES ESTE UN TESTIGO VÁLIDO?



jueves, 17 de noviembre de 2016

HOMENAJE AL CNL (PM) JORGE ROBERTO IBARZÁBAL


A TODOS LOS CAMARADAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE SEGURIDAD, FUERZAS POLICIALES Y FUERZAS PENITENCIARIAS,

A TODOS LOS AMIGOS,

A TODOS LOS COMPATRIOTAS,

Estimados Camaradas y Amigos:

La Unión de Promociones adhiere e invita al homenaje que la Promoción 80 "Del Libertador" realizará al Coronel (PM) Jorge Roberto Ibarzábal, al cumplirse el 42º. aniversario (19 Nov 74) de su secuestro y posterior asesinato a manos de la organización terrorista autodenominada “ejército revolucionario del pueblo”.

Se oficiará la Santa Misa el día Sábado 19 de Noviembre, a las 11.00 horas, en la Capilla del Regimiento 1 "Patricios", sito en Avda. Bullrich 481, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esperamos contar con su presencia, a fin de rendir todos juntos, un sentido, merecido y renovado tributo a un héroe de nuestra Patria.

Cnl (R) Guillermo César Viola.
Unión de Promociones

P.D.: Agradeceremos dar la mayor difusión posible a esta convocatoria.

NO NOS QUEDEMOS CHAPOTEANDO EN LA SANGRE Y EN EL BARRO DE LOS '70


Ceferino Reato se refirió al informe oficial del Gobierno sobre los desaparecidos durante la última Dictadura Militar

video


lunes, 14 de noviembre de 2016

CARLOTTO NECESITA MUERTOS PARA PRESERVAR SU NEGOCIO


Por Nicolás Márquez

Días atrás, el poco confiable Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj se tomó por fin el trabajo de confirmar oficialmente la verdad: los desaparecidos durante el último gobierno militar no fueron 30 mil sino 6300, casi cinco veces menos a la cifra demagógicamente difundida. Lo ratificado por el burócrata en el año 2016, no es más que el mismo dato que nosotros mismos habíamos confirmado 12 años atrás en mis libros La Otra Parte de la Verdad y de manera más completa, en mi segunda obra La Mentira Oficial.

Pues bien, ante esta verdad de a puño que ahora ha sido institucionalmente vociferada, salió a la palestra Estela Carlotto (Ceo de la rentable empresa “Abuelas de Plaza de Mayo”), quien ante esta confirmación estatal y oficial se molestó sobre manera y emitió un comunicado de furia tanto en los medios masivos de comunicación como desde la página web institucional de su negocio, en la cual lamenta la actitud del gobierno de decir la verdad en vez de insistir en una cifra que de sobra se sabe falsa: “Fue una muy mala noticia, muy desagradable. En vez de investigar cuántos son, que nos ayuden a encontrarlos, no a sacar una estadística” sentenció: ¿no hubiese sido más desagradable saber que fueron 30 mil? ¿no es acaso una buena noticia saber que el desencuentro entre argentinos fue muy inferior al popularmente divulgado? ¿O Carlotto se hubiese sentido más feliz con 24 mil muertos más?.

Supongamos por un rato que en los años 70´ no hubo una guerra civil entre terroristas organizados y las Fuerzas Armadas sino un “genocidio de los militares a expensas de chicos con buen corazón”. Aceptemos esta fantasía y hagamos el siguiente análisis: ¿no es algo para celebrar el hecho de saber que hay 24 mil familias destrozadas menos de las que sospechábamos? ¿No constituiría dicha noticia un alivio o un sensible mal menor entonces?

“En los últimos meses hemos advertido intentos por desprestigiar la lucha de los organismos de derechos humanos” dice Carlotto en el sitio web de su próspero kiosko. ¿No son ellos quienes se han desprestigiado a sí mismos al mentir desde siempre con la cifra, al glorificar los crímenes de la guerrilla y al vivir del Estado a cuatro manos mediante subsidios, indemnizaciones y cargos públicos para toda la parentela y amigos tal como Carlotto lo hizo colocando a sus hijos en cargos provistos por la delincuencia kirchnerista a la que ella tanto apañó?. 

“No sé de dónde han salido esas cifras” disparó Carlotto.

Yo se lo explico: fueron publicadas en el año 2006 (a la sazón Néstor Kirchner Presidente) por la Secretaría de DDHH de aquella gestión, dirigida entonces por el extremista y ex abogado de Mario Roberto Santucho, Eduardo Luis Duhalde, tras confeccionar una edición revisada del anexo del libro Nunca Más con motivo de lo que por entonces constituía el aniversario de los 30´ años del golpe militar que oportunamente el grueso del pueblo celebró.

Pero Carlotto hubiese deseado que la cifra hubiese sido 30 mil: ella quiere sangre. Prefiere 24 mil muertos más. Cuánto más muertos más grande y perdurable sería su indecoroso negocio paraestatal en el cual vende memoria deformada a cambio de plata ajena.

Sería sumamente interesante que el desteñido Avruj hoy completara el marco de la revisión histórica informando también desde su Secretaría a cuánto ascienden las víctimas del terrorismo subversivo (del cual dos hijas de Carlotto formaron parte actuando bajo las órdenes de Firmenich en la banda homicida Montoneros), a los efectos de que todos los sectores que padecieron en la desdichada Argentina de hace cuatro décadas, puedan verse reflejados y representados en un trabajo integral y desapasionado que desnude de una vez por todas tantas mentiras oficiales.


“COMO PARA HACER DULCE”

Por Mauricio Ortín

El grado de decadencia de una sociedad debería valorarse por la cantidad y la calidad de falsedades que sea capaz de tolerar. En los últimos días, por fin y porque no tenía otro remedio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación blanqueó el número de desaparecidos y muertos en la guerra contra la subversión. La cifra, calculada desde la asunción de Cámpora hasta la de Alfonsín, asciende a 7010. Muy lejos de los 30.000 que Pérez Esquivel, Carlotto, Bonafini y casi toda la clase política argentina anuncian dogmáticamente como número axiomático. Hace tan solo menos de un año que Darío Lopérfido, Secretario de Cultura de la ciudad autónoma de Buenos Aires, debió renunciar a su cargo presionado por sostener que no eran 30.000. Al respecto, el mismísimo Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural (sic) de la Nación, Claudio Avruj, expresó su desacuerdo con Lopérfido: aludió a que se trataba de una cifra emblemática y simbólica. En tanto, Malher, el funcionario que reemplazó a Lopérfido, sostuvo que el número de 30.000 había sido adoptado por el pueblo y, por tanto, lo respetaba. No hubo ni un solo político del partido radical o del de Macri que saliera a respaldarlo. Una de dos, o la verdad en la Argentina no es políticamente correcta o no se tiene lo que hay que tener para, siquiera, murmurarla. Porque hay que ser un pusilánime de quinta para soportar impávido que la señora de Carlotto acuse al gobierno de “quererla mostrar como mentirosa ante la sociedad” justamente por mentir de manera escandalosa. ¿Qué es lo que les impide decir que Carlotto MIENTE y Bonafini es una LADRONA? Un tal Daniel Lipovetzky, diputado macrista, se arrugó frente a Rossi y el periodista Silvestre cuando estos le refregaron la “infamia” de no mantener el símbolo emblemático (de la mentira) de los 30.000. Lipovetzky, con cara de “yo no fui”, hizo la defensa del blanqueo mientras, al mismo tiempo, defendía la bandera de los 30.000. Al final, chorizo. Prefiero la actitud cínica y perversa de los que mantienen su mentira a la pusilánime que ni lo uno ni lo otro.


A esta hora de la soirée (cuarenta años han pasado), la defensa sobreactuada de la mentira de los 30.000 huele a podrido. Sobre todo porque Carlotto, Bonafini, Vertbisky, con el apoyo incondicional de los Kirchner durante doce años, no pudieron estirar la cantidad ni a diez mil. De las treinta mil placas del Parque de la Memoria sólo pudieron llenar un tercio. Luego, no es pecar de precipitado el presumir que se quiere tapar un chanchullo mayúsculo. Miles de millones de dólares se destinaron para indemnizar a familiares de desaparecidos ¿Por qué habría de pasar inadvertido a los Kchorros semejante boccato di cardinali?

Ante la evidencia, arguyen que un desaparecido o 30.000 es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay que ser discapacitado moral para entenderlo así. Inmoral también es atribuir muertes que no fueron tales a quienes no las cometieron. Pero es que, si fueron tantas, entonces los culpables serán tantos también. La ecuación es: a más muertos, más “genocidas” a perseguir.


Con la mentira de los 30.000 se infecta el alma de los niños argentinos en las escuelas; las dirigidas por la iglesia católica, incluidas. Se le atribuye a Hitler la frase: “Mientras más grande es la mentira más gente la cree”. No comparto. Más acertado sería: “Mientras más grande es la mentira más gente teme contrariarla”. Y, de estos últimos, en la Argentina, hay cantidad como para hacer dulce.

domingo, 13 de noviembre de 2016

¡QUÉ NÚMEROS RAROS!


"A nuestros oponentes políticos les ofrezco un trato:
Si ellos dejan de mentir sobre nosotros,
yo dejaré de decir la verdad sobre ellos".

Adlai Stevenson

Si usted cree que debemos vivir en un estado de derecho y tal como hice la semana pasada, le ruego que copie este link (http://tinyurl.com/haftfpc), lo pegue en su navegador y, si está de acuerdo con la petición, la firme y difunda.

No voy a hablar hoy de las consecuencias de la victoria de Donald Trump el martes, una rareza, ya que lo votaron menos ciudadanos que a su contrincante. Las especulaciones sobre el futuro de los Estados Unidos y del mundo han poblado las pantallas y las páginas de todo el globo, y habrá tiempo para hacerlo cuando anuncie su gabinete. Tampoco hablaré aquí de otro número inexplicable: los US$ 65 millones que, en Estados Unidos, dejó a sus deudos Daniel Muñoz, secretario privado de don Néstor (q.e.p.d.).

La semana contuvo un hecho realmente importante que, en medio de la vorágine, pasó bastante desapercibido: la divulgación, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, de una estadística confeccionada durante la "gestión" de Cristina Elizabet Fernández, que estableció en 6348 el número de desaparecidos entre 1976 y 1983. Cuando se conoció el dato, Estela de Carloto bramó de indignación: "En vez de investigar cuántos son, lo importante es encontrarlos"; raro, porque no explicó cómo buscar a los demás si ni siquiera sabe quiénes serían.

La relevancia del número es enorme, toda vez que termina en forma definitiva con el invento de los "30.000", que tuvo dos fines concretos: la instalación del concepto de genocidio para construir la venganza y, sobre todo, habilitar la recolección de fondos internacionales, organizada por los mismos terroristas para financiar campañas y lujos. Hasta ahora, no bastaba para desmentirlo ni siquiera la imposibilidad de completar los nombres en todas esas chapitas que Kirchner colocara en el Parque de la Memoria pese a que, para intentarlo, se incluyeron a los muertos desde 1955, a quienes cayeron al intentar asaltar instalaciones militares, a quienes se suicidaron ingiriendo cianuro y a los guerrilleros asesinados por sus propias organizaciones.

Es que, si se deja de hablar de genocidio -y la verdadera cifra revelada obliga a ello- se cae la teórica imprescriptibilidad en todos los amañados procesos que permitieron que, aún hoy, cuando ya ha pasado un año del desalojo del kirchnerismo del poder, casi dos mil ancianos continúen presos, privados de todos los derechos de los que gozamos, por imperio de la Constitución, el resto de los argentinos: irretroactividad de la ley penal, principio de inocencia, legalidad del proceso, jueces naturales, límite máximo de la prisión preventiva, 2x1 y prisión domiciliaria a los mayores de 70 años. Y todo eso mientras los corruptos de toda laya se ríen a carcajadas, se pasean en libertad y exhiben impúdicamente sus mal habidas fortunas.

El otro episodio fue la exacerbada polémica desatada por las declaraciones de Miguel Pichetto en favor de una política inmigratoria racional. El Senador fue imprudente, pero no por el contenido de sus dichos -con los cuales, adelanto, coincido- sino por haberlo hecho en un programa periodístico porque los tiempos de aire son limitados y no permiten dar acabada razón de los mismos. Esa imposibilidad de explicarse habilitó a que un sinnúmero de imbéciles y malintencionados se rasgaran rápidamente las vestiduras y lo acusaran de xenófobo y racista, pese a lo justificado de sus afirmaciones.

La Argentina es el único país que conozco que carece de política inmigratoria, a punto tal que no exige nada a quienes arriban a su territorio: carencia de antecedentes penales, demostración de la capacidad de sustentarse o de vinculaciones que la reemplacen, o aptitudes laborales; además, al poco tiempo obtienen documentos nacionales de identidad. No funcionan así países como Bolivia, Venezuela, Cuba, China, Rusia, Irán, etc., cualquiera sea la orientación, o la falta de ella, del régimen que los gobierna.

Nuestra nación se formó con los inmensas oleadas inmigratorias de fines del siglo XIX y la primera mitad del XX, provenientes de tantas latitudes diferentes que, al fusionarse, nos dieron estas características tan originales de nuestra sociedad. Y debemos continuar con esta tradición, recogida por el preámbulo de la Constitución, de brazos abiertos; pero recordemos que en él se habla de los hombres de "buena voluntad" que quieran habitar nuestro suelo. Ese requisito es esencial y, en esa categoría, obviamente, no entran los delincuentes, los narcotraficantes, los terroristas ni, en general, aquéllos que no están dispuestos a trabajar y, sobre todo, a adaptarse e integrarse a la comunidad; como muestra de cuanto digo, basta recordar que los extranjeros representan el 20% de nuestra población carcelaria.

Pero, pese a que aún aparecemos como un foco de atracción para muchos latinoamericanos, debemos reconocer que, más allá de la potencial riqueza de nuestros recursos naturales, somos un país pobre; tanto que nada menos que un tercio de nosotros vive por debajo de la línea que permite hacerlo con dignidad, carece de agua corriente, de cloacas, de gas y electricidad, de educación y de establecimientos sanitarios aptos, cuando no está directamente desnutrido.

Entonces, y como la caridad empieza por casa, debemos destinar, prioritariamente, nuestros esfuerzos en materia presupuestaria a la atención de las necesidades de nuestros ciudadanos, sin por ello dejar de brindar ayuda humanitaria a extranjeros que lo necesiten. Resulta de todo punto de vista ilegítimo que quienes aquí residen -y pagan sus tributos al fisco, que sostiene el sistema público de salud- deban esperar, a veces por meses, para recibir atención en los hospitales, mientras los turnos son ocupados por "turistas" que, en la práctica, realizan curiosos "tours de salud" para operarse gratuitamente dentro de nuestras fronteras.

Estamos, en este momento, soportando una presión impositiva que es record mundial y, producto de la crisis heredada (e idiotamente no explicada en detalle), los recursos no alcanzan para tantas necesidades sociales; pensemos entonces, por ejemplo, que todos quienes llegan a un hospital hoy, reciben gratuitamente hasta las prótesis, sin pedirles absolutamente nada.

Entonces, ¿por qué ser tan generosos con habitantes de otros países que no asumen su responsabilidad frente a ellos, pero les cobran sus propias gabelas? Para solucionar este intríngulis y, a la vez, compartir el esfuerzo, nuestra Cancillería debería firmar acuerdos recíprocos con todas las naciones de la región, para que cada una, mediante el depósito previo de las sumas necesarias, se hiciera cargo del costo de los tratamientos y prácticas quirúrgicas de sus ciudadanos, cuando éstos fueran atendidos en otro país. Y lo mismo debería aplicarse a la educación superior, aquí también colapsada.

Bs.As., 12 Nov 16

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado