lunes, 6 de noviembre de 2017

FALLECIÓ OTRO PRESO POLÍTICO... ¿HASTA CUÁNDO O CUÁNTOS?


Estimados Amigos:

A través de la Unión de Promociones hemos tomado conocimiento que lamentablemente el día el jueves 02 de noviembre de 2017 falleció el señor Comisario General (R) Aldo Patrocinio Bruno Pérez (Policía de la Provincia de Mendoza), Preso Político en cautiverio de 79 años de edad, quien padecía un gravísimo cuadro de salud.

Consecuentemente, ya son 424 (cuatrocientos veinticuatro) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 84 (ochenta y cuatro) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.


Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, allegados, compañeros y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias continuaran cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de casi 207 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora. ¡BASTA!

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

por una Nueva Década en Paz y para Siempre

domingo, 5 de noviembre de 2017

PUNTEROS, MALANDRAS Y PORONGAS


"Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez".
Francisco de Quevedo

Debo el título de la nota a Jorge Ossona, catedrático en innumerables universidades, que publicó con ese mismo nombre y con el sello de Siglo XXI Editores, un indispensable estudio sobre la ocupación de tierras y los usos políticos de la pobreza en el conurbano bonaerense; le agradezco haberme inspirado y permitido utilizarlo.

Es que, en estas horas, han ingresado nuevamente a la pista central del circo argentino varios de los más tristes personajes de esta tragicomedia en que se ha convertido nuestra historia reciente. Me refiero, obviamente, a Amado Boudou, Luis D'Elía, Ariel Lijo, Julio de Vido y Sergio Maldonado y el cadáver de su hermano. Todos ellos, de un modo u otro, merecen entrar en una de las tres categorías inventariadas en el título.

El ex Vicepresidente de la Nación, el famoso Guitarrita, llegó a las tablas semanales por su sorpresiva detención de la madrugada de ayer. Cuando los efectivos de la Prefectura Naval, por orden del Juez Lijo, lo despertaron y condujeron a tribunales, batió un record al transformarse en el primero en ir preso después de ocupar tan alto cargo. Su privación de libertad fue uno de los reclamos más fuertes de la sociedad, que veía en él el emblema de la impunidad, y no soportaba más su sonrisa triunfadora y su impúdica exhibición de lujos después de tantas denuncias que lo involucraban en hechos delictivos de todo tipo, desde la falsificación de los papeles de un auto y la permanente mentira sobre su domicilio, hasta llegar al robo de siete millones de pesos al sufriente pueblo de Formosa y a actuar como testaferro de la familia Kirchner en la apropiación de la máquina de imprimir dinero.

Claro que usted sabe, si ha tenido la paciencia de leer estas notas semanales que escribo hace ya trece años, que no lamento en absoluto lo sucedido, pero también sabe qué opino acerca de los indignos inquilinos de Comodoro Py, y la conducta de Lijo no ha hecho más que darme la razón. Tanto este magistrado cuanto su colega, Daniel Rafecas, fueron denunciados el lunes pasado ante el Consejo de la Magistratura por demorar por años los expedientes que involucraban a los grandes malhechores de la asociación ilícita gobernante; esa iniciativa correspondió al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y a la agrupación Será Justicia, y se fundó en los resultados de una auditoría ordenada por el mismo Consejo.

Pues bien; sin conocer la resolución de Lijo que ordenó la detención de Boudou confieso que me llamó la atención que hubiera sido dictada contra un individuo que siempre estuvo a derecho, es decir, que no intentó evadirse y concurrió a los juzgados cada vez que fue citado y, a mayor abundamiento, se encuentra sometido a varios procesos orales. Lo extemporáneo de la medida hace que ésta huela a podrido y resulte atribuible a la necesidad del Juez de lavar su imagen, comprometida por sus vinculaciones con el suspendido camarista Eduardo Freiler, para intentar zafar del complicado brete en que se encuentra su carrera y, quizás, hasta su propia libertad.

De todos modos, sorprende que tanto Gildo Insfrán, Gobernador vitalicio de Formosa, y Ricardo Echegaray (ex jefe de AFIP) no hayan sido siquiera llamados a prestar declaración indagatoria en la causa que tanto complica a Boudou, José María Núñez Carmona y Alejandro Vanderbroele, es decir, la apropiación de Ciccone Calcográfica. Sin los dos primeros, el que pagó por un ¿asesoramiento? para que su Provincia negociara su deuda con el Ministerio de Economía de la Nación y el que otorgó las facilidades para el pago de impuestos que negó a sus anteriores dueños, toda la maniobra hubiera resultado imposible y, sin embargo, continúan ajenos al juicio.

Lo que sucedió ayer con Boudou me recordó al General César Milani, huésped del Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, ahora procesado por enriquecimiento ilícito; como le dije a él mismo, está mal preso por los delitos que se le atribuyen y que se relacionan con los hechos ocurridos en La Rioja y Tucumán en los 70's, pero está bien preso por ladrón y, sobre todo, por haber manchado el uniforme de la Patria al haber intentado poner al Ejército al servicio del proyecto clepto-político de Cristina Kirchner.

También reingresó a la pista central el payaso Luis D'Elía, el mamarracho que prestó apoyo solidario a Boudou en sus recientes desventuras, muy preocupado por su propia libertad, tan en juego por estos días. El piquetero enriquecido -¡uno más!- se lamentó públicamente por la soledad en que su jefa espiritual dejó a su antes ponderado funcionario; es más, con un fuerte exabrupto, exigió que Cristina encabezara un "comando" que saliera a combatir contra la embestida judicial que ha mandado a tantos de sus más conspicuos laderos a la sombra tumbera. ¿Qué tipo de resistencia imagina que podrá ejercer, si ella misma ya debiera estar presa? ¿No sabe, acaso, que hoy la única preocupación de la ex Presidente es conservar su libertad y la de sus hijos, y gozar de la incalculable fortuna que tienen en el exterior?

Por su parte, De Vido adquirió el derecho a participar del show con la carta que envió a los medios, en la que muy veladamente amenazó con empezar a contar lo mucho que sabe, y quiénes fueron los beneficiarios finales de todas las maniobras que, bajo su comando directo, se realizaron para vaciar todas y cada una de las cajas de dinero público posibles: gasoductos, redes de alta tensión, importaciones de energía, empresas vendidas o expropiadas, trenes y colectivos, rutas, caminos, puentes, represas, minas y hasta películas que nunca fueron exhibidas. Es que la soledad en que se encuentra este colombófilo, abandonado por todos, debe pesarle en exceso, después de haber sido el más eficiente saqueador para sus jefes. Si don Julio comienza a hablar, muchas cabezas públicas y privadas, tal vez algunas cercanas al poder actual, rodarán por el polvo, y será muy bueno para la República que así suceda, caiga quien deba caer.

Sergio Maldonado volvió a sufrir un revés en su patético intento de ofrecer el cadáver de su hermano en el altar de los falsos derechos humanos, cuando las pericias determinaron que no sólo el tatuador no había sufrido agresión alguna, sino que su cuerpo estuvo sumergido en el lugar en que fue encontrado durante todo el tiempo. Así, cayeron sucesivamente las imputaciones a la Gendarmería y al Ministerio de Defensa por la "desaparición forzosa" y hasta la teoría del "plantado" del cuerpo. Anhelo, sin ninguna esperanza, que pida públicas disculpas por su triste actuación, exprimida al máximo por delincuentes como Hebe Bonafini, Estela Carlotto, Horacio Verbitsky y Eugenio Zaffaroni; de estos cuatro nada, porque los conozco demasiado.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que siente en la nuca el peligroso aliento de Elisa Lilita Carrió, fue apurado por el Presidente de la República y por el Ministro de Justicia, Germán Garavano, por la morosidad del accionar del Poder Judicial y por el desprestigio social que lo acompaña. Reaccionó con furia, y atribuyó justificadamente esos males a la enorme cantidad de vacantes de jueces y a la falta de equipamiento acorde con la época; me pregunto por qué nadie dijera que el enorme presupuesto que maneja diariamente y que, seguramente, le permitiría adquirir los medios necesarios para dotar a los tribunales al menos de computadoras modernas.

Bs.As., 4 Nov 17

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

FF.AA. Y TERRORISMO

De acuerdo con lo informado por los medios, el ministro de Defensa tiene entre sus objetivos modificar el decreto reglamentario de la ley de defensa para permitir el empleo de la Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo, cualquiera que fuera su origen. Cabe preguntarse qué sucederá en el futuro con aquellos que intervengan en esa hipotética guerra contra la subversión. ¿Serán juzgados y condenados a morir en las cárceles? Hoy, nuestros penales están llenos de militares que intervinieron en la guerra contra la subversión en los años 70. ¿Con qué espíritu participarán los integrantes de nuestras fuerzas militares en operaciones contra el terrorismo si en su futuro los espera un tribunal que, con las condenas ya escritas, los mandará presos por genocidio?


Mientras haya presos por combatir el terrorismo marxista que buscaba el poder para terminar con la República difícilmente haya militares que se presten a poner el cuello en la soga de la horca.

Florencio Olmos
DNI 5.941.080



NOTA: La imagen no corresponde a la nota original.

EL RELATO QUE CORROMPE LOS DERECHOS HUMANOS

El dinero, la ambición, el personalismo y la sed de venganza fueron distorsionando el prestigio y la finalidad de algunas organizaciones

La alianza de conveniencia mutua entre el gobierno kirchnerista, que asumió el poder el 25 de mayo de 2003, y varios de los principales organismos de derechos humanos se tradujo, en los hechos, en dinero, subsidios, leyes, presencia mediática y redituables asociaciones. Era el contexto más adecuado para un gobierno que, como en tantos otros asuntos, priorizaba el parecer al hacer, el relato mentiroso a la verdad, alimentando un discurso pensado para proyectarse más allá de la historia, con una carga simbólica capaz de hacer prevalecer y justificar cualquier destino con el dinero de todos. Una auténtica y gigantesca estafa moral basada en el odio y la venganza.

Estela Barnes de Carlotto

La trayectoria de Enriqueta Estela Barnes de Carlotto es la de una docente jubilada, ama de casa, quien, como presidenta de una institución que transita sus 40 años de vida como "Abuelas de Plaza de Mayo", no ha podido evitar las contradicciones y las polémicas a partir de que el dinero, la ambición y el personalismo militante fueron distorsionando y erosionando el prestigio y la finalidad de muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos.


En 2008, consultada sobre las acciones de los militantes del Movimiento Peronista Montoneros, del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y de grupos similares que operaban en la década del 70, los calificó elogiosamente de "mártires", negando el amplio abanico de gravísimos delitos que se les comprobaron. Con ese mismo falso y distorsionado idealismo, que tanta sangre derramó en los años de plomo, se refería a su hija desaparecida como integrante de "una generación que dejó la vida y nos dejó la democracia". Paradójicamente en su afán militante salió también con vehemencia a defender al general César Milani negando toda evidencia en su contra.

Alterando también los hechos, cargó contra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), acusando a esa institución de promover la impunidad para los responsables del terrorismo de Estado cuando, al igual que Abuelas pero en la vereda opuesta, Celtyv defiende los justos pero silenciados derechos de las víctimas inocentes del terrorismo subversivo de aquellos años. Con este mismo espíritu beligerante, no sorprendió que tildara de "disparate" la propuesta pacificadora de la Conferencia Episcopal, que promovía la reconciliación nacional.

Hebe Pastor de Bonafini y Pablo Schoklender

"No hay que confundir Abuelas con Madres", señalaba Carlotto, marcando distancia con la agrupación dirigida por Hebe de Bonafini y, al mismo tiempo, alejándose todo lo posible del escándalo Schoklender.

Sin embargo, con aquel mismo estilo agresivo y destemplado de Hebe de Bonafini, casi un par con el que rivalizó en la interna de esos mismos organismos, Carlotto no pudo disimular su militancia partidaria y arremetió recientemente contra la ministra de Seguridad por el caso Maldonado, al afirmar que "Patricia Bullrich es una gendarme, pero una gendarme mala". Incluso, sostuvo la hipótesis de que el cuerpo de Maldonado "fue plantado" en el lugar en el que se encontró, instando a averiguar dónde había estado conservado y quién lo tenía. "Es una muerte desde el Estado y en democracia", y como tan superficialmente acostumbran a calificar, aseveró enfáticamente que se trata de "un delito de lesa humanidad" acusando al Presidente de falta de sensibilidad, frialdad y autoritarismo, llegando a asimilar la ideología de los gobiernos de facto con la de esta democracia. También, en su momento, apuntó contra el juez federal Claudio Bonadio quien, según ella, "se maneja como si viviera en una isla de esclavos". "Si pudimos con Videla, vamos a poder con Macri", extrapoló, incapaz de percibir las abismales diferencias en otra muestra del registro distorsionado de la realidad en el que cae con frecuencia.

Además de haber colocado a numerosos parientes y amigos en cargos públicos, Carlotto ejerció la presidencia de la Comisión Bonaerense de la Memoria, organismo integrado por representantes de entidades de Derechos Humanos, el sindicalismo, la Justicia, la Universidad, la Legislatura, funcionarios y profesionales, de los que se alejó en 2002 cuando le cuestionaron el manejo de los cuantiosos fondos estatales. El resultado fue que denunció que le habían falseado la firma, lo que la llevó a confrontar con su sucesora en el cargo.

Firmante de una solicitada en apoyo a Aníbal Ibarra tras la masacre de Cromagnon, calificó a los padres de las víctimas de "delincuentes", lo cual le valió un amplio repudio. Tampoco dudó en pedir por la libertad de terroristas internacionales de la ETA española, el MIR chileno, o las FARC colombianas. En la lista, sumó también a Milagro Sala cuya inocencia Carlotto defiende con una cínica pregunta: "¿Cuándo la vieron a ella empuñar algo que fuera peligroso, salvo el martillo o alguna pala?".

Junto con Madres, avaló perversamente la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de cargar contra la empresa Papel Prensa sobrepasando cualquier límite ético en una disputa política en otro uso espurio de los derechos humanos, como definió de manera crítica la propia Graciela Fernández Meijide. Es oportuno recordar que, en 2010, en el acto central por el Día Nacional por la Memoria y la Justicia celebrado en las instalaciones de la ex ESMA, una Cristina Kirchner abrazada a Carlotto afirmó que el caso Noble era "la prueba del ácido" de la democracia argentina. Refiriéndose una vez más en público a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, amenazó con ir a la justicia internacional, según ella, para "terminar este capítulo tan trágico de la historia de la verdad". Después de denunciar durante años que Marcela y Felipe Noble eran "parte del ocultamiento de un delito", Carlotto no supo siquiera pedir disculpas cuando la Justicia se expidió. Como quien teme gastar las palabras, dijo lacónicamente: "No fueron nuestros nietos".

"Cuando fui citado por la jueza Servini de Cubría -explicó un joven llamado Roberto J. Gutiérrez, sindicado erróneamente como nieto de Carlotto y sometido a un maltrato que le ocasionó un grave daño moral-, comprendí que esta mujer es tan distinta de como la ven todos, tan insensible que no me resultó extraño enterarme de que había hecho con su familia un negocio de los derechos humanos". Gutiérrez, además, la acusó de haber manipulado los ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, causa que sigue abierta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En otro caso, el de Hilario Bacca, una airada Carlotto cuestionó a la Justicia por autorizar que ese hijo de desaparecidos mantuviera la decisión de llevar el nombre y apellido dado por sus padres apropiadores. Al momento de encontrarse al nieto número 122, y aplicando falaces e interesadas fórmulas matemáticas propias, Carlotto afirmaba que ese hallazgo demostraba que fueron 30.000 o más los desaparecidos, dado que el padre del recuperado no figuraba denunciado como desaparecido. En su afán por manipular los dolorosos hechos vividos y a pesar de que sólo hubo 230 denuncias, Carlotto continúa pretendiendo instalar que fueron 500 los niños desaparecidos.

Durante la llamada "década ganada", desde el poder se hizo mucho más que aplicar el canon kirchnerista, distorsionar la democracia, imponer el mandato del relato único como cuestión de fe, estigmatizar al opositor o al crítico e instalar y justificar la corrupción como método válido para financiar a una facción política y enriquecerse personalmente con los recursos del Estado. Con la complicidad de muchas de las organizaciones a las que benefició, la sesgada política de los derechos humanos sólo incluyó a algunas víctimas e ignoró a otras en su afán por mantener al país encadenado a los odios del pasado. El vasto agujero negro en el que se esfumaron millones de dólares destinados a sostener lo que terminó siendo la "industria" de los derechos humanos, resulta un enigma que no ha sido todavía investigado.

A esta altura resulta inaceptable continuar distorsionando la verdad histórica y manipular tendenciosamente los derechos humanos para ponerlos al servicio de la mezquindad política, con burdos fines económicos e ideológicos alejados de la reconciliación y el reencuentro entre compatriotas que debiera primar a la hora de construir unidos el futuro de nuestra Nación.



NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.

EN COMPAÑÍA DE TONTOS


Arturo Pérez-Reverte
Madrid

Puestos a ser justos, no sólo es España. Gracias a Dios. Las habas de la estupidez y la mala fe se cuecen en todas partes; y si eso no consuela demasiado, al menos lo hace más llevadero. Saber, por ejemplo, que la estatua de Colón en Barcelona no es la única que tiene la piqueta de demolición en el cogote, consuela un poco. Nada hay más tranquilizador que la estupidez compartida, global, en un mundo donde, ya desde la más remota antigüedad -y ahí seguimos-, juntas a un fanático o un malvado con 1000 tontos y, matemáticamente, obtienes 1001 hijos de la gran puta.

La tendencia actual de borrar la parte oscura del pasado y reinventar éste con la parte buena, o la que cada uno considera como tal, está sumiendo el mundo en un caos cultural ajeno a los hechos y razones que lo definen. Ignoramos que la historia no es buena ni mala, sino sólo historia, y borrándola creemos corregirla o librarnos de ella, cuando el resultado es justo lo contrario. Sin memoria, sin las claves que nos explican, somos monigotes en manos de oportunistas y sinvergüenzas, o rehenes de los estúpidos apóstoles de lo políticamente correcto. Y más cuando éstos se empeñan en que miremos el pasado, tan diferente en espíritu y maneras, con ojos del presente. Exigiéndole, por ejemplo, a una banda de aventureros hambrientos, duros, ambiciosos y desesperados que se comportaran en el siglo XV con los criterios morales de una ONG del siglo XXI. Así nunca pueden salir las cuentas. Todos tuvimos bisabuelos que lucharon en guerras, invasiones, conquistas y reconquistas. Que mataron y murieron por un plato de comida, por una ambición, por una mala suerte, por una idea. Ocultarlos es amputarnos a nosotros mismos. Olvidar que somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos.

Al pobre Colón, como digo, lleva tiempo cayéndole la del pulpo. Él sólo quería descubrir un mundo nuevo al otro lado del Atlántico, y se jugó el tipo para conseguirlo, gracias al apoyo que le dieron los reyes de España -ese país ahora de pronto inexistente- allá por el año 1492. Pero ya ven. Ha acabado comiéndose un marrón genocida como el sombrero de un picador: Cristina Kirchner le demolió la estatua en Buenos Aires, Ada Colau y la CUP quieren demolérsela en Barcelona, e innumerables cantamañanas de toda condición y pelaje andan buscándole las vueltas a don Cristóbal. Jugándole la del chino.

La última que yo sepa, se la han montado en Los Ángeles, California, ciudad hispana por excelencia empezando por el nombre (Nuestra Señora Reina de los Ángeles) y por quienes la fundaron. Pues bueno. Allí, con el silencio cuando no el aplauso de la abrumadoramente mayoritaria comunidad hispana, o sea, gente que se apellida Sánchez y Martínez, han suprimido el Columbus Day o Día de Colón -con el único voto en contra de un concejal de origen italiano, para más guasa-, y colocado en su lugar el Día de los Pueblos Indígenas. Lo cual estaría muy bien en muchos sitios, sobre todo de México para abajo; pero en Estados Unidos suena a sarcasmo guarro, porque allí precisamente, en la pulcra América anglosajona, y a diferencia de la sucia y grasienta América hispana, los pueblos indígenas fueron sistemáticamente exterminados, y los escasos supervivientes confinados en infames reservas. Y así, el gran John Ford pudo decirle a Peter Bogdanovich en una entrevista: "Los indios son un pueblo digno incluso en la derrota, pero eso no está bien visto en los Estados Unidos. Al público le gusta ver cómo matan a los indios. No los consideran seres humanos".

Así que, en fin. Qué quieren que les diga. Estos días va a estrenarse una película dirigida por Agustín Díaz Yanes, Oro, basada en un relato del arriba firmante, donde se cuenta mi manera de ver lo que fue la conquista de América: una sucesión de episodios fascinantes, terribles, épicos a veces y, desde luego, crueles y poco simpáticos. Pero asumiendo cuanto de terrible haya que asumir de la Historia, del horror y de la vida, que en el caso de la Conquista es mucho, el hecho cierto es que los indios de la América hispana siguen ahí, vivitos y coleando, compartiendo una lengua formidable entre quinientos millones de personas. Y muchos, por simple justicia histórica, han venido a vivir a España; mientras en los Estados Unidos ni están ni se les espera, entre otras cosas porque allí, con la Biblia y la cochina supremacía blanca por delante, se los cargaron a todos. Así que, por mí, como hispano que soy, como español que asume sin complejos su pasado en lo bueno y lo malo, la municipalidad de Los Ángeles puede irse a hacer puñetas. A excepción del concejal de origen italiano, claro. Ese tío cachondo.


IOSFA... ¿UNA OBRA SOCIAL BIEN ADMINISTRADA?


Circular 86

¿UNA OBRA SOCIAL BIEN ADMINISTRADA?

1. Lo que pensamos Hoy del IOSFA

Dijo el Presidente Macri en su discurso del pasado 30 de Octubre: “Queremos obras sociales fuertes y bien administradas, porque esto significa mejorar la calidad de vida y la atención a la salud, tanto de los trabajadores como de sus familias”.

Las obras sociales de las FFAA y FFSS, unificadas en el IOSFA e intervenidas por el Estado, se encuentran desde hace más de tres años administradas por un funcionario político por obra del Decreto 637/13, con el pretexto de hacerlas más eficientes.

Los pretendidos resultados no están a la vista. Los hospitales se encuentran colapsados, no se consigue turno en plazos razonables, la integración no se ha concluído en los términos previstos y el único órgano de control es interno, fuera del alcance de los Beneficiarios. Hay muchas razones para pensar que deberíamos tener un servicio de salud muy superior al que recibimos actualmente.

Por otra parte, contrariando el Principio de Solidaridad, los retirados y pensionistas pagan una alícuota del 8% de su haber, mientras que los activos sólo el 6%, que se reduce a un 4% en términos reales si consideramos que aún subsisten suplementos no remunerativos importantes para estos últimos.

UPMAC se ha propuesto tomar cartas en el asunto. Con el asesoramiento de un importante estudio jurídico especializado en derecho público y administrativo, y aprovechando la reciente entrada en vigencia de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, ha elaborado un plan para realizar un seguimiento detallado de los actos administrativos del IOSFA. Este plan fue presentado en la Asamblea General Ordinaria efectuada el 31 de Octubre y aprobado por unanimidad.

Para escuchar a todos las voces, sin distinción de región o categoría, hemos abierto en nuestra página web una sección dedicada a este tema, donde iremos publicando las distintas acciones y sus eventuales resultados, y en la que cualquier camarada o pensionista podrá expresar su opinión con total libertad.

2. Derechos Humanos

En razón de que continúan produciéndose fallecimientos producto de condiciones inhumanas de detención, así como casos de detención arbitraria y/o por plazos que exceden largamente los previstos por la Ley, UPMAC sigue elevando las denuncias ante los organismos correspondientes de la ONU a medida que las mismas son proporcionadas por las víctimas o sus familiares.

Hasta la fecha se han tramitado más de 60 presentaciones, previéndose iniciar demandas contra el Ministerio Público y otros organismos nacionales por la situación que padecen inujustamente los Presos Políticos.

3. Aumento de la Cuota Social

En la Asamblea General Ordinaria llevada a cabo el 31/10/17, ante la propuesta de la CD de incrementar la cuota social en un 20%, algunos de los presentes propusieron un aumento del 100% para el socio activo y 50% para el adherente, lo que fue aprobado por amplia mayoría, quedando de la siguiente manera:

- Socio Activo            $ 100        
- Socio Adherente     $   30

Siguiendo con nuestra tradición solidaria, aquellos socios que sufran dificultades económicas o se encuentren en prisión preventiva (Presos Políticos), podrán solicitar la reducción al 50% de estos valores o la suspensión del pago de la misma mientras dure su situación.

 Buenos Aires, 02 de noviembre de 2017.-




Unión del Personal Militar Asociación Civil - U.P.M.A.C.
Domicilio Legal: Uruguay 654 – 9º piso – Of. 907 – CABA
Tel. (011) 4372-0291  -  www.upmac.org.ar
Sede Social: Alberti 1665 – 14 / “A” – CABA
Tel. (011) 5330-5855 / 2066-6646  -  info@upmac.org.ar

jueves, 2 de noviembre de 2017

CARTAS DE LECTORES DE LA NACIÓN

DOS TERRORISMOS

Azorado leía un tuit del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien, con relación al atentado en Manhattan en el que perdieron la vida de la manera más horrible cinco ciudadanos de Rosario que habían viajado a festejar un aniversario, decía: "El horror de la violencia y el terrorismo nos golpea otra vez de cerca". Inmediatamente recordé cuando siendo intendente de esa ciudad, en el acto de inauguración del monumento al sanguinario terrorista internacional Ernesto "Che" Guevara, proclamaba: "Que el Che vuelva a Rosario es el cierre de una extraordinaria parábola. Es el homenaje al hijo más ilustre y emblemático de nuestra ciudad", sentimiento que reiteró tres años después en un acto en el mismo lugar, cuando expresó: "Hemos recuperado a uno de los hijos más queridos, su dimensión de estadista, su obra, su legado y sus sueños, para mantenerlo vivo para las generaciones futuras".

Parece que para el señor gobernador de Santa Fe el terrorismo de antes era el bueno y el de ahora, el malo.

Alejo Uribe
DNI 6.259.301


LIBRES

Lamento muchísimo el asesinato de los cinco rosarinos en Nueva York a manos de un terrorista. Éstos se suman a muchos asesinados por terroristas en nuestro país. Lo que no llego a comprender es por qué nuestros terroristas están libres y los que pelearon para combatirlos están presos.

Teófilo M. Méndez
DNI 5.154.654


miércoles, 1 de noviembre de 2017

FALLECIÓ OTRO PRESO POLÍTICO... ¿HASTA CUÁNDO O CUÁNTOS?


Estimados Amigos:

A través de la Unión de Promociones hemos tomado conocimiento que lamentablemente el día el el martes 31 de octubre de 2017 falleció el señor Cabo (R) Roberto Arturo Gigli (Policía Federal Argentina), Preso Político en cautiverio de 70 años de edad, quien se encontraba afectado de múltiples y gravísimos problemas de salud.

Consecuentemente, ya son 423 (cuatrocientos veintitrés) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 83 (ochenta y tres) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, allegados, compañeros y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias continuaran cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de casi 207 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora. ¡BASTA!

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

por una Nueva Década en Paz y para Siempre

INOCENCIA PERDIDA


"Yo os envío, como ovejas en medio de los lobos". Mateo 10:16

El Poder Ejecutivo nacional -y el de la Provincia de Buenos Aires no se quedó atrás al promulgar la demencial ley que impide el cuestionamiento de un número dogmático, los 30.000 desaparecidos- pretendía obtener una actitud contemporizadora por parte de los organismos que nuclean (ya fue confesado por ellos mismos) a quienes reivindican el accionar de los terroristas de los 70's y hasta pretenden traerlo al presente, mientras militan en el kirchnerismo tumbero.

Para justificar esta última afirmación basta recordar qué sucedió durante la manifestación del 24 de marzo de este mismo año en la Plaza de Mayo, donde fue leída una proclama, firmada por todas las organizaciones, en la que propusieron volver a las armas para derrocar al Presidente, al cual identificaron con la dictadura militar; las denuncias penales formuladas por sedición, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen fueron rápidamente archivadas por el diligente Juez Marcelo Martínez de Giorgi, otro conspicuo inquilino de Comodoro Py, porque afectaban ¡el derecho a la libertad de expresión!

Durante dos años, el Gobierno creyó que, para conseguir la paz que buscaba, bastaba con su total prescindencia respecto al accionar del Poder Judicial colonizado y la completa inacción de la Secretaría de Derechos Humanos frente a la situación de los ancianos militares y civiles detenidos por presuntos crímenes de lesa humanidad, aguantar sin inmutarse los cortes de calles y caminos y la ocupación de los espacios públicos por encapuchados armados con palos y la absurda permisibilidad frente a la actual presencia de claros propaladores del odio y la violencia institucional en los medios de comunicación del propio Estado; esa inútil política de seducción incluyó cancelar cualquier esperada medida tendiente a la revisión de las írritas sentencias dictadas en los fraudulentos procesos de venganza, que mantienen casi dos mil presos políticos en las cárceles de todo el país.

Pero, en su inocencia, no se dio cuenta que ese terreno, el de los malversados derechos humanos, era el campo de batalla elegido por el perdidoso kirchnerismo y el "club del helicóptero" para continuar con su guerra abierta contra Mauricio Macri, la democracia y la República. Siguió tolerando, y subsidiando, las actividades desestabilizadoras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, de Horacio Verbitsky), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de Madres (Hebe Bonafini, quien el jueves pasado reiteró su incondicional apoyo a Cristina Elisabet Fernández) y Abuelas (Estela Carlotto) de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., y hasta les permite la posesión de lugares y edificios emblemáticos que debieran pertenecer a toda la ciudadanía.

Pese a que ya había alterado el orden constitucional con sus acciones a favor de Milagro Salas, una política presa por la multiplicidad de delitos de los que se la acusa, y humillado con ello a la Justicia argentina, el Gobierno continuó contribuyendo financieramente al sostenimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ahora se ha sumado a la tergiversación (la "desaparición forzada" en manos de la Gendarmería) de los hechos comprobados en el caso de Santiago Maldonado, que encontró la muerte ahogándose en un río del sur, mientras acompañaba los actos terroristas de esa falsa etnia; y ello aún cuando la presencia en la CIDH de Raúl Zaffaroni garantiza su utilización como efectiva arma contra las instituciones argentinas.

El nuevo camino que ha comenzado a recorrer se vincula, qué menos se podía esperar, con el tema de los inventados mapuches que buscan la secesión de un territorio, no por casualidad de multimillonario valor y al que califican falsamente de ancestral, tanto de Argentina como de Chile; los movimientos indigenistas han sido elegidos también por el Foro de San Pablo como arietes contra los Estados y las democracias de América. El objetivo de la fábula construida con la desaparición temporal del tatuador y el descubrimiento de su cadáver intacto ha sido claro, ya que aún la familia y las organizaciones de izquierda nacionales e internacionales, contra toda evidencia, lo siguen utilizando para victimizarse y culpar al Gobierno, a la Ministro de Defensa (Patricia Bullrich) y a la Gendarmería por su supuesto asesinato.

En este tema en particular, y dada la segura influencia y el dinero de las FARC colombianas, de Sendero Luminoso peruano, de los colectivos chavistas y de las organizaciones terroristas chilenas en la región, la Justicia no podrá continuar con su aberrante política de reconocimiento fáctico de una soberanía -pedir permiso para ingresar y aceptar que los okupas palpen de armas a las fuerzas de seguridad- distinta a la nacional en las regiones afectadas por este fenómeno, porque está en juego la propia existencia del Estado que, por definición, debe velar por el cumplimiento de las leyes y por la integridad de su territorio.

Esta semana, la CIDH celebró en Montevideo su 165° período de sesiones. En ella, tanto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia cuanto el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) fueron impedidos a gritos de participar, pese a haberse inscripto con los requisitos exigidos, y el Dr. Guillermo Fanego, un abogado defensor, fue expulsado con violencia de la sesión, todo ello con el aquiescente y permisivo silencio de las autoridades del cuerpo. Quedó probado así cuál es el rol que le ha asignado a este organismo de la O.E.A. el Foro de Pablo, es decir, un lugar en el que sólo la izquierda cerril, el falso progresismo y los regímenes cleptocráticos puedan tener voz.

Esa actitud, de neto corte stalinista, se consumó en presencia de Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos argentino, que recibió, de parte de Estela Carlotto, una puñalada trapera; esta también confesa dirigente kirchnerista acusó a nuestro Gobierno, ante una nutrida concurrencia regional, de abandonar la postura sesgada que se mantuvo durante toda la década saqueada y de llevar adelante una inexistente política que, de concretarse, simplemente permitiría que la protección alcanzara a todos los habitantes de la nación, en especial a aquéllos que lucharon con las armas legales contra la subversión y a las víctimas civiles del terrorismo, y no solamente a esos monumentalmente indemnizados y premiados "jóvenes idealistas", que asolaron el país hace cuarenta años. 

El viernes pasado, Mauricio Macri criticó a la Comisión diciendo que estaba operando sobre el caso Maldonado con "fines políticos". ¡Era hora de que perdiera la inocencia y lo descubriera! Esperemos que, a partir de ese tardía toma de conciencia, proponga al Congreso que la Argentina deje de pertenecer a la CIDH, como lo hizo Donald Trump con la UNESCO, terminando así con la supremacía de las resoluciones de dicho organismo sobre nuestro Poder Judicial, ya que nuestra presencia en ella convalida la bastarda utilización de todos los escenarios, micrófonos y cámaras posibles para denostar y combatir contra el sistema democrático y republicano, ese que la Argentina y casi todos los países del continente han elegido para vivir.

Bs.As., 1 Nov 17

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

DESERCIÓN DE LA CIDH

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, durante una conferencia de prensa hoy, en Montevideo (Uruguay). EFE

El editorial "Deber de imparcialidad de la CIDH" describe un episodio lamentable. Con la actual CIDH y su Secretaría Ejecutiva nunca hubiese podido jugar el papel que desempeñó cuando visitó la Argentina en tiempos de la dictadura militar. La CIDH se cuidó mucho de no embanderarse con ninguna posición política y enfocar sus acciones basándose en los derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales. Como funcionario de la Secretaría Ejecutiva, me tocó participar en el examen de la situación de los miembros de la Guardia Nacional de Anastasio Somoza presos en la época de los sandinistas. Éstos le solicitaron a la CIDH un dictamen como forma de superar los problemas que tenían con los "contras", para aplicar los Acuerdos de Sapoá, que terminaron con la lucha armada en Nicaragua. Los miembros de la Guardia Nacional eran el ejemplo viviente de la violación de los derechos humanos y la gran mayoría fueron liberados después del dictamen de la CIDH. La CIDH tuvo entonces la autoridad moral y la integridad ética que le permitieron realizar una contribución importante en un momento clave en la historia nicaragüense. Tiempo después también me tocó participar en la defensa de los derechos humanos de los llamados "senderistas" en Perú, cuyos derechos había sido vulnerados en el gobierno de Alan García y eran amenazados por el de Alberto Fujimori. Guardias nacionales y senderistas: los extremos más nítidos del arco político.

Es lamentable que la CIDH no pueda poner orden en una audiencia que convoca. Eso habla de su falta de autoridad moral y de su debilidad ética. Cuando triunfa la politización del tema de los derechos humanos pierden todas las víctimas y es una derrota para la CIDH y cada uno de sus miembros.

Luis Fernando Jiménez
Funcionario de la SE de la CIDH (1983-1992)
DNI 7.971.461



NOTA: La imagen no corresponde a la nota original.

GENDARMERÍA: LAS COSAS POR SU NOMBRE


Corresponde que quienes produjeron tanto daño y dolor, de modo tan artero o equivocado, ahora expresen públicamente: "Perdón, Gendarmería"

Quedará en los anales de la ignominia y la hipocresía el uso de una muerte accidental para crear y endilgarle al gobierno de Mauricio Macri una desaparición forzada. La construcción del caso involucró necesariamente una cadena de mentiras y falsos testimonios. Se sacó provecho, además, de la sensibilidad de una parte de la sociedad cuando algo se refiere a los llamados "pueblos originarios".

Un reclamo de una fracción mapuche contestataria y claramente infiltrada por corrientes subversivas, identificada como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cortó la ruta 40 en un tramo cercano al territorio que reivindican como propio. La Justicia ordenó proceder a la disolución del piquete y la liberación de la ruta, tarea que le cupo a la Gendarmería Nacional, para concretarla con el menor daño posible a los involucrados. Sin disparos de armas de fuego, sus efectivos recibieron numerosos impactos de piedras y elementos contundentes por parte del grupo activista, respondiendo con idénticos elementos. En cualquier lugar del mundo la acción de las fuerzas del orden frente al corte violento y prepotente de una ruta hubiera parecido de una levedad inapropiada.
Los violentos huyeron y se lanzaron a cruzar el río en busca de un lugar más protegido. Entre ellos estaba Santiago Maldonado, un artesano que por ideología, espíritu de bohemia o aventura los acompañaba. Sin las habilidades físicas de los mapuches, dado que no sabía nadar, y con una gruesa carga de ropa, según surge del resultado de la autopsia, no habría podido llegar por sus propios medios a la orilla opuesta. Su acompañante no pudo ayudarlo y Maldonado murió ahogado o por hipotermia. Todo su grupo lo sabía, pero guardó el secreto y elaboró la versión y el testimonio de su apresamiento por parte de la Gendarmería, cumpliendo con quienes armaron el libreto de la desaparición forzada. Está claro hasta aquí que la utilización política de la situación por parte de una facción ha pretendido alterar hechos que, si bien aún aguardan confirmación, todo parece indicar que habrían tenido un derrotero muy distinto al del "relato" que una vez más una ideología violenta y combativa buscó imponer desde distintos frentes al grito de "Macri, basura, vos sos la dictadura". Horacio Verbitsky lo hizo desde Página 12 y las tropas kirchneristas y las izquierdas combativas impulsaron la falaz versión. Desconociendo el dolor de una familia y de toda una sociedad, con la hipótesis de una desaparición forzada que responsabilizaba a la Gendarmería y al propio Poder Ejecutivo Nacional, se convocó a la protesta y a las marchas, con remeras estampadas con la cara del joven artesano y pancartas con mensajes desestabilizadores que cobraban fuerza en el marco preelectoral. La televisión incluso dio cuenta de situaciones en los colegios en los que las maestras tomaban lista a sus alumnos incluyendo el nombre de Santiago Maldonado y lo mismo sucedía en turnos de hospitales, oficinas públicas, y hasta en salas de cine. La propia Cristina Kirchner llegó a pavonearse portando la imagen de Maldonado en una misa y en actos públicos, olvidando seguramente que atrás quedaron los días en los que la desaparición de Julio López fue también motivo de interpelación para su gobierno. Un grupo de activistas clamaba por la aparición con vida del muchacho, aunque por sus dichos y procederes quedaba suficientemente en evidencia que buscaban confirmar lo contrario para poder sostener así el cargo de "desaparición forzada" que tanto rédito político les hubiera dado.

La Gendarmería pasó a ser sindicada como una siniestra fuerza a las órdenes de un gobierno de inhumanos y perversos personajes. Muchos comentaristas se inclinaron por la versión de la captura ilegal, algunos por ideología, otros por la propensión a las teorías conspirativas. Aun después de la aparición e identificación del cuerpo insistían en que había sido colocado en el lecho del río por la Gendarmería. Todavía hoy, cuando la autopsia y la confesión de un testigo comienzan a arrojar mayor claridad sobre el suceso, muchos persisten en la mentira. Debe lamentarse la actitud del hermano, Sergio Maldonado, quien, más allá de la comprensión que merece por su dolor, reaccionó con destempladas críticas y acusaciones fuera de lugar, que en nada contribuyeron a apaciguar los exaltados ánimos y que poco sumaron a la hora de acercarse a la dolorosa verdad sobre lo acontecido.

Desde los primeros momentos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue fuertemente atacada cuando apoyó incondicionalmente a la Gendarmería a sus órdenes, aun cuando muchos sostienen que habría sido una buena medida desafectar a los gendarmes involucrados hasta tanto se clarificaran los hechos. En algunos colegios, los hijos de gendarmes fueron sometidos a burdos escarnios, hasta el punto de haberse teatralizado escenas de falsos fusilamientos a cargo de oficiales de la fuerza, en el afán de abochornar y denigrar la acción de quienes tienen bajo su responsabilidad la defensa de la ley y el orden en nuestro territorio. Recordemos que en estos dos meses los feroces y provocadores ataques con bombas molotov a destacamentos en el Sur sólo dispararon mesuradas reacciones defensivas propias de una fuerza profesional que respeta las órdenes recibidas sin desbandes ni excesos.

Ante la duda general sobre lo que podría haber conducido a la desaparición de Maldonado, la Gendarmería fue vil y apresuradamente demonizada, algo frecuente cuando amplios sectores de la ciudadanía asocian "la represión" con los violentos años del proceso militar, sin comprender que cualquier extralimitación contraria a las leyes y el orden es dable de ser legalmente controlada, con el aval de la Constitución, para garantizar o recuperar la normalidad y la vigencia de las instituciones.

Nos preguntamos si quienes produjeron tanto daño y dolor, de modo tan artero o equivocado, no deberían expresar públicamente: "Perdón, Gendarmería".

Las palabras deben recuperar su sentido más cabal y dejar de ser instrumento de facciones que buscan tergiversarlas en un peligroso afán por vaciarlas de su auténtico contenido, poniéndolas al servicio de vetustas ideologías. El caso Maldonado nos ofrece una clara oportunidad para que, como sociedad, reflexionemos y repasemos cuál es el rumbo que elegimos. Sólo si cada uno puede reconocer los propios errores, de ayer y de hoy, seremos capaces de construir juntos el futuro que nos convoca. Es tiempo de comenzar a llamar a las cosas por su nombre.

domingo, 29 de octubre de 2017

IMPIEDAD DE LA CIDH


La paradoja resuena en el título: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), prestigioso organismo que se sustancia en el miramiento y la defensa indeclinable de los derechos humanos "nos ha empujado", y esto no es una metáfora. Familiares nucleados en Puentes para la Legalidad, asociación civil que dedica su trabajo a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren los imputados por delitos de lesa humanidad, fueron echados a empujones de la convocatoria que hiciera la CIDH en la ciudad de Montevideo, con motivo de celebrarse la consulta pública de la Unidad Temática: Memoria, Verdad y Justicia. Tres de nuestras representantes, dispuestas a expresar el estado de situación en el que se encuentra un grupo de seres humanos mayores en edad y vulnerados en sus derechos a expresarse, fueron violentamente cercadas y obligadas a retirarse. Cuesta entender la impiedad. Cuesta comprender que aún no podamos denunciar que en nuestro país la Justicia marcha mal, que los procesos no se ajustan a derecho y que entonces un conjunto de personas padece y muere en las condiciones deplorables de las cárceles argentinas sin que sus derechos sean respetados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía nos debe su prestigiosa protección; hace tiempo venimos reclamándola. La impiedad recibida habla. Habla todavía de una falsa ética cuando nos dejan amordazados, empujados y expulsados.

María Victoria Cachaza
DNI 21.506.369



NOTA: La imagen y destacados no corresponden a la nota original.

EL CASO MALDONADO Y LOS DERECHOS HUMANOS


Sábado 28 de octubre de 2017

Era un secreto a voces, pero ya no lo es más. A las primeras revelaciones de Julio Blanck en el diario Clarín se sumaron las de Elisa Carrió y las declaraciones del propio juez Lleral, lo que desencadenó un verdadero aluvión de notas, columnas y editoriales en todos los medios de prensa televisiva, oral y escrita, e innumerables mensajes y comentarios en las redes sociales.

Todo indica que los usurpadores del Pu Lof Resistencia Cushamen, el RAM y algunas de las organizaciones de derechos humanos locales supieron, desde el primer día, que Santiago Maldonado había perdido la vida el 1° de agosto, mientras cruzaba el río Chubut y luego de que el invisible "testigo E" le soltara la mano, a pedido del joven que murió ahogado.

Han existido dos investigaciones simultáneas. Una primera, la oficial, llevada adelante por la Justicia, dirigida a conocer el paradero de Santiago y encontrar la verdad. Y una segunda, la paralela, concebida, dirigida y convenientemente manipulada por quienes se han apropiado de la causa de los derechos humanos en la Argentina desde 2003, en función de tiempos y expectativas electorales, con la vil pretensión de favorecer a Cristina Kirchner.

La operación de las organizaciones de derechos humanos, travestidas en un verdadero holding internacional al comando de Horacio Verbitsky desde la presidencia del CELS, contó con el habitual e interesado apoyo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires junto a otras cada día más desprestigiadas organizaciones. Aquellas mismas que, hasta hace sólo algunos años, eran respetadas y admiradas, y a las que los sucesivos gobiernos kirchneristas corrompieron profundamente, confiriéndoles un poder desmesurado y recursos económicos sin límite, a cambio de apoyo para obtener impunidad para el saqueo de la Argentina.


Resulta también escandaloso que a esta verdadera canallada -que Elisa Carrió calificó como "macabra" y a la que le cabe más ajustadamente tener por perversa- se hayan sumado, una vez más, la CIDH, la Acnudh y hasta Amnesty International, entre otras agencias y organizaciones internacionales.

El Gobierno está ahora obligado a exigir las explicaciones, los pedidos de disculpas y la rectificación de políticas por parte de organizaciones y dirigentes, cuya parcialidad manifiesta en este caso y en otros anteriores es inexplicable y sólo podrá aumentar el creciente desprestigio de las organizaciones de derechos humanos locales.

Desde el 1º de agosto pasado, la célula terrorista pretendidamente mapuche del Pu Lof Resistencia Cushamen, el RAM y las organizaciones de derechos humanos -con el CELS a la cabeza- parecen no haber hecho otra cosa que plantar u ocultar pruebas, preparar y hacer declarar mentiras a falsos testigos, obstruir la investigación, exigir y obtener poder de policía sobre la parcela usurpada, como si se tratara de la soberanía de un estado independiente sobre su territorio nacional, sosteniendo para eso el pretendido carácter de "tierra y aguas sagradas" de las muchas hectáreas ocupadas y del río Chubut, disparate que fuera lamentablemente admitido y tolerado por el coro de los políticamente correctos, que actuaron a la manera de idiotas útiles al servicio de los objetivos e intereses de aquellos.

La actitud de la familia debe quedar indulgentemente amparada por el dolor, lo que no exime de responsabilidades a su principal vocero y representante, Sergio Maldonado, por sus errores y omisiones en el trágico caso de su hermano.

La muerte de Santiago Maldonado debe esclarecerse hasta sus últimas consecuencias y los eventuales culpables de los delitos colaterales que pudieran probarse deben ser castigados por la Justicia con todo el rigor de la ley.

Para eso, las investigaciones y los procesos judiciales que están en curso deben enfocarse también en la actuación de las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales y de sus dirigentes.

Quedó en claro que estas organizaciones pusieron más énfasis y esfuerzo en tratar de probar el carácter de desaparición forzada de Santiago Maldonado y en buscar a los culpables de tal delito, que en determinar su estado y paradero. Y ahora, encontrado ya el cuerpo, parecen contrariados ante la falta de evidencia de golpes o violencia en el cadáver que surge de la autopsia. Ya no podemos alentar la esperanza de que Santiago esté vivo, lo que parece hubiera sido la peor de las alternativas para los apropiadores de los derechos humanos en la Argentina, por terrible que sea pensarlo y, ni qué decir, escribirlo.

El gobierno del presidente Macri está a punto de convocar a un gran acuerdo nacional para un ambicioso plan de reformas. Una política de Estado para los derechos humanos que esté a la altura de los más nobles ideales del siglo XXI y que tome como modelo aquellas de las naciones con más altos índices de desarrollo humano del planeta debe estar incluida en el acuerdo en ciernes. Es hora de que el Gobierno sea el principal protagonista, promotor y defensor de los derechos humanos en la Argentina. Para eso será necesario desplazar y reemplazar a quienes, desde 2003, han orientado, dirigido y llevado adelante una política de derechos humanos anacrónica, parcial, incompleta, sesgada, ideologizada y siempre alineada con intereses políticos y electorales, cuando no con el mero interés económico de sus integrantes. Para limpiar estos verdaderos "establos de Augías", la tarea que se requiere es titánica. Para eso se debe recurrir a las aguas limpias, transparentes y sin intereses ocultos propias de la causa universal de los derechos humanos.

Pedro Güiraldes
Ingeniero civil



NOTA: La imagen no corresponde a la nota original.