martes, 10 de enero de 2017

ACERCA DE LOS PRESOS POLÍTICOS 2017 Y UNA VERGÜENZA QUE NO CESA EN LA CSJN

En la Argentina hay presos políticos, más allá de lo que afirme el 'relato' emergente de los tiempos K (que incluyen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aceptó como constitucional aún aquello que no lo es). Es menester resolver la cuestión de los presos políticos, y cerrar una etapa de rencores que ni siquiera se pueden despejar en el contexto elegido por los K y sus simpatizantes. Hasta ahora, Mauricio Macri evitó abordar el tema, probablemente a causa de otras prioridades, pero no puede ignorarse la existencia del problema. Como un aporte al Presidente de la Nación, aquí algunas elucubraciones:

A 40 años de los acontecimientos casi 500 personas continúan detenidas en cárceles comunes y una 600 en prisión domiciliaria.

A diferencia de Irlanda, España, Uruguay o Sudafrica, Argentina sigue sin resolver las secuelas de los enfrentamientos de la década de los 70. A pesar de no pocos intentos llevados adelante por instituciones religiosas y ONGs, la postura de los llamados organismos defensores de los derechos humanos, continua pregonando la teoría de “los santos inocentes” que se resume burdamente en que en el país no existió ninguna confrontación armada, solo militares (y civiles) que salían por las calles a secuestrar y matar gente inocente.

No es relevante que las organizaciones armadas publicaran sus atentados bajo el rótulo de “partes de guerra” (lo que llevaría a pensar que ellos se suponían “en guerra”) o se retrataban en uniformes ad hoc, publicaban sus jerarquías e insignias y escribían un código de justicia; a pesar de estos elementos y muchos otros una “justicia tuerta” insiste en que solo las fuerzas armadas cometieron crímenes a los que post-facto llamaron de “lesa humanidad”.

Argentina es, hasta donde sabemos, el único país del mundo que “anuló” una ley que fue aprobada por el Congreso de la Nación, cumpliendo todas las condiciones que marca las constitución. A nuestro entender, una ley que fue aprobada y promulgada se puede “derogar” mediante otra ley, también aprobada por el Congreso, lo que implica que sus efectos caducan, a futuro, pero no se puede anular pretendiendo que nunca existió.

A esto se suma que a lo largo de los años se generó un verdadero “negocio”, una especie de “Derechos Humanos S.A.” que mueve millones, no solo en las misteriosas indemnizaciones, que permanecen secretas, sino en inmuebles, cargos, presupuestos, logística etc., todo financiado por el Estado Argentino.

Estos son algunos de los factores que hacen tan difícil encontrar la solución a un tema que son muchos los que prefieren ignorar; en base al mito que no existe solución posible cuando en realidad, de existir voluntad política, son muchas las cosas que se podrían hacer y corregir con auxilio de la ley.

Por ejemplo, en todo juicio criminal, es la fiscalía la que corre con la “carga de la prueba”, porque según la ley existe la presunción de inocencia. En los casos de los acusados por la violencia de los años 70, comencemos por señalar que sus expedientes circulan por los tribunales con un gran sello rojo que se lee “LESA” (¿no será discriminatorio?) y en la práctica es el imputado el que debe demostrar su inocencia, por cuanto la mera acusación es indicio suficiente y muchas veces se acompaña, sin más con la prisión preventiva.

Una persona acusada de un crimen puede ser mantenida en prisión preventiva, sin juicio, dos años, que excepcionalmente se pueden prolongar un año más cuando existan razones fundadas. Se conocen en el ámbito de “lesa” prisiones preventivas de más de 10 años, siendo cosa común hablar de 5,7 o 9 años.

No son pocos los detenidos de más de 80 años en estas causas, a pesar que deberían eventualmente estar en prisión domiciliaria y que en los delitos comunes es difícil encontrar detenidos que superen los 65 años. Hoy el promedio de edad de los acusados “de lesa” supera los 75 años.

Para comienzos de 2017 son casi 400 personas las que murieron en prisión y la cuenta sigue aumentando.

Existen múltiples casos bien documentados de testigos que fueron cuidadosamente preparados antes de su testimonio, como así también de impedimentos que el tribunal impone a las defensas para cuestionar a los testigos, so pretexto que se los estaría “victimizando” si se pone en duda sus dichos.

Miembros de los tribunales de justicia que en el pasado lo fueron de las organizaciones armadas y que aún así no se duda de su objetividad y los intentos de recusación suelen caer en saco roto.

Otro dato para la reflexión, en el ámbito de los tribunales de apelación sobre 190 acusados, solo 20 fueron encontrados inocentes y más de un 35% recibió como pena la cadena perpetua.

A 40 años de los acontecimientos casi 500 personas continúan detenidas en cárceles comunes y una 600 en prisión domiciliaria.

Hasta el día de la fecha todos los intentos para llevar ante la justicia a los miembros de las organizaciones armadas no dieron fruto alguno y no pocos han dado amplio testimonio de los crímenes cometidos en la seguridad que permanecerán impunes.

¿Existe una solución mágica? No la hay, pero la aplicación de la ley en forma equitativa y sin tolerar presiones mediáticas, ya sería un paso muy importante.