viernes, 10 de marzo de 2017

LESA HUMANIDAD, NEGOCIADOS Y DESCONTROL JUDICIAL EN LA MIRA


Por Guadalupe Jones

Nos dirigimos a Ud., fijando domicilio postal en ( ), y manifestamos que, ante la falta de respuestas en todos los ámbitos institucionales, con respecto a la grave problemática acerca de los condenados presos, prevenidos, detenidos, procesados y requeridos en las denominadas causas de lesa humanidad, es que nos obliga hoy, en calidad de familiares, amigos y camaradas a recurrir nuevamente a alguna autoridad nacional de relevancia para exhortar a revisar la postura que tomó el gobierno nacional del cual Ud., Señor Ministro es parte, una postura de “inacción” generalizada en éste tema.

Queremos adelantarnos ésta vez y no aceptamos bajo ningún punto de vista, las reiteradas respuestas evasivas que recibimos durante éstos últimos 15 largos meses, al mencionar la “división de poderes” porque entendemos perfectamente que no es sostenida en la práctica. Jamás, planteamos una necesidad de intromisión del poder ejecutivo dentro del judicial, como tristemente nos respondieron las veces que elevamos estas inquietudes. Y es tan contradictorio pensar en lo antes dicho, como en la participación de diversas áreas del Ministerio a su cargo en las denominadas causas de lesa humanidad, que lamentablemente fue siempre una realidad. Es dable destacar que estamos en posición de debatir la legalidad de los procesos de las mismas, no era nuestra intención inicial, pero ya que al enfrentarnos ante un sistema totalmente hermético, e inactivo hacia nosotros, y si bien creíamos que sería una pérdida de tiempo, aún así debemos seguir por éste camino que no será abandonado, ya que tenemos mucho para reclamar.

Hoy Señor Ministro, como familiares y amigos de presos de éstas causas, ya emblemáticas y parte directamente afectada en lo moral, psicológico, económico y social de las políticas abusivas de los juicios denominados de lesa humanidad, nos seguimos preguntando porque no existen reglas claras?, y los partícipes juzgadores de las mismas, no son legitimados porque no cumplen mínimamente con los requisitos legales, éticos para mostrar imparcialidad e idoneidad. Al ser la Secretaría de Derechos Humanos querellante representando al Estado Argentino da cuenta indudablemente que nunca existió igualdad de armas para defenderse, y lo preocupante es que ésta secretaría, dependiente del Ministerio a su cargo, avala procesos judiciales irregulares y hasta delitos cometidos en nombre de “buscar la memoria y la justicia”, como ser el prevaricato, desobediencia, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falso testimonio, amenazas, discriminación, entre otros.

Como se observa, la gravedad de lo expuesto nos coloca en una posición de total indefensión, cosa que ya no es tolerable, por el justo motivo de que existen vidas detrás de éstas maniobras para llegar a como dé lugar a condenas primero mediáticas, luego sociales para terminar indudablemente en la condena judicial, sin importar que no existan pruebas concretas y sobre todo reales.

Siempre remarcamos la necesidad de transparencia en éstos procesos, porque aun siendo la parte atacada creíamos, que si se llevaban a cabo juicios legales, se podría reconstruir el pasado, en base a la verdad, pero al ser infructuoso por la escasez de voluntad por parte de la justicia en investigar éstas irregularidades, también por esa urgencia de tener condenados sin siquiera existan méritos, sólo el hecho de haber pertenecido a las diferentes fuerzas armadas y de seguridad, son motivos suficientes, para avanzar primero con un procesamiento, para luego pasar al juicio oral y condenar sin más.

Somos perjudicados al no ser escuchados, al no darnos la posibilidad de ampliar las pruebas que podemos aportar. Antes entendíamos el móvil de las negativas, hoy es inentendible, ya que éste gobierno remarca la transparencia todo el tiempo, pero no permite que se inicie un proceso de “sinceramiento judicial en estas causas”.


Se realizaron innumerables denuncias a los jueces de éstos procesos, éstas denuncias se encuentran paralizadas en el Consejo de la Magistratura, creemos entender los motivos, pero como lo manifestamos precedentemente ya no podemos sostener la vida y la salud de nuestros padres dentro de prisión, porque hacemos referencia a personas con una edad promedio de 73 años, y más aún cuando fueron condenados sobre la base de irregularidades gravísimas.

Por lo expuesto, exigimos una vez más que se convoque a una comisión a realizar una exhaustiva investigación en torno a las graves irregularidades de éste tema, creemos propicio ya que al hacerse públicas las listas de los nombres de las personas que cobraron las indemnizaciones por haber sufrido de una forma u otra el paso de la dictadura de los años 70, y en nombre de la transparencia institucional que es parte del discurso oficial, permítanos ayudar, nos ofrecemos a colaborar brindando toda la información necesaria para terminar con ésta práctica dañina que lastima a la república, porque entendemos que con verdad y justicia se puede construir un futuro, no de la forma que se vino haciendo durante los últimos 13 años.

Además solicitamos una audiencia con el Señor Ministro para exponer de forma completa nuestros problemas en torno al tema, esperando no ser “nuevamente discriminados”, ya que somos ciudadanos a los cuales nos asiste el derecho de ser escuchados y peticionar a las autoridades, somos ciudadanos que contribuimos día a día al sostenimiento del país, no nos puede ser negado una vez más un espacio de diálogo, como en anteriores ocasiones.

Sin otro particular y apelando a la reflexión y sensatez, y a la espera de una pronta respuesta favorable a nuestro pedido, nos despedimos con distinguida consideración y respeto.-