martes, 4 de abril de 2017

WALL STREET JOURNAL: NO HAY JUSTICIA EN ARGENTINA

La conocida periodista, editora y columnista estadounidense Mary Anastasia O'Grady ayer publicó una interesante nota en el periódico Wall Street Journal, que una editora extranjera, especializada en temas de Latinoamérica, escriba sobre una supuesta falta de justicia en la Argentina es un hecho que al menos debería llamar la atención de los tres poderes del Estado Argentino.




WALL STREET JOURNAL: NO HAY JUSTICIA EN ARGENTINA
A los ex militares se les niega el debido proceso. Ex terroristas deambulan libremente.

Por Mary Anastasia O’grady

La comunidad internacional está boquiabierta ante el intento de la semana pasada de la Corte Suprema de Venezuela de asumir la Asamblea Nacional, como si eso significara el fin de la democracia en la nación en problemas. Seamos realistas: El barco partió hace mucho tiempo. El inicio del autoritarismo en Venezuela data por lo menos de abril de 2002, cuando el ejército intentó y no retiró al entonces presidente Hugo Chávez por sus violaciones de la constitución.

En aquellos días de la gloriosa “revolución bolivariana”, los defensores de Chávez se negaron a reconocer como un problema su ataque frontal al estado de derecho y las libertades civiles. Ahora está empezando a amanecer. Muchas gracias.

No es la primera vez que la realidad llega a la élite global. Por alguna razón, los llamados defensores de los derechos humanos siempre se levantan en oposición a la tiranía de izquierda sólo después de que esta se ha atrincherado. ¿Todavía hay una oportunidad de hacer una diferencia? Incógnita y nervios.

Tome a un país que ha redondeado, encarcelado y se le ha negado la atención médica adecuada a casi 2.200 ciudadanos desde 2005. Sólo alrededor de un tercio de los prisioneros han recibido su cita en la corte. Los que han llegado a un tribunal han recibido en su mayoría juicios circenses. Los demás languidecen en las cárceles. Casi 400 han muerto tras las rejas.

¿Birmania, Corea del Norte, Cuba? No, esta es la Argentina “democrática”. Los prisioneros son antiguos miembros del ejército. Su problema: derrotaron a los guerrilleros de izquierda de los años setenta y principios de los ochenta.

Los guerrilleros nunca superaron su pérdida y ahora se vengan a través de los tribunales argentinos, que niegan a los ex soldados sus libertades civiles. Las víctimas del terrorismo guerrillero también han perdido sus derechos. El Estado nunca ha compensado a sus familias, ni siquiera ha reconocido su sufrimiento.

La “guerra sucia” comenzó en Argentina a principios de los años setenta, cuando los jóvenes de inspiración castrista trajeron terror al país, bombardearon, robaron, secuestraron y asesinaron a políticos, empresarios, diplomáticos, policías y otros. El caos fue tan abrumador que en 1975 Isabel Perón ordenó a los militares “aniquilar” a los subversivos. En 1976, con el gobierno civil al final del ingenio, los militares asumieron el control. Permaneció en el poder hasta 1983. Nadie duda de que, junto con la guerrilla, cometieron violaciones de los derechos humanos.

En 1989, en un intento por conciliar la nación, el presidente Carlos Menem decretó una amnistía para ambas partes. Pero cuando el Presidente Néstor Kirchner asumió el poder en 2003, él y su esposa, Cristina (quien fuera presidente de 2007 a 2015) decidieron hacerse un nombre como defensores de los derechos humanos encarcelando a las Fuerzas Armadas. La propaganda desde la izquierda ya estaba a la altura de la cintura, como lo demuestra la creencia generalizada de que la dictadura “desapareció” a 30.000 personas, una afirmación nunca fundamentada.

Con la ayuda de los muchos militantes que todavía soñaban con hacer de la Argentina otra Cuba, los Kirchner comenzaron a arrestar a los ex soldados. Se negaron a detener a los ex guerrilleros, aunque muchos admitieron abiertamente que habían sido parte del alboroto terrorista. Muchos se convirtieron en funcionarios del gobierno de Kirchner.

Es evidente que no todos los que llevaban uniforme eran cómplices de crímenes cometidos por los militares. La mayoría no. Pero los Kirchner querían titulares. Amontonaron los tribunales con jueces de izquierda -algunos de los cuales eran ex guerrilleros- que permitieron un falso testimonio de la fiscalía y de las turbas en la sala de audiencias para hostigar a los testigos. Muchos acusados fueron juzgados en grupos, lo que es contrario a la ley argentina. Los jueces hicieron poco para esconder sus prejuicios, a veces abrazando a los fanáticos de la fiscalía en júbilo después de emitir un veredicto de culpabilidad.

Frecuentemente, la falta de pruebas vinculando a un acusado a un delito no era un obstáculo para una condena. Podría ser declarado culpable sobre la base de que, dado su rango y su puesto, debería haber sabido sobre las violaciones de los derechos humanos. Es difícil pensar en una república moderna en cualquier parte del mundo que representaría tal manipulación de la justicia.

Según la organización no gubernamental La Fuerza de los Dignos, compuesta de hijos e hijas de militares encarcelados, 717 ex miembros de las fuerzas armadas han sido condenados y la mayoría han sido condenados a cadena perpetua. Casi 1.100 aún están en proceso de ser investigados y juzgados. La mayoría de ellos tienen más de 70 años, lo que significa que tienen derecho a arresto domiciliario bajo la ley argentina. Pero eso también es políticamente incorrecto en una nación aturdida por el giro izquierdista. Así que se sientan en la cárcel durante años, se les niega el debido proceso. Mientras tanto, antiguos terroristas vagan libres.

Los argentinos quieren seguir adelante con esta dolorosa historia. Prefieren no enfrentarlo. En Mauricio Macri, han elegido a un reformador como presidente. Pero se enfrenta a la obstrucción violenta de los intransigentes de la era Kirchner.

Si la nación debe evitar el destino de Venezuela, necesita restaurar el estado de derecho. Eso significa otorgar justicia a las numerosas víctimas del poder judicial podrido que sirvieron fines políticos de los Kirchner.

Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón