domingo, 25 de junio de 2017

CUANDO NO SE SABE LO QUE SE QUIERE Y TAMPOCO SE CUMPLE CON LA LEY


UN PAÍS QUE NO SABE LO QUE QUIERE

La Argentina vive en un permanente circuito de hacer y deshacer. Las leyes de obediencia debida y punto final fueron votadas por nuestro Congreso y años después, el mismo Congreso las declaró inexistentes, cosa rara en el derecho que conocemos en Occidente. La Corte Suprema las declaró constitucionales y años después inconstitucionales. Pasó algo parecido con el "dos por uno" que tanto revuelo ha desatado en parte de la ciudadanía. La conclusión que uno saca de estos pocos ejemplos es que nuestro país es institucionalmente inestable y su sociedad, emocionalmente inestable.

Después de generaciones de alabar a Cristóbal Colón por la hazaña de su descubrimiento, hoy resulta que es un genocida. El general Roca, que era un estadista que consolidó la geografía actual del país, homenajeado en los billetes de 100 pesos que lleva su imagen, también es un genocida. El Che Guevara, de asesino serial pasa a ser héroe y lo ponemos en las estampillas.

País sin rumbo, sin estabilidad y sin seguridad jurídica, con una sociedad que no sabe qué es lo que quiere, excepto salvarse a sí misma a costa de quien sea. Así no se puede construir un país desarrollado, moralmente sano y socialmente justo. Este círculo vicioso de hacer y luego deshacer configura una situación que hace inviable a nuestro país como Estado moderno.

Florencio Olmos
DNI 5.941.080


CUMPLIR CON LA LEY

Nuestro país ratificó el Estatuto de Roma (1998) cuya vigencia corre desde enero de 2001, habiendo sido reglamentado recién en 2007. Dicho Estatuto crea la figura de los crímenes de lesa humanidad, que hasta ese momento no existían y establece que los únicos delitos que no prescriben son los de la competencia de la Corte y que, para determinar esa competencia, debe tratarse de hechos ocurridos después de la entrada en vigor del Estatuto. Su implementación fija que ninguno de los delitos previstos en ese instrumento puede ser aplicado en violación del principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de nuestra ley fundamental, que reza que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". No existe absolutamente ninguna duda sobre la imposibilidad de aplicar esa normativa a acciones llevadas a cabo en la década del 70. En la sentencia de condena del célebre juicio a las juntas militares, la Cámara Federal jamás mencionó los crímenes de lesa humanidad y ello, por la sencilla razón de que, a la sazón, no existían. Como claramente podemos ver, todos los hechos que se ventilan en los tribunales federales y que mantienen privadas de su libertad en paupérrimas condiciones de hacinamiento a alrededor de 2000 personas, con 404[1] muertos, se refieren a sucesos ocurridos en la década del 70, muchísimos años antes de que viera la luz el vapuleado Estatuto de Roma y, consecuentemente, sin ninguna posibilidad legal de que el mismo sea aplicado en ninguno de esos casos. Todo está prescripto, aun teniendo en cuenta la letra del Estatuto. La libertad es la única solución legal para este gravísimo entuerto.

Qué sentido tiene discutir en esos casos la ley del "dos por uno" de la manera brutal en que se lo está haciendo en los medios, debates en los cuales lo único que afloran son viejos resentimientos a costa de los cuales se pretende vulnerar la ley. Tampoco resiste el menor análisis la detención del teniente coronel Emilio Nani, ordenada hace pocos días por un juez federal de Mar del Plata, por supuestos hechos acaecidos hace 40 años. Y, finalmente, tampoco y por esas mismas normas, debo decirlo, se podrá llevar a juicio a los responsables de las organizaciones guerrilleras que protagonizaron los sangrientos atentados y secuestros en aquella época. Nos guste o no nos guste, se debe cumplir con la ley.

Francisco García Santillán
DNI 10.661.522




[1] 410 al día de la fecha, dadas sus avanzadas edades y enfermedades propias de la vejez cada vez son más seguidas las muertes en prisión.