sábado, 11 de marzo de 2017

DD.HH. S.A.


En la Argentina, sólo el terrorismo de Estado ha sido considerado como crimen de lesa humanidad y ni un solo jefe o integrante de las organizaciones armadas revolucionarias está preso. Tampoco fueron llevados a juicio los funcionarios del gobierno 1973-1976 que concretaron la "aniquilación" ordenada y el "exterminio" sugerido por Perón, incluida su esposa y sucesora. El nunca rendido dinero de las indemnizaciones fue sólo para las víctimas de la violencia estatal, no para las del terrorismo y en muchos casos los ex guerrilleros recibieron cargos públicos, cuando no se convirtieron en adalides de los derechos humanos, como Horacio Verbitsky. Las estadísticas del CELS al 31/12/2016 no dejan lugar a dudas (http://www.cels.org.ar/blogs/estadisticas/). Durante el período 1983-1987 se celebraron los juicios a las Juntas y a la cúpula de la policía bonaerense, con un total de 17 imputados, de los cuales once fueron condenados y seis absueltos. Entre 1988 y 2005, período posterior a las leyes de obediencia debida y punto final de Alfonsín y los indultos selectivos de Menem, se acumularon 23 nuevas condenas por apropiación de menores. Recién en 2006 se dictó la primera sentencia posterior a la anulación de las leyes e indultos citados y al fallo de la CSJN que declaró su inconstitucionalidad. Aunque el Tratado de Roma y el derecho humanitario internacional incluyen los crímenes de organizaciones armadas no estatales como delitos de lesa humanidad, esa universal doctrina fue bloqueada por la Procuración General de la Nación en línea con la estrategia del kirchnerismo de utilizar los derechos humanos comprando más impunidad para su gestión corrupta. Una perversa y aceitada maquinaria político judicial dirigida desde la PGN y el CELS que apuntó exclusivamente a los agentes del Estado (excepto los del gobierno Perón-Perón) tuvo el siguiente resultado: 2939 fueron acusados por delitos de lesa humanidad, de ellos 1120 están presos, aunque sólo fueron condenados 682 de ellos. Hay 517 encarcelados con prisión preventiva desde hace años, lustros o casi un decenio. Del total de acusados ya murieron 486, la inmensa mayoría sin sentencia, ya que sólo 59 de ellos habían sido condenados.

Impunidad para la corrupción, el peronismo y el terrorismo, dinero sólo para las víctimas del terrorismo de Estado, nada para las víctimas de la guerrilla y venganza consumada. A eso llamo yo Derechos Humanos S.A.

Pedro José Güiraldes


viernes, 10 de marzo de 2017

UN CAMINO HACIA LA CONCORDIA


La guerra de los años 70 fue cruel, extremadamente cruel. Por un lado, miles de guerrilleros, adiestrados muchos de ellos en Cuba, la iniciaron y desarrollaron con asesinatos incalificables (el juez Quiroga, Rucci, Sacheri, Genta, Soldati, Mor Roig, etc.), secuestros seguidos de muerte (Aramburu, Ibarzábal, Larrabure, Salustro, etc.), asaltos a cuarteles, bancos, extorsiones, bombas y otros hechos vandálicos, hasta sumar un total de 20.642 entre los años 1969 y 1979. Su objetivo era alcanzar el poder para convertir nuestra república en un Estado totalitario marxista. Estas acciones no distinguieron gobiernos de facto o constitucionales.

Por otro lado, las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales debieron enfrentar la agresión subversiva en defensa del Estado en cumplimiento de decretos firmados por la viuda de Perón e Ítalo Luder y refrendados por sus ministros. Esas fuerzas ejecutaron la orden de aniquilar la acción terrorista, no sin haber cometido extralimitaciones inadmisibles e ilegales. El presidente Alfonsín optó por ordenar el enjuiciamiento tanto de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas como de las cabezas de las organizaciones terroristas.

La sanción de las leyes de obediencia debida y punto final extinguieron todas las acciones penales promovidas contra ambos contendientes a excepción de oficiales superiores y jefes guerrilleros. En 1989 y 1990 se dictaron los indultos que extinguieron todas las acciones y penas privativas de la libertad.

Con la llegada al poder de los Kirchner, se abandonó ese camino hacia la concordia y se impuso un relato falso y asimétrico de los hechos, bajo la proclama de una falsa política de "derechos humanos" declarada política de Estado, bajo cuyo amparo comenzó una persecución teñida de venganza contra los hombres de las Fuerzas Armadas y de seguridad que reprimieron el ataque subversivo. Los agresores pasaron a ser "jóvenes idealistas", premiados con suculentas indemnizaciones y convocados para altísimas funciones públicas como ministros, legisladores, magistrados judiciales, etc. Esta vindicta incluyó también a civiles y religiosos, a designio del poder.

La nueva mayoría de la Corte, instalada a partir de 2003, se encargó de "remover los obstáculos", como sostuvo Lorenzetti, que se presentaban para la concreción de aquella política y, en consecuencia, poder reabrir los procesos y volver a juzgar por los hechos ocurridos 30 años atrás. Para concretar ese designio político de perseguir y castigar de por vida a los defensores del Estado acusados por delitos de lesa humanidad se violó el orden jurídico, no sólo en la materialidad de las leyes positivas que lo integran, sino incluso en los principios que constituyen desde hace siglos patrimonio jurídico y cultural de los pueblos civilizados. Así, se arrasó con el principio de legalidad -pilar de las libertades en el mundo occidental- al aplicar con retroactividad tipos y condiciones de delitos que no existían al momento de los hechos; se emplearon retroactivamente en perjuicio de los imputados leyes más gravosas; se desconocieron el instituto de la cosa juzgada y el de la prescripción, mientras que se privó al Legislativo y al Ejecutivo de los dos instrumentos soberanos -y por ende irrevisables- que la Constitución les dio para consolidar la paz interior, esto es, la amnistía y los indultos para cualquier clase de delitos, especialmente los políticos.

Puede afirmarse, sin exageración, que casi todo el mundo jurídico no ideologizado ha denunciado el atentado cometido contra la Justicia en nuestro país. Como también la herramienta empleada para ese fin, esto es, el proceder de muchos jueces y funcionarios judiciales de todos los niveles, quienes, olvidando el juramento esencial de impartir justicia, se prestaron a la fabricación política de juicios que quedarán, para vergüenza de esta generación de argentinos, como muestras de arbitrariedad, corrupción, fraude y prevaricación. La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, en dictamen del 25 de agosto de 2005, reprobó enfáticamente los pronunciamientos de la Corte.

El saldo de lo ocurrido en la Argentina al cabo de 12 años -que, a mayor abundamiento, se valió de la siembra permanente de discordia entre los argentinos como garantía de éxito- ha sido trágico, no sólo por el daño causado a la República y al bien común, sino porque ya son 344 los hombres que han muerto en cautiverio, la mayor parte de ellos sin haber recibido condena; mientras que más de 1600 ancianos y enfermos, encerrados en cárceles comunes, aguardan en condiciones inhumanas que se cumpla para ellos la misma sentencia de muerte. Con el estigma de lesa humanidad, se los trata como a los esclavos de antaño o a los parias, privándolos de todo derecho o garantía. Son los únicos a quienes se les deniega el beneficio de la detención domiciliaria y se los priva de una elemental asistencia médica. Son los únicos a quienes se mantiene en prisión provisional, sin condena, luego de dos, tres, diez y más años. Son los únicos a los cuales se les niega la aplicación de la ley penal más benigna para el cómputo de sus penas. Son los únicos a los cuales se les niega el instituto de la prescripción. Son los únicos a quienes no se conceden la excarcelación, la libertad condicional o las salidas transitorias de las que gozan legalmente todos los presos, no importa el crimen por el que hayan sido acusados o condenados

Esto debe terminar. El nuevo gobierno, la nueva dirigencia política, despojada de la ideología y del instrumento político del odio que caracterizó al kirchnerismo, hoy constituye una nueva esperanza y es indispensable que restaure la concordia y la vigencia de la justicia. La Argentina conmemorará pronto los 200 años de su independencia. ¿Puede haber fiesta nacional cimentada en el odio de unos contra otros, el deseo de venganza y, como marco general, la indiferencia de muchos?

La sinceridad en el reconocimiento de la verdad, el empeño en practicar la justicia, la inclinación a procurar la concordia, todo esto es necesario -aunque difícil- para asegurar la paz y la unidad nacional.

Alberto Solanet
Presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia


LESA HUMANIDAD, NEGOCIADOS Y DESCONTROL JUDICIAL EN LA MIRA


Por Guadalupe Jones

Nos dirigimos a Ud., fijando domicilio postal en ( ), y manifestamos que, ante la falta de respuestas en todos los ámbitos institucionales, con respecto a la grave problemática acerca de los condenados presos, prevenidos, detenidos, procesados y requeridos en las denominadas causas de lesa humanidad, es que nos obliga hoy, en calidad de familiares, amigos y camaradas a recurrir nuevamente a alguna autoridad nacional de relevancia para exhortar a revisar la postura que tomó el gobierno nacional del cual Ud., Señor Ministro es parte, una postura de “inacción” generalizada en éste tema.

Queremos adelantarnos ésta vez y no aceptamos bajo ningún punto de vista, las reiteradas respuestas evasivas que recibimos durante éstos últimos 15 largos meses, al mencionar la “división de poderes” porque entendemos perfectamente que no es sostenida en la práctica. Jamás, planteamos una necesidad de intromisión del poder ejecutivo dentro del judicial, como tristemente nos respondieron las veces que elevamos estas inquietudes. Y es tan contradictorio pensar en lo antes dicho, como en la participación de diversas áreas del Ministerio a su cargo en las denominadas causas de lesa humanidad, que lamentablemente fue siempre una realidad. Es dable destacar que estamos en posición de debatir la legalidad de los procesos de las mismas, no era nuestra intención inicial, pero ya que al enfrentarnos ante un sistema totalmente hermético, e inactivo hacia nosotros, y si bien creíamos que sería una pérdida de tiempo, aún así debemos seguir por éste camino que no será abandonado, ya que tenemos mucho para reclamar.

Hoy Señor Ministro, como familiares y amigos de presos de éstas causas, ya emblemáticas y parte directamente afectada en lo moral, psicológico, económico y social de las políticas abusivas de los juicios denominados de lesa humanidad, nos seguimos preguntando porque no existen reglas claras?, y los partícipes juzgadores de las mismas, no son legitimados porque no cumplen mínimamente con los requisitos legales, éticos para mostrar imparcialidad e idoneidad. Al ser la Secretaría de Derechos Humanos querellante representando al Estado Argentino da cuenta indudablemente que nunca existió igualdad de armas para defenderse, y lo preocupante es que ésta secretaría, dependiente del Ministerio a su cargo, avala procesos judiciales irregulares y hasta delitos cometidos en nombre de “buscar la memoria y la justicia”, como ser el prevaricato, desobediencia, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falso testimonio, amenazas, discriminación, entre otros.

Como se observa, la gravedad de lo expuesto nos coloca en una posición de total indefensión, cosa que ya no es tolerable, por el justo motivo de que existen vidas detrás de éstas maniobras para llegar a como dé lugar a condenas primero mediáticas, luego sociales para terminar indudablemente en la condena judicial, sin importar que no existan pruebas concretas y sobre todo reales.

Siempre remarcamos la necesidad de transparencia en éstos procesos, porque aun siendo la parte atacada creíamos, que si se llevaban a cabo juicios legales, se podría reconstruir el pasado, en base a la verdad, pero al ser infructuoso por la escasez de voluntad por parte de la justicia en investigar éstas irregularidades, también por esa urgencia de tener condenados sin siquiera existan méritos, sólo el hecho de haber pertenecido a las diferentes fuerzas armadas y de seguridad, son motivos suficientes, para avanzar primero con un procesamiento, para luego pasar al juicio oral y condenar sin más.

Somos perjudicados al no ser escuchados, al no darnos la posibilidad de ampliar las pruebas que podemos aportar. Antes entendíamos el móvil de las negativas, hoy es inentendible, ya que éste gobierno remarca la transparencia todo el tiempo, pero no permite que se inicie un proceso de “sinceramiento judicial en estas causas”.


Se realizaron innumerables denuncias a los jueces de éstos procesos, éstas denuncias se encuentran paralizadas en el Consejo de la Magistratura, creemos entender los motivos, pero como lo manifestamos precedentemente ya no podemos sostener la vida y la salud de nuestros padres dentro de prisión, porque hacemos referencia a personas con una edad promedio de 73 años, y más aún cuando fueron condenados sobre la base de irregularidades gravísimas.

Por lo expuesto, exigimos una vez más que se convoque a una comisión a realizar una exhaustiva investigación en torno a las graves irregularidades de éste tema, creemos propicio ya que al hacerse públicas las listas de los nombres de las personas que cobraron las indemnizaciones por haber sufrido de una forma u otra el paso de la dictadura de los años 70, y en nombre de la transparencia institucional que es parte del discurso oficial, permítanos ayudar, nos ofrecemos a colaborar brindando toda la información necesaria para terminar con ésta práctica dañina que lastima a la república, porque entendemos que con verdad y justicia se puede construir un futuro, no de la forma que se vino haciendo durante los últimos 13 años.

Además solicitamos una audiencia con el Señor Ministro para exponer de forma completa nuestros problemas en torno al tema, esperando no ser “nuevamente discriminados”, ya que somos ciudadanos a los cuales nos asiste el derecho de ser escuchados y peticionar a las autoridades, somos ciudadanos que contribuimos día a día al sostenimiento del país, no nos puede ser negado una vez más un espacio de diálogo, como en anteriores ocasiones.

Sin otro particular y apelando a la reflexión y sensatez, y a la espera de una pronta respuesta favorable a nuestro pedido, nos despedimos con distinguida consideración y respeto.-

miércoles, 8 de marzo de 2017

SILVIA FERNÁNDEZ BARRIOS ENTREVISTA A VICTORIA VILLARRUEL


La doctora Victoria Villarruel habla sobre las víctimas del terrorismo en Argentina durante los '70s , en el programa Futuro Perfecto de Silvia Fernández Barrios.



NELSON CASTRO: ENTRE EL TTE 1º MARENGO Y HORACIO VERBITSKY


por Mauricio Ortín

Políticos -opositores y oficialistas- intelectuales, periodistas y, en general, aquellos que frecuentan los medios de comunicación hace mucho que han dado por cerrado el debate sobre la legalidad los juicios por crímenes de lesa humanidad. Dan por descontado que son justos y que todo aquel que por esa época vistió uniforme debe estar necesariamente bajo sospecha de genocidio (César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani está en ese trance). Para los jueces, está probado que existió un Plan Sistemático de Aniquilamiento de la Población Civil y con eso basta para condenar a cualquiera que entre en dicha bolsa. Con la sola declaración del querellante sobra para enviar a un “represor” a cadena perpetua. Eso sí, con los avales correspondientes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y las de las provincias. En todos los fallos de lesa humanidad (enfatizo, todos) esos señores que conforman el tribunal y que, por una cuestión de costumbre o vaya uno a saber por qué llamamos jueces, se encargan meticulosamente de advertir que ante la contradicción entre las partes el testimonio de las víctimas tiene más valor de verdad que la de los acusados. Ello porque son considerados testigos necesarios, dado que en los hechos que se juzgan, por lo general, se cometían en la clandestinidad, ocurrieron hace varias décadas y, por ello mismo, no existen pruebas. Dicho en pocas palabras, para los tres señores que ostentan el título impropio y que están sentados tras el estrado: el acusado, dice la verdad, sólo cuando sus palabras coinciden las del denunciante; éste último, a su vez, nunca miente. Esta burda, alevosa, rastrera, ignominiosa y cruel patraña (Stalin, tenía más respeto por las formas) deja en manos de cualquiera la libertad, la honra, la hacienda y la vida de los uniformados de esa época. Esta y no otra es la maloliente “justicia” que imparte el estado argentino y que tolera y hasta aplaude la sociedad en su conjunto.

La juventud maravillosa

Para los que pertenecieron a la “juventud maravillosa”, en cambio, está el goce de ser considerados víctimas-héroes. Una suerte de Bill de indemnidad que perdona, oculta y/o enaltece sus actos “revolucionarios” de antaño. “Pecados de juventud”, “travesuras de muchachos idealistas”; La prensa, políticamente correcta, prefiere referirse así a los asesinatos, secuestros extorsivos, toma de cuarteles, asaltos demás horrores. No es el caso de Nelson Castro; él dice: crímenes; pero, eso sí, siempre aclarando que los de los militares fueron “infinitamente” más graves. Lo de “infinitamente…”, aducen, es la razón por la que -para la Justicia- unos prescriben y otros no. Nelson Castro ¿se equivoca o tiene razón? Nada mejor que ir a las cosas para averiguarlo.

Comparemos, por ejemplo, dos hechos con sus respectivas causas e imputados: 1) el traslado en el año 1976 de 90 detenidos desde de la Cárcel de Villa Gorriti de la capital jujeña hasta el aeropuerto El Cadillal y desde allí hasta la ciudad de La Plata; 2) el atentado con bomba durante el mismo año al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal.

El crimen de lesa humanidad del traslado

El 7 de octubre de 1976, el entonces Tte. 1º, Horacio Marengo, bajo el mando del Coronel Bulacio, habría sido uno más de los soldados que participó en el traslado de 90 detenidos desde de la Cárcel de Villa Gorriti de la capital jujeña hasta el aeropuerto El Cadillal (trayecto de no más de 20 km, se cubre en aproximadamente 20 minutos). Unos diez guardiacárceles de la provincia de Buenos Aires, a su vez, se hicieron cargo de la custodia de los detenidos en el avión que los llevó desde Jujuy a la ciudad de La Plata (tres horas de viaje). Todos ellos fueron condenados en primera instancia por “privación ilegítima de la libertad y tormentos” (ninguno de los trasladados murió o desapareció). Ahora bien, está más que claro en la instrucción y en la oralidad es que ni Marengo, ni los guardiacárceles fueron los que detuvieron o privaron -legítima o ilegítimamente- de la libertad a ninguna de estas personas ¡Fueron retiradas de una cárcel! Es obvio que cuando aparecen Marengo y los guardiacárceles en escena ¡ya estaban detenidos! Tan es así que, en los fundamentos de la sentencia, se consigna que se encontraban detenidos “a disposición del poder ejecutivo nacional” y el juez Gabriel Casas falla en disidencia sosteniendo que no hubo “privación ilegítima de la libertad” de parte de los guardiacárceles. Hay que recordar que estaba vigente un decreto de Isabel Perón que disponía que las fuerzas de seguridad y los agentes penitenciarios de todo el país dependían directamente del comandante de las fuerzas armadas. De allí que, ante una orden de traslado, lo único que cabía a cualquiera de ellos era cumplirla o insubordinarse. Ni Marengo, ni los guardiacárceles tenían porqué saber que los prisioneros eran políticos. Saberlo, tampoco debería agravar su situación procesal. Para los jueces, sin embargo, para no quedar incurso en la “privación ilegítima de la libertad”, Marengo debió haberse jugado su carrera militar y su libertad favoreciendo la fuga de los detenidos apenas los sacó del penal de Villa Gorriti. Los guardiacárceles, a su vez y con idéntico fin, secuestrando y desviando el avión a Cuba. En cuanto a los “tormentos” causados durante el traslado por el que también fueron condenados, las únicas “pruebas” son las declaraciones de los testigos-necesarios-víctimas. Los guardiacárceles niegan haberlos cometidos pero, ya lo dije, lo que vale es la palabra de la querella.

El acto revolucionario de los “idealistas”

A las 13:20 hs. del 2 de julio de 1976, un artefacto explosivo estalló en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal causando la muerte a 23 personas e hiriendo a unas 60 (mutilados, ciegos y quemados). La mayoría se encontraba almorzando. La organización terrorista Montoneros, públicamente, se hizo cargo de la masacre a través de un parte de guerra y del reportaje que concedió el montonero Mendizábal a la revista Cambio 16. La causa por el atentado la inició el señor Hugo Biazzo, uno de los heridos. Entre los sindicados como responsables, además de Firmenich, estaba el subjefe de inteligencia de Montoneros: Horacio Vertbisky. No llegó a juicio porque según, el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, está prescripta. Los jueces Juan Fégoli, Raúl Madueño y Mariano González Palazzo destacaron la “orfandad probatoria” y la escasa “seriedad” de una imputación “generalizada” (la autoría confesa de otra época de un terrorista es nada frente a la negación actual del ahora, testigo-víctima). Ningún terrorista fue a juicio por (después de la AMIA) el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Por el contrario, Horacio Vertbisky, se ufana de haber pertenecido a Montoneros y preside la principal organización de DD.HH. del país. En los juicios de lesa humanidad se desempeña, a pedido de las querellas, como “testigo de concepto” y sus dichos son palabra santa para los magistrados. También, el ascenso de militares y el nombramiento de jueces pasan por su filtro. En fin, para el poder judicial argentino se podría decir que es casi un héroe (cuando falleció Juan Gelman -teniente Pedro-, otro de los terroristas implicados en el atentado, el poder ejecutivo decretó tres días de duelo nacional).

MORALEJA

Para la “Justicia” argentina, el simple traslado de presos es un crimen “infinitamente más grave” (Nelson Castro, dixit) que asesinar a 23 personas y mutilar a otras 60 con una bomba. Los jueces que permiten este absurdo moral algún día deberán rendir cuentas. Mientras tanto, son miles los que sufren cárcel, escarnio e injusticia y millones a los que la injusticia les importa un carajo.


lunes, 6 de marzo de 2017

SILVIA IBARZABAL EN CONTRAPUNTO





Clic para escuchar el audio

La Vicepresidente de Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del terrorismo en Argentina declaró:

"Hoy en día los que salen a la calle están pagos"
"Creo que llamarlos 'Jóvenes idealistas' es subestimarlos"
"Se tiene que contar toda la verdad de lo ocurrido"
"Entiendo a las familias muy carenciadas que perdieron a sus familiares y su situación se agravó"
"No comprendo cómo uno puede aceptar una indemnización por la pérdida de un familiar en este contexto"

SEGURIDAD INTERIOR Y FUERZAS ARMADAS


¿Cómo deberíamos considerar a EI, un ente nacido a fines de 2013 y con presencia destructiva hoy en al menos 18 países?

Muchas cosas se han perdido en nuestra Argentina. Una de ellas, ciertamente preocupante, es el control de sus extensos espacios territoriales frente a diversas amenazas. Se han debilitado al extremo los instrumentos normalmente usados por un gobierno para controlar el orden público: disuadir, evitar el delito y garantizar la seguridad de sus ciudadanos en el marco de la ley y el Estado de Derecho.

Se ha perdido el control del espacio aéreo por insuficiencia de radares y la carencia de una dotación mínima de aviones interceptores, además de la falta de una legislación eficaz para disuadir a quienes vuelan ilegalmente sobre nuestro territorio. Se ha perdido el control del espacio marítimo por los escasos medios asignados para patrullaje y reprimir e impedir la pesca ilegal. Como consecuencia de la creciente inseguridad en nuestros centros urbanos, el involucramiento cada vez mayor de la Gendarmería la ha convertido prácticamente en una nueva policía, pero al precio de un deterioro mayor del control fronterizo, que siempre fue su principal misión. Son esas frágiles fronteras, terrestres, aéreas, fluviales y marítimas, las que no cuentan con los recursos humanos, materiales y técnicos mínimos para impedir los contrabandos más variados, incluido el de drogas y el de armas, o la trata transnacional de personas, entre otros.

Esta situación disuelve de hecho el segundo escalón de la seguridad interior, que debía actuar por encima de las policías y por debajo de las FF.AA., cuando las circunstancias excepcionales lo requirieran. Subsumida la Gendarmería a una policía de tiempo completo, se pierde el sustento que dio fundamento operacional a la doctrina de diferenciar seguridad interior y defensa en nuestro país.

La situación económica que atravesamos torna muy compleja la asignación de mayores recursos para solucionar estas carencias con la urgencia requerida. Mientras tanto, la línea divisoria entre las amenazas a la defensa y a la seguridad interior se ha ido diluyendo para concebir cada vez más a ambas como un continuo. Hoy vemos en París a hombres de las fuerzas armadas que custodian iglesias y sinagogas, mientras en Roma se ocupan de la seguridad ciudadana. En Colombia, las fuerzas policiales, con armamento y orden de batalla militar, combaten la guerrilla codo a codo con las fuerzas armadas.

Nuestra ley de defensa, dictada en tiempos de fuerte sensibilidad por los excesos en la represión del terrorismo subversivo y pensada de cara a la Guerra Fría, está cerca de cumplir 30 años, mientras que las condiciones internas y externas han cambiado. En 2008, se dictó el decreto reglamentario de la ley, que en realidad sólo se ocupó de tres artículos. Uno de ellos, más que reglamentado fue afectado por una verdadera reforma legislativa anómala, de dudosa constitucionalidad, que culminó restringiendo el empleo de las Fuerzas Armadas únicamente en caso de ataques de fuerzas foráneas "perpetrados por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s".

Se cercenó por decreto la fórmula más amplia de la ley votada por amplia mayoría en 1988, que calificaba la agresión que debía enfrentar la defensa por su "origen externo" y no por su naturaleza ni por el lugar de su impacto. Urge sanear este despropósito normativo y llevar, como primer paso, la situación a su definición legal original. Y desde esa base de certeza constitucional abrir un debate necesario e impostergable. Cuando una ley, que como toda construcción humana es fatalmente histórica y temporal, se torna tan obsoleta como esta que nos ocupa, existen dos caminos posibles. O se fuerza su interpretación avanzando sobre hipótesis que ella no contempla, con la consiguiente inseguridad para quienes ejecutan las operaciones acerca de la valoración que hará la Justicia de sus conductas, o se la actualiza de manera que permita prever el empleo del poder del Estado en beneficio de la libertad y la seguridad ciudadanas.

Es necesario en lo inmediato actualizar la reglamentación de la ley de defensa de manera de proveer la mínima y necesaria cobertura legal a quienes actúan. Al mismo tiempo, una nueva ley ha de fijar la necesidad de que se dote a las fuerzas armadas de la instrucción, equipamiento y reglas adecuadas a las nuevas misiones que se les encomienden. Constituye un error determinar la posibilidad o no de una respuesta a una agresión sólo a partir de su origen externo o interno, sin considerar las características del agresor, los medios que usa y la potencialidad del daño que ocasiona. Por otro lado, que el campo de ejercicio de la violencia y el delito sea interno no significa que su sostenimiento, impulso y organización no sean transnacionales.

En cuanto a la ley de seguridad interior, de 1991, incluye una muestra de total imprudencia, que impide a las Fuerzas Armadas equiparse y capacitarse para desarrollar tareas de seguridad que la propia ley les demanda en dos expresas circunstancias: Estado de Sitio y solicitud de comité de crisis. Debería ser derogado ese punto por el Congreso, más allá del debate de fondo que la cuestión exige.

El propio concepto espacial interno-externo se ha desvanecido con la ciberguerra, que no es un campo de batalla futurista o marginal. Se desarrolla en un espacio virtual donde la dificultad técnica de localizar el origen de la agresión (la adjudicación) amenaza tirar por la borda conceptos tradicionales de la teoría militar, como la disuasión o la retaliación.

Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) es un "no" Estado en términos convencionales que controla territorio, fuerzas armadas, cobra impuestos, brinda servicios de justicia, seguridad, salud y educación y llegó casi a contar con moneda propia. Y exporta terrorismo. ¿Cómo debiéramos considerar a ese ente nacido a fines de 2013 y con presencia destructiva hoy en al menos 18 países? ¿Y al ataque del residente francés que, en su nombre, asesinó a decenas de transeúntes en Niza?

Así como los legisladores de 1988 leyeron con atención nuestra dolorosa experiencia en Malvinas y fijaron como un pilar de la ley de defensa la acción conjunta entre las Fuerzas Armadas, los legisladores de hoy no pueden ignorar la nueva realidad.

Es evidente que no todos los temas vinculados con la seguridad interior tienen la misma relevancia. Sería demencial, por ejemplo, el empleo de las Fuerzas Armadas en la represión de quienes hoy cortan a su antojo calles, avenidas y rutas. Otra cosa muy distinta es que colaboren en mejorar el control de las fronteras o en la custodia de determinados objetivos estratégicos o que coordinen eficientemente sus acciones con las fuerzas de seguridad para realizar un patrullaje más adecuado en la custodia de nuestra riqueza ictícola. Todo ello exige una modernización tecnológica y una renovación logística. Deben dar soporte a la capacidad de decisión soberana y al ejercicio eficaz y equilibrado de la diplomacia, para lo cual habrá que abocarse a su reconstrucción para superar la extrema debilidad que hoy sufren respecto de sus similares de la región. Un fuerte desequilibrio del poder militar cuando no ha existido ningún acuerdo de desarme regional no es bueno para ninguno de los países del área.

Este objetivo es compatible con poner todo el empeño en colaborar, con los escasísimos medios físicos que han quedado tras años de desgobierno y negligencia, en la recuperación del control pacífico de nuestros espacios, pues urge mejorar la seguridad del conjunto. Deben actualizarse las normas y optimizarse la estructura operativa y el despliegue estratégico de las Fuerzas Armadas para potenciar su capacidad disuasiva mediante equipamiento moderno y organización para respuestas inmediatas y eficaces ante situaciones de amenazas internas y externas. La adquisición de armamento moderno y ayuda técnica militar debe lograrse optimizando el uso de los limitados recursos financieros exponiendo ante el mundo el pleno respeto por los acuerdos internacionales, por el Estado de Derecho y una clara vocación por la paz.



LOS FETICHES DE LOS LAMECULOS


“…Pero, ¿quién puede
hacer entender a
los argentinos que
un país sin una historia
escrita con la verdad,
es un país sin futuro?”
Jorge Milia
Editorial Diario “Castellanos”
Rafaela, 11/02/2017

Debemos reconocer que la situación fue poco común. Nunca, que yo tenga memoria, el conductor de un programa de la televisión abierta se había animado a invitar a alguien que salía del obligado pensamiento, políticamente correcto, del que hacen gala periodistas y políticos referido a los hechos derivados de la guerra contra la subversión; reconozcámoslo, esto sucedió dos veces y es probable que el conductor no la haya pasado bien con quienes manejan el “catecismo de los setenta” por la decisión que tomó. Primero, Victoria Villarruel y luego  Silvia Ibarzábal venían a denunciar ante el público que durante treinta y cuatro años -políticos y periodistas- habían ocultado, en nombre de un relato falazmente parcial, a las víctimas que la subversión había causado en la Argentina.

Ante la solidez de los argumentos expuestos por ambas mujeres -Victoria Villaruel es presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), Silvia Ibarzábal es hija de un Coronel del Ejército Argentino asesinado luego de diez meses de estar secuestrado- en el panel que las recibió debería haber habido, por parte de los periodistas y políticos presentes, una aceptación veraz de que lo que transmitieron durante años a la sociedad sobre las víctimas de los años setenta era una media verdad, cosa que al final termina siendo una mentira completa pero, esperar un mea culpa de aquellos que por miedo, complicidad o retribuciones espurias cultivaron este silencio raya en la tontería. Así, lo que hubiera sido un diálogo fecundo que quizás nos hubiera encaminado, aunque fuera a partir de un programa de televisión, a un nuevo intento de reconciliación por sobre el dolor que aún nos mueve se convirtió en una repetición cansina pero machacona de los slogans que zurdos, progres y cobardes han adoptado como dogma y que a hoy no es otra cosa que una serie de fetiches pseudo históricos que los ayuda en sus masturbaciones mentales: el “plan sistemático”, los 30.000, el robo de bebés, el genocidio…, falacias que hicieron posible que la Argentina de estos últimos siete lustros en lugar de memoria, verdad y justicia haya tenido omisión, mentira y revancha.

1.- El “plan sistemático de exterminio”

Quizás, si los comandantes en jefe que dieron el golpe el 24 de marzo de 1976 hubieran tenido un plan, estudiado y pensado, para enfrentar a la guerrilla, en especial a la urbana, hoy no viviríamos el enfrentamiento que divide a la sociedad, ni la mentira primero, y la venganza después hubieran sido la forma que sirvió para destruir las relaciones entre el pueblo argentino y sus Fuerzas  Armadas.

Con extrema lucidez, Juan José Gómez Centurión definió como caos la manera en que se llevó adelante la guerra contra el terrorismo negando la falaz idea de un plan de exterminio pensado y ejecutado hasta el mínimo detalle expuesto por los perdedores de la guerra y los lameculos de ocasión que los acompañan.

Con solo leer el libro de Ceferino Reato, “Disposición final” (1), uno descubre que, tal cual lo define Gómez Centurión, la guerra contra el terrorismo se desenvolvió en un ambiente de caos total, no había un jefe responsable de la misma, cada Fuerza Armada se manejaba de manera independiente de las otras, que cada zona militar gozaba de una autonomía increíble y que, según dice Reato que Videla le dijo, “La libertad de acción derivó en grupos que se manejaron con demasiada autonomía. Había una finalidad, que era lograr la paz, sin la que hoy no habría una república…”. Sin duda alguna es cierto que sin la eliminación de la guerrilla hoy no tendríamos República, pero también es cierto que esta falta de un plan diseñado para llevar adelante no solamente la guerra, sino también la posguerra, nos ha dejado a un tris de quedarnos sin Fuerzas Armadas.

Obviamente, quienes se llenan la boca repitiendo esta mentira nunca se hubieran animado, ni, menos aún les convenía definir lo que pasó, de la misma manera que lo había hecho el “Lider” que, sin tanta parafernalia lacrimosa dijo: “…que es todo el pueblo el que está empeñado en exterminar este mal...” y llamó a que “…el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República.” (2)

Más allá de lo creíble o no que pueda ser el libro de Reato, no hubo un plan de contingencia ni para el combate ni, menos aún, para aquellos que eran considerados “irreductibles”. Dicho en pocas palabras, el miedo a las implicancias políticas internacionales que traería blanquear el fusilamiento de unos cuantos guerrilleros hizo que el aparato militar dejara de ser eficiente y comenzara a manejarse en un sistema desordenado y confuso que solo un tarambana puede considerar como plan.

Frente a la pregunta que muchos que desconocen lo sucedido se hacen: ¿hubo un “plan de exterminio”?; lo primero a considerar es que un plan, para ser definido como tal, debe ser estructurado de manera tal que se alcance el objetivo a cumplir. Si un plan no es eficiente, si no hay coherencia en los objetivos, sean estos ganar la guerra o dejar en tal estado de aniquilación al enemigo que este no pueda moverse nunca más ni militar ni políticamente, ni siquiera es un plan, es una joda, joda sangrienta quizás, pero joda al fin o, como dijo más educadamente Gómez Centurión, solo es un caos.

Supongamos por un momento que hubiera existido un “plan de exterminio”. La mejor manera de saber si lo hubo o solo fue un caos es pensando que como objetivo la idea sería eliminar a no menos de un 80% de los efectivos terroristas, más los simpatizantes que se pudieran prender. Para ello hagamos algo de números sobre el número de terroristas que se enfrentaban a la Nación. Dejemos de lado, por imprecisas, el número de combatientes que, según Anguita y Caparros (3), tenía Montoneros. Me quedo con el número que detallan los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano (4) de los que se infiere que Montoneros nunca tuvo más de 8.000 combatientes.

Respecto del ERP, Pablo Antonio Anzaldi (5) hace un cálculo atinado: “si el ERP tuvo cuatro compañías de 200 hombres y un batallón de 400 su tropa [combatiente] constaba de 1.200 personas”, aunque Paul H. Lewis (6) sostiene que a fines de 1974 en Tucumán el ERP había desplegado por toda la provincia 2.500 elementos. De cualquier manera, volviendo a los  documentos desclasificados podemos estimar que la realidad del ERP era una media: 1.500 hombres en armas.

Si a los combatientes les sumamos los apoyos de retaguardia: reemplazo por bajas, logística, sanidad, fabricación y mantenimiento de armamentos, etc., tendríamos un promedio de 5 personas de apoyo por combatiente, por lo que puede estimarse que el total de elementos vinculados militarmente al ERP eran aproximadamente unos 8.000 efectivos. Haciendo un cálculo similar para Montoneros con los números de los documentos desclasificados del Depto. de Estado de USA -aproximadamente 8.000 combatientes- para esta “orga” el total de personas vinculadas estrechamente al aparato militar serían unos 40.000 elementos, lo que nos daría un total de, más o menos, 48.000 subversivos entre combatientes y elementos ligados estrechamente a la “orga” militar.

El Registro Unificado de Víctimas del “Terrorismo de Estado” (RUVTE) que depende del Ministerio de Justicia precisó que en la década de los setenta las víctimas por acción de la contraguerrilla fueron 8.571 personas lo que nos muestra que si hubo un general que dijo: “deberán morir los que deban morir” -frase a la que atribuyo la misma verosimilitud que a la cifra 30.000- de los 48.000 que debían  morir, y eso sin contar a los simpatizantes, solo quedaron bajo tierra, o bajo agua, un 17,85%, o sea que, visto desde donde se vea, más que un plan fue un caos, y así y todo fue un fracaso.

2.- Los 30.000

Experto en no decir nada y ver solamente de que manera puede salvar su ropa, Claudio Avruj, secretario de derechos humanos, dijo: “el número de desparecidos es un número en construcción porque la Justicia no llegó en tiempo y forma" (7). ¿Qué quiso decir con esto?, ¿Qué iba a llamar a licitación para incorporar al Registro Unificado de Víctimas a un número determinado de difuntos que hubieran aparecido en los obituarios de los diarios nacionales entre 1976 y 1983?, ¿o que quizás incorporaría a este a los miles de de muertos violentamente desde que el garantismo -de la mano del pequeño Alfonso- se entronizó en la justicia argentina?. Avruj no dice mucho de sus planes pero cualquier desconfiado podría suponer que busca con empuje no exento de desesperación la manera de convertir las 22.000 mentiras definidas por Gómez Centurión en algo que fuera más o menos creíble, aunque más no sea para llenar algunas de las chapitas anónimas del parque de la memoria; como ayuda sería bueno sugerirle la posibilidad de escribir en las que después de treinta y cinco años aún no le han encontrado un nombre: “un terrorista argentino muerto (o si prefieren, desaparecido) solo conocido por Dios” y por aquel que cobró la indemnización correspondiente.

Por el número de muertos y de desaparecidos, pero también de rajados, lo nuestro no ha sido ninguna de las guerras mundiales, ni siquiera la Guerra Civil Española. Si yo me paro frente a la placa que recuerda a los muertos de los setenta en la Facultad de Ingeniería Química de la UNL donde estudié puedo decir quién era, que hacía y si fue chupado o lo mataron en algún enfrentamiento y, muertos o desaparecidos, no hay más que los que están -tanto en esa placa como en el RUVTE- y nada más, salvo desvaríos, hay para sumar.

Asombra la congoja y la ira que domina a aquellos que tienen mucho que perder cuando tratan de hacer callar a quienes no creen en estos números propios del realismo mágico. Hay mucho de ánimo inquisitorial y cobarde en periodistas y políticos cuando uno dice no creer en las mentiras del “pensamiento oficial” -ante el que el oficialismo político de turno ha agachado siempre la cabeza- ya que hasta no hace mucho, aunque no sabemos si seguirá sucediendo, el anatema lanzado por una gárgola de cabeza empañolada era la muerte civil del impío que osaba contradecirlo.

En tanto y cuanto los 30.000 nacieron como un número para timar a europeos “bien pensantes” (8)  ese ha sido el sino de los desaparecidos, un número de altísima rentabilidad cuyos dividendos han quedado en manos de unos pocos avivados.

3.- El “plan sistemático” de robo de bebés

El 4 de enero de 1977, fuerzas conjuntas del Ejército Argentino y la Policía provincial santafesina cercaron la casa ubicada en calle San Martín entre Espora y Obispo Boneo, de la ciudad de Santa Fe. Cuando se trata de allanar la vivienda, la acción es repelida mediante fuego de armas automáticas. En la vivienda se encuentran José Pablo Ventura (a) Rafael a cargo de la secretaría militar de Montoneros, acompañado dos mujeres conocidas por sus nombres de guerra: Paula y Candela y el hijo de esta última de seis meses de edad. Antes de iniciado el tiroteo Candela logra poner a salvo en una casa vecina a su hijo.

Una vez terminado el tiroteo con la muerte de los terroristas, los vecinos informan al jefe del operativo de la existencia del menor pero el único documento encontrado, una libreta cívica Nº 6127322 a nombre de Mara Severini, no permite conocer la identidad de las mujeres, no así la del “Tala” Ventura que era a quien habían delatado dos jefes de la regional Santa Fe de Montoneros. Dos semanas después del enfrentamiento y al no poder determinarse la identidad del menor, éste fue entregado al Arzobispado de Santa Fe encargándose Monseñor Zaspe de encontrar a la familia del menor por lo que pudo saberse, meses después, que la madre -“Candela”- era María Josefina Mujica.

Casos como este hubo muchos, fuerzas militares que se encontraban con menores desprovistos, al igual que sus padres de documentos que los identificaran o con documentos falsos. Quien se tome el trabajo de ver detenidamente el listado de víctimas del RUVTE va a encontrar una cantidad de mujeres de las que se consigna que al momento de su detención estaban embarazadas y que sus hijos fueron entregados a las familias biológicas.

¿Esto significa que no hubo robos de bebés?, en modo alguno, claro que los hubo pero no en la dimensión que la “abuela”, dueña de uno de los negocios de Plaza de Mayo, lo consigna. El robo de un bebé es en sí una canallada, y en especial en el caso de que los apropiadores supieran que había posibilidad de contactar a las familias de sangre y no lo hicieron. Entonces, es correcto caerles a estos con todo el peso de la ley. Lo que no hubo fue un plan “sistemático” de apropiación ilegítima pero, la necesidad de hacerse de “los fueros que da la izquierda” (8) hizo que la “abuela”, con la ayuda de su pandilla, cometiera cualquier atropello con tal de mostrar “nietos recuperados”, nietos a los cuales si fuéramos un país en serio deberíamos obligarlos a hacerse un nuevo estudio de ADN en laboratorios serios ya que solo un idiota le creería al banco nacional de datos genéticos manejado por la banda de la “abuela”.

Han pasado cuarenta años desde la guerra y aún se clama por 500 nietos “robados”; por miedo o por connivencia espuria, nunca ningún lameculos cuestionó este número sin importar que, aún suponiendo que los 106 “nietos recuperados” sean verdaderamente bebés robados, nadie al día de hoy entiende por que aún hay 394 “nietos robados pero no recuperados” a los que no les importa ni conocer a su familia biológica ni recibir la indemnización correspondiente.

4.- El “genocidio” argentino

De todas las falacias que se han dicho sobre la guerra antisubversiva en la Argentina es esta la más infame. Su infamia radica en que definiendo como genocidio la muerte de gente dispuesta al asesinato y a la guerra, banaliza el sufrimiento y muerte de millones de seres pacíficos que fueron asesinados solo a causa su raza o de su religión. No obstante debemos admitir que esta falsedad tiene también una base de necesidad sociológica. En verdad, 8.571 muertos y desaparecidos, entre 1973 y 1983, no dan la altura para definir un genocidio, apenas si alcanza, con buena voluntad y algo de mentira, para definir una matanza considerable si a los 8.571 los hubieran puesto a todos de una en el Monumental y los chicos malos se hubieran dedicado a tirar al blanco durante todo un día y una noche.

Pero no bastaba una matanza -no olvidemos que una guerra es de por si una matanza- los argentinos nos merecíamos un “genocidio”, y es aquí donde entra la mentira máxima que políticos y muchos periodistas repiten sin cesar, aún antes de abrir el diccionario de la Real Academia Española para ver cuál es la definición de esta palabra, porque los charlatanes que han medrado con la mentira de los setenta vieron que ésta palabra se escribía bien y sonaba mejor y la adoptaron sin preguntar mucho como si fuera una novia rusa que se vende por internet.

No obstante, de tanto repetir el sonsonete del “genocidio” éste hizo carne en muchos argentinos la idea de que éramos tan importantes que, si los judíos, los armenios y los ucranianos tenían su genocidio, ¡cómo no lo íbamos a tener nosotros! Y aunque esto fuera banalizar el atroz sufrimiento que padecieron judíos -el 71% de la población judía de Europa, asesinada-  -armenios- el 65% de los armenios que vivían en Turquía, exterminados- y ucranianos -el 82% de la población rural de Ucrania, eliminada- bien nos merecíamos, por lo eminentes que nos creemos, tener nuestro propio “genocidio”. No importa que el diccionario de la RAE -ese al que nunca consultan los lameculos- definiera a la palabra genocidio como: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad” y aunque esto fuera para nada nuestro caso, la adjetivación de “genocida” a todo el que haya combatido al terrorismo suena bien y le hace creer a muchos idiotas que en los setenta se escondían, que hoy son el “maquis” de la Argentina.

Que los ocho mil y pico de muertos de nuestro módico “genocidio” eran pistoleros que no encarnaban ni a una comunidad, ni a un partido político ni, menos aún, a una raza o fe determinada y que a diferencia de los judíos, armenios y ucranianos masacrados -gente de paz que jamás empuñó un arma- solo eran militantes de facciones armadas que se miraban de soslayo y estaban prestas a traicionarse (9) e inclusive, llegado el momento, a masacrarse alegremente entre ellas no tiene mayor importancia, este es nuestro “genocidio” y aquí llegó para quedarse y quien piense distinto, terminará en cana como ha pedido “Chichita” Copello (a) Nilda Garré, ex funcionaria de Onganía, Levingston y Lanusse, ex JP y resistente a nada que pasó en completa tranquilidad los siete años del PRN sin que nadie le hiciera un rasguño y que,  conchabada con el kirchnerismo se hizo perdonar los rumores de su relación con Massera y el batallón 601 desguazando a las Fuerzas Armadas.

Así se ha escrito la historia de estos últimos cuarenta años en Argentina, una suma de fraudes y mentiras contadas hasta el cansancio por lameculos que se han ido renovando generacionalmente y que le ha hecho creer a la sociedad que lo que vivieron no fue como realmente lo soportaron, que los asesinados por el terrorismo son un sueño mal soñado por una derecha vengativa y que el accionar de la guerrilla era para defender la democracia, esa democracia que los otros lameculos del setenta y seis -ministros, diputados, senadores, empresarios et alts- se habían encargado de hacer rodar escaleras abajo.

Esta y no otra es la verdad de lo sucedido en las Provincias Unidas (?) del Sur. Pero la fábula de la “juventud maravillosa” y los militares sedientos de sangre ha promovido y les ha dado de comer a tantos sanateros, que entonces, ¡qué importa lo que fue verdad!

Jose Luis Milia
(1).- Ceferino Reato.- Disposición final
(2).- Tte. Gral. Juan Domingo Perón.- Radiograma G6777 132/74.  Lunes 21 de enero de 1974
(3).- Eduardo Anguita y Martín Caparros. “La voluntad”
(4).- National Security Archive.  Electronic Briefing Book
(5) Pablo Antonio Anzaldi “Los años setenta a fondo”
(6) Paul H. Lewis, Guerrillas and generals: the "Dirty War" in Argentina
(7) Claudio Avruj, Stario. DD.HH. La Nación, lunes 20 de febrero de 2017
(9) Hugo Gambini .- “Historia del peronismo. III (1956-1983). “No se sabe cómo dieron con el departamento [de Santucho]: hay versiones que hablan sobre una inteligencia previa,… y otras a una información por parte de Montoneros…”

FALLECIÓ OTRO PRESO POLÍTICO


Estimados Amigos:

A través de la Unión de Promociones hemos tomado conocimiento que lamentablemente el domingo 05 de Marzo de 2017 falleció el señor Coronel (R) Ernesto Guillermo LUCHINI (Ingenieros - Promoción 95 - CMN),  injustamente detenido como  Preso Político.

Consecuentemente, ya son 395 (trescientos noventa y cinco) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 54 (cincuenta y cuatro) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, allegados, compañeros y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias son cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de casi 205 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora. ¡BASTA!

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

por una Nueva Década en Paz y para Siempre