sábado, 2 de diciembre de 2017

TERRIBLE REVELACIÓN SOBRE EL JUEZ LORENZETTI

¿Puede un militante Montonero juzgar crímenes de lesa humanidad?

Por Horacio M. Lynch [1]

- ¿Usted fue militante peronista, desde la época universitaria, de la JP ligada a Montoneros?, ¿en noviembre de 1976 los militares lo buscaron en su casa en Santa Fe donde vivía con otros amigos y lo salvó su amigo Horacio Calciatti?

Responde Lorenzetti: "Me hace preguntas de tantos años atrás .... [ se toma la cabeza, la inclina hacia atrás se acomoda en el sillón y puedo percibir que se emociona... hay unos minutos de silencio y continúa] Fueron tantos, tantos años atrás ... pero si, así fue. Siempre fui perseguido." (Natalia Aguiar, El Señor de la Corte" de Ediciones B Argentina SA, 2017)

El libro de donde se extrae esta cita revela un antecedente del doctor Ricardo Lorenzetti -haber pertenecido a la Juventud Peronista ligada a la agrupación Montoneros- desconocido hasta entonces, y revelado al ser confrontado por la autora.

Esta circunstancia no había sido informada por el interesado en el pliego presentado para el acuerdo del Senado, en 2004, y hasta la publicación de este libro, había sido ignorada.

Aunque la adhesión de muchos jóvenes en aquella época a posiciones extremistas no es una rareza, en este caso ha impactado por el hecho de que es el actual Presidente de la Corte Suprema de la Argentina, con gran involucramiento en el juzgamiento de los llamados crímenes de lesa humanidad, es decir, de quienes pertenecían al bando contrario en el que militaba.

 Cabe reflexionar sobre el significado y consecuencias de esta actitud.

Lo inaceptable es que quien se incorporaba al más Alto Tribunal de la República para tratar, como tema más importante, el juzgamiento de la represión, haya ocultado haber pertenecido o haber comulgado con uno de los sectores que fueron parte del terrible conflicto que envolvió al país; y, también, no haberse excusado al momento de intervenir en el juzgamiento.

Todos los hitos que permitieron el juzgamiento de los llamados 'crímenes de lesa humanidad' fueron discutibles, por decir lo menos: primero, la conformación del Alto Tribunal con jueces adictos, luego la anulación de leyes de obediencia debida y punto final, luego la increíble anulación por la Corte Suprema de una sentencia del mismo tribunal- dictada décadas atrás - que las declaraba constitucionales (en una nueva sentencia firmada por un ministro que había intervenido en la anterior) la calificación de los delitos como crímenes de lesa humanidad sin una base legal vigente a la época de los hechos y la consecuente declaración de imprescriptibilidad.

A este cúmulo de anomalías ahora se agregaría la participación de un magistrado que ocultó una circunstancia de su pasado que podría afectar su imparcialidad, en lo que sería un nuevo cuestionamiento a la actuación de la Corte Suprema.

Se trata de un ministro del Alto Tribunal, luego elegido Presidente, que tuvo activa intervención e influencia en la construcción de los alambicados razonamientos que tuvieron por resultado este escandaloso resultado de la condena de quienes habrían afectado gravemente a los DD.HH. dejando libres de todo reproche al otro sector que también había cometido este tipo de crímenes.

Lo cierto es que por estos artilugios, los que llevaron adelante la represión quedaron en la cárcel, en tanto los que lucharon del otro bando quedaron desinculpados, y, según quien los mire, exaltados.

En este caso se entiende que el antecedente de Lorenzetti debió haber sido conocido primero por la sociedad cuando lo ungió para el cargo en la Corte, y luego también cuando no se excusó al intervenir en tales causas. Es que una persona que habría tenido una posición extrema en aquella época podría no tener la ecuanimidad necesaria para fallar en estos casos, y menos, para llevar la voz cantante en las sentencias.


En el caso de Carmen Argibay se sabía que había estado detenida por un tiempo por los militares del Proceso, pero se entendió que era una persona, si bien con conocidas posiciones de izquierda, se coincidía - y lo demostró en sus sentencias - en que era absolutamente independiente.

La actitud del Dr. Lorenzetti es particularmente reprochable. Los principios dicen que "todo juez en relación con el cual puede haber razones legitimas para dudar de su imparcialidad debe abstenerse de conocer en el caso ya que lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática." El principio de imparcialidad como garantía del debido proceso, reviste su importancia, como lo dice el procesalista costarricense Artavia, para "garantizar la idoneidad del órgano jurisdiccional y la consiguiente confianza de las partes en la imparcialidad del juzgador-garantía inherente al cargo-, la ley ha dispuesto que los jueces y demás funcionarios judiciales, puedan ser apartados de un proceso, por petición de los interesados -recusación- o por propia determinación -excusación e inhibición- cuando exista una causa legal para ellos".

Como afirma Werner Goldshmit "La imparcialidad consiste en poner entre paréntesis todas las consideraciones subjetivas del juzgador. Este debe sumergirse en el objeto, ser objetivo, olvidarse de su propia personalidad".

En síntesis, la actitud del Dr. Lorenzetti, primero ocultando un antecedente determinante en el juzgamiento, y luego de no excusándose,es particularmente reprochable.

Todo esto no son simples disquisiciones leguleyas pues tienen efectos prácticos, y, de haberse conocido y planteado oportunamente, podría haber orientado las soluciones hacia otro derrotero.

De hecho ya se supone una recusación con causa interpuesta contra Lorenzetti en estos meses. basada en esta circunstancia determinante.

En alguna oportunidad expresé que "cuando actúa la Justicia el deber del Estado es ser neutral. Pero en los mal llamados casos de lesa humanidad, durante la administración kirchnerista, el Estado hizo lo opuesto: se comprometió a no ser neutral y se empeñó en buscar condenas a cualquier costo.".



PD: Para quienes piensan, ¿cómo es posible que esto recién salga a la luz? Recomendamos leer las siguientes notas:





[1] Fundador y primer presidente de FORES - Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, primera ONG de América Latina en abogar por mejorar la Justicia y la Reforma Judicial.
Abogado argentino con cinco décadas de ejercicio de la profesión con oficinas en la ciudad de Buenos Aires y en San Isidro (PBA). En paralelo con la práctica de la abogacía, tuvo un fuerte compromiso, dedicación e involucramiento con el mejoramiento de la administración de justicia en la Argentina y en América Latina, y en otros temas institucionales, como la seguridad jurídica en la Argentina, la corrupción, el fraude electoral, las compras del Estado.
Además, durante los años '90, una época inicial de la nuevas tecnologías de la información -la revolución digital- debido a su relación profesional con empresas de informática. Pertenece a prestigiosas instituciones profesionales y académicas en el país y en el exterior.
Es autor o coautor de varios libros, ha escrito más de cien artículos con temas de su especialidad, así como también artículos periodísticas y es colaborador del diario La Nación.
Es casado, vive en San Isidro, tiene dos hijas y cuatro nietos.

viernes, 1 de diciembre de 2017

FALLECIERON MÁS PRESOS POLÍTICOS... ¿HASTA CUÁNDO O CUÁNTOS?


Estimados Amigos:

A través de la Unión de Promociones hemos tomado conocimiento que lamentablemente sucedieron más fallecimientos de los siguientes Presos Políticos en la República Argentina:

- El día el miércoles 15 de noviembre de 2017, el señor Capitán (R) Ricardo Luis von Kyaw (Infantería - Promoción 98 - CMN), Preso Político en cautiverio.

- El miércoles 22 de noviembre de 2017, el señor  Capitán (R) Miguel Ángel Báez (Ingenieros - Promoción 103 - CMN), Preso Político en cautiverio.

Consecuentemente, ya son 426 (cuatrocientos veintiséis) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 86 (ochenta y seis) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, allegados, compañeros y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias continuaran cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de casi 207 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora. ¡BASTA!

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

por una Nueva Década en Paz y para Siempre

43° ANIVERSARIO DE UN CRIMEN ABOMINABLE

El capitán Viola y su pequeña hija María Cristina. Fueron asesinados por el ERP
El domingo 1 de diciembre de 1974, bajo el ardiente sol que golpeaba fuertemente en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el ERP produjo uno de los actos terroristas más abominables de esa organización sanguinaria: El asesinato del señor capitán Humberto Viola y su pequeña hija de 3 años, María Cristina, e hiriendo gravemente en la cabeza a su otra hija María Fernanda de 5 años. Su esposa embarazada, señora María Cristina Picón de Viola, fue testigo de esos horribles crímenes… hasta hoy impunes y con la paradoja que algunos de los asesinos se presentaron como querellantes en los juicios llamados de lesa humanidad.

María Cristina Viola

En aquel entonces la pequeña María Cristina murió instantáneamente al igual que su papá, María Fernanda quedó gravemente herida y debió pasar por muchas operaciones. La señora esposa del Capitán  Viola, que en su vientre llevaba a la bebé que llamaría Luciana, no podía creer ni entender lo que estaba sucediendo.

El moño deldisparate, sin duda, es que los jueces acepten como víctimas querellantes a losguerrilleros que masacraron al señor CapitánViola y a su hija de tres años, María Cristina. Es evidente que hay palabras que han perdido su sentido originario y deben ser reemplazadas de manera urgente. “Juez” es una de las más comprometidas.

María Cristina Picón, viuda de Viola

Desde hace mucho tiempo la señora María Cristina Picón Vda.  de Viola reclama justicia por la memoria de su marido y de su pequeña hija. Pide que ambos asesinatos sean  considerados de lesa humanidad. La respuesta de la “justicia argentina” demostró -una vez más- su visión sectaria y no hizo lugar al justo reclamo presentado por la madre de María Cristina y esposa del señor Capitán asesinado. No le quedó otro camino que presentar un recurso ante la CIDH, institución que aún no se ha expedido al respecto.

Tumba de Humberto A. Viola y María Cristina Viola

En el día de la fecha el Ejército Argentino, rindió un homenaje en Tucumán al señor Capitán Humberto Viola y a su hija María Cristina, asesinados a sangre fría por los terroristas del ERP hace 43 años.


A ellos y a las miles de víctimas del terrorismo que han sido ignoradas por el estado y la mayoría de la sociedad argentina… nosotros ¡NUNCA LOS OLVIDAREMOS!


Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

por una Nueva Década en Paz y para Siempre

LUTO POR SUBMARINO A.R.A. SANTA CRUZ



Mirálos a los ojos y decíles…    
¡QUÉ NO LOS OLVIDARÁS NUNCA!







CARTAS A LA NACION 22-11-17

CANTÓN EN LA CIDH

Santiago Cantón

Leer el panegírico que Santiago Cantón -secretario de DD.HH. de la provincia de Buenos Aires- le dedica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) me convence de la necesidad de replantear, en el máximo nivel institucional, las relaciones de los países americanos sobre el funcionamiento de ese organismo. Claros ejemplos de la ideologización que se advierte en el proceder de la CIDH y sus adláteres locales surgen a las claras en los resonados casos de Milagro Sala y Santiago Maldonado. No menores fueron los episodios sucedidos en la convocatoria pública llevada a cabo en octubre de este año en la ciudad de Montevideo, de la que fuimos echados con la complicidad del secretario ejecutivo Paulo Abrão, cercenando nuestro derecho de expresión en un ámbito que debe respetar la igualdad y bregar por la no discriminación. Funcionarios como el doctor Cantón deberían ceder su lugar a quienes puedan defender los derechos y garantías establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) sin exclusiones. ¿Cantón también considera que "Macri es la dictadura", que "Maldonado es un desaparecido forzoso" o "Sala una genuina y honesta defensora de los pobres"? A Cantón jamás se le escuchó reconocer los derechos de las más de 17.000 víctimas que dejó el terrorismo en nuestra patria ni las violaciones jurisdiccionales sufridas por los militares presos políticos en la muerte por goteo a que son destinados. El respeto al prójimo y el tratamiento igualitario son la base para la construcción de la paz social, que no se logrará con funcionarios como Cantón, que sólo defienden sus intereses ideológicos.

Guillermo Jesús Fanego
fanegogj@cpacf.org.ar


DEFENSA NACIONAL


En el contexto de las reformas laboral, fiscal y previsional del gobierno nacional y de las recientes noticias en el ámbito castrense, la defensa y las Fuerzas Armadas merecen considerarse en la lista de sectores del Estado sujetos a cambios. Una cuestión central sería lograr un acuerdo sólido y una definición clara sobre defensa y seguridad. Dicho debate ha estado históricamente condicionado por argumentos ideológicos y bastantes prejuicios, en lugar de ser visto a la luz de la realidad. La defensa debería abordarse desde el estudio, el análisis y la evaluación, con un fuerte énfasis en la experiencia académica, en la flexibilidad intelectual y en lo que nos muestran los escenarios del presente. La normativa vigente sobre defensa nacional, Fuerzas Armadas y seguridad interior ¿se ajusta, verdaderamente, a las realidades, a las dinámicas y a los desafíos mundiales y nacionales del siglo XXI? La respuesta podría iniciar una importante reforma que se agregue a las que hoy ocupan el debate público.

Luis Fernando Furlan
DNI 25.096.578


JUSTICIA PAREJA


He oído distintas voces decir ahora que está bien que enjuicien a los funcionarios corruptos del anterior gobierno populista, pero que no los encarcelen sin condenas. Pero no los escuché levantar la voz cuando pusieron en prisión a militares acusados, algunos falsamente, de crímenes de lesa humanidad, sin juicio y sin condena. La Justicia debe tener un objetivo supremo: poner en un plano de igualdad a todos los ciudadanos de la República.

Carlos Figueiras
DNI 4.283.754

POLÍTICA PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y DERECHOS HUMANOS

27/11/17                                              

Por Mauricio Ortín – “Centro de Estudios Salta”

Más vale tarde que nunca. Después de décadas de autismo generalizado unos pocos políticos (para ser generoso, unos cinco) del oficialismo y uno que otro periodista independiente han caído en la cuenta de que el país debe tener una política de defensa y que para algo existen las Fuerzas Armadas. Los demás siguen en una nube de gases. Con “bueyes” de esta laya viene arando la Argentina desde 1983 a la fecha. Los resultados están a la vista. El naufragio del submarino ARA San Juan reveló, en consonancia con la tragedia, el grado extremo de indigencia material en el que se encuentra la institución que supo libertar a Chile y al Perú y hundirle la mitad de la flota a Gran Bretaña. Pero, si bien los submarinos, aviones y tanques son importantes para defender la sociedad, los verdaderamente imprescindibles son los hombres. Un ejército no se hace de la noche a la mañana ni con cualquiera que anda por ahí en búsqueda de una ocupación.  La tradición, basada en el heroísmo, el honor y el ejemplo de sus combatientes, constituye por lejos el más valioso capital ético  de la institución militar. Capital que el Estado tiene el deber de preservar, honrar y cuidar celosamente. El soldado que, dadas las circunstancias, marchará al frente de guerra debe estar convencido de que su sacrificio valdrá la pena y que obtendrá el reconocimiento de la sociedad por la que pelea.


De allí que y sin exagerar un ápice al respecto, opino que desde 1983 en adelante la clase política argentina ha actuado con una irresponsabilidad y una desidia rayana con la traición. Lo mismo se puede decir de instituciones y colectivos como la Iglesia, los empresarios y los sindicatos; quienes asumieron en mayor o menor medida y como verdadero el relato perverso que, de la década del ’70, hicieron los sobrevivientes de ERP y Montoneros. Éste, básicamente, se fundamenta en la doble mentira del “genocidio” y de los 30.000 desaparecidos que niega los actos terroristas de los subversivos. La mentira instalada en los medios y en el discurso de los tres poderes de la Nación y de las provincias, no tardó en establecerse como “lo políticamente correcto”. Para la democracia el rol a desempeñar por los militares es el del “chivo expiatorio perfecto”; los “perejiles” a quienes endilgar sus gestiones (pre/post 24/03/76) ineptas, mediocres y, en el caso del kirchnerismo, ultracorruptas. Los ex terroristas, por su parte, borran de la memoria sus horrendos crímenes presentándose como víctimas. Linda “patriada” esta de destruir a las Fuerzas Armadas y de Seguridadproclamando, urbi et orbi, el intrínseco carácter “genocida” de sus miembros. Esa y no otra fue y es la verdadera y única política para las instituciones militares que se esconde tras el eufemismo de “Política (de Estado) en Derechos Humanos”.

En los ’70 la subversión marxistaintentó acabar con las instituciones armadas con el recurso del asesinato y fracasaron; que el estado democrático, al que querían derrocar, haga ahora el trabajo del ERP y Montoneros suena ridículamente macabro. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y los jueces y fiscales federales disponen de un presupuesto millonario para ese fin. Nuestros niños estudian con textos obligatorios donde el término “genocida” es sinónimo de militar. No hay dinero para equipar las FF.AA. pero sobra para demonizarlas. Los juicios de lesa humanidad  El Tribunal Oral Federal de Tucumán, por ejemplo, en su fallo condenatorio en la causa, “Operativo Independencia”, sostiene que los militares ejecutaron “un plan sistemático y generalizado contra una parte de la población civil por sus ideas políticas”. El fiscal, Pablo Camuña, a su vez, dice: “El Ejército, con las unidades sumadas a él o puestas bajo su control, invadió y ocupó la provincia de Tucumán durante un período que llegó por lo menos hasta 1978”. La falsedad de estos dos disparates no resiste el más andrajoso análisis. ¡El ERP fue la fuerza militar (¡no civil!) invasora que intentó ocupar Tucumán! ¡El Ejército Argentino fue el que lo impidió cumpliendo la orden del gobierno constitucional! Por cierto y para los señores jueces, la sigla ERP significa Ejército Revolucionario del Pueblo; la palabra clave es: E-jer-ci-to ¿Se entiende?

En medio de todo esto, la Sra. Gabriela Michetti, ya en la mitad de su gestión como vicepresidente viene a desayunarse sobre la urgente necesidad de definir una política para las Fuerzas Armadas e invita a consensuar entre todos los argentinos eso que Duran Barba no previó. Ahora bien, antes de siquiera esbozar dicha política Macri deberá resolver si hace equipo con Lorenzetti, Verbitsky, Carlotto, Pérez Esquivel, Cortiñas, Jones Huala, Del Caño, Víctor Hugo y la CIDH o se pone la camiseta de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la que es jefe.Es que, como dicen Las Sagradas Escrituras: “Nadie puede servir a dos amos”…

DEMASIADAS REALIDADES PARA UN PAÍS DE FICCIÓN


Editorial

Viernes, 24 De Noviembre Del 2017 

El fin del submarino ARA San Juan no solo marca la posible suerte de 44 marinos, pone en una nueva perspectiva la hipocresía política de quienes han supuesto que, con solo mentar la democracia se puede, al mismo tiempo, robar a las Fuerzas Armadas y prescindir de ellas.

Las dudas y la certeza no pueden convivir mucho tiempo. Toda la teoría se vuelve frágil cuando hay algo concreto que la repugna. El discurso de la Marina, que se repetía sobre la normalidad del silencio de radio, parecía tener como objetivo la noticia que ayer dio vuelta todo y nos enfrentó con la realidad: la explosión tan temida se había concretado. Quizás era lo que verdaderamente suponía la cúpula de la Armada pero que no se podía exteriorizar sin alguna prueba. Y las pruebas llegaron.

Ahora queda solo la crónica de quienes fueron, qué es lo que hicieron y – aquí más dolor – a quiénes dejan, aquellos cuarenta y cuatro marinos. Pero, si es que por una vez los argentinos nos queremos sacar la careta, la tragedia también es una muestra clara del estado en que se encuentran nuestras fuerzas armadas. Como en el país habita una gran cantidad de miserables, no serán pocos los que intenten patear afuera, poniendo cara de pésame y nada más, intentando confundir – como lo hacen desde hace mucho tiempo – a las Fuerzas Armadas con el proceso que lideraron los militares del ’76 al ’83. La fórmula es sencilla: Las FFAA son de los militares, a los militares los pusimos presos, ergo podemos aprovecharnos de ellas. Esto, sin vociferarlo, se ha mantenido desde la restauración de la democracia como si fuera una verdad revelada, lo cual es un robo, porque las Fuerzas Armadas de un país son patrimonio de su pueblo que las nutre. Ahora bien, si no somos democráticos y sólo nos disfrazamos de tales, ¿qué mejor que unas fuerzas armadas débiles y despreciadas por parte de la gente?

El desfinanciamiento de las FF.AA. viene desde la época de Menem. Durante los gobiernos de Kirchner y Fernández nada se hizo por recomponer el equipamiento e intensificar la profesionalización de los cuadros. Por el contrario, Nilda Garré, tuvo a su cargo como Ministro de Defensa el desguace de las Fuerzas Armadas, luego lo continuó Rossi. Ahora, en estos dos años de Macri, pueden haber cambiado muchas cosas pero no existe una vocación por volver a reconocer el lugar que las armas de la Nación, tienen en la República.

El Presidente prefiere ser políticamente correcto, aunque eso signifique renunciar a su propio criterio para intentar la falsa aceptación de una mayoría de imbéciles.

Su ministro de Defensa, Oscar Aguad, se siente ignorado por la Armada. ¡Y cómo no estarlo si ha demostrado su ineptitud y su ignorancia en el tema! No tendría que criticar Aguad a los cargos de la marina, sino hacerse cargo de las fallas del Estado y de su responsabilidad como Ministro de una cartera que no conoce. Ni Graciela Villata, la secretaria de Servicios Logísticos, ni el secretario de Asuntos Militares, Horacio Chighizola, saben nada de defensa. Compararlo con Horacio Jaunarena es ofender a la inteligencia, lo único que ambos tienen en común es ser radicales. La diferencia: Jaunarena era un experto. Nos está saliendo un poco caro ese favor político que le está haciendo Macri a Aguad.

En el medio, cuarenta y cuatro argentinos perdidos en cumplimiento del deber. Cuarenta y cuatro que nadie en el espectro político quiere reconocer. Cuarenta y cuatro marinos de los que quizá - como decía la vieja canción marinera que en otros tiempos cantaba el coro de la Escuela Naval – ya cada uno esté: "Mecido en la cuna del mar / en paz me duermo, ¡Oh, Señor! / Pues sólo Tú puedes salvar / mi alma con Tu gran amor".

editorial@diariocastellanos.net

SINIESTROS PROFUNDOS


"La paz duerme a la sombra de las espadas".
Jorge Fernández Díaz

El alma de la Argentina está hoy sumergida en el Atlántico, a bordo del submarino "San Juan", integrante de nuestra gloriosa Armada, y reza a Stella Maris por el ya improbabilísimo rescate o por el eterno descanso en las profundidades de estos cuarenta y cuatro héroes, inevitables víctimas de sucesivas y suicidas políticas sistemáticas de destrucción de nuestras fuerzas armadas, que mantienen al país inerme y de rodillas.

Ya desde el gobierno de Raúl Alfonsín, se comenzó a denostar a todo aquél que vistiera el uniforme de la Patria, y Carlos Menem, en nombre del achicamiento del Estado, profundizó el proceso de pauperización en materia de equipamientos de combate, que se fueron convirtiendo en obsoletos e ineficientes, cuando no literalmente inútiles; mientras, se desperdiciaban y perdían algunos notables desarrollos netamente argentinos, como el misil "Martín Pescador", el tanque TAM y los aviones "Pucará", "Pampa" e "IA63", que hoy permitirían proteger nuestras porosas fronteras. 

El abyecto Congreso de la Nación cometió, a pedido de Néstor Kirchner, un magnicido contra la Constitución Nacional cuando anuló los indultos dispuestos por Menem y cuando sancionó la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final promulgadas en la época de Alfonsín.

Mientras él y su viuda conseguían que la izquierda más imbécil los pusiera a salvo de cualquier cuestionamiento, desataron una siniestra campaña de estigmatización y venganza contra quienes, habiendo triunfado militarmente en la guerra contra el terrorismo y evitado así el triunfo comunista que nos hubiera transformado en Cuba, resultaron derrotados en la paz por la cobardía y la estupidez de las cúpulas militares; contaron para ello -y aún lo hacen- con instrumentos tales como jueces canallas, abyectos periodistas y el hipócrita y cómplice silencio de la sociedad: más de dos mil ancianos presos políticos, de los cuales casi quinientos han muerto en cautiverio, son la irrefutable prueba de esta afirmación.

La historia reciente de las catástrofes de la Armada -la fragata "Santísima Trinidad", hundida en puerto- y de la Fuerza Aérea -que carece de aviones por las caídas- y lo que puede haber sucedido con el "San Juan" ameritan un análisis desde puntos de partida diferentes, pero con similares derivaciones. Me refiero, obviamente, a la infamia que significa la negación de todo derecho a esos presos, y al sideral saqueo disfrazado de proyecto político; de éste, las pústulas a la vista me eximen de detallados inventarios.

Porque hay una pregunta que queda flotando en el aire: ¿en cuánto coinciden las causas del crimen de Once y del trágico destino del submarino? Las redes, en estos días, viralizaron la filmación de la botadura de la nave en 2014 después de su refacción en el complejo CINAR-Tandanor y el infaltable discurso triunfalista de Cristina Elisabet Fernández. La negativa a encomendar esa tarea a sus constructores alemanes o a la Armada brasileña, ¿obedeció a la compulsión cleptómana?; las baterías colocadas, ¿estaban en buenas condiciones o sólo se las facturó como tales? Abona estas especulaciones un hecho: la Juez federal de Caleta Olivia caratuló la causa penal ya abierta como "investigación de hecho ilícito", y ordenó la preservación de toda la documentación referida a las tareas realizadas; cientos de testigos -obreros, técnicos y profesionales del astillero- permitirán iluminar el tema.

Si así fuera, deberíamos preguntarnos si no es hora de reimplantar la pena de muerte para aquéllos que resulten condenados por traición a la patria, y comenzar a juzgar ya mismo a la ex Presidente y a sus sucesivos ministros de Defensa, entre los cuales descuellan Agustín Rossi y Nilda Garré, por las responsabilidades directas que hubieran podido tener en este drama que, seguramente, ha costado la vida a 44 jóvenes compatriotas. Para nuestra vergüenza, la última preside la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados; aunque, en realidad, no me explico mi propio asombro, toda vez que Julio de Vido, responsable directo de lo sucedido en materia energética en el país y de las terribles derivaciones sociales y económicas de ese desastre, producido sólo por el afán de robar, presidió hasta su detención la Comisión de Energía de la misma Cámara.

Y el otro ángulo tiene que ver con la nula reacción de la sociedad y de la clase política que, salvo contadísimas excepciones, ha mantenido un inexplicable silencio frente al drama que se vive en el mar; en especial, porque contrasta brutalmente con el escándalo mediático montado alrededor del caso Maldonado, con el cual se pretendió -¡otra vez!- destruir a la Gendarmería Nacional. ¿Dónde están las manifestaciones en Plaza de Mayo reclamando por los marinos del "San Juan"?, ¿qué dice Estela de Carlotto, que se fotografiaba en París mientras reclamaba internacionalmente por el presunto secuestro y eventual asesinato del hippie tatuador? ¿Dónde están los diputados que se colgaban del cuello su foto, que no aparecieron desde que se perdió contacto con la nave?

Hoy, cuando ya no queda duda alguna de que éste simplemente se ahogó en el río y nadie lo "plantó", su familia y las organizaciones de pseudo derechos humanos -CIDH incluida- siguen insistiendo en la desaparición forzada mientras acompañaba una "pacífica" actividad de los "jóvenes idealistas" mapuches, los mismos que queman viva a la gente, colocan bombas e incendian camiones y estaciones de tren en la Argentina y en Chile.

Afirmé hace tiempo que en el sur argentino se registraba la presencia de las bandas guerrilleras más peligrosas de Sudamérica: el Sendero Luminoso peruano, las FARC colombianas, los colectivos chavistas, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el MIR chilenos; todo eso ya está probado en las causas judiciales que se instruyen a ambos lados de la cordillera. No me sorprendería que aparecieran también pruebas de vinculaciones con el MTP, esa fracción remanente del ERP que intentó tomar a sangre y fuego el regimiento de La Tablada en enero de 1989, en plena democracia.

¿Seguirán nuestras autoridades rindiendo homenaje y tirando flores a los terroristas "buenos" de los 70's mientras condenan a los "malos" actuales de Europa y Estados Unidos? ¿Qué piensan de Facundo Jones Huala -y cuándo lo deportarán- y a sus asesinos del RAM?; ¿son  "buenos" o "malos"? ¿Considera el Gobierno que la actividad de estos falsos mapuches pone en riesgo la soberanía nacional? Si continúa la persecución a los militares, la Patagonia terminará siendo entregada como "territorio sagrado".

La Argentina está absolutamente indefensa, y tiene fronteras totalmente lábiles, atravesadas por traficantes de personas y de drogas y por terroristas y criminales de todos los colores, incluyendo su plataforma continental, que es permanentemente invadida por pesqueros que saquean nuestros recursos ictícolas. Debemos reflexionar, como pidió Lilita Carrió, acerca de si necesitamos o no de fuerzas armadas y, en caso de respuesta positiva, generar ya mismo una política de Estado tendiente a su reequipamiento progresivo para garantizar la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional.

¡Hoy, escuchando el toque de silencio, todos deberíamos ser los marinos del "San Juan"!

Bs.As., 25 Nov 17

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

NI UN MUERTO MÁS


Roberto Arturo Gigli murió en cautiverio el 1º de noviembre. Un argentino de bien, con un claro sentimiento de deber. Una víctima más de los jueces federales, responsables ya de cientos de muertes en esas mismas condiciones. Roberto fue uno de los que se sumaron al proceso de participación iniciado al devenir la democracia, proceso interrumpido indecentemente al asumir el poder Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner. Profesor de yudo en el barrio de Los Hornos, Gigli ayudó a muchos en La Plata, ciudad de las más agredidas por el terrorismo internacional en la década del 70. Los jueces que participaron del mayor proceso de corrupción vinculado a los delincuentes con motivaciones políticas lo condenaron a morir en cautiverio. El negocio lucrativo de los derechos humanos se cobró una víctima, los funcionarios judiciales se llevaron sus treinta dineros, los hábiles mercaderes del dolor propio siguen haciendo unos pesos. Encubridores de la corrupción al servicio de los tenebrosos designios de las dictaduras marxistas, que, como siempre, no pueden vivir sin socavar la convivencia pacífica. No deben quedar impunes. No queremos un muerto más. Parte de la dirigencia de Montoneros admitió la responsabilidad propia y la de todos por acción u omisión. A los mercaderes del dinero se les acaba el negocio.

Mario Ernesto Durquet
DNI 8.483.847