martes, 16 de enero de 2018

ESCARNIO


Tiene razón el imputado Boudou cuando afirma “El sistema judicial está haciendo abusos. Tiene que ver más con el escarnio que con la justicia. Están dando vuelta la presunción de inocencia.” (nota de Mariana Jastreblansky publicada en La Nación del 13 de enero de 2018)

Es eso lo que resulta de los procesos promovidos por las causas denominadas de Lesa Humanidad.

Son más de 2.000 personas presas sin el respeto por el principio de legalidad, en muchos casos con prisiones preventivas dictadas hace mucho más de 3 años

Cuando el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires anunció una auditoria, confiaba que esto saldría a la luz. Hasta el momento nada de eso se ha dicho.

Juan Pablo Chevallier-Boutell[1]
DNI 4383228




[1] El Dr. Chevallier-Boutell es socio de la Asociación Civil Abogados por la Justicia y la Concordia

lunes, 15 de enero de 2018

LA ESCANDALOSA APLICACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA A LOS PROCESADOS Y DETENIDOS POR LOS MAL LLAMADOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD DECLARACIÓN DEL FORO DE GENERALES RETIRADOS

General (R) Juan Miguel Giuliano, presidente del Foro de Generales Retirados

El Artículo 1ro de la Ley 25.390 expresa claramente : “La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia…este plazo podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al Tribunal Superior que correspondiere”.


Contraviniendo esta taxativa disposición de la Ley, más de 700 detenidos se encuentran  excedidos en prisión preventiva, 380 entre tres y seis años, 227 entre seis y diez años y 147  más de diez años, con un promedio de 75 años de edad, sin que tampoco se les conceda el beneficio de Prisión Domiciliaria a la mayoría de los mayores de 70 años.

En un Congreso internacional realizado en el año 2016 sobre el Derecho Penal y su aplicación, el Vaticano advirtió en su ponencia, que uno de los principales problemas que se presenta en el mundo es el abuso de la aplicación de la prisión preventiva sin condena más allá de los plazos legales.

Corte Suprema de Justicia argentina

En un reciente fallo, la Corte Suprema de Justicia argentina, referida a la prisión preventiva de Milagros Sala, expresó: “Esta Corte enfatiza que los Jueces deben fundamentar la imposición de la prisión preventiva de modo claro, con expresas referencias a las constancias de la Causa y no deberán basarse únicamente en las características personales del imputado o las del hecho atribuido. La prisión preventiva nunca puede ser la manera encubierta en que el Estado castigue a quien está sujeto a proceso. Castigar sin que se hubieran satisfecho los requisitos exigidos por la Ley y por la Constitución implicaría la violación de los principios para cuya justificación justamente, se ha concebido la existencia misma del Estado”.

El mantenimiento de la prisión preventiva más allá de los plazos legales, así como  la falta de razonabilidad en su aplicación, constituye por parte de los Jueces Federales y Fiscales  intervinientes en los mal llamados Juicios de Lesa Humanidad, la comisión del delito de Prevaricato en sus funciones, aspecto que debe ser considerado con urgencia por el Consejo de la Magistratura para disponer el  enjuiciamiento  de los causantes.

Firman los Generales Retirados:

Juan Miguel Giuliano
David Comini
Luis Cloux
Jorge Olivera

CABA, diciembre de 2017



NOTA: Las imágenes, destacados y referencias no corresponden a la nota original.

CONCEPTO DEL MILITAR

Las opiniones vertidas en esta columna de opinión, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de UNOFAR[1]

Y hay que tener mucha humildad para entrar en una forma de vida en la que la ambición es la última de las prioridades

Diego Mazón, diario La Razón, España

A todos los que son, han sido o lo serán...

De entrada, no lo entiendo
 
Me he esforzado mucho en entenderlos. He buscado y rebuscado para ver por qué alguien decide meterse a la milicia. Y no lo entiendo. No comprendo que en la sociedad de hoy una persona opte por entrar en un trabajo como este, en el que el principal requisito es obedecer a un jefe detrás de otro hasta que, con suerte, llegue a general y aún así, o peor, tendrá que estar a las órdenes del político de turno.


No me cabe en la cabeza que alguien opte por ponerse este uniforme por un mísero sueldo, cuando enfundándose el de policía municipal cobraría mucho más. Es incomprensible que un joven de provecho, en el siglo XXI, asuma valores como el sacrificio, la entrega incondicional, la obediencia, el honor, la lealtad, el silencio, la disponibilidad, la constancia, cuando el resto de la sociedad rema en la dirección opuesta.

Hay que tener mucha moral para cargar sobre los hombros de uno la responsabilidad tremenda de proteger a una sociedad que mientras duerme, toma cañas o se va de excursión ignora y menosprecia a quienes vigilan su libertad, a quienes  dejan la vida en la búsqueda de la tranquilidad de sus congéneres. Y hay que tener mucha humildad para entrar en una forma de vida en la que la ambición es la última de las prioridades, y en la que te pueden mandar al culo del mundo a cumplir una misión que nadie entiende, en la que te cambian de destino por razones de servicio y no puedes ni rechistar.


No, en realidad a quien no entiendo es a la sociedad, que desprecia a los militares porque no los comprende. A la sociedad en la que algunos aún los consideran un vestigio del franquismo, a la sociedad que es incapaz de decir «gracias» al colectivo que vela por su vida, a la misma que protesta porque el presupuesto de Defensa no vaya destinado a esa vaguedad de fines sociales que se queda en escalones burócratas. Y no entiendo a los políticos que quieren hacernos creer que los militares son un grupo de voluntarios de uniforme que se dedican a repartir caramelos por el mundo y a hacer de bomberos ocasionales. Porque al fin y al cabo, como decía Calderón de la Barca[2], «aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados; que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados».
    
ES POR ESO QUE YO LOS ADMIRO...

CONCEPTO DEL MILITAR

 (Diego Mazón[3], La Razón, España)

ENVIADO POR GENTILEZA DE NUESTRO SOCIO DON: Julio Deramond


NOTA: Las imágenes, destacados y referencias no corresponden a la nota original.



[1] Unión de Oficiales en retiro de la Defensa Nacional, de la República de Chile, fue fundada el 24 de octubre de 1963,
[2] Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 17 de enero de 1600-ibídem, 25 de mayo de 1681) fue un escritor español, caballero de la Orden de Santiago, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del Siglo de Oro, en especial por su teatro.
[3] Diego Mazón cuenta con una vasta experiencia en el área de la Defensa, ha cubierto varios conflictos internacionales, fue jefe de Redacción de Nacional en el diario La Razón y desde el 1 de enero de 2013 hasta enero de 2018 se desempeño como director de Comunicación del Ministerio de Defensa del Reino de España.

sábado, 13 de enero de 2018

PREPARADOS, APUNTEN…


"Se daba cuenta de que ninguna potencia estaba en condiciones de resistir el desgaste del tiempo; sólo la gloria de quien ha vivido con honor crece con el paso de los años". Valerio Massimo Manfredi

Cuando la semana pasada me pregunté hasta cuándo la sociedad estaría dispuesta a tolerar, con marcada indiferencia, el permanente chantaje de los eternos dirigentes gremiales, ignoraba que finalmente, y con décadas de atraso, tanto la Justicia como el Ejecutivo, nacional y provincial, habían decidido tomar el toro por las astas y avanzar con la depuración de la corporación más despreciada del país, integrada por delincuentes dispuestos desde siempre a generar los peores conflictos laborales para evitar que se posara sobre sus patrimonios la lupa judicial.

El método extorsivo fue claro -mientras los dejaran incrementar sus negocios personales, ofrecían paz social; de lo contrario, el país se paralizaría- y lo sufrieron tanto los gobiernos civiles cuanto militares; basta recordar que fue nada menos que el Tte. Gral. Juan Carlos Onganía quien les cedió el control de los servicios de salud, tal vez la fuente más importante de ingresos non sanctos de los grandes bonetes del sindicalismo argentino. No voy a mencionar aquí, por ser innecesario, la lista de los jefes gremiales presos -todos obscenos exhibicionistas- pero debo detenerme en los dos poderosos capi de tutti capi, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.

El primero siente ya el aliento de los ahora atentos jueces en la nuca, y no sólo los locales. Una de sus negadas propiedades, la empresa de recolección de residuos Covelia, es investigada por movimientos de dinero sospechosos por la Justicia suiza; cuando el primer pedido helvético llegó a los tribunales argentinos -simplemente, un listado de las causas penales que involucraran al Negro- éste, a la sazón Secretario General de la CGT, decretó un paro general contra el gobierno de Cristina Elisabet Fernández.

Ayer mismo fue denunciado, conjuntamente con su hijo Pablo, su testaferro Patricio Farcuh y el propio Sindicato de Camioneros, por evasión impositiva por la suma sideral de cuatro mil millones de pesos y el consecuente lavado de dinero. Con la monumental expansión de sus actividades -empresas constructoras, correos privados, fútbol, barras bravas, residuos urbanos, sanatorios, farmacias, hoteles, inmuebles y rodados varios, etc.- y con tantos flancos expuestos, es previsible que ponga a parir al país entero, con la paralización del transporte de alimentos, de combustibles, de basura y de dinero, y habrá que ver cuán dispuestos estamos todos a no ceder ante sus aprietes, ya que dirá mucho sobre nuestra voluntad de modificar el rumbo que llevamos.

Ya su colega gastronómico, que directa y públicamente amenazó a la democracia cuando recordó cómo habían eyectado del poder a Raúl Alfonsín y a Fernando de la Rúa cuando éstos intentaron controlar un poco al poder mafioso del sindicalismo, dio un aviso a la sociedad acerca de qué podemos esperar si los avances judiciales continúan. Como Luisito es muy hábil, sus dichos no resultan punibles, aunque sean muy claros.

Pero lo que enmascara este bandido es que todos sus pares hoy en la cárcel no lo están por ser gremialistas sino vulgares ladrones, y no hay aquí una persecución política, como claman desde Milagro Salas y Luis D'Elía a Cristina Elisabet Fernández, que mandó a La Cámpora a expresar su apoyo a los preocupados "Gordos". Todos estos han esquilmado a sus representados y, en los casos de Marcelo Balcedo y Víctor Santamaría, se transformaron en empresarios de medios de prensa para utilizarlos como escudo; lo mismo hicieron, en su momento, Cristóbal López, Rudy Ulloa Igor y Gerardo Ferreyra, que debieron cerrarlos cuando, con la caída del kirchnerismo, se cortó el acceso a los fondos ilimitados de la pauta publicitaria oficial.

Toda esta movida coincide en el tablero de comando con algunos factores complicados: la inflación, que no cede; la necesidad imperiosa de cerrar los aumentos salariales del año en términos mesurados, es decir, sin reflejar en ellos expectativas pesimistas; y el tratamiento legislativo de la poco ambiciosa reforma laboral que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso. Es natural entonces que todos -incluidos los bienintencionados- nos preguntemos si estamos sólo ante una serie de movimientos tácticos para obligar a los dirigentes sindicales a "portarse bien" o, por el contrario, ante un verdadero y definitivo cambio en nuestra cultura sociopolítica tradicional.

La libertad concedida por la Cámara Federal a Amado Boudou, que estaba en prisión preventiva desde hace dos meses, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y que está procesado y en juicio oral por haberse apropiado de la "máquina de imprimir billetes", da una pésima señal a los descreídos. Porque, a pesar de que muchos lo ignoran, en el caso de los funcionarios públicos, donde la carga de la prueba se invierte, son ellos los que deben demostrar que han obtenido sus fortunas legítimamente. ¡Teléfono para Cristina Kirchner!

Además, deja en evidencia que en la Argentina hay dos "justicias" diferentes: una, correcta, que utiliza el Código Procesal y privilegia el principio de inocencia y permite que los encartados transiten los procesos en libertad hasta el dictado de sentencias definitivas; y otra, caníbal, que sólo busca venganza y en la que todos los cimientos del derecho de la civilización occidental, incluida la irretroactividad de la ley penal, se ignoran para mantener en prisión preventiva a centenares de ancianos enfermos por lapsos que, en muchos casos, superan los diez años (el máximo legal es de dos, prorrogable fundadamente por sólo uno más). Los argumentos garantistas utilizados por los magistrados ahora para beneficiar el ex Vicepresidente -imposibilidad de alteración de las pruebas e inexistencia de peligro de fuga- ¿no son aplicables a los presos militares? 

¿Irán las organizaciones sociales y de izquierda a "escrachar" al ex Vicepresidente a su inexplicable piso de Puerto Madero o al nuevo de Barracas, como hicieron con el Comisario Miguel Etchecolatz, a quien concedieron la prisión domiciliaria con pulsera electrónica a pesar de sus 88 años y del cúmulo de dolencias que padece?  Porque, siendo de público y notorio conocimiento que Amado Boudou fue miembro esencial de la asociación ilícita que saqueó el país hasta la extenuación durante la década más favorable para la economía nacional en más de un siglo, algo debería motivarlas a actuar, ya que dicen representar a los excluidos y a los pobres que sufren en carne propia -en falta de educación, alimentos, salud, vivienda, pavimentos y cloacas- la falta de esos cuantiosos dineros robados.

Nuevamente, el verano será caliente, y no sólo por las altísimas temperaturas que estamos soportando en Buenos Aires: en febrero, comenzarán, conjuntamente con la actividad judicial a pleno, las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo para trata algunos proyectos de ley, digamos, menores; pero en marzo es probable que veamos otra vez conflictos callejeros, cuando comience a tratarse la reforma laboral. ¡Ojalá hayamos madurado para entonces!

Bs.As., 13 Ene 18

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

jueves, 11 de enero de 2018

INDIGNANTE

Juez Sergio Torres

Sr. Director,

Me entero por los medios de comunicación del dia de la fecha, 11 de enero, que el Juez Torres revocó la prisión preventiva de Héctor Timerman para que pueda tratarse un cáncer y que el Canciller Faurie intercedió para que el Departamento de Estado le habilite el ingreso a Nueva York.


Me indigna que se ocupen con tanto interés por un personaje que traicionó a su Patria y a la comunidad judía con un acuerdo perverso  con Irán. Además es ridículo que le pidamos al país que ofendió con su estúpida acción de violar una valija diplomática para darle el gusto a los tontos que siempre se quejan del "imperialismo yanky" y a la arquitecta egipcia y abogada exitosa. Mientras tanto, miles de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad están en las prisiones del Servicio Penitenciario, muchos de ellos enfermos y sin atención adecuada, con más de 70 años de edad y con más de los tres años sin sentencia firme que amerita que queden libres. Ya fallecieron más de 600 estando presos sin que ningún Juez o Canciller o Ministro de Justicia se ocuparan de ellos También tenemos la sangría en el presupuesto nacional y de muchas entidades originada por la continuidad del curro de los derechos humanos que el candidato a presidente Mauricio Macri prometió que iba a suspender.


Se me hace que el presidente Macri todavía no tomó conciencia de que el pudo llegar a presidente porque la represión al terrorismo fue exitosa y logró que no fueran presidentes Firmenich o Santucho. O es que no tiene la valentía para tomar las decisiones necesarias. Insisto, ¿su sangre calabresa se le diluyó en su paso por el Newman?

Saludos cordiales

Dr. José Brunetta
DNI 4180958


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

miércoles, 10 de enero de 2018

CIFRAS INCOMPLETAS

 


El 7 de enero, en el artículo titulado "Récord de sentencias por lesa humanidad en 2017" se señala que "se condenaron a 205 acusados", de lo que se encuentra muy satisfecho el señor Avruj, secretario de Derechos Humanos. El funcionario afirma que "por sobre las palabras nosotros hablamos con los hechos". No me cabe la menor duda sobre eso. Se calcula que las causas hoy en trámite llegarían a sentencia a mediados de 2024, "cuando se cumplirían 18 años de juicios y cerca de 50 años desde los hechos investigados". Le preocupa al señor Avruj cómo afecta el paso del tiempo "principalmente en las víctimas". Le pregunto entonces si tiene estadísticas sobre los casi medio centenar de imputados ancianos y enfermos fallecidos[1] durante la persecución penal que tanta satisfacción le trae, ¿a cuántos de estos imputados tiene el Estado privados de su libertad por más de tres, seis y diez años sin sentencia? Le recuerdo a Avruj que un derecho humano fundamental que está obligado a resguardar es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. ¿Le parece razonable estar juzgando hechos de hace 50 años, y que un imputado esté privado de libertad sin sentencia tres, seis o diez años? ¿Qué ancianos y enfermos estén encerrados en cárceles que no tienen las más mínimas condiciones para mantenerlos vivos? Y una última pregunta: ¿le preocupan las miles de víctimas de las organizaciones armadas revolucionarias que hace 50 años han sido ignoradas? Lo intimo, señor secretario, a que se ocupe de hacer estas estadísticas que le faltan y revierta esta situación que no le preocupa.


María Laura Olea
DNI 13.968.163


NOTA: Las imágenes, destacados y referencias no corresponden a la nota original.




[1] Desde que se reiniciaron estos juicios en 2003, ya son 430 (cuatrocientos treinta) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora. Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 90 (noventa) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

martes, 9 de enero de 2018

A DIOS, LO QUE ES DE DIOS

Héctor Crespo Figueras

“Al César, lo que es del César” semeja la histórica definición de justicia propuesta por el filósofo griego Aristóteles (384-322 AC). A su vez, Cristo (0-33), les dijo a sus discípulos “dad al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios” (Mateo 22:21), como para separar los temas terrenales de los espirituales.

Esta expresión indica que deben distinguirse debidamente elementos de distinta naturaleza y, en su uso más frecuente, que deben discriminarse correctamente las cosas, según la incumbencia o la competencia de las personas involucradas.

En el mundo en general, y en la Argentina también, cada vez hay menos personas que profesan la fe de la iglesia católica. Los países católicos de Europa cuentan con una feligresía menguada, desde hace varias décadas. Mientras que, en Latinoamérica, no cesa la tendencia a la baja de los católicos.

Según el informe de la organización Pew Research Center de noviembre 2014, el 69% de adultos se identifica con ese credo, ante 90% que lo hacía, en la mayor parte del siglo XX.

Hoy se aprecia una práctica light de la religión católica, mientras crecen otras religiones, al igual que los agnósticos y ateos.

En la región, Chile y Uruguay son los dos países donde hay un mayor proceso de secularización. Según la Encuesta Nacional Bicentenario elaborada por la Universidad Católica y Adimark, en noviembre de 2014, el 59% de los chilenos se consideraba católico, el 16% evangélico y el 22% aseguraba no tener ninguna creencia religiosa, ítem dentro del cual se incluía a los agnósticos y ateos.

Uruguay es el país con menor porcentaje de católicos de América Latina. El 41% declara ser católico, mientras que el 38% dice ser ateo o agnóstico, el 8% evangélico y el 13% responde a otras religiones, según el informe de Latinbarómetro, de abril de 2014. De larga tradición laicista, el gobierno uruguayo es totalmente independiente de la religión.

Contrariamente, en Argentina, con un 77% de católicos, la iglesia siempre ha sido un factor de presión, para influir en las decisiones de Estado. Aunque habría que hacer la salvedad que sus máximos representantes optaron por llamarse a silencio o actuaron con extrema cautela, durante muchos años de la gestión kirchnerista.

Las libertades plenas que rigen en el país, desde diciembre de 2015, han permitido que Francisco y el Episcopado volvieran a hacerse escuchar en Argentina, cuestionando decisiones de la administración nacional o leyes aprobadas por el poder Legislativo.

Hemos leído, semanas atrás, que la iglesia de Córdoba envió cartas a los legisladores nacionales por esa provincia, en línea con el pensamiento del Papa Francisco, para que no votaran la Reforma Previsional, acordada por el presidente Mauricio Macri con 23 de los 24 gobernadores. Es cuestionable que la Iglesia quiera inmiscuirse de tal manera en temas de Estado, cuando su rol debe estar en ocuparse de las cosas de Dios y en cuidar a su desperdigado rebaño.


domingo, 7 de enero de 2018

VERGÜENZAS TEMPRANAS


"Desterrada la Justicia, que es vínculo de las sociedades humanas, 
muere también la libertad, que está unida a ella y vive por ella".
Juan Luis Vives

El desprestigio y la sospecha penden, como una enorme nube de smog y desde hace años, sobre el Poder Judicial, en especial cuando se trata del fuero penal federal, radicado mayoritariamente en la mole de Comodoro Py. En este comienzo de año contribuyó a mantener el fenómeno atmosférico el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Omar "Caballo" Suárez, el extorsionador de empresarios navieros y líder del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), uno de los escasos personajes privilegiados en el círculo áulico de Cristina Fernández. El Juez federal Luis Rodríguez, subrogando el Juzgado de su sospechado y veraneante colega, Rodolfo Canicoba Corral, la concedió rápidamente al detenido, por inexistentes razones de salud.

Más allá del informe del Cuerpo Médico Forense presentado el jueves, que negó la necesidad de ese beneficio, ya que puede ser perfectamente atendido de sus afecciones en el Hospital Penitenciario y, en caso necesario, recurrir a tratamientos ambulatorios en otros centros médicos, el episodio llamó poderosamente la atención por dos motivos: las probables razones crematísticas de la concesión de este injustificado privilegio (se instaló en una enorme mansión que posee en Olivos, a metros de la Quinta Presidencial) y, por supuesto, su notable diferencia respecto al trato que reciben los muchísimos presos políticos ancianos que pueblan las cárceles del país.

La semana pasada se concretó, finalmente, la prisión domiciliaria del Comisario de Policía Miguel Etchecolaz, de 88 años, que sufrió ya dos ACV mientras permanecía en la cárcel, transformado en el detenido de mayor edad de todo el sistema penitenciario federal. Pero siguen allí, por ejemplo, el sacerdote Christian von Wernich, de 80 años, con cáncer y metástasis, o Jaime Smart, de 82 años, al cual se le ha otorgado varias veces el beneficio, nunca efectivizado por la permanente resistencia del Juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien, para evitar las órdenes de sus superiores, le inventaba causas nuevas cada día hasta que fue relevado a su respecto.

Como siempre, hubo esta semana una de cal y otra de arena. El mismo magistrado logró la detención, en Uruguay, de otro sindicalista (SOEME), Marcelo Balcedo, también cristinista (¿cómo sorprenderse, si antes fue menemista, duhaldista y kircherista?) y socio de los nefastos Roberto Baradel y Hugo Yatski, y empresario de multimedios de prensa en La Plata. Además de haber estado prófugo en el pasado durante dos años, se sospecha de su complicidad financiera con la más salvaje banda de narcotraficantes de Rosario, a la cual se cree ayudaba a lavar sus ganancias. Su futuro seguramente será muy negro, ya que le costará justificar tantas residencias, tanto dinero en efectivo, tantos autos de lujo, tantas armas de guerra y hasta dos aviones. ¡Qué manía tienen los corruptos con los aviones!

Uno se pregunta, ya que están presos otros colegas suyos como Juan Manuel "Pata" Medina y Omar "Caballo Suárez", amén de José Pedraza, qué debemos hacer para que el Poder Judicial nos evite seguir siendo rehenes permanentes de Hugo Negro Moyano y su familia. Si, una vez más, cedemos ante las extorsiones vinculadas con la continuidad de su fallida empresa OCA, con la barra brava de Independiente y sus miles de negocios fraudulentos, con los medicamentos adulterados y los troqueles falsificados, con la apropiación de los bienes del gremio, no tendremos futuro, como no lo tuvo Estados Unidos hasta que logró mandar a la cárcel a Jimmy Hoffa, a quien nuestro camionero tanto se parece.

Pero también debemos preguntarnos por qué no avanzan, elevándolas a juicio oral, las múltiples causas contra Hebe de Bonafini, los Shoklender y las decenas de funcionarios involucrados en las monumentales estafas de "Sueños Compartidos" y la "Universidad de las Madres".

El escándalo de Odebrecht, que ha barrido hasta con mandatarios latinoamericanos, tampoco parece progresar aquí; si lo hiciera, ya deberían haber al menos prestado declaración indagatoria -una medida de defensa- Carlos Wagner (Esuco), Paolo Rocca (Techint), Gustavo Ferreyra (Electroingeniería) y Angelo Calcaterra (Iecsa), y la oposición habría dejado de poder gritar que estamos nada más que ante un nuevo maquillaje gatopardista y el nuevo poder  protege a sus amigos y parientes.

Contribuye a mantener la sucia nube que cubre a la Justicia es la llamativa libertad de la que aún goza Ricardo Echegaray, conspicuo cómplice de las mayores estafas contra la AFIP cuando era su Administrador. Está vinculado directamente a las usinas de facturas falsas utilizadas por Lázaro Báez y con la tolerancia al robo de nada menos que $ 8.000 millones que perpetraran Cristóbal López y Fabián de Souza, como antes lo estuviera con los subsidios de la ONCAA a su propia familia, pero ni siquiera ha sido incluido en las causas ya elevadas a juicio oral. ¿Habrá que buscar el motivo en las carpetas de información confidencial sobre jueces, políticos y empresarios de todo pelaje que logró juntar cuando era funcionario?

Margarita Stolbizer, lamentablemente fuera del Congreso, denunció esta semana un pacto entre el Gobierno y el Poder Judicial para mantener fuera de la cárcel a Cristina Fernández. Como usted, lector, sabe, descreo de su existencia por innecesario, ya que adjudico este raro fenómeno a la inmejorable nariz de los magistrados federales, que creen así agradar -y tal vez sea cierto- y beneficiar a Mauricio Macri.

Por último, entre los episodios raros de esta semana también merecen figurar las quejas de los familiares de Santiago Maldonado, el tatuador muerto en el sur, por el ascenso al grado de Alférez del gendarme herido por los mapuches del RAM mientras intentaba liberar el tránsito en la Ruta 40. Dado que ya está harto probado que no hubo intervención de terceros en su ahogamiento, que no sabía nadar, que sufrió hipotermia, que su cuerpo quedó enredado en la flora subacuática y que estuvo sumergido mientras el país entero lo buscaba, me pregunto cuál es el propósito de esta actitud de su entorno al insistir en que la causa continúe caratulada como "desaparición forzada". ¿Será que pretenden sumarse a los cientos de terroristas y de deudos indemnizados injusta y cuantiosamente por un Estado idiota que, además, se niega a informar detalladamente sobre el tema?

Como se ve, en el área del Poder Judicial -Consejo de la Magistratura, Corte Suprema y Tribunales inferiores- hay por delante un enorme trabajo de limpieza y fumigación de los edificios poblados de corruptos, pero también de ignorantes y bastardos, que debe encararse ya mismo. De su éxito depende todo el resto de las reformas que resultan indispensables en el aparato del Estado en sus tres niveles y, sobre todo, la verdadera credibilidad de la Argentina frente a los genuinos inversores nacionales y extranjeros, hartos todos de ver cómo nos comportamos como chicos caprichosos, capaces de cambiar las reglas del juego a cada instante y, cuando vamos perdiendo, llevarnos la pelota.

¡Ojalá los argentinos hubiéramos encontrado todo eso en nuestros zapatos esta mañana, después que pasaran anoche por nuestro país los Reyes Magos!

Bs.As., 6 Ene 18

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

FALLECIMIENTO DE UN INTEGRANTE DE LA MESA DE TRABAJO DE LA UP


A TODOS LOS CAMARADAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE SEGURIDAD, FUERZAS POLICIALES Y FUERZAS PENITENCIARIAS.

A LOS INTEGRANTES DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES Y ONG VINCULADAS.

A LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS POLÍTICOS.

A TODOS LOS ALLEGADOS, AMIGOS E INTERESADOS.

Estimados Camaradas y Amigos:

La Unión de Promociones, expresa su más profundo pesar por el fallecimiento el día 06 de Enero del corriente año, de un integrante de la Mesa de Trabajo de la UP, el Mayor (R) Oscar Federico Guillermo SILVA ROCHAIX (Artillería - Promoción 75 - CMN).

En este doloroso momento, vaya nuestro particular reconocimiento y gratitud a quien siempre con total predisposición, colaboró trabajando y sumando esfuerzos para facilitar las acciones destinadas a paliar la situación de tantos Camaradas Presos Políticos y sus familias, que hoy continúan sufriendo el sistemático proceso de persecución, venganza y extermino, donde señalamos una vez más, se reiteran infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Le rogamos a Dios nuestro Señor, conceda a toda su familia, compañeros de Promoción, amigos y allegados, pronta y cristiana resignación ante esta irreparable pérdida.

Coronel (R) Guillermo César Viola
Unión de Promociones

COMUNICADO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE HISTORIA, POLÍTICA Y DE DD.HH. - SALTA


Desde hace varios días por los medios de comunicación y las redes sociales se convoca al ultraje masivo de un anciano de 88 años. En soledad y enfermo, Miguel Osvaldo Etchecolatz, deberá resistir a los que se reunirán frente a su domicilio para expresarle que lo odian profundamente. El “escrache argentino” es un remedo del claro e inequívoco acto de incitación al odio que inventaron los nazis contra los judíos. Acto de odio que (dado que no acusaron recibo) para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el INADI pasa por natural y democrático. Es más, nadie debería sorprenderse si Santiago Cantón, el Sec. de DD.HH. de la Provincia de Buenos Aires, adhiriera o participará activamente del mismo. Es que humillar y ofender a un militar o a un policía en este país no sólo es gratis sino que está bien visto. Por el contrario, nadie en su sano juicio escracharía, por ejemplo, a la Legislatura de la CABA por ponerle el nombre del terrorista Rodolfo Walsh a una Estación de Subterráneo. Cuando falleció el terrorista y escritor Juan Gelman se decretó luto nacional por tres días (¿Apología del delito?). No recuerdo a periodista o político alguno que en actitud de protesta se haya rasgado las vestiduras. Con Etchecolatz en cambio se suman a la convocatoria de linchamiento o, en el mejor de los casos, miran para otro lado. Por su parte, representantes de todos los bloques del Concejo Deliberante de Mar del Plata manifestaron su repudio a la decisión de la Justicia de otorgarle a Miguel Etchecolatz la prisión domiciliaria. Tampoco es de extrañar. Años atrás ese mismo organismo dispuso descolgar del edificio del Concejo el cuadro del Capitán Pedro Giachino ¡Héroe de guerra! ¿Con qué autoridad moral, se preguntará, usted, estos individuos agravian a un hombre al que no llegan a los tobillos?

Etchecolatz no fue un genocida, ni pudo serlo, por la sencilla razón que en la Argentina no hubo ningún genocidio. Hubo una guerra; la que fue iniciada por los hijos de Taty Almeyda, Hebe de Bonafini, Nora Cortiñas, Estela de Carlotto, etc.; quienes asesinaban, secuestraban, torturaban, robaban en pos del poder. A dichos criminales enfrentó Etchecolatz primero, cumpliendo órdenes del gobierno peronista y, luego, del militar. ¿Qué se debería haber combatido con la ley en la mano y no asumiendo los métodos terroristas de los sediciosos, es fácil decirlo? Había que estar ahí, cuando al Comisario Alberto Villar y a su señora esposa los Montoneros los destrozaron con una bomba o cuando, con otra, masacraron a 24 policías que almorzaban en la Superintendencia de la Federal. Sí, escuche, eso hacían los papás de Donda, Cabandié y de casi todos aquellos que trabajan de hijos de desaparecidos.

Suena macabro escuchar a un premio nobel de la Paz, Pérez Esquivel, convocando a escraches. Y cínico hasta el escándalo, también, que las organizaciones de derechos humanos escrachen con la consigna “No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos” ¡Qué tendrá que ver el odio con los derechos humanos! ¡A ustedes no les interesan ni la paz, ni los derechos humanos! ¡Sáquense la careta, militantes del odio! ¡HIPÓCRITAS Y FARSANTES!


sábado, 6 de enero de 2018

POR QUÉ UNA REFORMA EN DEFENSA ES IMPOSTERGABLE

Es necesario poner en marcha una decena de acciones posibles, articuladas en función del corto, mediano y largo plazo, para dar un nuevo horizonte para las Fuerzas Armadas

Por Rosendo Fraga[1]

Mauricio Macri durante un acto de las Fuerzas Armadas (NA)

Tras el triunfo legislativo, la Administración Macri encaró la segunda parte de su mandato, proponiendo e impulsando "reformas": laboral, previsional, tributaria, fiscal. Posiblemente, haya sido una agenda derivada de las urgencias económicas y ello llevó a relegar temas trascendentes y de largo plazo, como cultura, ciencia y tecnología, educación, salud, seguridad y defensa.

Respecto a esta última área, cuando acababan de presentarse dichas reformas, la desaparición del submarino ARA San Juan fue un duro y trágico llamado de atención, sobre la necesidad de emprender una reforma en Defensa.

Planteado el tema, es conveniente ante todo recordar cuales son los "fines" de la defensa. Son dos y están en la Constitución Nacional. Una es la defensa de la soberanía integral de la Nación y la otra la defensa de la Constitución. (cabe recordar que siempre que un oficial de las Fuerzas Armadas asume un nuevo cargo o destino jura defenderla).

Definidos los fines que rigen para cualquier gobierno y cualquier situación, el presidente Mauricio Macri en los primeros siete meses de gestión fijó públicamente seis misiones para las Fuerzas Armadas.


El 29 de mayo de 2016, en el Colegio Militar, al conmemorarse el 207 aniversario de la creación del Ejército fijó públicamente tres de ellas: 1) Ser instrumento de la política exterior. Se entiende por ello acciones como la participación en las fuerzas multinacionales de paz, la realización de ejercicios militares con otras naciones, ya sean bilaterales o multilaterales y en última instancia participar en acciones multinacionales de Búsqueda y Rescate, como hicieron 18 países con motivo de la desaparición del Submarino San Juan; 2) La defensa del Medio Ambiente. Está claro que Argentina es un país con grandes recursos naturales y que tiene un territorio que, con el mar y la Antártida, se duplica. Esta defensa no sólo implica la pesca, sino también el subsuelo marítimo, que comienza a ser explotado como fuente de energía y minería. 3) La lucha contra el terrorismo. El concepto es la participación en coaliciones globales contra el terrorismo global, no el rol frente a una eventual insurgencia interna. El tema se potencia por los desafíos que genera la realización de la Cumbre del G20 en Argentina.

Un mes más tarde, el 3 de julio, en la Comida de Camaradería de las Fuerzas Armadas, el Presidente agregó otras tres: 1) La cooperación en la seguridad de las fronteras. El concepto es contribuir a atenuar el problema que genera el uso creciente de las fuerzas de seguridad federales para enfrentar el crimen en las grandes concentraciones urbanas; 2) La cooperación en la lucha contra la droga. Se trata de hacerlo en el mismo contexto que se hizo durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, con el despliegue de radares y medios aéreos, en el marco de los operativos "Fortín" y "Frontera Norte". 3) La asistencia a emergencia sociales derivadas de catástrofes. Es quizás la más simple de las seis misiones y la que se ha cumplido en forma más sistemática y continuada en los últimos dos años.

Pero estas misiones, planteadas con claridad y ante la sociedad entre fines de mayo y comienzos de julio de 2016, no fueron acompañadas de un conjunto articulado de acciones para alcanzarlas.

La primera sería la sanción de una Ley de Movilización que permita al Estado movilizar los recursos, públicos y privados, para enfrentar crisis, ya sean militares o civiles (sociales, climáticas, etc.) Es una ley pendiente desde 1988, cuando fue sancionada la Ley de Defensa Nacional hoy vigente.

Paralelamente, se hace necesario sancionar una Ley de Reservas, también pendiente desde hace tres décadas. Hay un proyecto en el Congreso que no ha tenido tratamiento y que podría tomarse como base para el que se propone. La sustitución del servicio militar obligatorio por la tropa voluntaria da una gran oportunidad, dado que se cuenta con casi decenas de miles de hombres que han pasado por el nuevo sistema en las últimas dos décadas y pasarían a ser la base de las reservas.

La Administración y articulación de ambos sistemas podría quedar en manos del Ejército y sus cuarteles convertirse en centros de organización de reservas y de coordinación de las acciones de movilización.

Pero la mirada hacia el futuro requiere también de la modificación de una ley y la reglamentación de otra. La Ley de Personal Militar -que diseña el plan de carrera de los integrantes de las Fuerzas Armadas- es la 19.101, sancionada en 1971 durante el gobierno de facto de Lanusse, que ha tenido sucesivas modificaciones, y requiere una actuación completa, más allá de los cambios introducidos en su decreto reglamentario desde entonces; el Gobierno ya anunció que ha constituido una Comisión para hacerlo.

Al mismo tiempo, la ley de Reestructuración Militar 24.848 (también llamada Ley Jaunarena), sancionada por unanimidad de ambas cámaras del Congreso Nacional en 1998, debe ponerse en vigencia, lo que no se ha hecho en sus casi dos décadas de existencia. Se trata de una buena norma, que pese a haber transcurrido casi dos décadas de su sanción sigue siendo un instrumento útil para diseñar el horizonte de la defensa. La mencionada modificación de la ley de Personal Militar, puede ponerse en el marco de esta ley de Reestructuración Militar, ya que así lo prevé.

Para completar los cambios del marco legal es necesario modificar el decreto 727 de 2006, que introdujo cambios en las reglamentaciones de la ley de defensa (23.554) y de seguridad interior (24.509). Se hace necesario modificar sus dos artículos que impide actuar a las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas, como establece la ley, si no se trata de agresiones de fuerzas regulares de Estados organizados. Si no se modifica, la cooperación militar para la Cumbre del G20 se vería complicada.

El tema de los recursos, como en cualquier política pública, resulta central. En los primeros meses de 2016 se firmó un acta por la cual se impuso como objetivo equiparar los salarios de las Fuerzas Armadas con los de las Fuerzas de Seguridad Federales y "blanquear" los suplementos que cobra el personal en actividad pero que no son contabilizados para el retiro futuro. El acta se viene cumpliendo con demoras y limitaciones y es importante que se lo haga en forma plena y efectiva.

En cuanto a los recursos para inversión y reequipamiento, es un tema urgente, como lo subrayó la tragedia del submarino ARA San Juan. La Argentina debería destinar el 1,3% del PBI a gasto militar en el corto y mediano plazo. A dicha cifra puede llegarse en tres años.

La ley de reestructuración militar 24.848, mencionada precedentemente, contiene disposiciones que en base una adecuación del coeficiente predeterminado permite diseñar un horizonte de largo plazo en materia de inversiones. El ex Ministro de Defensa Ricardo López Murphy ha propuesto que se destina dicha cifra durante una década, lo que permitiría un reequipamiento adecuado y necesario con un horizonte de largo plazo.

Potenciar la actividad, organización y funcionamiento conjunto de las Fuerzas Armadas es otra prioridad. Entre otras iniciativas, pueden crearse comandos conjuntos regionales que podrían organizarse en base a las tres divisiones del Ejército.

Pero ello también requiere poner en marcha y desarrollar el Comando Conjunto del espacio marítimo, integrado por el mar argentino. El Comando Aeroespacial, que incluya el factor satelital y un Comando Conjunto de Cyber Defensa, amenaza creciente en todo el mundo, en materia de defensa y seguridad. La Armada tendría el mando en el primero de estos y la Fuerza Aérea del segundo.

La superación de los conflictos del pasado, implica dejar atrás definidamente, acciones como las implementadas por el kirchnerismo, que llegó a impedir ascensos por ser hijo de alguien que prestó servicios durante el último gobierno militar o buscar sanciones disciplinarias menores a oficiales superiores de cuando eran jóvenes para impedir sus ascensos.

Potenciar la capacidad científico-tecnológica en el área de defensa debe ser otra prioridad. La Argentina anticipó que busca un segundo buque polar, lo que resulta jumental para afianzar y desarrollar la campaña antártica. Proyectos de largo plazo, como contar con un rompehielos a propulsión nuclear (como tiene Finlandia), bien puede entrar en planes que comiencen a discutirse y prepararse.

La vinculación de las Fuerzas Armadas con los diversos sectores de la vida nacional (universidades, empresas, sindicatos, etc.) debe ser otra política tendente a contribuir a la mejor articulación entre civiles y militares.

Por último, potenciar, desarrollar y poner en valor el progreso intelectual y académico es otra acción relevante. En las últimas tres décadas, el adiestramiento de personal bajo significamente por la falta de presupuesto y el material por la escasa inversión ha quedado en muchos rubros obsoleto. Pero es el campo académico e intelectual donde ha tenido lugar un progreso notorio. Son muchos más los oficiales superiores, jefes y oficiales que no sólo tienen título de grado universitario, sino también posgrado en muchos casos más de uno y no son pocos quienes lo tienen en el exterior. Tanto el Estado como la sociedad deben utilizar esta capacidad.

En conclusión: una reforma militar requiere asumir los fines de las Fuerzas Armadas determinados en la Constitución Nacional y cumplir las misiones fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Para ello es necesario poner en marcha una decena de acciones posibles, articuladas en función del corto, mediano y largo plazo, para dar una nuevo horizonte para las Fuerzas Armadas.




[1] El autor es analista político e historiador. Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.