miércoles, 17 de enero de 2018

TRAS EL CASO TIMERMAN, MILITARES DETENIDOS PIDEN UN TRATO SIMILAR

La intervención del Gobierno por el excanciller reaviva los reclamos de familiares

Mariano De Vedia

Los esfuerzos del Gobierno, que intercedió para que la Justicia otorgara la libertad al excanciller Héctor Timerman por razones humanitarias, para que pueda someterse a un tratamiento médico en Estados Unidos reavivaron los reclamos de los familiares de militares mayores de 70 años y enfermos, que enfrentan presos -en muchos casos sin condena- los procesos en causas de lesa humanidad.

El excanciller Héctor Timerman

“Mi padre no tuvo ese beneficio. Murió a los 91 años, en silla de ruedas, con cáncer, mal de Alzheimer y una crisis cardíaca, mientras el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata le negaba la detención domiciliaria por peligro de fuga”, objetó el abogado Ricardo Saint Jean, al recordar el caso de su padre, el general Ibérico Saint Jean, fallecido en prisión en octubre de 2012.

Unos 168 militares, policías y civiles mayores de 70 años están detenidos en unidades penales, y se les niega la detención domiciliaria, denunció a LA NACION el abogado Saint Jean. De ellos hay 11 que tienen entre 80 y 89 años.

Según datos de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, los militares y el personal de seguridad implicados en causas de lesa humanidad ascienden a 2229, de los cuales 428[1] fallecieron. “En muchos casos, por falta de atención a su salud”, describió su presidente, Alberto Solanet.

Si bien la situación llegó a su máxima tensión durante el gobierno de Cristina Kirchner, 88[2] fallecieron desde que asumió Mauricio Macri. La Unión de Promociones, una asociación civil creada en 2005 tras la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, los considera “muertos en cautiverio”.

Procesos extensos

Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a fines de diciembre se contabilizaban 1038 detenidos y 1305 imputados en libertad. Al margen de los fallecidos, hay 37 prófugos.

El promedio de edad de los militares presos es de 74,6 años y se estima que más de 340 permanecen con prisión preventiva por más de seis años, cuando el tiempo máximo previsto en el Código Penal es de dos años. El exoficial de inteligencia Juan Carlos Rolón, que integró los grupos de tareas de la ex-ESMA, cumple prisión preventiva desde hace 16 años.

“En diciembre pasado concluyó su tarea el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, creado por las Naciones Unidas para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante la Guerra de los Balcanes[3]. A lo largo de 24 años condenó a 90 responsables de genocidio, crímenes de guerra y otros delitos de lesa humanidad e interrogó a 5000 testigos. Acá, más de 2200 militares pasaron por procesos que juzgan hechos de hace más de 40 años y todavía sigue”, se lamentó el abogado Saint Jean.

El letrado señaló casos preocupantes, como los de 11 suboficiales que hace seis años esperan un juicio y dos cabos que “fallecieron en prisión mientras la Justicia trataba de dilucidar a cuál de los dos le decían Pajarito”, precisó Saint Jean, defensor de varios militares investigados por delitos de lesa humanidad. A diferencia de otros casos penales, los militares detenidos en dichos procesos -aunque no tengan condena- no acceden a beneficios procesales, como salidas transitorias y libertad condicional, y tampoco se les permite trabajar en la cárcel.

“A los pocos que acceden a la detención domiciliaria se les abren procesos por nuevos casos y nunca terminan de acceder al beneficio”[4], ejemplificó Saint Jean, al diferenciar los casos de los militares de otros procesados, como el sindicalista Omar “Caballo” Suárez, quien había sido enviado a la casa de su hija, y el propio Timerman.

El 2x1

Respecto del fallo de la Corte Suprema que otorgó el cómputo del 2x1 al represor Luis Muiña, en mayo de 2017, Saint Jean estimó que la Cámara Federal y los jueces lo desconocen. “Aplican a rajatabla la jurisprudencia de la Corte en otros temas, como la eliminación de la prescripción y la amnistía en los delitos de lesa humanidad, pero ese fallo del 2x1 no lo consideran”, precisó.

A partir del caso Muiña hubo 118 planteos para lograr la aplicación del 2x1, a través del reclamo de la excarcelación o de un nuevo cómputo de la pena.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que existen 593 causas en trámites. De ellas, 278 están en etapa de instrucción, 200 obtuvieron ya sentencias, 17 se encuentran en juicio y 98 con elevación a juicio. De las 200 sentencias, unas 135 están en instancia de revisión.

De los imputados por delitos de lesa humanidad hay 856 condenados, 701 procesados, 524 imputados, 26 indagados y 37 prófugos. Además hubo 499[5] fallecidos, 62 sobreseídos, 110 absueltos y 164 con falta de mérito.

Presos por delitos de lesa humanidad

168

Unos 168 militares, policías y civiles mayores de 70 años están detenidos en unidades penales y no acceden a la detención domiciliaria

1038

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad contabilizó a fines de diciembre 1038 detenidos y 1305 imputados en libertad

Plazos

El mismo organismo fiscal estimó que el promedio de tiempo en la tramitación de causas de lesa humanidad es de 5,5 años para las que tienen sentencia firme y de 4,4 años para las causas en trámite, a partir del requerimiento de elevación a juicio. No se computan las que están en etapa de instrucción y las archivadas.


NOTA: Las referencias no corresponden a la nota original.





[1] Según datos proporcionados por la Unión de Promociones, al día de la fecha los fallecidos en prisión son 430.
[2] Según datos proporcionados por la Unión de Promociones, al día de la fecha el dato correcto es de 90 fallecidos desde que Mauricio Macri asumió como Presidente de la Nación.

[3] El 3/2/2015 la CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE LA HAYA: Determinó que ni los serbios ni los croatas tuvieron intención de destruir al grupo contrario en el conflicto que mantuvieron entre 1991 y 1995. Fue un conflicto interno, NO FUE GENOCIDIO.
[4] Un claro ejemplo de esa injusticia es la causa del Dr. Jaime Smart (83 años de edad) a quién la Sala I de la Cámara de Casación ya le otorgó en 3 oportunidades o más el beneficio de la prisión domiciliaria y sistemáticamente el ex juez Ernesto Rozanski y el juez Ernesto Kreplak se la niegan –incumpliendo la orden de su Tribunal Superior– y le inventaron el armado de nuevas causas que lo mantienen en prisión.
[5] Esta cifra ya fue aclarada precedentemente.