domingo, 4 de febrero de 2018

LESA HUMANIDAD: LLEGA EL ARRESTO DOMICILIARIO PARA LOS DETENIDOS

por Informador Público • 02/11/2017


El gobierno estudia una medida general que beneficiaría a todos los condenados, con o sin sentencia firme, mayores de 70 años. Posteriormente se revisarían las causas.

Elisa Carrió dio el primer aviso: “hay condenados por delitos de lesa humanidad que lo fueron sin pruebas” dijo la diputada nacional, acostumbrada como está a patear hormigueros.

¿Lo hizo por las suyas?, ¿sabía Macri que su aliada iba a lanzar semejante bombazo? Esto se preguntaban por estas horas no solamente muchos hombres del gobierno sino las organizaciones defensoras de los derechos humanos que atisban en el horizonte un escenario no deseado por ellas.

Muchas veces Carrió habla sin consultar y en esas ocasiones suele despertar la furia del presidente, aunque siempre logra que éste ponga en la balanza el precio de una ruptura y opte por “tragarse el sapo”. Pero no es este el caso…

Macri tiene en su escritorio un proyecto trabajado por su Ministro de Justicia y que ya pasó por las manos del titular de la Corte Ricardo Lorenzetti. En él se dispone otorgar por razones humanitarias el arresto domiciliario a todos los procesados y condenados en causas de lesa humanidad, aunque en el Palacio de Justicia se afirma que este será solo un primer paso para la revisión de todas las condenas.

Macri prefirió que fuese Carrió quien hiciese en este caso de “punta de lanza” ya que la pésima relación de la diputada con Lorenzetti lo convencieron de pagar el costo de que el proyecto saliese del Ejecutivo -bien pudo ser por una interpretación jurisprudencial del alto tribunal- y que no se corriese el riesgo de un debate público entre los viejos enemigos.

¿Cómo sería entonces el camino elegido? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitaría a la Corte un dictamen del nuevo Procurador General de la Nación (quien suplante a la renunciada Gils Carbó) acerca de la aplicación del derecho a prisión domiciliaria de los mayores de 70 años.

Lo que se ha acordado es que ese dictamen sea favorable al otorgamiento del beneficio y que el máximo órgano de justicia en la república aconseje a todos los jueces su aplicación, inclusive en los casos de delitos de lesa humanidad.

La idea es que no más allá de febrero de 2018 todos los detenidos vuelvan a sus casas y que a partir de mayo, con otro dictamen del nuevo Procurador, se comience la revisión de cada causa para anular aquellas en las que las pruebas presentadas eran insuficientes pero que en definitiva, y por cuestiones que se presumen de presión política de la anterior administración, terminaron en condena.

Parece que, fiel a su costumbre, Argentina se dispone a escribir una vez más su propia historia.



NOTA: Los destacados no corresponden a la nota original.