El rincón de los
sensatos. Si hay algo que la historia
demostró con creces es que el Estado de derecho puede regir para todos menos
para los militares en nuestro país.
Agustín De Beitia
@agustindebeitia
31/05/2018
No deja de ser una
ironía que quiera convocarse al Ejército a brindar apoyo a las fuerzas de
seguridad para cuidar a los argentinos, mientras se mantiene vigente el
vaciamiento de sus recursos humanos y materiales y la persecución judicial de
sus integrantes. Un contrasentido que podría mover a risa si no fuera porque
encierra un peligro.
El presidente
Mauricio Macri, en el acto por el 208º aniversario de la creación del Ejército
argentino, sólo habló de que la fuerza brindara "apoyo logístico", sin aportar más detalles. El resto
entra en el terreno de la especulación o el trascendido.
Hay quienes
denuncian, con los organismos de derechos humanos a la cabeza, que se trata de
un primer paso para involucrar a las Fuerzas Armadas. Otros en cambio aseguran
que el propio gobierno no lo tiene aún claro y que las características de ese
respaldo se están discutiendo sobre la marcha.
Si este último fuera
el caso, se plantea la pregunta de qué fue lo que llevó al presidente a aceptar
voluntariamente el costo político de ese anuncio sin saber todavía para qué
convoca a los hombres de armas.
El interrogante abre,
a su vez, dos posibilidades: o es simple torpeza, que deja al equipo de
gobierno como un hatajo de improvisados que no hace más que inyectar vida a una
oposición inánime, como sucedió con el FMI; o actúa bajo presiones externas, en
cuyo supuesto el anuncio del lunes se podría interpretar como una respuesta de
compromiso, un equilibrio entre no hacer nada y hacer todo.
A abonar esta última
teoría vienen los ejemplos de Brasil, México y Colombia, que ya apelaron al
Ejército para esa tarea, y que esgrimió como antecedente el ministro Aguad. Las
decisiones simultáneas en varios países no suelen responder a las casualidades.
Pero si, en cambio, nada
de esto es lo que ocurre, si es válida la primera hipótesis, la que abonan los
organismos de derechos humanos (esto es, que se trata de una estrategia del
propio gobierno que se irá desvelando de a poco), entonces se demostrará que,
incluso cuando todo cambia -desde limitar la intervención militar (Kirchner)
hasta reclamarla (Macri)-, puede que en realidad nada cambie.
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| El ministro de Defensa, Oscar Aguad, puso en posesión de su cargo al nuevo jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Claudio Ernesto Pasqualini |
Sospechoso por donde
se lo mire, lo cierto es que las palabras de Macri solo prometen dos
perdedores: el propio gobierno y, mucho
más, el Ejército.
Para el primero, el
costo es bajo. Para el segundo,
dependiendo del grado de intervención que tengan, puede ser otra trampa para
perpetuar su agonía.
Ya se vio en Brasil
que, ni bien los uniformados pusieron un pie en las favelas y empezaron a
censar a los vecinos, los organismos de derechos humanos les abrieron una
denuncia por inteligencia interna. Y si bien es cierto que Brasil tiene
antecedentes de mayor respeto por su marco regulatorio, lo que reduce el
espacio para que esas denuncias prosperen, la Argentina es fluctuante y se deja
llevar por cualquier viento político.
Aquí ningún marco
regulatorio podrá nunca ser suficiente. Siempre
existirá la posibilidad de que otro gobierno altere las normas en forma
retroactiva y procese a quienes se expusieron y participaron.
Un memorioso
recordaba en las últimas horas que el general Ricardo Brinzoni, comandante en
jefe del Ejército en el 2001, al ser convocado por el entonces presidente
Fernando De la Rúa para intervenir ante el caos social, exigió un documento
firmado por todos los partidos políticos para dar cobertura a la actuación del
Ejército.
Una exigencia que
habría puesto, a sabiendas de que no prosperaría, para preservar a su fuerza.
Pero no hay que dejarse engañar: ni siquiera esa proeza política sería garantía
de nada. Basta pensar en el respaldo
cívico y político que tuvo el golpe del 76.
Si hay algo que la
historia demostró con creces es que el Estado de derecho puede regir para todos
menos para los militares en nuestro país. De eso trata, precisamente, el
documental Será venganza
que produjo el Centro de Estudios Salta
y que tanto atrae la atención en las redes sociales por estas horas. La
evidencia está demasiado fresca. Nadie en su sano juicio aceptaría correr ese
riesgo.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
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