lunes, 30 de julio de 2018

MODIFICACIONES EN EL ÁREA DE DEFENSA



En  días recientes el Señor Presidente (quien es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas)  y su Ministro de Defensa, han enunciado diversas medidas que apuntan  a modificar tanto las tareas como la estructura de las Fuerzas Armadas argentinas.

En lo que hace a las tareas, el Presidente anunció la intención de asignar militares para dar apoyo logístico a las tareas de control del narcotráfico en la frontera norte y para custodiar objetivos estratégicos. Para ello emitió un Decreto que modifica otro del anterior gobierno que limitaba en forma taxativa la participación de las FFAA a actuar ante ataques de ejércitos extranjeros.

En lo que respecta al Ministro de Defensa ha expresado en forma pública que la intención es conformar un ejército “liviano” sin tanques  ni cañones ya que esos elementos responden a la estructura de conflictos del pasado. Esto significa también reducir el tamaño de la fuerza  y agrupar y cerrar cuarteles.

Comenzando por el primer punto, o sea las tareas, la Ley de Seguridad Interior prevé en su Título V  Artículo 27 el empleo de servicios de la Fuerzas Armadas  en apoyo de las Fuerzas de Seguridad a requerimiento del Comité de Crisis, proveyendo Transporte, Comunicaciones, Construcciones  y otros elementos logísticos. Esta disposición torna lícito el empeñamiento en dichas tareas de las fuerzas militares, dados los supuestos establecidos en la ley y el pedido del mencionado Comité de Crisis. Sin embargo, en la ejecución de esas tareas, particularmente las de transporte, no es descartable que los efectivos militares se vean envueltos en situaciones que requieran el empleo de sus armas en forma defensiva. Debido a ello deberán tener reglas de empeñamiento que especifiquen en forma clara y precisa en qué casos y con qué intensidad pueden usar su armamento y ello debe ser refrendado por la autoridad política responsable.

La cuestión de la custodia de objetivos estratégicos plantea una situación diferente ya que la Ley de Defensa 23554 en su artículo 31 la asigna a las Fuerzas de seguridad y el reciente Decreto 683/2018 la extiende a las Fuerzas Armadas.  Esta tarea requiere de acciones efectivas en caso de que un grupo de cualquier naturaleza pretendiera infiltrarse, ocupar o destruir un objetivo considerado estratégico como puede ser, por ejemplo, una central nuclear o una represa, cuya afectación podría acarrear consecuencias catastróficas.

La Fuerzas militares en custodia de tales objetivos deberán usar el armamento reglamentario del que están provistas, que es de naturaleza letal, siendo susceptibles de sufrir e infligir bajas a quien pretendiere actuar contra el objetivo custodiado.

Una vez más, los responsables políticos del empleo de fuerzas militares en tales menesteres deberán establecer y firmar reglas de empeñamiento muy claras para evitar consecuencias jurídicas al personal abocado a dichas tareas de custodia.

Deberán contemplarse también alternativas para el supuesto de intentos de tomas pacíficas por parte, por ejemplo,  de militantes ecológicos o grupos en protesta gremial, ya que las FFAA no cuentan reglamentariamente con elementos disuasivos y represivos como balas de goma, cañones hidrantes o similares.

Más serias y preocupantes resultan las afirmaciones ministeriales respecto  a la naturaleza del conflicto en la actualidad y a la intención de basarse en dichas presunciones para diseñar un ejército “liviano”.

El señor Ministro, quien es uno de los funcionarios que debería tener más conocimientos acerca de la Defensa, no puede ignorar que desde hace décadas el concepto de amenaza lo aplican los Estados a actores externos o internos que tienen capacidad de hacer daño e intención hostil. Sin embargo, dado que las capacidades tardan años en obtenerse o recuperarse, y que la intención puede cambiar en semanas, días o aun horas  a partir de un incidente, un cambio de gobierno o un golpe de Estado, ningún gobierno sensato elimina unilateralmente sus capacidades ante el riesgo de crear peligrosos desbalances regionales.  De hecho, el señor Ministro puede comprobar que nuestros vecinos como Chile y Brasil, a pesar de nuestras buenas intenciones, mantienen sus ejércitos “pesados” y actualizan e incrementan sus capacidades en términos de fuerzas motorizadas y poder de fuego.

Tampoco se puede ignorar en materia de hipótesis de conflicto que una potencia extranjera -Gran Bretaña- mantiene ocupados territorios insulares nacionales cuya recuperación constituye un objetivo “permanente e irrenunciable” según la cláusula Transitoria Primera de nuestra Constitución. Esa potencia explota al presente recursos renovables y no renovables, tales como la pesca y los hidrocarburos, y los protege por la fuerza mediante el despliegue de tropas, buques de guerra, aviones de combate, misiles defensivos y milicias, además de ejercer un control efectivo por mar y aire de nuestra Zona Económica Exclusiva alrededor de las islas ocupadas. Ignorar este conflicto y proponer una disminución aun mayor de nuestra ya menguada capacidad de defensa y disuasión, es una actitud de mirada corta y que entraña graves riesgos e ignora un conflicto real.

Dadas estas cuestiones planteadas, que los expertos de Defensa que asesoran al gobierno no pueden ignorar, nos queda como conclusión que el achicamiento de nuestro poder militar realizado de hecho durante el anterior gobierno por estrangulación presupuestaria, ahora se propone hacer de derecho, a partir de supuestos teóricos carentes de solidez argumental y fáctica.

El objetivo final de la disminución de recursos humanos, el cierre de unidades y la venta de terrenos y campos de adiestramiento no parece ser otro que concretar un ajuste presupuestario disimulado, resaltando la importancia de la ejecución de tareas subsidiarias y formulando teorías aventuradas sin poder negar el debilitamiento de la capacidad de defensa de la nación que tal ajuste genera.

La síntesis de nuestra opinión es que las tareas subsidiarias propuestas pueden ejecutarse con una firme y cuidadosa asunción de responsabilidades por parte del poder político y que las modificaciones en la estructura de las Fuerzas Armadas deben ser tendientes a aumentar antes que a disminuir sus menguadas capacidades y su magro e insuficiente presupuesto actual.    

Juan Carlos Neves
Primer Secretario General de Nueva Unión Ciudadana
Presidente de la Comisión de Defensa de ENCENDER (Encuentro de Centro Derecha)