lunes, 15 de octubre de 2018

CUANDO LA VERDAD ASOMA SU VERDADERO ROSTRO


La reunión de trabajo de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, de Puentes para la Legalidad, de representantes del Estado de la República Argentina con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), nos dejó un resultado realmente muy promisorio.

El encuentro tuvo lugar en el Wolf Law Building, de la facultad de Derecho de la Universidad de Colorado.

Rápidamente el estado argentino recibió la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocando al Estado argentino para que conozca y atienda en una misma mesa de trabajo las graves denuncias formuladas por dos organizaciones no gubernamentales que bregan por la vigencia de las garantías y el debido proceso en los juicios que se siguen a policías, militares y civiles por los hechos ocurridos en la década del 70 en nuestro país. Tal decisión constituye una saludable iniciativa y una muestra de ecuanimidad necesaria y provechosa en la imagen de un organismo fundado para la salvaguarda y vigencia de los derechos humanos en el continente. Hay que reconocer que existían dudas al respecto, el organismo interamericano había desestimado en más de una oportunidad denuncias sobre la falta de garantías de un juicio justo, medidas cautelares, enfermedades, prisiones preventivas excedidas, etc.


Es llamativa la cantidad de cartas de lectores que adhieren a las recomendaciones de la CIDH y le piden al gobierno una solución para cerrar la grieta más profunda, que divide a la sociedad argentina. A continuación les dejamos algunas de esas cartas y es muy seguro que los medios hayan recibido muchas más y por distintas razones no las publican.



SEÑAL AUSPICIOSA


Muy oportuno el editorial "Derechos Humanos: una auspiciosa señal", a raíz de la reciente audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tratamiento ilegítimo y discriminatorio por la Justicia Federal penal desde el advenimiento del gobierno kirchnerista, que recibieron quienes en la década del 70 combatieron el terrorismo subversivo, mientras dormían y prescribían miles de causas por narcotráfico o corrupción estatal, como ocurrió recientemente respecto del ex presidente Menem. El editorial se dedicó a las prisiones domiciliarias indebidamente negadas en muchísimos casos a ancianos procesados en estas causas de clara connotación política, pero no a otra cuestión tan grave como aquella: cientos de las prisiones preventivas dictadas superan largamente el plazo máximo de tres años que pueden durar sin sentencia firme, según nuestra ley dictada como consecuencia de un pacto internacional. Semejante exceso condujo al escarnio interno e internacional de tener, por ahora, más de 450 fallecidos encarcelados que murieron inocentes, porque sus procesos no habían finalizado pese a tantos años en trámite, exponiendo incluso a nuestro país a una condena si la Corte Internacional procediera con la firmeza y ecuanimidad necesarias. Tal grosero exceso tuvo causa eficiente en el fallo "Acosta" de la Corte Suprema de 2008, después de que Cristina Kirchner, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Hebe de Bonafini y el fallecido secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde amenazaran públicamente a los jueces que se atrevieron, como García y Yacobucci en la Cámara de Casación, a hacer cesar las prisiones preventivas que superaran los tres años, sin perjuicio de la continuidad de los procesos hasta su finalización.

Es hora de que las secuelas del fallo "Acosta" desaparezcan de nuestros tribunales.

Enrique Munilla
DNI 4.433.538



LOS MISMOS JUECES

Gustavo Hornos

El artículo del juez de Cámara Gustavo Hornos del 7/10/2918 sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por los Kirchner interpreta erróneamente el artículo 36 de la Constitución y vulnera el principio de legalidad del artículo 18. La norma aludida sanciona a los autores de actos de fuerza contra el orden constitucional y a los que usurparen funciones previstas para las autoridades, con las penas del art. 29 CN, esto es, "inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos y exclusión de los beneficios del indulto y la conmutación de penas". La conducta de la última parte del artículo 36 a la que se refiere el magistrado -"grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento"- es distinta y tiene sanción distinta: "Inhabilitación por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos". Conducta distinta con sanción distinta. Una vez más, los jueces le hacen decir a la ley lo que la ley no dice. Los actos delictivos de los Kirchner no autorizan a continuar destruyendo nuestras bases constitucionales que ellos iniciaron. Debemos exigir el cese de la manipulación de las leyes y de la negación de los derechos y garantías constitucionales, y reorientar la conducta de los jueces y exigirles la defensa irrestricta del Estado de Derecho. Esta mala costumbre iniciada por la Corte Suprema en 2003 al comando del montonero Lorenzetti, que exigió "lealtad" a los magistrados federales y los autorizó a "legislar" en juicios de "lesa humanidad" (verdaderos juicios de venganza a las FF.AA. y de seguridad por enfrentar al terrorismo en los 70) al convalidar sus arbitrarias sentencias condenatorias, debe cesar inmediatamente. Las falsedades y la cobardía demostrada por la CSJN -particularmente de la mayoría kirchnerista- es la que aniquiló la seguridad jurídica con el aplauso y la aprobación de los políticos, y que se reiteró recientemente cuando dictó una sentencia concediendo el beneficio del 2x1 y revocándola inmediatamente tras la protesta de las hordas socialistas y la cobardía del gobierno.


Quienes debieron criticar el abuso de los jueces, se plegaron por conveniencia a la corriente vengativa y condenatoria sin advertir el daño que ocasionaban a la Nación y a la paz social. Esos mismos jueces y fiscales federales que ayer dormían las causas son los que hoy se erigen en paladines de la lucha anticorrupción en nuestra sociedad receptora de estos mensajes esquizofrénicos. Son los mismos jueces que por orden de Néstor Kirchner implementaron juicios ilegítimos contra las FF.AA. y de seguridad basados en falsas doctrinas, haciéndole decir a la ley lo que la ley no dice.


Hoy, tras la publicación que critico, veo que continúan esa mala costumbre declarando la imprescriptibilidad de delitos prescriptibles (legislando) con argumentos populacheros que afectan la seguridad jurídica, que debería mantenerse a rajatabla respetando las leyes sin mentir ni inventar dogmas falsos.

La inseguridad jurídica siempre afecta a toda la sociedad e impide que se nos respete como país creíble y predecible.

José M. Soaje Pinto
Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica


SIN RESPUESTAS


El reciente editorial de LA NACION del 9 del actual resultó un bálsamo para los ex soldados sobrevivientes y los familiares de los caídos en la defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29 (RI Mte.29) de Formosa, cuando este fue atacado por el Ejército Montonero, el 5 de octubre de 1975, en plena democracia.


Entre los que entregaron sus vidas combatiendo por la Argentina estaba Hermindo Luna, mi hermano. El secretario de DD.HH. de la Nación, Claudio Avruj, asistió, junto al Jefe del Ejército, general Claudio Pasqualini, al acto recordatorio, lo que es alentador. Es la primera vez, desde el regreso a la democracia, que un funcionario de rango nacional rinde homenaje a víctimas del terrorismo de los años 70.

Se deposito una ofrenda floral, de homenaje y reconocimiento a los caídos, en el cementerio municipal de Formosa

Analizar por qué se tardó tanto me lleva a preguntarme si nuestra clase dirigente conoce la historia de nuestro país y si está a la altura de quienes dieron su vida por la Argentina. En un encuentro posterior al homenaje con ex soldados sobrevivientes y familiares de los caídos, Avruj les dijo: "Los soldados que defendieron el cuartel merecen el reconocimiento desde todo punto de vista. Merecen un reconocimiento del Estado".

Avruj evocó junto al Ejército el ataque a un regimiento militar en Formosa

Resulta por eso contradictorio que en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) de la Secretaría de DD.HH., encabezado con la leyenda: "Listado de víctimas del accionar represivo ilegal del Estado", figuren los once terroristas atacantes abatidos en aquel combate como "asesinados en ejecución de prisioneros en eventual defensa, por represión a intento de toma del RI Mte 29". Por estar incluidos en ese listado oficial, el Estado argentino pagó indemnizaciones por un total actualizado de casi 50 millones de pesos a los familiares de los terroristas que atacaron al cuartel. Conservo en mi poder el último recibo cobrado por mi madre antes de fallecer, en febrero de 2006, en concepto de pensión mensual por la muerte de Hermindo, por 286,31 pesos. Resulta también inexplicable que el gobierno de la CABA, en el Parque de la Memoria, recuerde y homenajeé a los terroristas montoneros atacantes abatidos el 5/10/75, en Formosa.

Nora Hochbaum

Hace unos días mantuve una decepcionante reunión con la directora de dicho monumento público, licenciada Nora Hochbaum, quien se negó a contestarme el escrito que le presenté, en el que sencillamente le preguntaba: ¿por qué se homenajea en el Parque de la Memoria a los asesinos de soldados argentinos, en plena democracia? Por sugerencia de Hochbaum, mediante otra nota, le trasladé la pregunta al jefe de gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, y esta vez espero recibir una respuesta a la altura de los héroes de la defensa del regimiento de Formosa.

Jovina Elena Luna
DNI 17.092.569


LIBERTAD INMEDIATA


Acerca de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que afecta a los presos militares, de las fuerzas de seguridad y civiles, en el editorial del 11 del actual se da cuenta de que en las cárceles y en domicilios particulares de nuestro país hay presos militares de edad avanzada por haber luchado contra la guerrilla comunista, sin condena firme. Esto ocurre después que todos los gobiernos de la democracia recibieron denuncias al respecto de particulares y de la Comisión de Justicia y Concordia, también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Estado Vaticano, las Naciones Unidas y gobiernos de países amigos. LA NACIÓN recibió numerosas cartas de lectores de particulares sobre el gravísimo problema. Por eso, la noticia no hace más que exponer una hipocresía nunca vista. Mientras los miembros de la guerrilla comunista que cometió numerosos excesos en esta guerra fueron premiados con cuantiosas fortunas, quienes salvaron al país del trapo rojo sufrieron la muerte de 431 personas[1]. Ahora la ciudadanía le exige a este gobierno temeroso la libertad inmediata de todos los presos, estén en cárceles o en sus domicilios. Este acto de valor y de justicia contribuirá a cerrar la famosa "grieta" que divide al pueblo argentino. Si no lo hiciere, merecerá ser llamado infame traidor a la patria y ser susceptible de las correspondientes acciones judiciales.


Carlos Llambías


NOTA: Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a las cartas de lectores originales.


[1] Al día de la fecha 459 personas han fallecido en cautiveiro.

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