martes, 9 de octubre de 2018

TERRORISMO E INDEMNIZACIONES


El país mantiene una vieja deuda con quienes 43 años atrás defendieron el Regimiento de Monte 29 y con otras víctimas de la acción terrorista


En ocasión de cumplirse un nuevo aniversario del ataque terrorista al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, en octubre de 1975, no podemos dejar de traer a la memoria a aquellos diez[1] valientes soldados que, con no más de 20 años, defendieron con su vida el cuartel en tiempos de democracia, ante un feroz ataque de Montoneros.


Sus familiares cobran hoy una exigua pensión mensual de 4800 pesos, ejemplo de un sistema perverso que relega a las víctimas y ensalza a los victimarios, como si la condición de víctima admitiera escalafones o valoraciones morales diferentes.

El traidor Luis Roberto Mayol

Partiendo de la base de que hubo excesos y crímenes condenables en ambos bandos, los tratamientos de unos y otros siguen siendo muy diferentes. Un ejemplo lo constituye el soldado entregador y militante del ejército montonero Luis Roberto Mayol, quien traicionó a sus compañeros y habilitó con su acción el copamiento del regimiento y el asesinato de 12 soldados, y que hoy es recordado con una placa en la Universidad de Santa Fe como víctima del terrorismo de Estado. No es el caso de Hermindo Luna, valiente defensor de la bandera argentina, que entregó su vida sin dudarlo. No hubo para él ningún reconocimiento póstumo.


Distintas leyes habilitaron además a los integrantes de las fuerzas terroristas que actuaron durante la década del 70 a cobrar del Estado nacional indemnizaciones pecuniarias compensatorias. Según cálculos extraoficiales, ya se habrían pagado indemnizaciones por unos 75.000 millones de pesos a moneda de septiembre de 2018, esto es, el equivalente a unos 1700 millones de dólares. “Mentirás tus muertos” es el título del documentado libro de José D'Angelo que trae luz sobre las listas falsamente armadas que pretenden justificar estas asignaciones. Ante más de 13.000 reclamos, la industria de las indemnizaciones favoreció a 7800, además de a inescrupulosos abogados y funcionarios.


Sin un mínimo de transparencia pública, la ciudadanía no conoce los criterios utilizados para abonar aquellas indemnizaciones ni los nombres de sus beneficiarios. Dado lo abultado de la cifra, sí puede inferirse que los controles no fueron los adecuados y que las normas que rigieron y aún rigen al respecto deberían revisarse. En tiempos de restricción de gastos, enoja saber que las flacas arcas del Estado destinan mes tras mes fondos a estos fines alejados de toda razón de justicia, retaceándolos de otros destinos mucho más necesarios y justificados.

Hablamos de información que, por su significación, debería ser pública ya que refiere a un capítulo de nuestra historia particularmente duro y ciertamente muy penoso, caracterizado por conductas aberrantes que tendrían que conocerse plenamente en todas sus aristas y consecuencias, para evitar su repetición.


Los 1355 muertos y los 2735 heridos que han sido víctimas de aquella violenta acción terrorista que atentaba contra las instituciones de la república siguen al día de hoy totalmente ignorados. Lejos de los cargos, de los jugosos subsidios e indemnizaciones, apartadas de la historia por un relato tan parcial como falaz que prefirió ensalzar el "joven idealismo" que cercenó miles de vidas, esas víctimas y sus familias transitan la ignominia y el abandono. Como si no hubiera auténticos responsables de todas esas dolorosas tragedias.


La presencia del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj , en Formosa el pasado viernes, durante la conmemoración del ataque al Regimiento 29, merece celebrarse y no nos sorprende, aunque cabe lamentar que sean algunas organizaciones de derechos humanos las primeras en repudiar esas tan sanas como postergadas manifestaciones.

Afortunadamente, desde espacios como el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv)[2] se trabaja para revertir este estado de cosas.


Pero no alcanza con voces que parecen alzarse solas en el desierto; como sociedad debemos movilizarnos para corregir estos groseros errores y omisiones que continuamos arrastrando desde el pasado, pero que impactan en nuestro presente, en un clamor masivo que demande cambios, haciendo honor a la verdad, sin venganzas ni odio y solo con justicia.


NOTA: Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a la nota original.


[1] Durante este violento hecho murieron doce integrantes del Ejército –en su mayoría soldados que estaban realizando el servicio militar obligatorio–, doce integrantes de la organización terrorista montoneros y un policía de la provincia.

[2] Es justo reconocer también el trabajo incansable de Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFaViTa), ONG que hace muchos años trabaja por el reconocimiento de las víctimas ignoradas y mencionadas en este editorial.

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