sábado, 24 de febrero de 2018

LA PÍLDORA DEL "DÍA DESPUÉS"


"El mal no lo hacen todos, pero acusa a todos". Antonio Porchia


Tal como era previsible, aún en medio de su absoluta soledad gremial y política, la convocatoria de Hugo Moyano tuvo el miércoles éxito en materia de público; si bien es cierto que, como siempre, muchos de los concurrentes fueron arreados y transportados como ganado, también lo es que la disciplinada izquierda prestó asistencia perfecta y lo mismo hicieron La Cámpora y el trotskismo, así como gran parte de ambas CTA y los movimientos sociales, algunos con fuerte respaldo papal.


De cara a la sociedad en su conjunto, el Gobierno no pudo pedir nada más: ver, juntos y por televisión, a los personajes más repudiados de su historia, fue el premio final de un día agitado. Roberto Baradel, Máximo Kirchner, Anímal Fernández, Hebe de Bonafini, Raúl Zaffaroni, Pablo Moyano, Hugo Yatski y varios más fueron la frutilla de ese postre.

Me llamó la atención lo breve del acto y la rapidez de la desconcentración; atribuí ambos hechos al pánico a que los bárbaros de siempre se desmadraran, ya que hubiera sido el propio Moyano quien hubiera debido afrontar la factura, al menos la política. Agradezco, entonces, que haya sido así y que fueran los mismos camioneros quienes ejercieron un férreo control sobre los miles de personas que allí se encontraron.

Pero la alianza que se pretendió formar en la calle estaba sólo unida por el visceral rechazo a la gestión de Mauricio Macri y por el espanto que genera en el artífice de la marcha la alta probabilidad de terminar preso, conjuntamente con su actual mujer y los hijos que cada uno engendrara; tanto fue así, que Moyano llevó al escenario a su abogado defensor -el ex Juez Daniel LLermanos- y la arenga del camionero sólo se refirió a sus problemas judiciales y al blindaje que pretendía obtener ese día contra el avance de los jueces y de la AFIP.


Y, como no podía ser menos, ello condujo a un final anunciado: el mismo jueves, el día después de la embarazosa concepción, la izquierda tomó la píldora abortiva y el imaginado feto dejó de existir; rápidamente, salió a criticar la postura del jefe sindical y a desmarcarse del atribuido rol de barrera humana en defensa de un ladrón. El propio Moyano tiró la toalla y, con su elaborado estilo, pidió que el Presidente lo recibiera, pero la Casa Rosada rechazó cualquier tentativa al respecto.

Por su parte, contribuyó mucho a ahondar las diferencias entre los participantes de la marcha la contemporánea difusión de nuevos y más complicados audios de conversaciones de Cristina Elisabet Fernández con su ex Secretario General, Oscar Pelotudo Parrilli. A partir de ellas, resultará harto difícil, por no decir imposible,  construir la unidad con la que soñaban Víctor Santamaría, Alberto Fernández, Daniel Filmus, Agustín Rossi, Felipe Solá, Daniel Arroyo y Fernando Chino Navarro y algunos intendentes kirchneristas del Conurbano.
Es que, sin dejar dudas acerca de su pensamiento más profundo, la "noble viuda" -la piedra basal sobre la cual pretendían erigir esa nueva "iglesia" cívica, por ser la única capaz de reunir un caudal de votos significativo -en todo ese universo- expresó en ellos su más absoluto desprecio por el Justicialismo y todo lo que significa en el imaginario popular. ¿Qué dirán ahora aquéllos que, hace sólo veinte días, exhibían la absurda fotografía de tantos peronismos diferentes como un trofeo?

También es cierto que, a medida en que crezca la certeza de tener que transitar cuatro años más por el desierto, es decir, si Mauricio Macri fuera reelecto en 2019, el PJ seguramente intentará hacer de las suyas, como lo hizo en 1989 y en 2001, para no remontarme más atrás en el tiempo. Y en esas "suyas" el rol de Moyano volverá a ser protagónico (si no está tras las rejas para entonces), ya que con sus camiones puede complicar la vida a todos los ciudadanos y, por ende, al propio Gobierno.

Porque, recordemos, Cambiemos no tiene, ni tendrá hasta entonces, mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso y, aún así y en medio de la tempestad económica que le legó la criminal y corrupta gestión kirchnerista, contra todos los pronósticos conserva firmemente el timón en sus manos. Si el Presidente renovara su mandato, ese triunfo sería acompañado con una gran cantidad de nuevos legisladores propios, que facilitarán su gestión.

Si, para entonces, Macri hubiera conseguido encausar a la Justicia en una senda de seriedad, independencia y celeridad, los inversores propios y foráneos estarán más que dispuestos a traer sus capitales a la Argentina y, con ellos, el crecimiento se fortalecerá y la incidencia de la deuda externa, medida como porcentaje del PBI se reducirá en forma notable.


Como no podía ser menos, el título de esta nota también alude al revivido debate acerca de la legalización del aborto, que será reclamado por muchas energúmenas el 8 de marzo próximo; serán las mismas que atacan con pintadas y excrementos los templos católicos, incluyendo la Catedral de Buenos Aires, cada vez que se reúnen. Nicolás Márquez publicó en Infobae esta semana una medular nota, en la que destrozó literalmente las cifras de abortos ilegales y de muertes que se esgrimen para justificar el disparate.

Cambiemos ha dejado en manos de la conciencia de sus legisladores el voto de cada uno cuando el proyecto nuevamente -hoy supe que la primera vez fue en 1902- sea tratado en el Congreso. Será este año otro tema que ocupará muchísimas páginas en los medios de comunicación; por mi parte, adelanto que estoy en contra de su aprobación, porque se trataría, lisa y llanamente, de legalizar el asesinato.

Por último, me referiré a las enormes críticas que recibe la gestión económica del Gobierno desde su propio costado ideológico, es decir, fuego amigo. Ayer, mi querido José Luis Espert hizo, en una magnífica nota publicada en La Nación, una certera vivisección de la situación caótica en que se encuentran hoy todos los indicadores y enfatizó que el principal problema, del cual derivan casi todos los demás, es la enorme magnitud del gasto público y la creciente presión impositiva destinada a solventarlo parcialmente. Coincido, pero no encuentro en ninguno de los economistas que recomiendan posturas más rígidas y menos gradualistas una receta política y socialmente viable para acelerar el cronograma que proponen Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger.

Más del ochenta por ciento del gasto se va en salarios de la administración pública que, como todos sabemos, fue colonizada durante el kirchnerismo con un millón de nuevos empleados, amén de encarnar una burocracia innecesaria, ineficiente y, en muchos casos, corrupta. Pero, ¿cómo solucionarlo de un solo tajo?; ¿debemos mandar ya mismo a todos ellos a la calle, para engrosar la lista de los desocupados?; ¿quién podría conservar la gobernabilidad con una medida de ese tipo? Sobre todo, ¿estaría la sociedad que conformamos, siempre tan hipócrita y enferma de populismo, dispuesta a soportarla?

Bs.As., 24 Feb 18

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado


NOTA: Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a la nota original. 

viernes, 23 de febrero de 2018

LOS ORGANISMOS AMERICANOS DE DERECHOS HUMANOS


El escándalo producido por la actividad política interna de Raúl Zaffaroni siendo miembro de la CIDH, ha puesto sobre el tapete el papel que vienen jugando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una materia tan cara a la sensibilidad y el interés de los países miembros. Respecto de estas instituciones a las cuales tenemos sujeción por convenciones internacionales (en realidad menor a la que luego, en nuestro perjuicio como país, interpretaron nuestros propios poderes gubernamentales), parece que ya es hora de que se reconsidere la conveniencia de nuestra pertenencia a esos organismos[1].

Como consecuencia del Pacto de San José de Costa Rica que entró en vigencia el 18 de julio de 1978) y fue signado por la mayoría de los países de América entre ellos el nuestro, se crearon la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuya misión es “la promoción y protección” de la situación sobre los DDHH, en los Estados miembros, mediante monitoreos permanentes, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene función jurisdiccional sobre los mismos Estados según los arts. 61, 62 y 63 de la Convención.

Desde su origen estos organismos fueron cooptados por una camarilla ideologizada de la izquierda que se realimenta a sí misma, gracias a su predominio en la Asamblea de la OEA que es la que elige los miembros de aquéllas de un universo de personajes propuestos por los Estados miembros; resultando imposible determinar con certeza el criterio de selección y por los resultados a la vista, solo nos queda suponer razonablemente que pertenecen a la misma camarilla. De modo tal que, de hecho y de derecho, el ciudadano argentino queda sometido a los dictados de ambos organismos extraños al sistema argentino y evidentemente parciales en su desempeño; ello a la vista y complicidad de una profusa y lamentable jurisprudencia local encabezada -salvo honrosas disidencias- por la propia SCJ, resignando jurisdicción y de paso soberanía, que colocó los dictámenes y resoluciones de aquéllos por encima de la Constitución Nacional. Lo hizo so pretexto de estar incorporados a ésta cuando, según lo convenido en el Pacto firmado y ratificado por el Estado, si bien esos tratados tienen rango constitucional, debía quedar a salvo el sistema principista y garantizador de nuestra Constitución (los primeros 43 artículos de la CN) a los cuáles por ninguna causa debían contradecir[2].

Es proverbial la parcialidad con que se vienen conduciendo esos organismos del sistema interamericano según sea el asunto sometido a su consideración. Como muestras de lo dicho, relacionadas a nuestro país, se ponen en evidencia dos casos patentes: el tratamiento dado a las cientos de denuncias por violación de derechos humanos en los “juicios de lesa humanidad”[3], las cuáles sistemáticamente son desechadas o dilatadas in eternum por la exasperante largueza en su tratamiento. Por lo contrario, cuando se ocuparon de Milagro Sala y Santiago Maldonado, diligentemente, en horas, ya se encontraban planteando exigencias al gobierno argentino para el tratamiento del asunto, a lo que éste se sometió -también- diligentemente.

Por estos días, ha habido una profusión de opiniones con relación a las inapropiadas expresiones de Eugenio Zaffaroni. Al respecto, he leído sobre una solución que proponen algunas personas cual es gestionar su exclusión del tribunal internacional por considerarlo indigno de pertenecer a él. Creo que parten de una premisa equivocada: la bondad del organismo. El asunto es a la inversa, este personaje se asentó en la Corte Interamericana a los pocos meses de dejar su puesto en la Corte Suprema argentina, precisamente por sus condiciones personales que, dicho sea de paso, pareciera que los políticos y medios de comunicación argentinos recién están descubriendo.

A esta altura aparece conveniente -pruebas en mano, y por lo tanto sin temor a posibles represalias internacionales- en un gesto de recuperación de una soberanía alicaída, que el Estado considere seriamente denunciar esos tratados que nos ligan a esos organismos tan perjudiciales para el país.

Silvia E. Marcotullio
Río Cuarto, 20/2/2018.


[1] Conf. Guillermo Fanego en https:prisioneroenargentina.com (23/10/2017). También sugiero para la profundización del tema la lectura de las columnas publicadas recientemente por el prestigioso ensayista Sergio Tapia en el diario La Razón de Lima ( 5/1/2018, 9/2/2018 y 12/2/2018),accesibles en internet.
[2] Es de gran interés en este punto la lectura del profundo análisis que ha realizado el actual miembro de la CSJ Carlos F. Rosenkrantz, sobre la gravedad de la práctica judicial de “usar el derecho extranjero o decisiones judiciales extranjeras para sustentar o justificar las particulares conclusiones de sentencias locales”. Ver en “Advertencias a un internacionalista (o los problemas de Simón y Mazzeo)” publicado por la Universidad de Palermo.
La particular referencia crítica -ya desde el propio título de su trabajo- a los casos Simón y Mazzeo, son de gran importancia. Es que en esos juicios se sentó el fundamento de los procesos y condenas de los llamados los juicios “de lesa humanidad”, una de las actuales tragedias argentinas (las otras: la educativa, la pobreza del tercio de la población, el envilecimiento de una parte significativa de la judicatura y el estado de indefensión nacional). Demasiadas.
[3] Josefina Margaroli y Sergio L Maculan “De la discrecionalidad a la arbitrariedad….” www.uniondepromociones.info (27/1/17).

jueves, 22 de febrero de 2018

¡BALZA!... COSECHARÁS TU SIEMBRA

Buenos Aires, 22 de febrero  2018

Sr. Director:

Desde hace muchísimos años, en varias cartas de lectores y artículos he venido denunciando todas las canalladas, hipocresías, vilezas e indignidades del traidor Balza. En la mayoría de esos escritos siempre dejé claro como idea fuerza, el hecho de que algún día este vil militar iba a pagar todo el daño irreparable que causó en el Ejército Argentino y en el resto de las FF.AA. Y hoy nuevamente, el larguirucho general nos vuelve a convocar porque está cosechando toda la basura que sembró.

Ocurrió que en el día de ayer, 21 de febrero de 2018, el inimputable personaje se hizo presente en el Regimiento de Patricios para participar de la ceremonia de asunción del nuevo JEMGE, el general Claudio Pasqualini. Y de entrada nomás, esta actitud ya nos plantea algunos interrogantes: ¿Cómo siendo el militar más despreciado por sus pares de la historia militar, se atreve a presentarse en público?... ¿Cómo es posible que lo inviten sabiendo que es el más grande traidor de sus camaradas y destructor de las FF.AA. Sanmartinianas?.

Intentando encontrarle alguna explicación a semejante despropósito, digo que Balza es como Cristina Kirchner, ambos son enfermos y no tienen conciencia cabal del mal que han hecho, es más, ambos creen que son próceres a quienes los argentinos les debemos mucho. Tienen una enajenación total de la realidad que se ve alimentada por esos grupos de obsecuentes que nunca faltan y que siempre quieren quedar bien con los que están cerca del poder. Sin haberlo visto porque no estuve presente, no tengo dudas que de esta clase de gente, ayer hubo varios que se acercaron a saludarlo ¿cómo está mi general? ¿qué dice mi general? ¿tanto tiempo mi general?... pusilánimes, cobardes y obsecuentes…

Y si este tipo destruyó al Ejército y la mayoría de sus cuadros lo desprecia, ¿quién lo invita? ¿y para qué lo invitan?. Sinceramente no encuentro respuesta coherente a semejante desacierto. Solamente se me ocurre que todo se debe a esa deformación militar que hace que si el ceremonial militar dice que hay que invitar a los que fueron jefes del Ejército, se lo invita sin importar que este sinvergüenza destruyó a la institución.

Pero la cosecha en algún momento llega… Y un grupo de valientes mujeres se le plantó delante y lo increpó diciéndole lo que muchos militares deberían haber hecho y no hicieron. Bravo por esas valientes esposas de oficiales que lo trataron de canalla, traidor, hipócrita y otros epítetos por los cuales el sinvergüenza debió retirarse del histórico Regimiento.

Y llama la atención cómo siendo ésta una extraordinaria noticia para cualquier periodista, la misma no haya sido levantada en los principales medios de comunicación.
¿Acaso complicidad?... qué duda cabe.

¡Por Dios y por la Patria!

Hugo Reinaldo Abete
Ex Mayor E.A.




NOTA: Las imágenes y audio no corresponden a la nota original.

ENTREVISTA AL CORONEL ALFONSO PLAZAS VEGA


"Tras pasar años detenidos, ahora la gente me reivindica y reconoce la injusticia con que fui tratado por hechos que no cometí"

"¿Qué puede esperar un colombiano de sus jueces cuando los más altos dirigentes de las altas instancias judiciales están bajo sospecha? ¿Qué pueden esperar los colombianos de su justicia cuando el Fiscal Anticorrupción de Colombia va a ser extraditado a los Estados Unidos por un delito de  corrupción?"

"El gobierno colombiano no tiene una política oficial ante el movimiento espontáneo de miles de venezolanos que huyen del terror del régimen instalado en Caracas y que se vienen hacia Colombia, en busca de mejores expectativas de vida"

"Maduro es un terrorista de Estado que masacra a su propio pueblo y eso ha provocado un éxodo masivo. En Venezuela no se puede vivir, no hay nada: ni trabajo, ni comida, ni seguridad, ni salud...Es un desastre"


El Coronel Plazas[1] no necesita presentación en Colombia. Tras haber servido en la milicia durante varios lustros y haber dirigido el operativo para la liberación del Palacio de Justicia, en 1985, ahora vuelve a la vida pública para intentar ser elegido Senador de la República de Colombia por el Centro Democrático. Antes había sido Director Nacional de Estupefacientes, bajo el gobierno de Alvaro Uribe, y después pagó cárcel injustamente, tal como reza una sentencia absolutoria a su favor emitida tras pasar ocho años entre rejas.

Ricardo Angoso[2]: ¿Cómo le está recibiendo la gente, qué impresión tiene acerca de la campaña?

Alfonso Plazas: No se imagina el recibimiento, es increíble, estoy muy satisfecho.  La campaña electoral se está realizando de una forma muy  positiva, el ambiente es óptimo, creo que la gente nos recibe muy bien. Siento que en esta campaña los ciudadanos me reciben con los brazos abiertos y reivindicando mi figura, que durante tantos años fue ultrajada e injustamente perseguida. Creo que es una campaña en la que estamos reivindicando la figura del expresidente Alvaro Uribe Vélez y sus ideas, en el sentido de volver a recuperar la seguridad democrática y la calle para todos. Nuestras ideas son bien acogidas por todos y, en general, nos reciben en casi todos los lugares con una buena receptividad. Queremos darle al país la posibilidad de vivir y, sobre todo, devolverle tranquilidad necesaria, porque a merced de los acuerdos de paz con las FARC, el futuro de Colombia está negro. Luego la gente está aterrada ante la perspectiva de que personajes como Gustavo Petro, un antiguo terrorista, lleguen al poder e incluso tenemos también al líder de las FARC como candidato a la presidencia de la República. No me parece normal que antiguos delincuentes y terroristas estén hoy en las listas de varios partidos como candidatos. El presidente Santos ha dicho que se firmaron unos acuerdos de paz, engañando a la comunidad internacional, pero la realidad es que se entregó la legitimidad democrática y constitucional del país a cambio de nada a unos terroristas.

R.A.: Además, parece que la campaña electoral opacó uno de los verdaderos problemas de Colombia en estos momentos, la crisis en la frontera con Venezuela, ¿no cree?

A.P.: La verdad es que estamos viviendo una auténtica tragedia venezolana que este gobierno irresponsable no ha sabido manejar. Debería haber habido unos lugares de concentración para los miles de venezolanos que están llegando a nuestras fronteras. Y la avalancha humana va a continuar.

R.A.: Y el gobierno colombiano, ante la avalancha de venezolanos de la que hablas, no hizo nada...

A.P.: Es que no hay gobierno, ese es el problema. El gobierno colombiano no tiene una política oficial ante el movimiento espontáneo de miles de venezolanos que huyen del terror del régimen instalado en Caracas y que se vienen hacia Colombia, en busca de mejores expectativas de vida. Pero quizá, ante nuestra propia situación y ante las expectativas que tenemos, nuestro país es tan sólo un área de paso para estas miles de personas que huyen de Venezuela. Maduro es un terrorista de Estado que masacra a su propio pueblo y eso ha provocado un éxodo masivo. En Venezuela no se puede vivir, no hay nada: ni trabajo, ni comida, ni seguridad, ni salud... Es un desastre.

INSEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO


R.A.: Pese a los acuerdos de paz, el año pasado hubo 13.000 homicidios y 7.000 desaparecidos, datos increíbles, ¿no cree?

A.P.: En Colombia no ha habido acuerdos de paz, sino unos pactos entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Ha sido un pacto entre amigos para implantar el sistema comunista en Colombia y acabar con el régimen democrático que durante tantos años acompañó a la vida política en Colombia. Se está engañando a la comunidad internacional acerca del verdadero alcance de los acuerdos de paz. Santos y las FARC llevan años mintiendo a la comunidad internacional y a los colombianos sobre el verdadero significado de estos acuerdos firmados.

R.A.: Luego está el aumento de las hectáreas de coca, de 40.000 hace ocho años a 200.000 en la actualidad, ¿qué piensa de este problema?

A.P.: Me precio de haber sido protagonista y testigo de la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de Alvaro Uribe, y conozco de primera mano el gran esfuerzo que se hizo en ese sentido. Y conseguimos, en un periodo de tiempo relativamente breve, pasar de 156.000 hectáreas a 40.000, tal como ha dicho antes. Cuando Santos llegó al gobierno, a mi entender en una decisión errónea, suspendió las fumigaciones por glifosato, y decidió cambiar unas políticas hasta antaño exitosas por el actual proceder, que por supuesto no ha dado ningún resultado. Se está intentando una erradicación manual que ya ha costado varias vidas porque cada vez que las fuerzas militares tratan de eliminar cultivos se enfrentan con campesinos hostiles que no quieren que les quiten su principal sustento. Este gobierno ha permitido que los cultivos ilícitos crezcan sin medida y nos enfrentemos a este problema que incluso puede crecer hasta las 250.000 hectáreas, de tal forma que el dinero invertido por los Estados Unidos en el Plan Colombia se haya perdido totalmente por la negligencia interesada de Santos y sus pactos con las FARC.  Más de 10.000 millones de dólares se han perdido para nada.

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN


R.A.: ¿Qué medidas tomaría frente a la corrupción?

A.P.: La corrupción comienza desde el nivel judicial. Es aterrador que tres magistrados de las altas cortes de justicia de Colombia están acusados por los Estados Unidos de corrupción e incluso uno de ellos está en la cárcel. Fueron presidentes de las más altas instancias judiciales del país. ¿Qué puede esperar un colombiano de sus jueces cuando los más altos dirigentes de las altas instancias judiciales están bajo sospecha? ¿Qué pueden esperar los colombianos de su justicia cuando el Fiscal Anticorrupción de Colombia va a ser extraditado a los Estados Unidos por un delito de  corrupción? Tenemos que hacer una reforma a fondo de la rama de la justicia que tiene que pasar por que las personas que se elijan para el desempeño de los cargos tengan una profunda trayectoria ética y moral sin mácula de duda. El sistema jurídico colombiano tiene que pasar un proceso de moralización y regeneración ética para que los que lleguen a las más altas instancias tengan un trayectoria íntegra y sin sombras.

R.A.: ¿Qué le diría a alguien que se va abstener en Colombia para que no se abstuviese y votase por el Centro Democrático?

A.P.: Le diría que en el momento en que se abstiene tiene una responsabilidad en que  el país pase a ser una nación como es Venezuela, todos tenemos que tener un cierto sentido del deber y participar del futuro de la nación. Esa persona que se abstiene puede ser responsable por omisión de que las FARC lleguen al poder y que la corrupción siga campando a sus anchas por el país. Y esos problemas que tenemos, que están ahí y nadie puede negarlos, son por culpa de los que venden el voto y los abstencionistas. El que vende un voto elige un corrupto.

R.A.: ¿Por qué se metió en política un hombre que venía de la milicia?

A.P.: Está establecido en mi propuesta legislativa. Yo después de dejar el uniforme seguí sirviendo a la patria y fui director de estupefacientes bajo el gobierno de Alvaro Uribe Vélez y tuve grandes resultados durante mi mandato. Envié extraditados a los Estados Unidos a más de 500 narcotraficantes. Toda mi lucha contra el narcotráfico hizo que ellos armaran, los narcotraficantes, toda un andamiaje jurídico para que me encarcelaran durante ocho años y medio, los cuales pagué sin merecerlos. Pero eso hizo mella en mi empeño en servir al país, en contribuir a que Colombia sea un país más grande y más próspero, donde merezca la pena vivir y que nuestros hijos estén orgullosos por haber nacido aquí. Sigo con mi tarea, al igual que en el ejército, de servir a la patria. Podemos hacer muchas cosas y avanzar juntos en este país. Mis cuatro principales tareas son: moralizar y reformar la rama judicial; el restablecimiento de la lucha contra el narcotráfico, que se deber retomar pues este gobierno abandonó este trabajo; la reforma de la Ley de la Defensa Nacional, que en mi opinión está absolutamente obsoleta, y, por último, volver al antiguo fuero militar para mis compañeros de armas. Mientras más de un millar y medio de militares están presos en condiciones muy duras, los narcotraficantes y terroristas están en la calle. Ha habido, incluso, campañas políticas de jueces amañados con testigos falsos contra militares y también contra altos cargos de la administración del presidente Uribe. No hay derecho, eso se tiene acabar.

LA HERENCIA DE SANTOS

Santos y Timochenko, tras firmar el primer acuerdo de paz en septiembre

R.A.: ¿No cree que la herencia que recibirá el próximo presidente está envenenada, que es un lastre para el futuro del país?

A.P.: Pienso lo mismo. Por eso también pienso que tenemos que tener un legislativo fuerte para hacer frente a los graves problemas que tiene el país. Tenemos que tener en las cámaras gente honorable, trabajadora y responsable que se ponga manos a la obra en la tarea de reconstruir la patria destruida. El Estado en que deja el país el peor presidente de la historia, Juan Manuel Santos, es deplorable, vergonzoso y preocupante. Tenemos que reconstruir a Colombia y tenemos que trabajar duro. Pero no sólo es problema material o económico, sino moral. Se han destruido todas las normas morales y principios éticos. Tenemos que ponernos manos a la obra. Luego está la economía, que tiene ante sí enormes retos y desafíos, y hace falta que quien enfrente los mismos sea un buen conocedor de los problemas que tiene el país.

Por Ricardo Angoso




[1] Luis Alfonso Plazas Vega (Sogamoso, 21 de junio de 1944) es un militar colombiano retirado que comandó la operación de recuperación del Palacio de Justicia durante la toma por parte de la guerrilla del Movimiento 19 de abril en 1985.​ Fue director de la Dirección Nacional de Estupefacientes en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.​ El 9 de junio de 2010 Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión por el delito de desaparición forzada en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. La Corte Suprema de Justicia lo absolvió el 16 de diciembre de 2015.​ Actualmente es candidato a senador, en las próximas elecciones de Colombia, representando al partido político que encabeza el ex presidente Álvaro Uribe.

[2] Ricardo Angoso (1966, Salamanca) es sociólogo, analista internacional y periodista. Ha escrito, trabajado y colaborado, en los últimos años, para El Independiente, Diario 16, El Mundo, Fax Press, Colpisa, La Aventura de la Historia, Safe Democracy, Infomedio, Historia 16, Radio Francia Internacional, Radio Exterior de España, Ideas y Debate, Raíces e Historia y Vida. Durante mucho tiempo ha residido en el extranjero, siendo un buen conocedor de los Balcanes y habiendo pasado largas temporadas en Albania, Bosnia y Herzegovina, Hungría, Rumania, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. Como observador electoral de la Organización para la Seguridad en Europa (OSCE) ha participado en numerosos procesos electorales en una decena de países. A su vez, ha sido profesor en la Universidad Nacional de Honduras y becario del Ministerio de Asuntos Exteriores español en Hungría, Rumania y Turquía. También ha ganado varios premios literarios, entre los que destacan el Joven y Brillante, el Ciudad de Periana y el Ateneo de Jaén. En la actualidad, colabora en varios medios de comunicación, es Coordinador General de Diálogo Europeo y dirige la revista Lecturas para el Debate. Libros publicados: Europa a Debate, Las próximas guerras europeas y Rapsodia húngara sobre fondo rojo.

ESCRACHARON AL EXJEFE DEL EJERCITO MARTÍN BALZA EN UN ACTO EN PALERMO

Fue en el acto de asunción del nuevo líder del Estado Mayor del Ejercito, Claudio Pasqualini.


El ex jefe del ejército durante la década menemista, Martín Balza, recibió un escrache por veteranos de la Guerra de Malvinas y familiares que asistieron al acto de asunción del nuevo mandamás del Estado Mayor del Ejército, Claudio Pasqualini en la sede del Regimiento de infantería 1 "Patricios", ubicada en el barrio de Palermo.

Previo al ágape por la celebración, quienes se cruzaron con el militar vinculado a la última dictadura militar confirmaron a Perfil que el militar recibió insultos como: "traidor", "basura", "porquería", entre otros. Además aseguraron que luego de los improperios recibidos no se lo volvió a ver en la reunión.

Balza egresó en 1955 con el grado de subteniente del arma de Artillería. Durante 1976 y 1977 realizó cursos en la Escuela Superior de Guerra de Perú, y en 1978 fue enviado a la Escuela de Artillería, en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires. En 1982 combatió en la Guerra de Malvinas, y desde 1991 hasta 1999 fue jefe del Ejército. En el 2003, la Justicia dictaminó que no había participado en la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.

Balza sospechosamente siempre alegó desconocer lo que sucedía bajo el último gobierno de facto: "las atrocidades de la dictadura no salían en los diarios. Se conocieron después, principalmente durante el Juicio a las Juntas", dijo el militar retirado en una entrevista a Animales Sueltos.

miércoles, 21 de febrero de 2018

ACERCA DE LA EDITORIAL DE LA NACIÓN DE HOY SOBRE LOS HOMICIDIOS QUE SUFREN LOS PROCESADOS POR LESA HUMANIDAD Y QUE COMETEN LOS JUECES

José Martín Mussere. Foto: Tapia / Diario UNO

LA PENA DE MUERTE DE COMISARIO MAYOR JOSÉ MARTIN MUSSERE

I.- José Martin Mussere, comisario mayor de la policía de Mendoza, fue imputado por delitos de lesa humanidad, sufriendo su muerte en el transcurso de proceso, que como se ha observado en todos los de igual naturaleza, se caracterizan por ser instrumentos de la venganza del poder político y de una justicia que acompasadamente en su mayoría, viola progresiva y obedientemente los derechos y garantías que declama sostener.

El citado policía era inocente, ya que nunca fue juzgado, aunque de llegar a sentencia hubiera sido condenado lo más posible o a prisión perpetua, que en estos juicios se reparte con suma facilidad y usando patrones de responsabilidad objetiva, es decir sin demostrar la culpabilidad de los condenados.

II.- Mussere falleció antes. El frío parte médico expresa que el día martes 03 de agosto de 2010 a las 19:30 hs. Dejo de existir como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio producto de una cardiopatía grave. Ello se produjo estando preso en una celda común en el pabellón 8 de la Cárcel de Encausados de San Rafael Mendoza

Sin embargo existen toda una serie de acontecimientos anteriores que justifican el título de esta nota y describe la actuación de alguna parte esencial de la justicia argentina.

Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

Durante la instrucción del proceso a que fue sometido la ex Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, con fecha 14 de marzo de 2007, en autos Nº 80199-M-4295, caratulados “Incidente de prisión domiciliaria a favor de J.M. Mussere (en autos Nº 13268)”, en excelente interpretación jurídica de los vocales Dres. Pereyra González, López Cuitiño y Petra Fernández, aún con la anterior redacción de la ley 24660, que era más estricta, había dispuesto la prisión domiciliaria del imputado. Para ello interpretó que “ . . . Si bien es cierto que el art. 33 de la ley 24660, limita a dos situaciones determinadas la posibilidad de aplicación del beneficio de arresto domiciliario -persona mayor de setenta años y enfermo grave en periodo terminal- la realidad nos demuestra que existen otras situaciones que deben ser contempladas para el otorgamiento del beneficio aludido -en caso como el de autos-, a favor del principio de inocencia y por resultar más favorable y útiles para el resguardo de su personalidad conforme lo marca la ley”... Ello continuaba el tribunal “se extrae de los principios de raigambre constitucional, y de los tratados internacionales que hoy forman parte de ella (arts. 16,18 y 75 inc. de la C.N.) y se engloban en el principio de humanidad de las penas y por lo que corresponde conceder el beneficio de detención domiciliaria al imputado José Martin Mussere”. Valoraba para ello que el nombrado padecía de una “coronopatía severa por oclusión de la arteria coronaria derecha y circunfleja en su segmento distal. Estenosis crítica de la obtusa marginal. Primer plano diagonal y segmento distal de la descendente anterior. Severo deterioro de la función ventricular izquierda” (ver estudio coronoriografía Nº 3550, acompañado en copia, cuyo original obra a fs. Sub. 76 de los autos 13268); razón por la cual y en atención a los informes del médico legista, Dr. Juan F. Luján Frigerio (acompañado en copia original a fs. Sub 79/80 de autos 13268) y de los Dres. Oscar Alfredo Roldán Quiroga y Víctor Hugo Maluenda Boldrini (se acompaña en copias originales a fs. Sub. 81 y vta. Y sub. 82 y vta. De autos mencionados) agregaba que tomo dicha decisión “... atento la grave condición que reviste Mussere... diagnosticando “pronóstico reservado debido al severo deterioro de la función sistólica del V.I. expresado por una fracción de eyección del 25%...” por lo que correspondía acceder al humano pedido.

Pero lo más concluyente –que destacaba- por su claridad, ya que está escrito para ser entendido por cualquier ciudadano, era el dictamen del Dr. Maluenda Boldrini que expresaba: “... si se deja al paciente en las condiciones actuales de detención debe considerarse al mismo un enfermos terminal” (ver fs. Sub. 19 in fine del expediente penal).

Con posterioridad a ellos, en fecha 18 de noviembre de 2008, en los autos 85660-I-1539, caratulados “ Incidente en excarcelación a favor de Mussere en autos 13268, la misma Excma. Cámara federal de Apelaciones de Mendoza concede su excarcelación basándose en la doctrina del Fallo Plenario de casación “Díaz Bessone” y jurisprudencia acorde a los principios de raigambre constitucional según el cual “ los procesados con prisión preventiva, incluso aquellos acusados por delitos graves, tienen derecho a gozar de libertad durante el proceso siempre que no entorpezcan la investigación o halla peligro de fuga”.

III.- José Martin Mussere, se mantuvo en libertad hasta la iniciación del juicio oral (1 de julio de 2010) allí donde empezaba el camino hacia su muerte.

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza Nº 2

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza Nº 2 integrado por los Dres. Héctor Fabián Cortes, Jorge Roberto Burad y Roberto Julio Naciff, a pedido del Fiscal General Dante Vega, quien concurría con el Fiscal Francisco José Maldonado y la asistencia de Fiscal General Omar Palermo, este último su superior por ser Fiscal Coordinador de la Oficina de Asistencia en causas de violaciones a los derechos humanos, revocó la excarcelación antes fundadamente concedida, ordenando su detención inmediata.

Fiscal General Dante Vega

No les importó a los integrantes del Ministerio Público ni a los Jueces el gravísimo estado de salud de Mussere y se lo remitió preso a una cárcel común, la que -por las observaciones médicas- determinaría su segura muerte.

La excarcelación, revocada el 06 de julio de 2010, se basó en el solo cambio de calificación e invocando el art. 333 ultima parte del C.P.P.N. al referir “... cuando nuevas circunstancias exijan su detención” lo que consideraban imperativo (ver acta de debate Nº 4 del 4 de julio de 2010), prescindiendo sin más de los fundamentos constitucionales que sustentaban el otorgamiento de la prisión domiciliaria primero y de la excarcelación después.

No existía tampoco peligro de fuga, no solo teniendo en cuenta su estado de salud, sino que este desde el principio se presentó a la justicia cada vez que fue citado, y que durante el periodo que gozó de la prisión domiciliaria la cumplió acabadamente sin realizar acto alguno que lleve al Tribunal a sospechar de su sustracción y/o entorpecimiento de la Justicia.

A renglón seguido se solicitó la prisión domiciliaria de Mussere por su defensa Oficial (06 de julio de 2010) y hasta el 03 de agosto siguiente en que fallece, no obstante la urgencia y la gravedad de la salud certificada por los médicos y la modificación más favorable al imputado que introdujo la ley 26472 a la 24660 en el ínterin, con obediente indiferencia e inhumanidad no se había resuelto su situación.

Juez Eduardo Ariel Puigdéngolas

La denuncia por esa muerte que se hizo en el Juzgado Federal de San Rafael de Mendoza, por homicidio fue directamente archivada por el “Juez Eduardo Ariel Puigdéngolas” designado sin acuerdo del senado y con deshonrosa actuación en todos estos procesos[1].

IV- Si hay tres certificados médicos contestes y uno de ellos expresa claramente que si se mantiene al imputado en detención es enfermo terminal; el enviarlo a la cárcel, producida la inexorable muerte es homicidio intencional.

Esta no es una muerte más, es una más de las ocurridas en Mendoza, de varias inexplicadas. Ya son 224[2] en todo el país.

¿Es esta la situación final para estos procesos estructurada desde el poder y ejecutada por alguna parte de la Justicia?

Los sofismas en que se mantienen las acusaciones, la inversión de la carga de la prueba, la utilización de testigos preparados, la mediatización facilitada por algunos jueces para el escarnio, la actuación histriónica, los reclamos judiciales de los imputados sistemática, displicente e inopinadamente rechazados y en general la violación de la normas procesales y garantías constitucionales conforman parámetros que crean una atroz tensión emocional que se suma a las dolencias propias de la edad cuyo resultado inevitable es fácil de prever, como la muerte del Comisario mayor José M. Mussere.

Todo esto ante la silenciosa e impávida presencia de los defensores de los derechos humano actitud en parte explicable porque el Fiscal Dante Vega antes de asumir fue abogado junior del estudio de uno de ellos, en definitiva porque todos aquellos junto a estos jueces constituyen una connivente sociedad para la consumación de los juicios de la venganza.

- ¿Por qué no se resolvió a su tiempo el incidente de prisión domiciliaria aun cuando estaba vigente una ley más benigna?

- ¿Era la muerte el resultado buscado y debía servir de ejemplo para los demás presos políticos?

- ¿Cuál era el peligro que representaba a la Sociedad y al Orden Público, que el Comisario mayor Mussere debiera estar con domiciliaria?

- ¿Estos son los derechos Humanos que se defienden?

- Sí,.. pero dirigida y discriminadamente solo para algunos.

Carlos Rico Tejeiro     Otilio Roque Romano
Comisario Mayor (R)      Ex Camarista Federal
DNI N° 8.324.440          DNI N° 6.903.481


NOTA: Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a la nota original.

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, ANTE UN NUEVO DESAFÍO


El cuerpo debe decidir sobre el juicio político a jueces acusados de tentativa de homicidio y vejámenes en casos de imputados por delitos de lesa humanidad

Familiares de imputados por delitos de lesa humanidad y asociaciones que velan por la legalidad en los procesos presentaron denuncias penales y pedidos de juicio político ante el Consejo de la Magistratura por la comisión de los delitos de tentativa de homicidio, prevaricato, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, imposición de severidades, vejámenes y torturas.

María Alicia Noli

José María Pérez Villalobo

José María Ramos Padilla

Los jueces denunciados fueron María Alicia Noli, José María Pérez Villalobo y José María Ramos Padilla, integrantes del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, apartados ya de la causa por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación en 2016 por falta de imparcialidad. Noli y Pérez Villalobo pertenecieron al ERP y Ramos Padilla representó a organizaciones no gubernamentales querellantes en estas causas. Desde estas columnas, elogiamos aquella decisión de la cámara en un editorial titulado "Jueces parciales, sentencias nulas".

Tras cuatro años de prisión preventiva, Cayetano José Fiorini, de 86 años, ciego, sin un riñón, atravesando un cáncer terminal con plan quirúrgico coronario, falleció el 19 de septiembre de 2016. Según un informe forense, debió haber sido "atendido en forma urgente por el servicio cardiovascular (para establecer a la brevedad) su intervención quirúrgica por aneurisma de aorta abdominal", aclarando que no se encontraba "en condiciones de ser alojado en una unidad penitenciaria".

Cnl (R) Cayetano José Fiorini asistido por su ceguera

Con la excusa de la realización del debate oral, los jueces denunciados revocaron la prisión domiciliaria y ordenaron su traslado a una unidad carcelaria, decisión que fue revocada por la Cámara de Casación porque los informes médicos indicaban que cualquier modificación de su situación podía "...causar una ruptura aneurismática imprevista y el óbito consiguiente...". No obstante los informes médicos y lo resuelto por Casación, estos jueces ordenaron el traslado a una unidad carcelaria. El Servicio Penitenciario se presentó en dos oportunidades para cumplir la orden, pero desistió ante las advertencias de la familia y sus abogados.

Antes del comienzo del juicio, el defensor de Fiorini había solicitado una junta médica, al advertir que no se encontraba en condiciones de afrontarlo, pero esta nunca se concretó. En la querella, su hija señaló: "Los dos intentos de homicidio quedaron frustrados por la intervención de terceros, la familia, el abogado defensor de mi padre y la actitud asumida por el personal del Servicio Penitenciario Federal. No así los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y encubrimiento". Ahora se agregan los de imposición de vejámenes y torturas a los detenidos.

ex juez Arturo Liendo Roca

Igual de aberrante fue el caso del ex juez Arturo Liendo Roca, quien falleció durante el juicio que se le seguía por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos durante el ejercicio de su cargo. El tribunal lo había sometido a todo tipo de vejaciones, dado que varios estudios médicos -incluso uno realizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- demostraban que no estaba en condiciones de presenciar el juicio por su avanzada edad y deteriorado estado de salud. Sin embargo, ese informe, tras ser entregado en el tribunal, se perdió y apareció luego de iniciado el litigio, con signos de haber sido adulterado. Lamentablemente, esas denuncias se corroboraron con su fallecimiento durante el proceso. Los jueces Noli y Pérez Villalobo desoyeron los informes médicos y siguieron con el juicio. Cabe destacar que entre los hechos denunciados no había homicidios ni desaparecidos y que el doctor Liendo Roca había sido sobreseído en cuatro oportunidades. Finalmente, el tribunal fue removido por la Cámara de Casación Penal de la Nación por no garantizar la imparcialidad durante el trámite de la causa.

Respecto del caso Fiorini, luego de una profunda investigación, y tras el dictamen de la fiscalía actuante, el 9 de febrero Guillermo D. Molinari, a cargo del Juzgado Federal de Santiago del Estero, citó a los magistrados a prestar declaración indagatoria el 26 de marzo por la comisión de estos delitos en el curso de su actuación. Sin embargo, el consejero preopinante, casualmente también un juez, elevó un proyecto de dictamen para desestimar los pedidos de juicio político.

El llamado a indagatoria, pedido además por la fiscalía, revela la existencia de elementos suficientes para sospechar culpabilidad en la comisión de estos crímenes.

Una vez más, cabe también preguntar cuántos otros casos con magistrados actuantes de antecedentes tan cuestionables como perversos han llevado a la cárcel y a la muerte muchas veces anticipada a quienes en justicia no lo merecían. Los fraudes judiciales, con tribunales y testimonios armados, cuyo único fin fue teñir de parcialidad algunas acusaciones de delitos de lesa humanidad, resultan claramente escandalosos e impactan en la imagen de nuestra Justicia.

Ante un odio con raíces ideológicas que contamina y pervierte la razón y el deber de juzgar con imparcialidad, esta investigación revela que afortunadamente nuestro golpeado sistema judicial cuenta con jueces y fiscales valientes, dispuestos a hacer cumplir la ley por encima de los intereses de quienes han dejado prevalecer sus sentimientos personales de venganza por sobre lo que impone una Justicia independiente e imparcial. Semejante comportamiento permite reivindicar a aquellos que encarnan responsable y honestamente la tarea de impartir justicia y que merecen, por ello, todo el apoyo de la sociedad.

Celebramos que el Consejo de la Magistratura no haya hecho lugar, en su última sesión, al proyecto de desestimación del pedido de juicio político de estos jueces, devolviendo las actuaciones a comisión, en la cual se acumulan nuevas denuncias. Solo resta que, habida cuenta de las pruebas reunidas y las instancias procesales ya transitadas, sometan a juicio político a quienes han traicionado, mediante el abuso de autoridad y la discriminación, la más alta de las responsabilidades que el pueblo, a través de la Constitución, les ha confiado: la de impartir justicia a todos por igual.



NOTA: La imágenes y destacados no corresponden a la nota original.