sábado, 6 de octubre de 2018

EN BÚSQUEDA DE LA PACIFICACIÓN, CONCORDIA Y JUSTICIA QUE NOS PERMITAN LEGAR UN PAÍS MEJOR



En la reciente semana pasada han ocurrido algunos hechos que merecen destacarse:

·  El miércoles 3 de octubre, por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó los reclamos por violaciones a los Derechos Humanos a los acusados en los juicios de Lesa Humanidad, en una reunión de trabajo a la que asistieron la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, Puentes de la Legalidad y representantes del Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina. Los participantes cerraron su exposición pidiendo a la CIDH que otorgue medidas cautelares para el inmediato traslado de los adultos mayores de 65 años a arresto domiciliario y el cese de prisión preventiva para aquellos que se encuentren excediendo el plazo legal. También continuar con las reuniones de trabajo y debido a la urgencia de la situación que se cobra vidas casi semanalmente, pidieron un Procedimiento de Solución Amistosa homologado por la Comisión.



·   El 5 de octubre, por primera, vez un representante del Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina asistió en Formosa a la ceremonia que conmemoró el intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte N° 29, protagonizado por Montoneros el mismo día del año 1975 en pleno gobierno democrático. “Los derechos humanos son para todos. No es propiedad de un gobierno y no es propiedad de una ideología. Esto que pasó en Formosa es una afrenta a la democracia. No puede quedar en el olvido”, expresó el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj, al condenar el acto de terrorismo subversivo.


·   El 5 de octubre, el Ministerio de Justicia de la Nación adelantó su decisión histórica de dar a conocer los nombres de los presos, desaparecidos y exiliados indemnizados por el Estado durante el período más violento de nuestra historia reciente. El tema era motivo de controversia por la cerrada negativa de la administración anterior a revelar estos datos.



La señora Jovina Luna, hermana de Hermindo Luna, uno de los soldados conscriptos muertos por los miembros de la organización Montoneros que, atacaron el Regimiento N° 29 de Infantería de Monte en Formosa –conocida como  Operación Primicia que dejó un saldo de 24 muertos de ambos bandos. Al enterarse de que los atacantes del cuartel caídos en el asalto fueron incluidos por la gestión kirchnerista en la categoría de “víctimas del terrorismo de Estado” y sus familiares indemnizados en consecuencia, la señora Luna presentó en el transcurso del año pasado varios pedidos para conocer los nombres de los guerrilleros cuyos parientes fueron beneficiados por las leyes reparatorias. “Si el Estado premió a los que asesinaron a mi hermano o a sus familiares, quiero saberlo”, argumentó Jovina Luna.


El Ministerio de Justicia acaba de disponer la publicación, desde la próxima semana, en la página web de esa cartera “de la parte dispositiva de todas las resoluciones administrativas de esa cartera, de 2004 en adelante”. Destacando que “implica la disposición y manejo de fondos públicos cuya administración y ejecución no debe estar exenta del control del accionar de los ciudadanos”.

Esos documentos incluirán por lo tanto las indemnizaciones otorgadas a ex presos políticos, ex exiliados y familiares de desaparecidos.


·  El 5 de octubre, la Asociación Familiares y Amigos De Víctimas del Terrorismo en Argentina (AFAVITA) como lo ha hecho en los últimos años, desde el año 2006, en la iglesia Nuestra Sra. De Luján Castrense, invitó a una misa en recuerdo de todos los caídos en la lucha contra el terrorismo.


Todos estos hechos nos hacen abrigar la esperanza que está llegando la hora que la República Argentina cierre las heridas del conflicto fratricida, que aún nos divide, en búsqueda de la pacificación, concordia y justicia que nos permitan legar un país mejor y con un promisorio futuro a nuestros hijos y nietos... un camino largo por recorrer, cuánto antes mejor.

viernes, 5 de octubre de 2018

GACETILLA DE PRENSA REUNIÓN CIDH BOULDER, COLORADO


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó los reclamos por violaciones a los Derechos Humanos a los acusados en los juicios de Lesa Humanidad
El ultimo miércoles 3 de octubre a las 18:30 hs. los comisionados Luis Ernesto Vargas Silva, relator para Argentina, y Joel Hernández García, titular de la relatoría de personas privadas de la libertad, acompañados por el secretario ejecutivo Paulo Abrão, María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta y tres funcionarias especialistas más; recibieron para una Reunión de Trabajo de oficio a los Dres. Alberto Solanet, Laura Olea y Ricardo Saint Jean, representantes de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia y a Verónica Schaller y Aníbal Guevara en representación de Puentes para la Legalidad. En nombre del Estado argentino fueron la embajadora ante la OEA Paula Bertol, Ramiro Badía de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la secretaria de DDHH y Agustina Durruty del ministerio de Justicia.

Las asociaciones denunciaron al Estado Argentino por violaciones a los Derechos Humanos en el marco de los juicios de Lesa Humanidad.

La reunión duró 45 minutos, de los cuales tomaron 25 minutos los denunciantes para reclamar por el trato judicial discriminatorio y las violaciones a la Convención Interamericana para la Protección de los Adultos Mayores y la Convención Americana de Derechos Humanos, haciendo eje en las denegatorias de arresto domiciliario de 255 personas mayores de  65 años de edad, de los cuales 120 son incluso mayores de 70, y las 731 personas que están privadas preventivamente de la libertad excediendo los 3 años de plazo máximo legal para esta medida precautoria. Resaltaron que de estos más del 50% ni siquiera fue sometida a juicio. Denunciaron también que esta situación les ha costado la muerte a 431 personas de las cuales el 95% estaba en prisión preventiva y el 55% de estos todavía no había tenido juicio.

Presentaron informes estadísticos, casos testigos, fotos y videos como pruebas de los hechos denunciados.

El estado argentino reafirmó la continuidad del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, así como la continuidad de los juicios, asegurando que se iban a hacer en el respeto de los Derechos Humanos de los imputados. Ante las contundentes evidencias tuvieron que reconocer, basados en informes del Servicio Penitenciario Federal que las cárceles presentaban muchas dificultades para asegurar el derecho a la salud de este grupo vulnerable de personas, así como también la existencia de personas con exceso de prisiones preventivas, reconociendo también que la ley no distingue por delitos.

Los representantes estatales pidieron a la Comisión que les dé traslado de los más de 350 pedidos de medidas cautelares que saben han sido presentadas pero este organismo no les ha informado.

Las asociaciones denunciantes recordaron que en más de 13 años de juicios solo se completaron el 34% de las causas, por lo que manteniendo como los últimos 13 años, el 60% de la Justicia Federal avocada a estos procesos, se necesitarían 28 años para completar las causas existentes.

Cerraron su exposición pidiendo a la CIDH que otorgue medidas cautelares para el inmediato traslado de los adultos mayores de 65 años a arresto domiciliario y el cese de prisión preventiva para aquellos que se encuentren excediendo el plazo legal. También continuar con las reuniones de trabajo y debido a la urgencia de la situación que se cobra vidas casi semanalmente, pidieron un Procedimiento de Solución Amistosa homologado por la Comisión.

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Acerca de Puentes Para la Legalidad
La Asociación Civil Puentes para la Legalidad formada por hijos y nietos de
imputados en causas de Lesa Humanidad, viene denunciando desde el año 2008 ante
organismos nacionales e internacionales distintas violaciones a los derechos humanos
sufridas por sus padres y abuelos durante los procesos judiciales impulsados por el Estado
argentino.

A la fecha, Puentes para la Legalidad ha documentado y denunciado el trato discriminatorio de un gran número de argentinos que sufren cárcel sin pruebas que acrediten sus supuestas culpabilidades, prisiones preventivas que promedian los 6 años y que han llegado al extremo de extenderse hasta 14,5 años  presos mayores de 65 años y enfermos que no pueden ejercer su derecho a la prisión domiciliaria, entre otros incumplimientos de la Ley y de los tratados internacionales de Derechos Humanos a los que ha adherido la Argentina y que tienen jerarquía constitucional conforme la reforma de 1994. Según sus propios registros hay hoy 1084 personas privadas de su libertad de las cuales 731 llevan más de tres años en prisión preventiva y 431 han muerto en privados de la libertad, el 95% de ellos sin condena firme.

Acerca de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia
La Asociación Civil Justicia y Concordia es una organización sin fines de lucro que reúne más de 400 abogados de la ciudad de Buenos Aires, surgida ante la necesidad de restablecer el orden jurídico en este contexto de desintegración nacional.

LA IZQUIERDA TE DÁ FUEROS



Se solicita dar una amplia difusión de
este primer capítulo de una saga
sobre la vulneración de los DDHH
de los Presos Políticos en Argentina

jueves, 4 de octubre de 2018

EL ESTADO ARGENTINO RECONOCIÓ EN LA CIDH VIOLACIONES A LOS DD.HH.


Tras una denuncia de dos entidades que defienden a detenidos por delitos de lesa humanidad admiten que las cárceles no están preparadas para mantener recluidos a militares ancianos y enfermos. Presentaron medidas cautelares para que se ordene al Gobierno decretar su arresto domiciliario o liberación si excedieron el plazo de las prisiones preventivas.

Agustín De Beitia
@agustindebeitia


Los asistentes a la reunión. De izq. a der.: Schaller y Guevara, de Puentes para la Legalidad,
 junto a Solanet, Olea y Saint Jean, de Justicia y Concordia

El Estado argentino reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deficiencias de su servicio penitenciario y violaciones a los derechos humanos de los detenidos por delitos de lesa humanidad que son ya ancianos o enfermos, tras ser denunciado por dos ONG durante una reunión a puertas cerradas que tuvo lugar ayer en la ciudad estadounidense de Boulder, Colorado, en el marco del 169º período de sesiones del organismo.


Esas irregularidades fueron admitidas por el doctor Ricardo Badía, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría argentina de Derechos Humanos, según confió a La Prensa el doctor Alberto Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, una de las dos entidades denunciantes.

doctor Ricardo Saint Jean

Badía admitió que “las cárceles de nuestro país no están preparadas para mantener a estos detenidos”, y “aceptó que sobre ellos hay una discriminación”, tras ser confrontado con "estadísticas que muestran que, entre la población carcelaria mayor de 65 años, los acusados de delitos de lesa humanidad representan el 75%", indicó Solanet.

Ancianos miembros de las FFAA, FFSS y FFPP en prisión

La importancia de la reunión, que duró unos 45 minutos y fue celebrada en el Salón Seminar 421 del Wolf Law Building, en la facultad de Derecho de la Universidad de Colorado, es que se trata de la primera vez que la CIDH accede a escuchar las denuncias de las agrupaciones que defienden a los llamados “presos políticos” en nuestro país.


A la cita, que concluyó pasadas las 22 (hora de la Argentina), asistieron, además de Solanet, el doctor Ricardo Saint Jean y la doctora María Laura Olea, por Justicia y Concordia; Verónica Schaller y Aníbal Guevara, por Puentes para la Legalidad; y tres representantes del Estado argentino: Badía, la embajadora ante la OEA Paula Bertol; y una asesora del Ministerio de Justicia de Germán Garavano.


Enfrente se ubicaron siete integrantes de la CIDH, entre ellos el secretario ejecutivo, la vicesecretaria, dos asesoras técnicas y comisionados como el relator para la Argentina y el relator para las personas privadas de la libertad.


Esta composición de alto nivel fue destacada por Solanet como otra muestra de la importancia que le asignó el organismo internacional a la reunión.

Durante el encuentro, las dos ONG hicieron una exposición que duró unos 25 minutos e incluyó documentos y un video con “imágenes muy elocuentes de toda la crueldad y el trato inhumano que se presentan en estos casos”, indicó Saint Jean.

“El Estado argentino reconoció que el servicio penitenciario tiene serias deficiencias para atender a las personas mayores de 60 años. También reconoció que se han producido fallecimientos en prisión, y que siguen teniendo las mismas carencias que la Comisión Interamericana y la Cámara de Casación detectaron para atenderlos a tiempo. Hay muchos muertos por infarto, esperando una ambulancia que nunca llega y asistidos por los propios presos”, resaltó.

CAUTELARES

doctor Ricardo Saint Jean

Saint Jean informó que presentaron “medidas cautelares para que la CIDH le ordene a la Argentina que, de acuerdo a la Convención Americana de Protección a las Personas Mayores, decrete la prisión domiciliaria de todos los mayores de 65 años acusados por delitos de lesa humanidad, y a su vez disponga la libertad de todas las personas incluidas en los listados que les presentamos de acusados de lesa humanidad que tienen excedidos los 3 años de prisión preventiva. Tenemos algunos con diez años de prisión preventiva sin juicio”.

Algunos de estos ancianos ya fallecieron en prisión

El abogado remarcó que los listados que presentaron incluyen nombres y apellidos, y que las estadísticas que demostraron “están cruzadas con las del Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad y el CELS”. Pero además indicó que “tenemos una fuente propia que no la tiene nadie y que son los propios presos”.


Sobre si se espera una revisión de las denuncias por parte de la CIDH, Saint Jean indicó que sí, y que “es lo que también pidió el Estado argentino. Hay 370 medidas cautelares pedidas en estos casos a la CIDH desde hace ya mucho tiempo. Pero la CIDH hasta ahora no contestó esas medidas. Nos ha concedido esta reunión que consideramos importante y es una de las peticiones que las dos partes hicimos: que se ocupen de eso. El Estado argentino pidió a la CIDH que le corra traslado a la medida para terminar con la situación de incertidumbre respecto de las personas que están pidiendo el amparo de la Comisión”.

El representante de Justicia y Concordia destacó que “es la primera vez que en el Continente la Comisión Interamericana se interesa por la suerte de policías y militares procesados, que es un fenómeno que ocurre en toda la región, en Chile, en Colombia, en Uruguay, y en otros países”.

Los dos abogados coincidieron en que fue “una buena reunión” y en que abrigan una prudente expectativa a futuro, ya que tomaron nota de todo lo expuesto.

Un largo camino

“Observamos que el Estado argentino ha tenido por lo menos una actitud sincera, comentó Saint Jean. “Habrá que esperar. Porque esto es nuevo en la Comisión. Hace diez años que venimos denunciando, pero esta es la primera vez que se abre esta instancia. De modo tal que este es un proceso en camino. El primero. Y es muy importante”, concluyó.


NOTA: No todas las imágenes corresponden a la nota original.

EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN PARTICIPARÁ DEL ACTO DEL 5 DE OCTUBRE

Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, participará
del acto en recordación de los excombatientes del ataque al regimiento

Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, junto al jefe del Estado Mayor General del Ejército el general de brigada Claudio Ernesto Pasqualini participarán del acto en recordación de los excombatientes del ataque al regimiento.

En un hecho inédito en los últimos años, que un funcionario del área de los derechos humanos participará del acto por el día de los héroes formoseños, recordando el ataque de Montoneros el 5 de octubre de 1975.

Al respecto el Diputado nacional por Cambiemos, Mario Arce, dijo que: “Efectivamente el día viernes nos va a estar visitando en nuestra provincia, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj y es la primera vez que un funcionario de esa área acompaña, mano a mano con los familiares así como a los sobrevivientes de aquel hecho tan sensible para los formoseños”.

Agregó que: “Es una causa que trasciende a nuestra provincia y es una causa de todos los argentinos. En este sentido me parece una buena acción por parte de este gobierno a través de la persona de Claudio Avruj que va a estar participando del acto central, conjuntamente con el Jefe del Ejercito Argentino lo cual también es un hecho a destacar donde se van a hacer entrega de unos reconocimientos como medallas pero la actividad del Secretario de Derechos Humanos continuará predisponiéndose a conversar, escuchar y tomar los requerimientos de los familiares y sobrevivientes del 5 de octubre”.

Explicó también que: “Esta es una cuestión de derechos humanos, todos sabemos que en años anteriores se los veía de manera parcial y una cuestión de derechos humanos desde un aspecto constitucional, no solamente tiene que ver con los delitos de la dictadura sino también con los excombatientes del 5 de octubre y este gobierno nacional lo que hace es tener una mirada mucho más completa de lo que es la defensa de los derechos humanos”.

Finalmente dijo que: “Esto también tiene que ver con el proyecto que hemos presentado en el Congreso de la Nación que lo que busca es el reconocimiento económico a nuestros héroes y a los familiares a las víctimas del 5 de octubre. El Secretario Avruj estará además dispuesto a las preguntas de la prensa local y además visitará el domicilio de uno de los sobrevivientes de esta gesta tan importante para todos los formoseños”.

INVITACIÓN

ASESINATO DEL CAPITÁN DEL EA MIGUEL ÁNGEL PAIVA

El capitán Miguel Ángel Paiva y sus hijos


Desconocemos quién es el autor de este video, seguramente es un familiar, camarada o amigo; nos tomamos la libertad de subirlo a Youtube para homenajear a este héroe víctima del terrorismo y porque ya se cumplieron 44 años de su asesinato… hoy olvidado por la sociedad argentina.

Ese asesinato fue ejecutado por terroristas del ERP, el 2 de octubre de 1974 en un período de gobierno democrático, ocurrió mientras el señor Capitán del Ejército Argentino Miguel Ángel Paiva esperaba el ómnibus para concurrir a la Escuela de Guerra. El Capitán Paiva fue traicioneramente asesinado por tres terroristas que le dispararon por la espalda. Fue publicado en los partes de guerra del ERP y hasta el día de hoy ningún terrorista pidió perdón a su señora viuda y cuatro hijos huérfanos.

miércoles, 3 de octubre de 2018

INVITACIÓN DE AFAVITA

¿QUÉ ES LO QUE SE QUIERE ACALLAR U OCULTAR A LA OPINIÓN PÚBLICA?



Llama mucho la atención que la audiencia haya sido concedida después de tantos años de requerir ser  escuchados por ese organismo, pero más aún que la misma tenga el carácter de privada y sin acceso a la prensa. Además esa audiencia está circunscripta exclusivamente al tema relativo a “Personas mayores privadas de libertad – los casos de acusación por lesa humanidad”, sin poder apartarse un ápice de ese título. No escapa a nadie –que posea un razonamiento normal– que la compleja situación creada en la República Argentina desde la puesta en ejecución el desarrollo del mal e intencionalmente llamados “juicios de lesa humanidad”, necesita tocar otros temas relacionados al derecho nacional e internacional que han sido vulnerados en parodias judiciales.

Tampoco podemos dejar de mencionar que el tiempo asignado a los expositores es demasiado exiguo, unos pocos minutos para demostrar con pruebas fehacientes que en esos juicios se han cometidos verdaderas “aberraciones jurídicas” para permitir ser llevados adelantes sin las garantías del estado para brindar un juicio justo.

Con tantas limitaciones impuestas por la CIDH seguramente mañana pocos medios tendrán acceso a lo allí tratado y su difusión será muy limitada, de todas maneras no se puede dejar de acatar que la actual “reunión de trabajo” privada tiene carácter histórico, es la primera vez que esta organización se digna a recibir a representantes de los que no tienen voz en la Argentina. También queda la esperanza que los expositores, todos ellos de reconocida solvencia personal y profesional, despierten alguna inquietud en los miembros de CIDH y quede abierta una puerta para otra reunión sin tantas restricciones. Los derechos humanos tienen carácter universal es decir, para todas las personas por el sólo hecho de ser “humanos”, de allí que no pueda hacerse para respetar su vigencia ningún tipo de discriminación por cualquier causa que sea.




EL CASO DE LOS MILITARES PRESOS LLEGA A LA CIDH - LA NACIÓN
2 de octubre de 2018

WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantendrá por primera vez una reunión privada con representantes de militares que fueron condenados por la Justicia por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, quienes solicitaron ser recibidos para discutir sus condiciones de encarcelamiento en el marco de la convocatoria pública para el actual 169º período de sesiones del organismo.


La CIDH, que ya había recibido en varias ocasiones este pedido, decidió ahora recibir a directivos de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia en una "reunión de trabajo" privada, y no bajo el formato formal de una audiencia pública.

Dr. Alberto Solanet, presidente de la AAJyC, uno de los expositores

Desde la CIDH aclararon que esos encuentros, que ocurren a puertas cerradas, no tienen efecto resolutivo ni político y no implican prejuzgamiento sobre alguna posición. A diferencia de las audiencias públicas, el encuentro, en el que se tratará la situación de las personas mayores que cumplen una condena por violaciones de derechos humanos, será confidencial y no habrá acceso para la prensa. En el encuentro participará también un representante del Estado argentino.

Puertas cerradas a la prensa

Audiencia

La Comisión tendrá una reunión privada con los representantes de los condenados por crímenes de lesa humanidad.


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

martes, 2 de octubre de 2018

El ESTADO ARGENTINO CITADO POR LA CIDH




DEBERÁ RESPONDER POR LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO Y CONDICIONES DE ENCARCELAMIENTO DE LOS PRESOS POLÍTICOS

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia hace saber a sus socios y amigos, así como también al público en general, que ha sido convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una reunión de trabajo, para tratar cuestiones vinculadas con el tema relativo a “Personas mayores privadas de libertad – los casos de acusación por lesa humanidad”.

Dicha reunión tendrá lugar el próximo miércoles 3 de octubre en el Salón “Seminar 421”, en Wolf Law Building, University of Colorado Law School, ubicado en 2450 Kittredge Loop Road, Boulder, Colorado, Estados Unidos.

Esta es la primera vez que la CIDH responde positivamente a las innumerables denuncias y peticiones presentadas por nuestra Asociación a lo largo de casi diez años y que, en un hecho sin precedentes, los imputados por los llamados delitos de lesa humanidad serán escuchados en su condición de víctimas del Estado.

Por nuestra parte hemos resuelto aceptar la convocatoria, no obstante el marco muy acotado establecido por la CIDH como objeto de la reunión.

A este último respecto, hacemos saber que las normas impuestas por la CIDH no permiten que las entidades convocadas a una reunión de trabajo como esta incursionen en temas no incluidos en los específicamente señalados como objeto de la convocatoria. A sabiendas, pues, de que nuestra ponencia no podrá agotar el repertorio de los gravísimos ilícitos cometidos por el Estado argentino en perjuicio de las personas vilmente sometidas a los llamados “juicios de lesa humanidad”, hemos entendido que aun así es conveniente no dejar pasar esta oportunidad para ser escuchados.

Es obvio que ello no será obstáculo para que continuemos sosteniendo contra viento y marea que, más allá de los agravios humanitarios causados por los sucesivos gobiernos a los que con propiedad consideramos presos políticos, la causa principal de lo acaecido en la Argentina ha sido y continúa siendo la violación sistemática, continuada y profunda por el Estado argentino del orden jurídico en sus principios más básicos y universales, cuya herramienta han sido y son esos infames “juicios de lesa humanidad”.

Buenos Aires, 1º de octubre de 2018.



Carlos Bosch                                 Alberto Solanet
Secretario                                      Presidente

lunes, 1 de octubre de 2018

VILLARRUEL: LAS VÍCTIMAS NO HAN SIDO RECONOCIDAS EN SUS DERECHOS HUMANOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACIÓN


29/09/2018

Así lo afirmó la presidenta del Centro de Estudios sobre el Terrorismo y sus Víctimas, quien confirmó que acompañará este viernes a los familiares en el tradicional acto en el Regimiento


5 DE OCTUBRE

En diálogo exclusivo con La Mañana, la doctora Victoria Eugenia Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), informó que participará del acto que se realizará el próximo viernes 5 de octubre en esta ciudad, para conmemorar un nuevo aniversario del ataquede la agrupación terrorista Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29.


“Hace varios años, dijimos que el homenaje que se hace cada 5 de octubre en Formosa es el más importante que se efectúa en todo el país respecto de la temática de las víctimas del terrorismo y de lo que fue la década del 70, desde un enfoque mucho más abierto que el que conocemos actualmente”, explicó Villarruel a este diario.

“Mi intención es poder encontrarme con las familias afectadas. Ese 5 de octubre, Montoneros asesinó a diez soldados, un suboficial del Ejército, un oficial del Ejército y un policía de la provincia de Formosa. Esas 13 personas, hasta el día de hoy, no han sido reconocidas en sus derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación”, agregó.


En este sentido, Villarruel indicó que este viernes acompañará a los familiares, los entrevistará y dejará testimonio de sus historias en las redes sociales. “Más allá del homenaje que ayuda a esas familias a transitar este dolor, que lleva más de cuatro décadas, también es importante que la ciudadanía se vuelque a acompañarlas, a conocerlas. Es fundamental que las nuevas generaciones puedan conocer lo que sucedió durante ese atentado”, acotó.


A su vez, Villarruel remarcó que aquellos soldados que defendieron el Regimiento y el país tampoco fueron reconocidos en sus derechos. “Quiero recordar la deuda que el pueblo argentino tiene con esas personas, con las víctimas y con sus familiares”, aseveró.


NOTA: Las imágenes, enlaces y destacados no corresponden a la nota original.

domingo, 30 de septiembre de 2018

GIRO HISTÓRICO: LA CIDH REVISARÁ LA SITUACIÓN DE MILITARES PRESOS


Representantes de dos asociaciones defensoras de los detenidos y un enviado del gobierno serán recibidos esta semana en EE.UU. El doctor Alberto Solanet, de Justicia y Concordia, explica el significado de este cambio y las expectativas que genera.

Agustín De Beitia
@agustindebeitia

El encuentro tendrá lugar en el Wolf Law Building, de la facultad de Derecho de la Universidad de Colorado.


Pocas horas antes de partir hacia la ciudad estadounidense de Boulder, Colorado, donde denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violación de las garantías fundamentales que soportan los detenidos por delitos de lesa humanidad, el doctor Alberto Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, conversó con La Prensa.


La CIDH accedió por primera vez a recibir a las asociaciones defensoras de los detenidos. Para examinar el asunto convocó a representantes de dos de esos grupos, Justicia y Concordia y Puentes para la Legalidad, y a un delegado del gobierno. El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles en el Salón Seminar 421 del Wolf Law Building, de la facultad de Derecho de la Universidad de Colorado. Solanet explica el significado de este cambio y las expectativas que genera.

- ¿Qué pedirán a la CIDH y por qué acudieron a ella?

Dr. Alberto Solanet

- La Asociación de Abogados por la Justicia y laConcordia, así como otras tantas entidades, viene reclamando hace muchos años ante las autoridades nacionales por la ilegalidad tanto de la génesis como del desarrollo de los procesos judiciales en los que se investigan hechos ocurridos hace cuarenta años. Estos esfuerzos han sido infructuosos y con enorme pesadumbre hemos tenido que recurrir a un organismo internacional a denunciar a nuestro propio Estado por la violación de las garantías fundamentales y la grave discriminación, ya indisimulable, a la que son sometidos los imputados en los procesos por los denominados delitos de lesa humanidad. La CIDH nos ha citado a esta reunión de trabajo con el Estado, aunque limitando el tema al tratamiento de la violación de los derechos humanos de los detenidos mayores de 65 años de conformidad con la Convención Interamericana para la protección del DDHH de las Personas Mayores, recientemente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno. De este modo celebramos esta convocatoria, pero asistiremos conscientes de que la denuncia deberá circunscribirse al rechazo de las prisiones domiciliarias de ancianos y enfermos, que ha llevado a la vergonzosa cifra del fallecimiento de casi medio millar de imputados, y a las arbitrarias denegatorias de excarcelaciones como también a las prisiones preventivas excedidas en el plazo máximo de duración que fija la ley, 3 años. Con relación a esto último llevaremos a conocimiento de la CIDH la escandalosa estadística que indica la existencia, exclusivamente en respecto de este sector vulnerable, de prisiones preventivas que superan los 10 años sin sentencia.


- ¿Es posible que el Estado argentino no pueda resolver este tema? ¿A qué lo atribuye?

- El Estado argentino no ha querido resolver este tema. No se atreve. Hacer lo correcto requiere mucho coraje. Desde el gobierno de Néstor Kirchner se ha impuesto la llamada política de derechos humanos como “política de Estado”, en palabras del ex presidente de la Corte Suprema, que demolió el derecho y dio comienzo a una feroz persecución penal contra quienes defendieron al estado contra la invasión terrorista durante la guerra que padecimos en los años 70. Como consecuencia de ello hay más de 2000 presos políticos y ya 460 muertos en cautiverio. El injusto encarcelamiento de integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales se extendió también a civiles, sacerdotes, funcionarios, jueces y periodistas. Indudablemente para llevar adelante esta política de venganza se hizo necesaria la complicidad de jueces corruptos que, sumisos a los dictados y presiones del gobierno, dictaron fallos que constituyen gigantescos prevaricatos, sentando doctrinas que les resultan difíciles de revertir sin reconocer la arbitrariedad y absoluta ilegalidad que las inspiró. Esta “política de Estado” también abarca la tergiversación de la historia reciente de nuestro país y el consiguiente engaño a las nuevas generaciones a través de un relato, como parte de una estrategia que trasciende el hecho concreto de aquel conflicto armado para alcanzar todo el ámbito cultural. Lo que señalo no significa desconocer la ocurrencia durante esos años de violencia de hechos que merezcan reproche. Sin embargo, como dijo Héctor Ricardo Leis (ex integrante de Montoneros) en su libro “Un testamento de los años 70”: “La memoria mal resuelta se traduce en resentimientos de fuerte potencial destructivo para el futuro de la comunidad política”; “la justicia que no se subordina a la verdad está lejos de serlo, por el contrario, crea más enemistad en el interior del cuerpo político...”.

Graciela Fernández Meijide y Héctor Ricardo Leis

- ¿Es la primera vez que la CIDH recibe a una entidad defensora de los llamados presos políticos?

- Sí. Se trata de un hecho inédito, pues por primera vez los acusados por los llamados delitos de lesa humanidad van a ser escuchados por la CIDH en su condición de víctimas del Estado.

- ¿Quiénes acuden a la cita?


- Fue citada la Asociación que presido y me acompañarán en esta ocasión dos abogados penalistas prestigiosos, integrantes de la mesa directiva. Los doctores María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, quienes tendrán a su cargo sostener las denuncias contra el estado argentino por violación a las normas del debido proceso. También fue citada Puentes para la Legalidad, una asociación constituida por los hijos y nietos de estos presos políticos que vienen luchando con enormes esfuerzos y sacrificios en defensa de los derechos humanos de sus padres a quienes ven morir encerrados en las cárceles sin poder acceder a un juicio justo y respetuoso del debido proceso legal.

- ¿Qué significa que hayan decidido recibirlos? ¿Qué expectativas hay sobre esta reunión?

- Para nosotros importa una enorme responsabilidad, llevar con esperanza la voz de quienes hace más de una década viven en un grito silencioso que nadie ha querido escuchar hasta ahora. Esperamos que se abran las puertas a un diálogo fecundo a través del cual se encuentre una solución para la restitución del Estado de Derecho, el reencuentro, la concordia y la paz que tanto necesitamos como Nación.


NOTA: Las imágenes, destacados y referencias no corresponden a la nota original.