jueves, 10 de enero de 2019

VÍCTIMAS OLVIDADAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA



Con la atención concentrada en la reunión del G-20, la mayoría de los argentinos pasamos por alto un nuevo aniversario del asesinato del mayor post mortem del Ejército Argentino Humberto Antonio Viola y de su hijita de 3 años, María Cristina.


Hace 44 años, el 1º de diciembre de 1974, Viola llegaba a su hogar, en Tucumán, con su familia, y todo sucedió en instantes. El parte de guerra de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), responsable de la masacre, lo describe así: "A las 13.13 [?] El automóvil se aproxima hasta la misma altura que el objetivo [?] quedando medio auto adelantado. Siempre en los chequeos el sujeto descendía, en esta oportunidad la que descendió fue la esposa, quedando él al volante a la espera. Al frenar el automóvil disparan el primer escopetazo, que da en el parante delantero izquierdo del parabrisas, el sujeto se agacha en ese momento y los balines dan de rebote sobre la hija de tres años que estaba atrás. El compañero de la ametralladora desciende y metiendo el arma por la ventanilla, dispara una ráfaga corta, (4) tiros que dan en el sujeto que alcanza a descender, la ametralladora se traba, pero los disparos le dan a la altura de la base del pulmón izquierdo desde atrás, se adelanta más y dispara con su pistola y remata al Capitán con un tiro en la cabeza y retoma el auto, mientras que el camarada de apoyo dispara a quemarropa con su ametralladora, hiriendo a la hija de 5 años que corre escapando hacia delante".

María Cristina Picón

La esposa de Viola, María Cristina Picón, embarazada de 5 meses, resultó ilesa, mientras que la otra hija del matrimonio, María Fernanda, de 5 años, sufrió graves heridas en la cabeza.

Estos crímenes ocurrieron durante el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón y fueron parte de una represalia del ERP ante el frustrado copamiento del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. En agosto de 1974, dos "changos" catamarqueños que volvían de un baile vieron un ómnibus lleno de personas armadas y dieron parte a la policía. En los días siguientes numerosos guerrilleros fueron abatidos en los cerros.

El ERP sufrió entre 20 y 30 bajas, y el Ejército y la policía provincial, una media docena.

En respuesta al "fusilamiento" de sus combatientes en Catamarca, el Comité Central del PRT, dirección político-militar del ERP, anticipaba: "Mientras el Ejército opresor no tome guerrilleros prisioneros, el ERP no tomará oficiales prisioneros y, a cada asesinato, responderá con una ejecución de oficiales, indiscriminada. Es la única forma de obligar a una oficialidad, cebada en el asesinato y la tortura, a respetar las leyes de la guerra". La campaña de anunciadas represalias comenzó en octubre de 1974 y se ordenaron 16 "fusilamientos" de oficiales del Ejército, en un explícito "ojo por ojo"; pero los dos últimos fueron los del capitán Viola y María Cristina, totalizando 10 "ejecuciones".


Nada volvería a ser igual tras la masacre de los Viola; la guerra sucia llegaría al paroxismo, hasta la derrota casi total del ERP en el ataque al Batallón Depósito de Arsenales 601 "Domingo Viejobueno", Monte Chingolo, ocurrido entre el 23 y 24 de diciembre de 1975.

Capturados siete de los integrantes del "pelotón de ejecución" del mayor Viola, los mismos fueron sometidos a juicio. Francisco Antonio Carrizo, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Núñez y José Martín Paz recibieron condenas a cadena perpetua; Florencio Antonio Nieva fue condenado a 8 años de prisión; Rolando Oscar Figueroa no tuvo condena por ser menor de edad, y a Alberto Vivanco se le declaró extinta la acción penal. Svante Grände, de nacionalidad sueco-chilena, quien también integró el grupo que "ejecutó" a Humberto y María Cristina, fue abatido, en el monte tucumano, integrando la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP, tiempo después. Hugo Irurzun, el jefe, tanto del ataque de Catamarca como del "pelotón de fusilamiento" de Viola, terminaría muerto en acción, en la denominada "Operación Reptil": el asesinato del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción del Paraguay en 1980.


Los autores ideológicos de los asesinatos fueron los seis integrantes del "Buró Político" del PRT-ERP: Mario Roberto Santucho, Juan Manuel Carrizo, Juan Arnol Kremer, Juan Eliseo Ledesma, Domingo Menna y Benito Urteaga. El único sobreviviente a la fecha es Kremer, acusado por delitos de lesa humanidad, en la causa Larrabure. Ledesma fue capturado y desaparecido en 1975, al igual que Juan Manuel Carrizo y Menna en 1976. Santucho y Urteaga fueron abatidos en enfrentamientos con el Ejército también en 1976 y sus cuerpos están desaparecidos. Todos los autores directos condenados por los asesinatos de Viola y su hija fueron indultados e inmediatamente liberados por el presidente Carlos Menem, en 1989.

El "caso Viola" ha pasado por todas las instancias judiciales en la Argentina, llegando hasta la Corte Suprema de Justicia, y en todas ellas se ha fallado negándose someter a proceso a los autores mediatos del crimen, es decir, a los integrantes del Buró Político del ERP. Por tal motivo, la viuda de Viola y sus hijos sobrevivientes denunciaron la existencia de un simulacro de proceso, y llevaron el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si los referidos asesinatos fueran considerados como lo que son, delitos de lesa humanidad, todos los responsables sobrevivientes, sean directos o intelectuales, podrían terminar sus días en la cárcel.

En los registros oficiales de "Víctimas del Terrorismo de Estado" de 1984, 2006 y 2015, han figurado o están incluidos: Grände como "asesinado" y Juan Manuel Carrizo, Ledesma, Menna, Santucho y Urteaga, como "desaparecidos". Los seis, además, son reconocidos en el Parque de la Memoria en la Costanera Norte de la CABA, como algunos de quienes "murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad". Al amparo de la ley 24.043, que establece indemnizaciones por "detenciones ilegales", en cifras actualizadas a diciembre de 2018, Francisco Antonio Carrizo recibió $6.240.000; Emperador recibió dos compensaciones, por un total de $15.127.000; Figueroa también fue indemnizado dos veces, por un total de $14.739.000; Nieva recibió $7.739.000; Núñez, $6.581.000, y Paz, $5.906.000.


Beneficiados por la ley 24.411, que prevé indemnizaciones para familiares de los muertos y desaparecidos por el terrorismo de Estado, los herederos de Ledesma recibieron $5.613.000; los de Menna, $10.336.000, y los de Urteaga, $5.551.000; cifras también todas actualizadas a diciembre de 2018. La suma total de indemnizaciones, percibidas por los asesinos de los Viola, actualizada por inflación, asciende a $77.833.000. Al amparo de la misma ley 24.043, Ana Cristina, Gabriela Inés y Marcela Eva, las tres hijas del jefe máximo del ERP, Mario Roberto Santucho, recibieron, cada una, por su "exilio forzoso", a pesos del día de la fecha: $11.579.000, $16.874.000 y $14.589.000, respectivamente.

Como cada año, el 1º de diciembre de 2018, en una sencilla ceremonia en Tucumán, María Cristina Picón de Viola y María Fernanda Viola, ex camaradas del militar caído, familiares, amigos e integrantes del Ejército rindieron tributo a Humberto y a María Cristina. El día anterior, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, homenajearon a sus asesinos en el Parque de la Memoria.


Paradójicamente, Buenos Aires, sede del G-20, lucía falsamente como una urbe del mundo desarrollado mientras París, también sitiada, parecía una ciudad cualquiera de la Argentina durante la guerra revolucionaria de la década de 1970.

Por: Pedro José Güiraldes
Ingeniero civil


NOTA: Excepto la imagen del título, todas las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

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