Este miedo sonso y suicida

“Que ser valiente no salga tan caro,
que ser cobarde no valga la pena”.
Joaquín Sabina

El Gobierno, prácticamente desde su prehistoria, en mayo de 2003, ha infundido en los estamentos dirigentes de la sociedad argentina, un temor que ya raya, a la vez, en lo ridículo y en lo trágico. Que los gobernadores, los empresarios, los militares, los funcionarios, los legisladores, los periodistas, los consultores, los profesores, los jueces, los fiscales, los colegios profesionales, las asociaciones gremiales y los sindicatos –todos ellos, salvo algunas honrosísimas excepciones- hayan callado ante los permanentes avances del Poder Ejecutivo sobre los derechos individuales y sobre las instituciones democráticas y republicanas, dice mucho, y muy malo, de nosotros como sociedad.

Es más, que la ciudadanía en general haya privilegiado su bienestar de corto plazo sobre la natural repulsa que hubiera debido despertarle la tan extendida corrupción, aún cuando ésta haya sido la causa directa de crímenes tales como lo sucedido en Once o el hambre y la desnutrición que asuela no sólo el norte del país sino el mismo Conurbano o el flagelo de la droga, tan vinculado a la inseguridad cotidiana, explica la profunda decadencia de la Argentina.

Nos hemos acostumbrado a viajar como ganado, a que se nos impida circular libremente, a disponer de nuestra propiedad privada con libre albedrío, a opinar sobre los actos de desgobierno, a que se nos mienta descaradamente desde atriles oficiales y desde el Indec y el Banco Central, a que se persiga a jueces cuando éstos fallan de acuerdo a la ley pero en contra de los deseos o intereses del Gobierno, a que se perjudique publicitariamente a los medios de prensa independientes, a matarnos en rutas indignas de ser llamadas tales, a que nuestros hospitales carezcan de todo, a que nuestras escuelas se hayan transformado en meros comedores, a que nuestras universidades hayan desaparecido de todas las listas de excelencia, a que se nos niegue la posibilidad de preguntar a los funcionarios de todo nivel, a que la Justicia se dispense con varas diferentes según el grado de cercanía al poder del acusado, a acceder libremente a la información oficial que debiera ser pública, a que se cercene hasta la inanición a los órganos de control de la administración, a que se ignoren los fallos de la Corte Suprema, a que se nos expolie con una desmadrada inflación, a no poder salir a la calle por no saber si regresaremos vivos, a que se discrimine a provincias y municipios en función de su sumisión al Ejecutivo nacional, a que un funcionario amenace a empresarios o decida arbitrariamente quien puede importar o no, a que se utilicen los mecanismos recaudatorios para castigar a quienes disienten con el “relato”, a que la “portación de apellido” constituya un demérito para hacer carrera, a que se dilapiden nuestros impuestos en actividades disparatadas, que se use el dinero de los jubilados para todo tipo de proyectos inverosímiles mientras se niega el pago a sus naturales destinatarios, a que se mantenga en su cargo a vicepresidentes vinculados a empresas fantasmas que imprimen nuestra moneda y a ministros de la Corte Suprema propietarios de prostíbulos y a jueces que fallan contra natura y exhiben impunemente sus mal habidos patrimonios, a que se haya desbaratado todo el andamiaje jurídico por obra de un ideologizado “garantismo” y de la destrucción de todos los principios que hacen a la protección judicial de los ciudadanos, a que la droga se trafique libremente y que se lave su producido con total impunidad.

La lista podría continuar hasta el infinito, pero debiera encabezarla la gran cuestión: ¿cómo puede ser que, después de nueve años de crecimiento inédito uno de cada cuatro argentinos sea pobre y uno de cada ocho miserable? ¿Y cómo haremos para hacernos cargo de tantos compatriotas que hoy comen, literalmente, de los planes y subsidios que el Gobierno reparte para mantenerlos en la ignorancia y en la sumisión, y que ya resultan impagables?

El próximo paso que darán quienes tienen la responsabilidad de llevar este proyecto mesiánico y gramsciano hacia el futuro será la modificación de los códigos penal y civil, para adecuarlos a esa ideología oscurantista y tiránica que profesan, para continuar luego con la reforma de la Constitución, que terminará definitivamente con la forma de sociedad igualitaria y digna que la Argentina ha disfrutado desde su origen. Como dicen los chicos, se llevará puestos a conceptos tales como la propiedad privada, el federalismo, el poder tripartito, la libertad personal, la educación libre, el sistema de partidos políticos, en suma, a la democracia representativa, republicana y federal, que fue la que hizo grande a nuestro país. Si el Gobierno dispusiera de los medios necesarios para distribuir y tranquilizar nuevamente nuestro bolsillo y nuestra panza cortoplacistas, seguramente lograrán su propósito, ya que otra vez miraremos para otro lado mientras compramos autos, plasmas y nos vamos de vacaciones.

Sin embargo, esta vez, cuando despertemos de ese nuevo espejismo, nos encontraremos con otra sociedad, con otro país, mucho más parecido a la Venezuela de Chávez, al Ecuador de Correa, a la Nicaragua de Ortega, a la  Bolivia de Morales o a la Cuba de Castro, es decir, con algo totalmente distinto al lugar en que los argentinos hemos decidido vivir, y ya será tarde.

En una palabra, debemos reaccionar ahora mismo, para impedirles alcanzar ese triunfo. Y la forma de hacerlo es ponernos a trabajar para ofrecer a la ciudadanía una verdadera alternativa, algo que reúna todos los ingredientes necesarios para recuperar el rol que la Argentina tuvo y todavía puede y debe recuperar en el mundo, hoy interpelado por enormes masas de población que, por la inteligencia y el proceder de sus dirigentes, han salido de la pobreza y se han incorporado al mercado de consumo, alimentándose más y mejor. Con sólo pensar que entre Cardoso y Lula rescataron de esa situación a cuarenta millones -¡el equivalente a toda nuestra población!- de brasileños, el problema adquiere su verdadera dimensión; y lo mismo sucede en los países asiáticos, comenzando por la propia China, y hasta en nuestros vecinos latinoamericanos, como Chile, Uruguay, Perú y Colombia. Porque el mundo que sobrevendrá, cuando la actual crisis haya pasado, será mucho más demandante en materia de alimentos, y no podrá permitirse que malgastemos nuestras posibilidades por nuestra crónica estupidez; la globalización, tan denostada como inevitable, encontrará entonces un remedio que, seguramente, no será de nuestro agrado.

La principal y más urgente de esas acciones es recuperar una Justicia independiente, seria, preparada y rápida, que otorgue seguridad jurídica a propios y extraños que, sólo contando con ella, volverán a invertir en nuestro país, en lugar de seguir sangrándolo con una fuga de capitales que, ante su ausencia total, han optado por buscar destinos más previsibles. Cuando la logremos la corrupción será castigada fieramente, el tráfico de drogas será reprimido con severidad, el lavado de dinero resultará imposible, disminuirá la inseguridad, la información oficial será pública y creíble, los fondos votados por el Congreso irán a sus destinos previstos, los concursos para los cargos públicos consagrarán a los mejores y, sobre todo, los contratos de todo tipo serán respetados.

Si lo conseguimos, se hará realidad el sueño de la llegada en masa de inversores, capaces de ayudarnos a cerrar la brecha que nos separa, cada día más, de los países desarrollados, tanto en industria cuanto en educación, toda vez que los nuevos emprendimientos exigirán más profesionales y técnicos en carreras duras. ¿Cómo pudo suceder, como dice Alieto Guadagni, que por cada 100 abogados graduados, en la Argentina se formen sólo 20 ingenieros, mientras que en Chile lo hacen 200? Con una mejor industria, podremos salir a competir externamente en los mercados de menor cantidad y mayor precio, adecuados en su tamaño a lo reducido de nuestra realidad doméstica, dejando de hacerlo, como sucede hoy, con aquéllos a quienes una economía de escala les permite reducir costos y precios, aunque con menos calidad. Deberemos recuperar el autoabastecimiento energético e incentivar nuestra industria minera, con serio y verificado respeto al medio ambiente.

Habrá que ocuparse, también prioritariamente, de sancionar una nueva ley de coparticipación federal que, haciendo automática la redistribución de impuestos a las provincias y municipios, termine con el centralismo basado en la concentración de la caja. El federalismo es inviable sin que las jurisdicciones tengan recursos propios.

Asimismo, habrá que discutir una política migratoria, de la cual hoy la Argentina carece, y dejar de ejercer una falsa solidaridad continental que empobrece y castiga a nuestros conciudadanos más humildes. No existe país en el mundo que no establezca reglas claras para permitir el ingreso y la permanencia en su territorio mientras que aquí nuestras fronteras son frágiles coladores, sin vigilancia de ningún tipo ni requisito alguno a cumplir para inmigrar. Este tema se vincula, además, con la atención gratuita de pacientes extranjeros en nuestros hospitales, que carecen de la infraestructura y de los recursos humanos y financieros necesarios para brindar eficiente servicio de salud a quienes pagan los impuestos para sostenerlos.

Deberemos volver al mundo, integrándonos a él a través de una relación de permanente respeto con todas aquellas naciones que actúen en igual sentido, respetando a ultranza los compromisos internacionales asumidos, tanto en materia comercial como económico-financiera, y las sentencias internacionales. Sólo entonces estaremos en condiciones de reclamar la devolución de las Malvinas,

En cambio, si el miedo continúa haciendo de las suyas entre nosotros, si no conseguimos evitar que se nos cambie la sociedad que queremos y en la que hemos elegido vivir, el futuro será mucho peor que cualquier pronóstico pesimista que podamos imaginar hasta que, finalmente, desaparezcamos como nación independiente. Ha llegado la hora, y la Argentina convocará a sus mejores hijos al combate por la República.

Sólo resta saber qué hará Ud. cuando sea llamado, y qué le dirá a sus hijos y nietos cuando éstos le pregunten: ¿qué hiciste tú entonces?

Bs.As., 22 Jul 12

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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