Así estamos... justicia y corrupción

La justicia (del latín, Iustitia) es la concepción que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas. Es un valor determinado por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones.

 La justicia se representa por una mujer con los ojos vendados, 

con una balanza en una mano y una espada en la otra.

Este conjunto de reglas tiene un fundamento cultural y en la mayoría de sociedades modernas, un fundamento formal:

• El fundamento cultural se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo, y otros aspectos prácticos de como deben organizarse las relaciones entre personas. Se supone que en toda sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo, y se considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa concepción.
• El fundamento formal es el codificado formalmente en varias disposiciones escritas, que son aplicadas por jueces y personas especialmente designadas, que tratan de ser imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los conflictos que aparezcan en sus relaciones.

La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público “dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta”. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.

La misión de los jueces es la de aplicar el derecho vigente al caso concreto. El ejercicio de esa función se denomina "jurisdicción". Es decir, la esfera o el ámbito en el cual se puede desenvolver un funcionario judicial. Cuando un juez se aparta voluntariamente de la aplicación del derecho al caso concreto comete un delito del derecho penal que se denomina prevaricato.

La prevaricación tiene los siguientes requisitos:

• La persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario.
• La persona prevaricadora debe estar en ejercicio de su cargo.
• Que la resolución injusta se dicte sabiendo que lo es. Debe existir dolo.

Ejemplos

Como caso concreto se puede citar como ejemplo de prevaricato a las conductas mediante las cuales los jueces dictaren resoluciones contrarias a la ley expresa o, funden dichas resoluciones en hechos falsos u otras resoluciones falsas.

Esto se vería agravado si esta conducta tiene lugar en causas criminales condenatorias o sea donde las libertades de las personas se vean comprometidas.

Argentina

Como ejemplo de pena podemos citar al Código Penal Argentino que en su Capítulo X, Art. 269 establece multas e inhabilitación absoluta perpetua para el primer caso y, reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua para el segundo.

No sólo los jueces son pasibles de penas por prevaricato. También los abogados. El CP argentino en el Cap. X Art. 271 impone sanciones de multa e inhabilitación temporal hasta 6 años al abogado o mandatario judicial que perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada. Y según el Art.272 la disposición del Art. 271 será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.

Ya sabemos porque todos los jueces, fiscales y funcionarios judiciales que actuaron y actúan en los mal llamados “juicios por delitos de lesa humanidad” serán acusados de prevaricato. Ahora vayamos a otro caso que nos muestra lo mal que está la justicia en la Argentina.

20 de agosto de 2012

Un juez pampeano se retira porque no confía en la Justicia

El magistrado de Control de la ciudad pampena de General Pico, Horacio Tolosa, deja su cargo por el hastío y la desconfianza que le genera el sistema. Denunció focos de corrupción y acusó a funcionarios y policías.

 Crédito foto: Gentileza InfoPico.com

El juez Tolosa llevaba 25 años como funcionario judicial, en los que desempeñó los cargos de secretario, fiscal y juez de primera instancia. Hasta que decidió dar un sonoro portazo al anunciar su retiro y argumentar que ya no confía en la Justicia.

En una entrevista con el diario La Arena, el funcionario explicó que se sintió muy afectado luego de ser denunciado por el abogado de un particular al que investigaba por un caso de "robo de autos de alta gama" y estafas reiteradas. La acción apuntó contra la figura del magistrado porque el denunciante argumentó que el proceso judicial dañaba el honor y dignidad de su defendido.

Tras esa acción, con la que intentaron apartarlo de la causa, Tolosa fue investigado y, abatido, decidió salir de la investigación por una cuestión de ética y limpieza. Y preguntó: "Ahora, digo yo, ¿mi dignidad y mi honor?".

La revelación de su desconfianza en la Justicia se produjo cuando el juez fue consultado sobre si iba a accionar judicialmente contra quien lo denunció, por el daño que les había causado a él y a su familia.

"Como no confío en la Justicia, no acudo a ella, porque lo considero una pérdida de tiempo. La tranquilidad me la da el hecho de que la causa sigue", disparó Tolosa, que con estas palabras generó una verdadera conmoción en La Pampa.

Luego el magistrado apuntó contra el particular y el abogado que lo denunciaron para apartarlo de la investigación en la causa por el robo de vehículos de alta gama: "En esta sociedad mediocre en la que vivimos, como es General Pico, estas personas son consideradas exitosas".

Un día después de la publicación de sus declaraciones, Tolosa las ratificó, agregó que no le interesa lo que piensen en el ambiente judicial y remató: "Tengo la certeza de que de la Justicia no van a llamarme para felicitarme".

Denuncias de corrupción

El magistrado también criticó al ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, César Rodríguez, y al ex vicegobernador Luis Campo, y sostuvo que "todo el mundo sabe quién vende la droga y quién la consume, y que los policías utilizan el móvil oficial para cuestiones particulares, pero nadie hace nada".

Los detenidos -manifestó- afrontan una situación "totalmente irregular, se lesionan derechos y garantías constitucionales, no se tienen en cuenta la situación legal, ni el perfil psicológico a la hora de alojarlos, y además hay personas con condenas firmes albergadas en destacamentos de la Policía local".

"En habitaciones de cuatro por cuatro metros hay alojados diez presos, salen peor de lo que ingresan, y no hay más muertos porque Dios los bendice todos los días", concluyó.