Piden anular el juicio y absolver a los militares

01:46 23/10/2012

El defensor Corigliano fustigó con dureza al tribunal, en particular a su presidente. 

"Es parte de una venganza y negocio" del gobierno que inició Néstor Kirchner, dijo.

NEUQUÉN (ACE).- El defensor de cinco de los militares imputados, Hernán Patricio Corigliano, calificó de "juicio oral ilegítimo" al proceso por delitos de lesa humanidad que está finalizando, aseguró que el tribunal "es imparcial" y que forma parte de la "venganza y negocio" instrumentada desde el gobierno nacional a partir de la asunción del expresidente Néstor Kirchner a la presidencia.

Corigliano pidió que el tribunal, al que cuestionó severamente, anule el juicio y absuelva a sus defendidos.

"Subsidiariamente" a que se rechace este planteo dio un detalle de la situación de cada uno de sus defendidos, que concluirá hoy Paola Rubianes. El primero centró ayer su alegato en los militares retirados José Ricardo Luera, Gustavo Vitón e Hilarión de la Pas Sosa.

El abogado manifestó que desde el 2003 se pasó de un "Estado de Derecho a un estado de desecho" en el que se dio por tierra con el Punto Final, la Obediencia Debida, se anuló el intento del expresidente Carlos Menem que con el indulto buscó "pacificar" las "facciones enfrentadas" entre las Fuerzas Armadas y los "delincuentes terroristas" que buscaban acceder el poder.

En esta línea aseguró que Kirchner, en su estrategia de "romper con (Eduardo) Duhalde" buscó apoyo político en "cualquier sector" y que lo obtuvo entre quienes en los 70 "atentaron contra" el gobierno a favor de obtener los "beneficios del poder y de la corrupción".

Aseguró que los grupos políticos que accedieron al gobierno a partir del 2003 instrumentaron los juicios contra los militares por "venganza y negocio", ya que luego del juzgamiento quedará habilitado el camino del resarcimiento económico.

En este enfoque sostuvo que el Tribunal Oral Federal de Neuquén formó parte de este esquema de "juicio oral ilegítimo", ideado en el despacho del exprocurador nacional Esteban Righi con la complicidad de la ministra de Defensa, Nilda Garré, mediante la cual se buscó aplicar la ley con retroactividad con la declaración de delitos de lesa humanidad.

Aseguró que los jueces de este proceso "son funcionales al poder político de turno", donde Orlando Coscia y Eugenio Krom "son jueces parciales que ya juzgaron y que condenarán nuevamente" a sus defendidos, en relación a la condena anterior producida en 2.008, en el primer juicio de "La Escuelita".

Particularizó sus ataque de parcialidad contra el presidente del Tribunal, cuando aseguró que Coscia hizo preguntas "capciosas e indicativas", y extendió los cuestionamientos de parcialidad al resto de los vocales al criticar que se le impidió la presentación de testigos, se le rechazaron pericias y la presentación en el debate de testigos que consideró fundamentales para sostener su postura, como la del exjuez durante la instrucción, Antonio Labate.

"Este tribunal, como tantos otros del resto del país, es blanco de la presión política. No hay garantías para mis defendidos", remarcó.

Para sostener esta afirmación recordó que cuando inicialmente el juez Mariano Lozano fue separado del tribunal y, ante un comunicado de las organizaciones de derechos humanos se lo incluyó nuevamente, con el fin de obtener una condena a cualquier costo.

Cerró su alegato con una exhortación al tribunal: "señores jueces, apliquen la ley en base a los hechos, pido que absuelva a mis defendidos".