Desde
San Juan nos hicieron llegar copia de la reiterada Petición a Informe Art 304. CPPN por Incumplimiento de Petitorio por parte
de V.S., presentada el pasado 26 de diciembre de 2012 por el Mayor (R) y también abogado Jorge Antonio Olivera, DNI
8.376.721, actualmente detenido en Penal de Chimbas San Juan.
Penal de Chimbas San Juan
En
la extensa petición del Mayor Olivera,
figura un párrafo que nos produjo una gran conmoción, por la gravedad de lo
descripto y aún no desmentido por nadie, lo transcribimos a continuación:
Mayor y Abogado Jorge Antonio Olivera
“Resuenan aún en mi memoria las palabras del Secretario del Juzgado Federal de San Juan,
Dr. Tacca cuando luego de leerme las
actas donde se informaba sobre la desaparición de la Sra. Erize y la muerte del Sr.
Russo que era el responsable militar
de la Sra. Erize en un
enfrentamiento con la policía y otros elementos foráneos de la provincia le
pregunté sobresaltado: ¿¿¿pero Dr. Tacca,
aún con esta prueba documental en sus manos Ud. sigue manteniendo la acusación
sobre mi persona y elementos del RIM 22???, el Secretario del Juzgado Federal Dr. Tacca, me respondió… y bueno Doctor
Olivera esta es una hipótesis
acusatoria que evidentemente está equivocada.
Le respondí entonces, pero Dr., estará equivocada la
hipótesis acusatoria a la que Ud. hace alusión, pero somos varios los detenidos
en cárcel por esto; me contestó, Ud. sabe
tanto como yo que esto es un tema
netamente político; a lo que le contesté disculpe,
pero yo creía que estaba en un Juzgado Federal, veo que me confundo y este
edificio es un comité político del Kirchnerismo”.
Al
día de la fecha de esa presentación, existen 17 integrantes del RIM 22 (entonces jóvenes oficiales y
suboficiales imputados injustamente y que no tienen responsabilidad alguna
en la causa Erize), quienes ya han sobrepasado los cuatro (4) años y dos
(2) meses de detención como Presos
Políticos, según los propios dichos del Secretario de Juzgado Federal de San Juan Dr. Carlos Tacca Conte-Grand[1].
Un análisis
de legos en la materia nos lleva a determinar que el Poder Judicial ha permitido la intromisión del Poder Ejecutivo en su accionar y perdido toda independencia en los
juicios mal llamados de “Crímenes de lesa
humanidad”. No solo se lo permitieron al gobierno de turno, también claudicaron
ante grupos de presión, tales como: Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres
de la Plaza de Mayo y Abuelas de la
Plaza de Mayo[2] y Agrupación H.I.J.O.S.
Presidente del CELS, Horacio Verbitsky (a) "el perro"
En
nuestra humilde opinión la justicia subordinó su estructura y funcionamiento a
lo que consideró que era políticamente correcto y le daría mayor rédito ante el
poder de turno. Ya nadie puede esconder la farsa de estos juicios, a tal punto
que un secretario de juzgado se lo admite a un colega imputado en una causa en
la que es inocente.
Las contradicciones
que se han visto en los diversos juicios llevados adelante con un “derecho a medida de la venganza de los
derrotados por las armas”, no son compatibles con las pautas
constitucionales.
Confección a medida
En
estos juicios se han constatado falencias que atentan contra el estado de
derecho. Están condenando sin pruebas fehacientes y que alejen toda duda, se ha
permitido el uso de falsos testigos[3]
y testigos estrellas[4]
[5],
tanto ha sido la presión por terminar a toda costa con estos juicios que hasta
la fiscal Mirna Goransky presentó su
renuncia[6]
Tales
fallas han sido las que motorizan la propuesta de que todo lo actuado en los juicios de Lesa Humanidad, se encuentran
viciados de nulidad absoluta y todo el personal militar, de fuerzas de seguridad
u otras y civiles involucrados en los mismos deben ser inmediatamente puestos
en libertad, recuperar todos sus derechos civiles y políticos y reparados
históricamente.
La espera de los Presos Políticos
El poder de turno se llevó por delante
elementales principios del derecho y la justicia, tales como:
- Desconocimiento del valor de la cosa juzgada,
- La garantía del debido proceso,
- La jurisdicción de los jueces naturales… no se puede juzgar actos de guerra con el Código Penal, por ello existía el Código de Justicia Militar.
- El principio de legalidad según el cual ningún habitante de la Nación puede ser penado, sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso.
- Desprecio de la presunción de inocencia y la irretroactividad de la ley penal.
- Negar el derecho a la excarcelación a los mayores de 70 años.
- Mantener a los imputados detenidos 9 o más años, sin condena, contra todo lo dicen los Derechos Humanos.
- Vergonzosa aceptación de “testigos estrellas o falsos”.
- Desconocimiento de la Ley Igualitaria.
- Y toda otra impúdica felonía jurídica que se les ocurrió, solo para vengarse.
Nada
de eso ha sido cumplido en esos juicios de manera fehaciente, produciéndose la
carga de la inversión de prueba; los imputados deben demostrar “su inocencia”. La presunción de
inocencia es una garantía consagrada en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en tratados
internacionales sobre derechos humanos
como, por ejemplo, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos o Pacto
de San José de Costa Rica.
Llevar
adelante un proceso de Pacificación
Nacional necesariamente exige la corrección de todos esos errores y abusos,
sería una buena forma de empezar el Nuevo Año 2013.
Sinceramente,
Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre
Referencias:
[2]
Recomendamos leer el libro de Luis
Gasulla: “El negocio de los derechos humanos” (2012), editorial Sudamericana, 400 páginas,
en todas las librerías del país.
[3] http://pacificacionacionaldefinitiva.blogspot.com.ar/2012/06/presentacion-del-libro-los-traidores-de.html
[4] http://pacificacionacionaldefinitiva.blogspot.com.ar/2012/05/miente-miente-miente-alguien-quedara.html
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!