Derechos humanos
Lunes 24 de septiembre de 2012 | Publicado en edición
impresa
Por Mariano De Vedia | LA NACION
A los 84 años, el coronel
retirado Rodolfo Aníbal Campos sigue rindiendo cuentas ante la Justicia por
su actuación como subjefe de la policía bonaerense durante la dictadura
militar. Su hija Ana Campos, en una
carta dirigida al Tribunal Oral Federal
N° 1 de La Plata, que lo investiga en la causa del circuito Camps, relató que su padre tiene "ceguera legal, anemia crónica,
hipertensión y fue operado por un tumor cerebral", y cuestionó la
revocación de la prisión domiciliaria y su traslado a la cárcel de Ezeiza.
Campos, que hace tres años fue condenado en Córdoba a prisión
perpetua por el secuestro, tortura y asesinato del subcomisario Ricardo Albareda, es uno de los 1230 oficiales de las
Fuerzas Armadas, de seguridad y penitenciarias que en la última década transitaron
por los tribunales, implicados en causas por delitos de lesa humanidad. De
ellos, 171 murieron en la cárcel o bajo proceso judicial, en condiciones que
en su entorno consideran "humillantes
y denigrantes".
Milagros es nieta del Coronel Campos
Es también uno de los 417 oficiales y suboficiales
que hoy están procesados o condenados en cárceles federales y provinciales. El
número se actualiza cada semana, advirtió la Unión de Promociones, una entidad formada por militares retirados
para "dar a conocer la verdad
completa" de la lucha contra la subversión y apoyar a los que
consideran "presos políticos",
por negárseles "el acceso a derechos
humanos mínimos, como el principio de igualdad ante la ley", denunció
el coronel retirado Guillermo Viola,
uno de sus fundadores, en diálogo con LA NACION.
"Ya estuvo preso en Marcos Paz. Fueron
los peores días de su vida. El traslado le produjo lesiones en su columna y lo
dejó doblado en dos por los dolores. ¡El envío a una cárcel común sería
matarlo, adelantarle su muerte!", describió, con dramatismo, Ana Campos, en la carta a los jueces
del tribunal, Carlos Rosansky, Roberto Falcone y Mario Portela. Aún no hubo respuesta y el militar está en la cárcel
de Ezeiza.
Con una edad promedio de 77 años, los ex uniformados son
destinados a pabellones especiales en las cárceles comunes de Marcos Paz,
Ezeiza, Villa Devoto, Bahía Blanca, Batán y Campo de Mayo, entre otras
unidades. Los jueces no tienen la obligación de conceder la prisión
domiciliaria, sino que se trata de una atribución que ellos pueden disponer
para los mayores de 70 años.
"No hay peligro de fuga. Muchos son
octogenarios, los trasladan esposados en camiones celulares y tienen severos
problemas de salud. Son sometidos a un régimen carcelario riguroso", explicó el coronel Viola, quien aclaró que los guardias penitenciarios tratan
con corrección a los detenidos.
"Mi padre tiene 90 años y cáncer. Ocho
dictámenes médicos del Cuerpo Forense de la Corte Suprema lo
declararon incapaz para estar en juicio", explicó el doctor
Ricardo Saint Jean, indignado por el traslado de su padre -el ex gobernador bonaerense de facto Ibérico
M. Saint Jean- a una cárcel común. En la citada causa del Circuito Camps, enfrenta cargos como coautor
material de privación ilegal de libertad y tormentos en 61 hechos.
APLICACIÓN DE LA LEY
"Además de juzgarlo ilegalmente, luego
de cuatro años y medio de prisión domiciliaria, lo envían ahora a una cárcel
común. Esto sólo ocurre con los militares y policías que combatieron el
terrorismo y ahora también con quienes ocuparon cargos públicos en los años
70", afirmó. Como
en otros casos, el penalista Saint Jean
se quejó de que a su padre le apliquen retroactivamente la ley penal. "Esto sienta el peor de los
precedentes, porque abre la puerta a la persecución política",
advirtió el doctor Saint Jean.
Los militares no tienen contacto con los presos comunes y
son excluidos, incluso, de los beneficios carcelarios, advirtió el coronel Viola. "No participaron, por ejemplo, de las
jornadas de puertas abiertas promovidas por la organización kirchnerista Vatayón Militante, que permitieron a
las familias pasar un día junto a los detenidos", señaló.
En la actualidad, hay 832 procesados (274 en cárceles comunes) y 225 condenados (143 en
instituciones penales), además de dos imputados no procesados. "Los militares enjuiciados son
prisioneros políticos porque el Estado viola 14 derechos humanos y libertades
fundamentales", advirtió el representante de la Unión de Promociones.
Se refirió a las prisiones preventivas que colisionan con
el principio de inocencia y la negación de derechos adquiridos, de
excarcelaciones bajo fianza, del principio de garantía del juez natural, del
principio de territorialidad y de la aplicación de la ley más benigna, entre
otros.
Viola citó el caso del ex
suboficial Gregorio Rafael Molina, de la Fuerza Aérea, condenado en junio
de 2010 a prisión perpetua en La Plata por homicidios y privaciones ilegítimas
de la libertad. Luego enfrentó un segundo juicio, cuando ya padecía de cáncer
en el vientre y fue llevado en estado terminal a la cárcel de Batán. "El director del penal -relató- se
negó a recibirlo al ver su estado, por lo que Molina durmió toda la noche en el celular que lo había
transportado. A la mañana siguiente, fue llevado a la audiencia y la defensora
oficial admitió que lo habían trasladado porque lo necesitaban para empezar el
juicio. Falleció, a los 67 años, el 11 de julio pasado."
EN EL BANQUILLO
Más de 1000 militares se enfrentan a la Justicia
- Jorge VidelaEx general
1230 Efectivos de las FF.AA.
Atravesaron distintas situaciones procesales en los
últimos diez años. La lista incluye a la Policía y el Servicio Penitenciario.
- Emilio MasseraEx almirante
171 Oficiales muertos
En cárceles y bajo procesos judiciales. Entre ellos,
figuran Massera, Antonio Domingo Bussi y Carlos Suárez Mason.
LA NACION – 24sep12 – Opinión
Publicado en edición impresa
Carta de Lectores
MONTE CHINGOLO
En una nota publicada el 20 del actual se califica de "asesinato"
la muerte de un integrante del ERP ocurrida durante el asalto al cuartel del
Ejército Argentino en Monte Chingolo, en diciembre de 1975. El autor de la
nota, como periodista, sabe de la importancia de usar las palabras adecuadas
para los hechos que relata. Como advirtió George Orwell en su célebre novela
1984, las palabras deben ser utilizadas con cuidado. En nuestro caso, no
hacerlo implica interpretar en forma errónea la trágica historia que hemos
vivido.
Dr. Marcos Gallacher
DNI 8.319.585
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