Queridos amigos:
A través del uso intensivo de la
palabra, difundida por injustificables y prolongadas trasmisiones en “cadena
nacional”, la señora presidente irrita y amenaza mientras, detrás de ella, el
viceministro Kicillof pontifica y dogmatiza, el senador Aníbal Fernández
humilla y agrede y el ministro Randazzo intenta explicar lo inexplicable.
Todavía persiste una insondable diferencia entre el país ideal descripto por
los funcionarios y el país real, que llora cotidianamente por los
robos, los accidentes y los asesinatos, en medio de una inflación que
devora en pocas semanas los aumentos nominales y las esperanzas de
progreso. Pero ahora, al menos, hay una coincidencia entre el discurso
avasallante y los actos de igual naturaleza que debe soportar la sociedad.
Después que la misma presidente
homenajeara en forma pública al fundador de las Fuerzas Armadas Peronistas
(FAP) poco podía sorprender que esta semana se festejara el día del militante
montonero con la participación de múltiples agrupaciones afines al oficialismo.
Dado que los Montoneros fueron una banda terrorista que cometió cientos de
atentados, secuestros y asesinatos, durante la vigencia de gobiernos civiles y
militares, su exaltación constituye, sin atenuantes, una auténtica apología
del delito. Ya queda de lado la ficción de hablar de los “jóvenes
idealistas” para reconocer la connivencia y complacencia con la acción
revolucionaria de la agrupación armada, violenta, subversiva y criminal. Los
montoneros pretendieron obtener el poder total por la fuerza de las armas
y en ese terreno, fueron vencidos en toda la línea. Hoy, las consignas
minoritarias de quienes pretendieron imponer una “patria socialista”, vuelven
de la mano de un gobierno elegido democráticamente pero que avanza sin descanso
sobre la división de poderes y los demás fundamentos de la república
representativa y federal.
La señora presidente expresó
públicamente a sus funcionarios que no deben temer a los jueces sino solamente
a Dios y agregó: “y a mi también, un poquito”. Pero no son solo los jueces y el
poder judicial los que van perdiendo potestad. Los legisladores oficialistas
carecen de la posibilidad de legislar y han quedado reducidos en sus funciones
a convalidar los proyectos del ejecutivo, y los opositores, desde la conversión
de Borocotó hasta el presente, están sometidos a las presiones y la
manipulación permanente de un poder que intenta controlarlo todo.
En una primera etapa, el gobierno
arremetió contra ciertos sectores a quienes consideraba corporaciones
funcionales a la “oligarquía”, tales como las fuerzas armadas, los
eclesiásticos y el campo. Probado su poder, los opositores al “modelo”
sintieron el peso del ataque que en forma de acusaciones judiciales borró las
posibilidades electorales del candidato Enrique Olivera, estuvo a punto
de destruir a Francisco de Narváez y hoy está próximo a llevar a juicio a
Mauricio Macri. Más cercanamente y desde una posición dominante, el sector que
detenta el poder en el gobierno puso bajo fuego a los posibles candidatos de su
propio Frente, que como en el caso de los gobernadores Daniel Scioli y José
Manuel De la Sota cometieron la osadía de verse como presidenciables. La
última etapa corresponde a la purga interna contra todo aquel que pretenda
conservar la cuota de poder que su cargo conlleva, sea el Secretario de la CGT
o el Gobernador de Santa Cruz. Este último, recibió esta semana el más duro
embate de que se tenga noticia contra un hombre de la propia fuerza. No
solo se le dificultó la posibilidad de conseguir préstamos para pagar los
salarios en la Provincia llevándola al borde del caos social, sino que se le
lanzó la insólita acusación de espiar a la mismísima presidente, dislate de una
magnitud tal que revela por sí mismo la voluntad destructiva y “destituyente”
de quien lo formula. El problema de esta ampliación permanente del grupo de
“enemigos”, que incluye a los miembros del partido justicialista que es el que
le da fuerza territorial al núcleo duro del poder, va limitando y
concentrando el gobierno de la república en tan pocas personas que
algunas de ellas, como es el caso de Kicillof, ya son acusadas formalmente de
incompatibilidad de funciones. Pronto, el número de enemigos será tal que el
aislamiento interno del gobierno podrá compararse a la soledad internacional que
sufre la Argentina en la comunidad de las naciones.
El Ministro De Vido se permitió
decirles a los gobernadores que no deberían endeudarse para pagar aumentos de
sueldos sino para hacer obras. Esta afirmación es acertada pero no puede
sostenerse si el gobierno nacional es responsable de una inflación
superior al veinte por ciento que obliga a aumentos nominales permanentes
mientras la nación se queda con los fondos coparticipables. Solo lo que retiene
el estado nacional por los fondos jubilatorios, que ya no se justifican
al haber nacionalizado las AFJP, suma 4991 millones de pesos anuales en una
provincia grande como Buenos Aires y 471 millones en una más pequeña como La
Rioja. En vez de consejos el gobierno nacional debería repartir justicia
y defender el federalismo real dando a cada provincia lo que le corresponde.
Algunas como Córdoba, Corrientes y Santa Fe ya lo exigen judicialmente. Otras,
todavía tienen el miedo que reclama la señora presidente.
Pero no es solo en el ámbito
político en que el poder central avanza incesantemente. La acción socializante
se manifiesta en el crecimiento del control de la economía, el embate contra la
propiedad privada, la intromisión en los medios de comunicación y la limitación
de las libertades individuales, como la de viajar al extranjero por
ejemplo. A las pruebas me remito. A la expropiación de YPF y el control del
mercado hidrocarburífero siguió la semana pasada el control del área de la
electricidad y esta semana el anuncio de que el Estado se queda con el 22 por
ciento del espectro de la telefonía móvil. Por supuesto que nada de esto es
gratis. En el caso de la telefonía el Estado tendrá que aportar alrededor de
2000 millones de dólares en lugar de percibir los 300 millones que estaban
previstos en la licitación. En el caso de YPF aun estamos tratando de
encontrar quien financie los enormes costos de la explotación de los
yacimientos no convencionales. Pero toda racionalidad parece perder importancia
ante la sacralización de la ideologización de un modelo que hasta hace
poco era indefinible y que ahora va tomando la forma de un viejo y superado
sistema de control centralizado de la economía que ya fracasó desde la Unión
Soviética hasta Cuba. Y este viejo esperpento parece ser lo que el
gobierno tiene reservado para enamorar a los jóvenes a
quienes pretende hacer votar desde los 16 años. ¡Tremendo
contrasentido!
Ese proyecto de voto juvenil merece
un análisis específico. En ciencias políticas nos enseñan que las políticas
públicas surgen de la agenda social que es la que incluye los temas que
preocupan a la sociedad, de la agenda pública que es la que tratan los medios y
de la agenda política que es la que interesa al gobierno de turno. Un gobierno
digno se aboca principalmente a la agenda social, uno acomodaticio a la agenda
pública y uno egoísta se centra en la agenda política. Pues bien, allí
estamos. El debate sobre el voto juvenil es un debate innecesario porque no
surge de reclamo social alguno sino exclusivamente de la especulación política
del gobierno que aspira a adoctrinar a sectores de la juventud a partir de la
acción de La Cámpora en los colegios e impulsar la concurrencia a
las urnas de esos grupos en forma voluntaria. Aunque el modelo que se ofrece es
obsoleto y poco atractivo, el despliegue de medios y recursos lo hace
viable y la obediencia legislativa oficialista lo hará posible.
No dejamos de notar que los sectores políticos socialistas apoyan este
proyecto del gobierno y otros de similar tenor porque en el fondo también responden
a su plataforma. No parecen o no quieren advertir que el apoyo se da en
el marco de un proceso de avance sobre las instituciones al que consciente o
inconscientemente favorecen. Una vez más dejan que la ideología predomine
sobre los intereses sociales y nacionales.
Un referente del conurbano nos
comentaba que todas las agrupaciones que responden al gobierno (La Cámpora,
Kolina, etc, etc,) llegan a la población con una abundancia de recursos y de
medios que deja desairados a todas las corrientes opositoras que solo poseen la
fuerza de la palabra y de la esperanza. Sin embargo, hay un factor que
comienza a abrir los ojos y oídos de los ciudadanos. Es el fracaso de las
políticas gubernamentales producto de sus propias limitaciones para solucionar los
verdaderos problemas sociales. Los trenes que descarrilan, se atrasan y se
incendian muestran las consecuencias de la corrupción y la falta de
preocupación por el mantenimiento. Los millones de hectáreas inundadas en la
provincia de Buenos Aires nos hablan del descuido de la obra pública. Las
marchas contra la inseguridad que reúnen a miles de ciudadanos, como la que se
produjo esta semana en Lanús, no pueden ser ocultadas. Como tampoco
pueden esconderse los ataques a la propiedad privada y la acción de
las bandas armadas cuando tienen como consecuencia la pérdida de vidas como
sucedió en Humahuaca. Hay una correspondencia inescindible entre la ideología
del “modelo” revolucionario en curso, el avance de la delincuencia y los
ataques contra la propiedad privada. Poner al delincuente y al violento
como víctima social con derecho a la agresión impune es parte de una visión
enfermiza, antisocial y plenamente asumida por este gobierno.
Siento en este punto la necesidad de
brindar un reconocimiento a dos periodistas amigos, Francisco Borello y Luis
Quiroga, quienes desde los medios alternativos a su alcance hace años que
venían advirtiendo acerca del carácter socializante y chavista del modelo
gubernamental a despecho de ser muchas veces ignorados o acusados de
alarmistas. Hoy ya caben pocas dudas de cual es la tendencia de un gobierno que
apela al temor y la concentración del poder hasta el punto de amenazar a
la propia Constitución Nacional. Afortunadamente esta exposición de la verdadera
naturaleza del gobierno, del modelo ideológico que lo impulsa y
de la personalidad autoritaria y dominante de quien lo conduce, ha llegado a
tiempo para hacer despertar a las conciencias que serán puestas a prueba en las
elecciones del año 2013, en que ya nadie podrá pretextar ignorancia ni
declararse prescindente a la hora de elegir entre la sumisión y la libertad.
Un abrazo para todos.
Juan Carlos Neves, Presidente de
Nueva Unión Ciudadana
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