Sábado
08 de diciembre de 2012 | Publicado en edición impresa
Editorial
I
Al
criticar y ofender a los jubilados
que hacen juicios para cobrar lo que les deben, la Presidente pareció confirmar que la Anses seguirá castigando al sector.
Las
dudas que algunos desinformados pudieron albergar acerca del carácter sádico de
la política del Gobierno con los jubilados
seguramente se desvanecieron con las insólitas, durísimas e injustas palabras
que la Presidente dedicó la semana
pasada a los miembros de la llamada clase pasiva que se ven forzados a hacerle
juicio al Estado para intentar cobrar lo que, de acuerdo con la Justicia, les
corresponde, siempre y cuando la muerte no los sorprenda antes. A ellos Cristina Kirchner los calificó
despectivamente como "buitres" y "caranchos".
No
fue un lapsus ni un comentario marginal o un exabrupto. La Presidente eligió nada menos que la cadena nacional para ofenderlos
cuando, en el Museo del Bicentenario, y con el pretexto de anunciar la segunda
etapa del Programa Procrear, sostuvo equivocadamente que mientras rigió el
sistema de la jubilaciones privadas con las AFJP, "no se registraba ningún juicio contra las administradoras de
fondos de pensión", pero que, al apropiarse el Estado de esos fondos,
se desató "una catarata de
juicios". Y fue mucho más allá al considerar que esos juicios iniciados
por los jubilados pueden equipararse
con ataques al país como los sufridos, en la interpretación presidencial, por
la demanda iniciada en los tribunales neoyorquinos por los fondos de inversión
que no ingresaron en los canjes de deuda, comúnmente denominados "fondos buitre".
En
efecto, Cristina Kirchner sostuvo: "Últimamente se ha hablado mucho de
jueces buitre y fondos buitre, caranchos. Yo digo -agregó- que los buitres y
los caranchos no están solamente afuera, hay también adentro y muchas veces se
lanzan sobre el Estado".
Si
algún mérito tienen estos conceptos tan crueles como hipócritas es el de
transparentar el genuino pensamiento del kirchnerismo sobre la cuestión
previsional. Varias veces afirmamos en esta columna que el Gobierno se apropió de
los fondos de los jubilados
empleándolos como una caja política para financiar actividades totalmente
ajenas a los intereses de la clase pasiva, y que debido a este constante saqueo
de fondos que no le pertenecen al Gobierno sino a los jubilados y pensionados,
éstos cobran menos que lo que les corresponde y se ven obligados a iniciar
largos juicios, que la Administración
Nacional de la Seguridad Social (Anses) prolonga con todo tipo de maniobras
y chicanas, llegando a veces a desconocer sentencias ya confirmadas.
Luis René Herrero
Incluso,
la Anses recusó sin causa a Luis René Herrero, camarista del fuero de la Seguridad Social, por considerar que
fallaba en favor de los jubilados.
Afortunadamente, la Corte Suprema confirmó un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de la
Seguridad Social que había rechazado un pedido para apartar a dicho
magistrado. Sin embargo, Diego Bossio,
titular de la Anses, respondió: "Vamos a seguir trabajando de la misma
manera". El organismo apeló
este año 42 sentencias favorables a los jubilados.
Lo
importante es que en un extraño pero iluminador acto de sinceramiento, la Presidente ha confirmado lo que siempre
aseveramos: en la perversa concepción del Gobierno, los fondos previsionales no
sólo le pertenecen sino que los genuinos acreedores, los que han aportado al
sistema durante una vida de trabajo y tienen que demandar al Estado, resultan
ser traidores. La avalancha de cartas de jubilados dolidos e indignados
publicadas por los diarios independientes mostró el calibre de la ofensa
inferida. Uno de ellos planteó que los fondos de la Anses no son recursos públicos sino los aportes que a lo largo de
los años de vida útil fueron depositando los millones de trabajadores que ahora
padecen penurias por la desnaturalización de los fines a los cuales se
aportaron.
Porque en verdad, el único responsable de los cerca de
300.000 juicios es el Estado, pues el Gobierno, repetimos, es quien no paga lo
que los jubilados y pensionados deberían cobrar conforme a
derecho. Con el fallo Badaro, la Corte Suprema dispuso la movilidad de
las jubilaciones. La crueldad de un régimen que roba a los mayores llega al
extremo, como decíamos, de no pagar los juicios que cuentan con sentencia
favorable de la cámara, una instancia a la que se llega tras varios años.
Pero
hubo un caso que no siguió este camino tortuoso y al que difícilmente podría
cuestionar la Presidente. Es el de Ofelia Esther Wilhelm, su madre, quien en marzo de 2008 inició un juicio
cuando su hija ya ejercía la presidencia y en poco menos de tres años, el 3 de
diciembre de 2010, logró una sentencia favorable con el reajuste del monto de
la pensión por la muerte de su marido. Hay jubilados que aguardan diez años un
fallo, pero además, en este caso la Anses
hizo una excepción y no apeló la sentencia favorable.
Ofelia Esther Wilhelm
Los
dichos de la Presidente han mostrado qué falso e interesado concepto tiene el
Gobierno de los jubilados y pensionados, y qué difícil camino le
espera a la clase pasiva, a la actual y a la futura, pues aquí la única ave de rapiña es el Gobierno.
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