La
Dra. María Laura Olea, ha renunciado
después de 28 años en el Poder Judicial,
a la Secretaría de la Cámara de Casación.
La
persecución judicial de la que ha
sido objeto tuvo punto culminante en la prohibición
de defender a su padre, el General
Braulio Olea, acusado injustamente por violaciones a los Derechos Humanos
en la causa Escuelita y Escuelita II.
Es
lamentable que el Poder Judicial se
quede sin estos representantes honestos, cuyo lugar será pronto ocupado por
algún obsecuente grotesco en detrimento de un mejor servicio de justicia.
Su
renuncia demuestra una moral inquebrantable y, en contraposición, el triste
nivel al que se somete un Poder Judicial farandulesco, pleno de
protectores del narcotráfico y de las políticas marcadas por el Poder Ejecutivo.
Su
renuncia la dignifica y aquí les dejo la misma.
Muy
cordialmente,
Andrea
Palomas Alarcon
Abogada
Buenos Aires, 7
de febrero de 2013
Al Sr.
Presidente de la
Cámara Federal
de Casación Penal
Dr. Gustavo
Hornos
S / D
Tengo el honor de
dirigirme a V.E. en mi carácter de Secretaria de Cámara –contratada- ante la Vocalía nº 9 de la Cámara Federal de Casación
Penal, a cargo del Dr. Eduardo Rafael Riggi, a fin de presentar mi renuncia a
partir del día 13 de febrero del corriente año.
Mediante resoluciones Nº
903/12 y Nº 992/12 dictadas en los expedientes Nº 38/11 y Nº 14/12, el Tribunal de Superintendencia
de ese cuerpo dispuso por “motivos de
decoro” que cesara en forma inmediata en el ejercicio de la defensa de mi
padre.
No obstante que las
normas prevén la excepción a las incompatibilidades en casos como el que me
afecta –art. 16 in fine de la ley 22192; art. 4 de la
ley 23187; art. 9 del Decreto-Ley
1285/58-, y pese a la
autorización otorgada por esa Cámara de Casación mediante resolución 642/08 en
el año 2008, y a la impugnación que efectuara respecto de las
decisiones referidas, la medida se mantuvo.
Ante tal situación me
veo forzada a presentar esta renuncia, en tanto, pese al reconocimiento legal
del derecho que me asiste de defender a mi padre, el citado Tribunal de Superintendencia
lo ha negado reiteradamente, por lo que
después de 28 años de haber ingresado al Poder Judicial de la Nación , considero que no puedo continuar prestando
funciones si para hacerlo debo resignar mis legítimos derechos y obligaciones.
No
tengo otra opción entonces que presentar mi renuncia, a la que me veo forzada -reitero-
para poder retomar la defensa de mi
padre en los procesos judiciales en los que resulta injustamente imputado,
asistencia que no afecta mi dignidad ni mi
decoro, sino que por el contrario me honra.
Solicito tenga a bien
ordenar las medidas correspondientes a fin que se efectúe la liquidación final
de mis haberes y se expidan los certificados de servicios y remuneraciones en formulario de ANSES, y la
certificación de cargos.
Dios guarde a V.E.
María
Laura Olea
DNI 13.968.163
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