Resulta destacable el
pedido de una jueza española para juzgar a terroristas de la disuelta ETA como
autores de crímenes de lesa humanidad
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| jueza española Carmen Lamela |
La jueza española
Carmen Lamela ha solicitado a la Sala en lo Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía juzgar a cuatro hombres de primerísima línea de la
disuelta organización terrorista ETA. Los acusa de crímenes de lesa humanidad.
El procedimiento fue
iniciado en 2013 con una denuncia de Dignidad y Justicia, asociación que se
creó en 2005 con el objetivo de asegurar la derrota de ETA en todos sus
frentes. El tribunal se halla presidido por Daniel Portero, hijo de Luis
Portero García, que era fiscal jefe de ese cuerpo judicial de segunda instancia
cuando fue asesinado por ETA, en octubre de 2000.
La jueza de primera
instancia atribuye a la banda terrorista la comisión de los delitos de
asesinato y secuestro como parte de un plan sistemático contra la población
civil. La denunciante estimó probado ese plan con los sucesivos comunicados de
ETA en los que esta justificaba sus atentados en la negativa de las víctimas a
abandonar definitivamente el territorio vasco; avisaba, además, que cometería
nuevos crímenes si no acataban sus órdenes.
La Justicia española
consideró que había motivos suficientes para atribuir a los cuatro etarras los
asesinatos del exconcejal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Isaías
Carrasco; de los operarios Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, y del
empresario Ignacio Uría. Dice la magistrada que los imputados impartieron a los
autores materiales las correspondientes instrucciones desde una estructura real
de dominio en la que se adoptaba un régimen interno equivalente a la disciplina
militar.
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| Coronel Argentino del Valle Larrabure |
El antecedente
reviste singular relevancia moral y legal en la Argentina. En estos momentos la
Cámara Federal de Rosario debe decidir si el crimen del coronel Argentino del
Valle Larrabure, secuestrado, torturado y finalmente asesinado por el Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP) luego de un horrible cautiverio, es de lesa
humanidad o no.
Al considerar de lesa
humanidad los crímenes etarras y aplicar de tal modo el derecho y la
jurisprudencia internacional, la jueza negó valor sustancial alguno a que ETA
hubiera carecido de apoyo del Estado español o de control territorial.
Consideró esencial, en cambio, que estuviera acreditado el ataque sistemático a
la población civil en función de un plan criminal.
Al respecto, es
importante significar que en España la organización terrorista asesinó a 843
personas en casi medio siglo de acción. En la Argentina, entre el ERP,
Montoneros y otras bandas terroristas, en solo diez años asesinaron a 1094
personas, colocaron 4380 bombas, secuestraron a 756 personas e hirieron a otras
2368. Así consta en el minucioso relevamiento oficial del Centro de Estudios
Legales sobre Terrorismo y sus víctimas (Celtyv), de creciente predicamento en
la sociedad. Esas cifras escalofriantes pueden leerse de esta otra manera: cada
tres días, durante diez años, moría en nuestro país una persona asesinada por
terroristas.
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| Juan Arnold Kremer |
Luego de la muerte de
Mario R. Santucho, Juan Arnold Kremer, imputado como autor mediato del crimen
del coronel Larrabure, asumió la jefatura del buró político del ERP. Desde allí
dispuso del dominio sobre la vida y la muerte de aquel oficial superior del
Ejército. Así lo ha confesado Kremer en el libro Símbolos y fantasmas, de
Germán Ferrari, donde narra que propusieron a Larrabure que se ganara la
libertad dando cursos de fabricación de explosivos, pero “Larrabure se puso en patriota y
dijo que jamás iba a colaborar... Ya no sabíamos más qué hacer, estábamos en
tensión. Venían los compañeros que decían 'es una situación insostenible'”.
Consciente de los
horrores generados por la Guerra Civil Española con la pérdida de cientos de
miles de personas, España no permite
malversar la historia ni el derecho, ni efectuar la pública apología de la
violencia terrorista. Esto es lo que lamentablemente ha ocurrido y sigue ocurriendo
en la Argentina desde hace tiempo.
Sería impensable que
en España se dictara una resolución como la que firmó el ministro del Interior
del presidente Cámpora y procurador general de la Nación a comienzos del
kirchnerismo para prohibir a los fiscales considerar de lesa humanidad los
crímenes de la guerrilla. O que organizaciones de derechos humanos españolas
reivindicaran a los terroristas etarras que en 1987 causaron 21 muertos en el
atentado contra un supermercado de Barcelona, o a los que mataron a cinco
niños, al desplegar su irracional violencia contra la casa cuartel de la
Guardia Civil en Zaragoza, en 1987.
En
la Argentina la irracionalidad y el menosprecio de las lecciones de la historia
han llegado a tal punto que el 24 de marzo de 2017, en manifestaciones públicas
de sectores de izquierda, se ensalzó la sangrienta militancia del ERP, las FAR
y Montoneros. Fue otra bofetada al dolor de las
víctimas del terrorismo guerrillero que jueces y fiscales no deberían
consentir. Bastaría para eso aplicar las
convenciones de Ginebra de 1949, que son ley en nuestro país, y que impiden
atentar masivamente contra civiles inocentes.
NOTA:
Las imágenes y destacados con corresponden a la nota original.
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