jueves, 2 de noviembre de 2017

CARTAS DE LECTORES DE LA NACIÓN

DOS TERRORISMOS

Azorado leía un tuit del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien, con relación al atentado en Manhattan en el que perdieron la vida de la manera más horrible cinco ciudadanos de Rosario que habían viajado a festejar un aniversario, decía: "El horror de la violencia y el terrorismo nos golpea otra vez de cerca". Inmediatamente recordé cuando siendo intendente de esa ciudad, en el acto de inauguración del monumento al sanguinario terrorista internacional Ernesto "Che" Guevara, proclamaba: "Que el Che vuelva a Rosario es el cierre de una extraordinaria parábola. Es el homenaje al hijo más ilustre y emblemático de nuestra ciudad", sentimiento que reiteró tres años después en un acto en el mismo lugar, cuando expresó: "Hemos recuperado a uno de los hijos más queridos, su dimensión de estadista, su obra, su legado y sus sueños, para mantenerlo vivo para las generaciones futuras".

Parece que para el señor gobernador de Santa Fe el terrorismo de antes era el bueno y el de ahora, el malo.

Alejo Uribe
DNI 6.259.301


LIBRES

Lamento muchísimo el asesinato de los cinco rosarinos en Nueva York a manos de un terrorista. Éstos se suman a muchos asesinados por terroristas en nuestro país. Lo que no llego a comprender es por qué nuestros terroristas están libres y los que pelearon para combatirlos están presos.

Teófilo M. Méndez
DNI 5.154.654


miércoles, 1 de noviembre de 2017

FALLECIÓ OTRO PRESO POLÍTICO... ¿HASTA CUÁNDO O CUÁNTOS?


Estimados Amigos:

A través de la Unión de Promociones hemos tomado conocimiento que lamentablemente el día el el martes 31 de octubre de 2017 falleció el señor Cabo (R) Roberto Arturo Gigli (Policía Federal Argentina), Preso Político en cautiverio de 70 años de edad, quien se encontraba afectado de múltiples y gravísimos problemas de salud.

Consecuentemente, ya son 423 (cuatrocientos veintitrés) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 83 (ochenta y tres) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, allegados, compañeros y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias continuaran cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de casi 207 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora. ¡BASTA!

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

por una Nueva Década en Paz y para Siempre

INOCENCIA PERDIDA


"Yo os envío, como ovejas en medio de los lobos". Mateo 10:16

El Poder Ejecutivo nacional -y el de la Provincia de Buenos Aires no se quedó atrás al promulgar la demencial ley que impide el cuestionamiento de un número dogmático, los 30.000 desaparecidos- pretendía obtener una actitud contemporizadora por parte de los organismos que nuclean (ya fue confesado por ellos mismos) a quienes reivindican el accionar de los terroristas de los 70's y hasta pretenden traerlo al presente, mientras militan en el kirchnerismo tumbero.

Para justificar esta última afirmación basta recordar qué sucedió durante la manifestación del 24 de marzo de este mismo año en la Plaza de Mayo, donde fue leída una proclama, firmada por todas las organizaciones, en la que propusieron volver a las armas para derrocar al Presidente, al cual identificaron con la dictadura militar; las denuncias penales formuladas por sedición, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del crimen fueron rápidamente archivadas por el diligente Juez Marcelo Martínez de Giorgi, otro conspicuo inquilino de Comodoro Py, porque afectaban ¡el derecho a la libertad de expresión!

Durante dos años, el Gobierno creyó que, para conseguir la paz que buscaba, bastaba con su total prescindencia respecto al accionar del Poder Judicial colonizado y la completa inacción de la Secretaría de Derechos Humanos frente a la situación de los ancianos militares y civiles detenidos por presuntos crímenes de lesa humanidad, aguantar sin inmutarse los cortes de calles y caminos y la ocupación de los espacios públicos por encapuchados armados con palos y la absurda permisibilidad frente a la actual presencia de claros propaladores del odio y la violencia institucional en los medios de comunicación del propio Estado; esa inútil política de seducción incluyó cancelar cualquier esperada medida tendiente a la revisión de las írritas sentencias dictadas en los fraudulentos procesos de venganza, que mantienen casi dos mil presos políticos en las cárceles de todo el país.

Pero, en su inocencia, no se dio cuenta que ese terreno, el de los malversados derechos humanos, era el campo de batalla elegido por el perdidoso kirchnerismo y el "club del helicóptero" para continuar con su guerra abierta contra Mauricio Macri, la democracia y la República. Siguió tolerando, y subsidiando, las actividades desestabilizadoras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, de Horacio Verbitsky), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de Madres (Hebe Bonafini, quien el jueves pasado reiteró su incondicional apoyo a Cristina Elisabet Fernández) y Abuelas (Estela Carlotto) de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S., y hasta les permite la posesión de lugares y edificios emblemáticos que debieran pertenecer a toda la ciudadanía.

Pese a que ya había alterado el orden constitucional con sus acciones a favor de Milagro Salas, una política presa por la multiplicidad de delitos de los que se la acusa, y humillado con ello a la Justicia argentina, el Gobierno continuó contribuyendo financieramente al sostenimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ahora se ha sumado a la tergiversación (la "desaparición forzada" en manos de la Gendarmería) de los hechos comprobados en el caso de Santiago Maldonado, que encontró la muerte ahogándose en un río del sur, mientras acompañaba los actos terroristas de esa falsa etnia; y ello aún cuando la presencia en la CIDH de Raúl Zaffaroni garantiza su utilización como efectiva arma contra las instituciones argentinas.

El nuevo camino que ha comenzado a recorrer se vincula, qué menos se podía esperar, con el tema de los inventados mapuches que buscan la secesión de un territorio, no por casualidad de multimillonario valor y al que califican falsamente de ancestral, tanto de Argentina como de Chile; los movimientos indigenistas han sido elegidos también por el Foro de San Pablo como arietes contra los Estados y las democracias de América. El objetivo de la fábula construida con la desaparición temporal del tatuador y el descubrimiento de su cadáver intacto ha sido claro, ya que aún la familia y las organizaciones de izquierda nacionales e internacionales, contra toda evidencia, lo siguen utilizando para victimizarse y culpar al Gobierno, a la Ministro de Defensa (Patricia Bullrich) y a la Gendarmería por su supuesto asesinato.

En este tema en particular, y dada la segura influencia y el dinero de las FARC colombianas, de Sendero Luminoso peruano, de los colectivos chavistas y de las organizaciones terroristas chilenas en la región, la Justicia no podrá continuar con su aberrante política de reconocimiento fáctico de una soberanía -pedir permiso para ingresar y aceptar que los okupas palpen de armas a las fuerzas de seguridad- distinta a la nacional en las regiones afectadas por este fenómeno, porque está en juego la propia existencia del Estado que, por definición, debe velar por el cumplimiento de las leyes y por la integridad de su territorio.

Esta semana, la CIDH celebró en Montevideo su 165° período de sesiones. En ella, tanto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia cuanto el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV) fueron impedidos a gritos de participar, pese a haberse inscripto con los requisitos exigidos, y el Dr. Guillermo Fanego, un abogado defensor, fue expulsado con violencia de la sesión, todo ello con el aquiescente y permisivo silencio de las autoridades del cuerpo. Quedó probado así cuál es el rol que le ha asignado a este organismo de la O.E.A. el Foro de Pablo, es decir, un lugar en el que sólo la izquierda cerril, el falso progresismo y los regímenes cleptocráticos puedan tener voz.

Esa actitud, de neto corte stalinista, se consumó en presencia de Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos argentino, que recibió, de parte de Estela Carlotto, una puñalada trapera; esta también confesa dirigente kirchnerista acusó a nuestro Gobierno, ante una nutrida concurrencia regional, de abandonar la postura sesgada que se mantuvo durante toda la década saqueada y de llevar adelante una inexistente política que, de concretarse, simplemente permitiría que la protección alcanzara a todos los habitantes de la nación, en especial a aquéllos que lucharon con las armas legales contra la subversión y a las víctimas civiles del terrorismo, y no solamente a esos monumentalmente indemnizados y premiados "jóvenes idealistas", que asolaron el país hace cuarenta años. 

El viernes pasado, Mauricio Macri criticó a la Comisión diciendo que estaba operando sobre el caso Maldonado con "fines políticos". ¡Era hora de que perdiera la inocencia y lo descubriera! Esperemos que, a partir de ese tardía toma de conciencia, proponga al Congreso que la Argentina deje de pertenecer a la CIDH, como lo hizo Donald Trump con la UNESCO, terminando así con la supremacía de las resoluciones de dicho organismo sobre nuestro Poder Judicial, ya que nuestra presencia en ella convalida la bastarda utilización de todos los escenarios, micrófonos y cámaras posibles para denostar y combatir contra el sistema democrático y republicano, ese que la Argentina y casi todos los países del continente han elegido para vivir.

Bs.As., 1 Nov 17

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

DESERCIÓN DE LA CIDH

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, durante una conferencia de prensa hoy, en Montevideo (Uruguay). EFE

El editorial "Deber de imparcialidad de la CIDH" describe un episodio lamentable. Con la actual CIDH y su Secretaría Ejecutiva nunca hubiese podido jugar el papel que desempeñó cuando visitó la Argentina en tiempos de la dictadura militar. La CIDH se cuidó mucho de no embanderarse con ninguna posición política y enfocar sus acciones basándose en los derechos humanos protegidos en los instrumentos internacionales. Como funcionario de la Secretaría Ejecutiva, me tocó participar en el examen de la situación de los miembros de la Guardia Nacional de Anastasio Somoza presos en la época de los sandinistas. Éstos le solicitaron a la CIDH un dictamen como forma de superar los problemas que tenían con los "contras", para aplicar los Acuerdos de Sapoá, que terminaron con la lucha armada en Nicaragua. Los miembros de la Guardia Nacional eran el ejemplo viviente de la violación de los derechos humanos y la gran mayoría fueron liberados después del dictamen de la CIDH. La CIDH tuvo entonces la autoridad moral y la integridad ética que le permitieron realizar una contribución importante en un momento clave en la historia nicaragüense. Tiempo después también me tocó participar en la defensa de los derechos humanos de los llamados "senderistas" en Perú, cuyos derechos había sido vulnerados en el gobierno de Alan García y eran amenazados por el de Alberto Fujimori. Guardias nacionales y senderistas: los extremos más nítidos del arco político.

Es lamentable que la CIDH no pueda poner orden en una audiencia que convoca. Eso habla de su falta de autoridad moral y de su debilidad ética. Cuando triunfa la politización del tema de los derechos humanos pierden todas las víctimas y es una derrota para la CIDH y cada uno de sus miembros.

Luis Fernando Jiménez
Funcionario de la SE de la CIDH (1983-1992)
DNI 7.971.461



NOTA: La imagen no corresponde a la nota original.

GENDARMERÍA: LAS COSAS POR SU NOMBRE


Corresponde que quienes produjeron tanto daño y dolor, de modo tan artero o equivocado, ahora expresen públicamente: "Perdón, Gendarmería"

Quedará en los anales de la ignominia y la hipocresía el uso de una muerte accidental para crear y endilgarle al gobierno de Mauricio Macri una desaparición forzada. La construcción del caso involucró necesariamente una cadena de mentiras y falsos testimonios. Se sacó provecho, además, de la sensibilidad de una parte de la sociedad cuando algo se refiere a los llamados "pueblos originarios".

Un reclamo de una fracción mapuche contestataria y claramente infiltrada por corrientes subversivas, identificada como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cortó la ruta 40 en un tramo cercano al territorio que reivindican como propio. La Justicia ordenó proceder a la disolución del piquete y la liberación de la ruta, tarea que le cupo a la Gendarmería Nacional, para concretarla con el menor daño posible a los involucrados. Sin disparos de armas de fuego, sus efectivos recibieron numerosos impactos de piedras y elementos contundentes por parte del grupo activista, respondiendo con idénticos elementos. En cualquier lugar del mundo la acción de las fuerzas del orden frente al corte violento y prepotente de una ruta hubiera parecido de una levedad inapropiada.
Los violentos huyeron y se lanzaron a cruzar el río en busca de un lugar más protegido. Entre ellos estaba Santiago Maldonado, un artesano que por ideología, espíritu de bohemia o aventura los acompañaba. Sin las habilidades físicas de los mapuches, dado que no sabía nadar, y con una gruesa carga de ropa, según surge del resultado de la autopsia, no habría podido llegar por sus propios medios a la orilla opuesta. Su acompañante no pudo ayudarlo y Maldonado murió ahogado o por hipotermia. Todo su grupo lo sabía, pero guardó el secreto y elaboró la versión y el testimonio de su apresamiento por parte de la Gendarmería, cumpliendo con quienes armaron el libreto de la desaparición forzada. Está claro hasta aquí que la utilización política de la situación por parte de una facción ha pretendido alterar hechos que, si bien aún aguardan confirmación, todo parece indicar que habrían tenido un derrotero muy distinto al del "relato" que una vez más una ideología violenta y combativa buscó imponer desde distintos frentes al grito de "Macri, basura, vos sos la dictadura". Horacio Verbitsky lo hizo desde Página 12 y las tropas kirchneristas y las izquierdas combativas impulsaron la falaz versión. Desconociendo el dolor de una familia y de toda una sociedad, con la hipótesis de una desaparición forzada que responsabilizaba a la Gendarmería y al propio Poder Ejecutivo Nacional, se convocó a la protesta y a las marchas, con remeras estampadas con la cara del joven artesano y pancartas con mensajes desestabilizadores que cobraban fuerza en el marco preelectoral. La televisión incluso dio cuenta de situaciones en los colegios en los que las maestras tomaban lista a sus alumnos incluyendo el nombre de Santiago Maldonado y lo mismo sucedía en turnos de hospitales, oficinas públicas, y hasta en salas de cine. La propia Cristina Kirchner llegó a pavonearse portando la imagen de Maldonado en una misa y en actos públicos, olvidando seguramente que atrás quedaron los días en los que la desaparición de Julio López fue también motivo de interpelación para su gobierno. Un grupo de activistas clamaba por la aparición con vida del muchacho, aunque por sus dichos y procederes quedaba suficientemente en evidencia que buscaban confirmar lo contrario para poder sostener así el cargo de "desaparición forzada" que tanto rédito político les hubiera dado.

La Gendarmería pasó a ser sindicada como una siniestra fuerza a las órdenes de un gobierno de inhumanos y perversos personajes. Muchos comentaristas se inclinaron por la versión de la captura ilegal, algunos por ideología, otros por la propensión a las teorías conspirativas. Aun después de la aparición e identificación del cuerpo insistían en que había sido colocado en el lecho del río por la Gendarmería. Todavía hoy, cuando la autopsia y la confesión de un testigo comienzan a arrojar mayor claridad sobre el suceso, muchos persisten en la mentira. Debe lamentarse la actitud del hermano, Sergio Maldonado, quien, más allá de la comprensión que merece por su dolor, reaccionó con destempladas críticas y acusaciones fuera de lugar, que en nada contribuyeron a apaciguar los exaltados ánimos y que poco sumaron a la hora de acercarse a la dolorosa verdad sobre lo acontecido.

Desde los primeros momentos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue fuertemente atacada cuando apoyó incondicionalmente a la Gendarmería a sus órdenes, aun cuando muchos sostienen que habría sido una buena medida desafectar a los gendarmes involucrados hasta tanto se clarificaran los hechos. En algunos colegios, los hijos de gendarmes fueron sometidos a burdos escarnios, hasta el punto de haberse teatralizado escenas de falsos fusilamientos a cargo de oficiales de la fuerza, en el afán de abochornar y denigrar la acción de quienes tienen bajo su responsabilidad la defensa de la ley y el orden en nuestro territorio. Recordemos que en estos dos meses los feroces y provocadores ataques con bombas molotov a destacamentos en el Sur sólo dispararon mesuradas reacciones defensivas propias de una fuerza profesional que respeta las órdenes recibidas sin desbandes ni excesos.

Ante la duda general sobre lo que podría haber conducido a la desaparición de Maldonado, la Gendarmería fue vil y apresuradamente demonizada, algo frecuente cuando amplios sectores de la ciudadanía asocian "la represión" con los violentos años del proceso militar, sin comprender que cualquier extralimitación contraria a las leyes y el orden es dable de ser legalmente controlada, con el aval de la Constitución, para garantizar o recuperar la normalidad y la vigencia de las instituciones.

Nos preguntamos si quienes produjeron tanto daño y dolor, de modo tan artero o equivocado, no deberían expresar públicamente: "Perdón, Gendarmería".

Las palabras deben recuperar su sentido más cabal y dejar de ser instrumento de facciones que buscan tergiversarlas en un peligroso afán por vaciarlas de su auténtico contenido, poniéndolas al servicio de vetustas ideologías. El caso Maldonado nos ofrece una clara oportunidad para que, como sociedad, reflexionemos y repasemos cuál es el rumbo que elegimos. Sólo si cada uno puede reconocer los propios errores, de ayer y de hoy, seremos capaces de construir juntos el futuro que nos convoca. Es tiempo de comenzar a llamar a las cosas por su nombre.

domingo, 29 de octubre de 2017

IMPIEDAD DE LA CIDH


La paradoja resuena en el título: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), prestigioso organismo que se sustancia en el miramiento y la defensa indeclinable de los derechos humanos "nos ha empujado", y esto no es una metáfora. Familiares nucleados en Puentes para la Legalidad, asociación civil que dedica su trabajo a denunciar las violaciones de los derechos humanos que sufren los imputados por delitos de lesa humanidad, fueron echados a empujones de la convocatoria que hiciera la CIDH en la ciudad de Montevideo, con motivo de celebrarse la consulta pública de la Unidad Temática: Memoria, Verdad y Justicia. Tres de nuestras representantes, dispuestas a expresar el estado de situación en el que se encuentra un grupo de seres humanos mayores en edad y vulnerados en sus derechos a expresarse, fueron violentamente cercadas y obligadas a retirarse. Cuesta entender la impiedad. Cuesta comprender que aún no podamos denunciar que en nuestro país la Justicia marcha mal, que los procesos no se ajustan a derecho y que entonces un conjunto de personas padece y muere en las condiciones deplorables de las cárceles argentinas sin que sus derechos sean respetados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía nos debe su prestigiosa protección; hace tiempo venimos reclamándola. La impiedad recibida habla. Habla todavía de una falsa ética cuando nos dejan amordazados, empujados y expulsados.

María Victoria Cachaza
DNI 21.506.369



NOTA: La imagen y destacados no corresponden a la nota original.

EL CASO MALDONADO Y LOS DERECHOS HUMANOS


Sábado 28 de octubre de 2017

Era un secreto a voces, pero ya no lo es más. A las primeras revelaciones de Julio Blanck en el diario Clarín se sumaron las de Elisa Carrió y las declaraciones del propio juez Lleral, lo que desencadenó un verdadero aluvión de notas, columnas y editoriales en todos los medios de prensa televisiva, oral y escrita, e innumerables mensajes y comentarios en las redes sociales.

Todo indica que los usurpadores del Pu Lof Resistencia Cushamen, el RAM y algunas de las organizaciones de derechos humanos locales supieron, desde el primer día, que Santiago Maldonado había perdido la vida el 1° de agosto, mientras cruzaba el río Chubut y luego de que el invisible "testigo E" le soltara la mano, a pedido del joven que murió ahogado.

Han existido dos investigaciones simultáneas. Una primera, la oficial, llevada adelante por la Justicia, dirigida a conocer el paradero de Santiago y encontrar la verdad. Y una segunda, la paralela, concebida, dirigida y convenientemente manipulada por quienes se han apropiado de la causa de los derechos humanos en la Argentina desde 2003, en función de tiempos y expectativas electorales, con la vil pretensión de favorecer a Cristina Kirchner.

La operación de las organizaciones de derechos humanos, travestidas en un verdadero holding internacional al comando de Horacio Verbitsky desde la presidencia del CELS, contó con el habitual e interesado apoyo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Serpaj, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires junto a otras cada día más desprestigiadas organizaciones. Aquellas mismas que, hasta hace sólo algunos años, eran respetadas y admiradas, y a las que los sucesivos gobiernos kirchneristas corrompieron profundamente, confiriéndoles un poder desmesurado y recursos económicos sin límite, a cambio de apoyo para obtener impunidad para el saqueo de la Argentina.


Resulta también escandaloso que a esta verdadera canallada -que Elisa Carrió calificó como "macabra" y a la que le cabe más ajustadamente tener por perversa- se hayan sumado, una vez más, la CIDH, la Acnudh y hasta Amnesty International, entre otras agencias y organizaciones internacionales.

El Gobierno está ahora obligado a exigir las explicaciones, los pedidos de disculpas y la rectificación de políticas por parte de organizaciones y dirigentes, cuya parcialidad manifiesta en este caso y en otros anteriores es inexplicable y sólo podrá aumentar el creciente desprestigio de las organizaciones de derechos humanos locales.

Desde el 1º de agosto pasado, la célula terrorista pretendidamente mapuche del Pu Lof Resistencia Cushamen, el RAM y las organizaciones de derechos humanos -con el CELS a la cabeza- parecen no haber hecho otra cosa que plantar u ocultar pruebas, preparar y hacer declarar mentiras a falsos testigos, obstruir la investigación, exigir y obtener poder de policía sobre la parcela usurpada, como si se tratara de la soberanía de un estado independiente sobre su territorio nacional, sosteniendo para eso el pretendido carácter de "tierra y aguas sagradas" de las muchas hectáreas ocupadas y del río Chubut, disparate que fuera lamentablemente admitido y tolerado por el coro de los políticamente correctos, que actuaron a la manera de idiotas útiles al servicio de los objetivos e intereses de aquellos.

La actitud de la familia debe quedar indulgentemente amparada por el dolor, lo que no exime de responsabilidades a su principal vocero y representante, Sergio Maldonado, por sus errores y omisiones en el trágico caso de su hermano.

La muerte de Santiago Maldonado debe esclarecerse hasta sus últimas consecuencias y los eventuales culpables de los delitos colaterales que pudieran probarse deben ser castigados por la Justicia con todo el rigor de la ley.

Para eso, las investigaciones y los procesos judiciales que están en curso deben enfocarse también en la actuación de las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales y de sus dirigentes.

Quedó en claro que estas organizaciones pusieron más énfasis y esfuerzo en tratar de probar el carácter de desaparición forzada de Santiago Maldonado y en buscar a los culpables de tal delito, que en determinar su estado y paradero. Y ahora, encontrado ya el cuerpo, parecen contrariados ante la falta de evidencia de golpes o violencia en el cadáver que surge de la autopsia. Ya no podemos alentar la esperanza de que Santiago esté vivo, lo que parece hubiera sido la peor de las alternativas para los apropiadores de los derechos humanos en la Argentina, por terrible que sea pensarlo y, ni qué decir, escribirlo.

El gobierno del presidente Macri está a punto de convocar a un gran acuerdo nacional para un ambicioso plan de reformas. Una política de Estado para los derechos humanos que esté a la altura de los más nobles ideales del siglo XXI y que tome como modelo aquellas de las naciones con más altos índices de desarrollo humano del planeta debe estar incluida en el acuerdo en ciernes. Es hora de que el Gobierno sea el principal protagonista, promotor y defensor de los derechos humanos en la Argentina. Para eso será necesario desplazar y reemplazar a quienes, desde 2003, han orientado, dirigido y llevado adelante una política de derechos humanos anacrónica, parcial, incompleta, sesgada, ideologizada y siempre alineada con intereses políticos y electorales, cuando no con el mero interés económico de sus integrantes. Para limpiar estos verdaderos "establos de Augías", la tarea que se requiere es titánica. Para eso se debe recurrir a las aguas limpias, transparentes y sin intereses ocultos propias de la causa universal de los derechos humanos.

Pedro Güiraldes
Ingeniero civil



NOTA: La imagen no corresponde a la nota original. 

LA TORTURA CONSENTIDA POR EL ESTADO


MIGUEL ETCHECOLATZ Y LA FÉ CRISTIANA

Periódicamente llamo por teléfono a algunas esposas de prisioneros adultos mayores con intención de un imposible, alentarlas o mitigar la soledad que las afecta como a todas nuestras cónyuges cuando estamos en prisión. Escucharlas realmente me hace bien. Una de ellas es Graciela, la esposa de Miguel Etchecolatz (89 años) a la que conocí en el mentiroso Hospital Penitenciario Central de Ezeiza, cuando visitaba a su marido y yo llevaba adelante mi huelga de hambre y medicación. Por ella sé  del infierno por el que ambos están pasando, en manos de jueces que son verdaderos delincuentes y asesinos torturadores. Él, sin lugar a dudas siendo lo que se dice un preso emblemático, es el prisionero más martirizado de Argentina de hace 23 años  a la fecha. Legalmente con esa cantidad de años prisionero, ha cumplido todas las condenas a perpetua que le han aplicado. Pese a ello no le respetan derecho humano alguno, mientras que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos quien a través del Servicio Penitenciario es su guardador, se hacen los ciegos, sordos y mudos, con el suplicio al que lo someten.


HOSPITAL PENITENCIARIO CENTRAL EZEIZA LA PRUEBA DE SU MENTIRA

Luego de ser llevado el día 12 del corriente al inicio de UN NUEVO JUICIO, a cargo de los “jueces” Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero, después de tantos años de detención  permanece internado extramuros con neumonía. Prueba más que evidente, que el Hospital Penitenciario Central es una mentira. Su certificado médico que acompaña la presente nota, documenta la ilegalidad y la tortura ya que  a grandes rasgos habla de: graves problemas cardíacos, diabetes, cáncer de próstata (permanentemente porta bolsa colectora de orina, frecuentemente con restos de sangre), hipertensión, deshidratación, anemia severa, secuelas del atentado con bomba que sufriera en los años setenta (acción de la juventud maravillosa), reciente ACV hemorrágico, frecuentes desmayos  y caquexia incipiente[1]. Como ser humano racional, me altera leer el contenido del mismo, ya que habla del ensañamiento sanguinario por parte de funcionarios cobardes con  un humano de 89 años de edad, al que muy lentamente están martirizando y matando con encierro y   desatención médica. Todo está documentado y a la vista. ¿Qué clase de país es este?


NADIE MOVERÁ UN DEDO POR NINGUNO DE NOSOTROS

A los presos políticos o como se quieran llamar y a sus respectivas familias, les pregunto: ustedes ven bien que esto esté ocurriendo en el gobierno de Mauricio Macri? ¿Esta es la democracia y el cambio que tanto se pregona? ¿Estos son los derechos humanos? ¿Acaso creen que alguien va a mover un dedo por nosotros? ¿Qué, a ustedes no les pasará lo mismo? Sabiendo que la resistencia de Etchecolatz a la muerte, está en  la muy profunda  fe cristiana. Yo como renegado de la misma, me pregunto: ¿Esa fe es positiva? ¿Sirve solo para prolongar el martirio? Es un gran creyente y reza  varias veces todos los días, con él otros prisioneros y sacerdotes que lo visitan frecuentemente.  Lo hace por su hija militante que lo ha abandonado, por  todos aquellos que lo martirizan y le causan daño y por aquellos que jerárquicamente superiores a él, se resguardaron con su persona para quedar impunes en los hechos violentos que pudieron haber llevado a cabo. Yo lo he visto  al terminar de orar el rosario en horas de la tarde, como revive y se sobrepone al sufrimiento que le imponen. Reconozco que sería incapaz de sobrellevar una agonía  así, en la cual a través del tiempo lo acompaña su fiel esposa Graciela. Mil veces hubiera preferido abandonarme y partir ante de ser sometido al permanente sufrimiento por parte de viles engendros, que se dicen defensores de la democracia y representantes del pueblo de este territorio llamado Argentina.









Claudio Kussman

Octubre 27, 2017




[1] Alteración profunda del organismo que aparece en la fase final de algunas enfermedades y que se caracteriza por desnutrición, deterioro orgánico y gran debilitamiento físico.

MÁS SOBRE LESA HUMANIDAD

TOF 5 - Comodoro Py

Lesa humanidad "Argentina": Dícese de la práctica de Prevaricación Judicial ocurrida durante la presidencia de Néstor Kirchner en aquél país, con el propósito de lograr el apoyo irrestricto del marxismo nacional e internacional y de sus aliados vergonzantes, ejecutar la venganza de la guerrilla vencida militarmente en los 70   e instalar un próspero negocio a través de millonarias indemnizaciones a los terroristas fallecidos desaparecidos, fallecidos en combate, muertos por estallido de explosivos propios, fusilados  como traidores por la propia guerrilla, e incluso un número de "pseudodesaparecidos" cuya supervivencia fué pública y notoria. También se indemnizó a terroristas que estuvieron privados de su libertad.

Tribunal Oral Federal de Tucumán

Vale aclara que salvo honrosas excepciones, -tal como sucedió en la Alemania de Hitler-, fueron pocas las voces de personas e instituciones que denunciaron la ilegalidad manifiesta, consintiendo la persecución y muerte en las cárceles de miles de compatriotas.

La izquierda devolvió el favor de los Kirchner DEJÁNDOLOS PERPETRAR EL SISTEMÁTICO MEGALATROCINIO INÉDITO ocurrido en ese país y actualmente en revisión.

Tribunal Oral Federal de Córdoba

TODO LO ACTUADO SOBRE LESA HUMANIDAD ES NULO DE RAÍZ. DEBE EJECUTARSE LA AMPLIA AMNISTÍA DEL PRESIDENTE MENEM ILEGALMENTE REVOCADA, SIN DEMORA ALGUNA.

Antonio Mascardi


NOTA: A modo de ejemplo solo se han subido algunas imágenes de los TOF de Comodoro Py, Tucumán y Córdoba, obedece a razones de espacio. En realidad deberían figuar todos los jueces, fiscales y funcionarios públicos que acción u omisión han permitido que se lleven adelantes estos juicios contrarios al derecho nacional e internacional.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD: ELISA CARRIÓ SOSTUVO QUE "HAY MILITARES CONDENADOS SIN PRUEBAS" Y PIDIÓ REVISAR LOS JUICIOS

Además, la líder de la Coalición Cívica reivindicó que "los derechos humanos son para todos" y dijo que los mayores de 70 años deben cumplir su pena con arresto domiciliario

29 de octubre de 2017

Para ver el video, hay que ingresar en la FUENTE al pie de esta nota

A una semana de coronarse como gran triunfadora de las elecciones legislativas porteñas, Elisa Carrió volvió a ser noticia aunque esta vez a raíz de unas declaraciones realizadas cuando todavía estaba en campaña.

En un acto en un club del barrio de Belgrano, diez días antes de las elecciones, la diputada y líder de Cambiemos hizo una serie de consideraciones sobre los ex militares detenidos por crímenes de lesa humanidad, ante un grupo de vecinos porteños. Tal como hiciera cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema que aplicaba la regla del cómputo de pena conocida como "2×1", reivindicó la aplicación del arresto domiciliario para los mayores de 70 años y sostuvo que hay condenados sin pruebas, para quienes exigió que se revisen los juicios.

"Espero el consenso necesario para ver juicios de revisión en los casos que no haya pruebas. Porque realmente hay juicios donde no hay pruebas, hay otros juicios que tienen que quedar firmes y hay una situación que tiene que ser aplicada a todos por respetar los derechos humanos. Es que después de determinada edad, tu prisión es domiciliaria. Pero lo es en todos los casos", advirtió.



Y agregó: "Yo soy autora de la ley de nulidad de obediencia debida y punto final pero nunca busqué la venganza. Y la verdad es que una sociedad que trata así a los ancianos… Además, se devuelve así con el ejemplo: 'el derecho humano que me quitaste, yo te lo doy'. Pero hay casos que están bien juzgados y hay casos de los que no se tienen pruebas".

Las palabras de Carrió surgieron durante una visita de la representante de Cambiemos junto a otros políticos del espacio al club Harrods Gath & Chaves, durante la cual habló con vecinos de los barrios de Belgrano y Núñez. La cita se llevó a cabo el 13 de octubre, nueve días antes de que arrasara en los comicios legislativos de la Ciudad de Buenos Aires.

La diputada pidió que la sociedad acepte que los derechos humanos puedan ser aplicados a todos los condenados, sin importar la ideología política de cada uno. En ese marco, reivindicó la aplicación de la prisión domiciliaria, "una situación que tiene que ser aplicada a todos por respetar los derechos humanos. Es que después de determinada edad, tu prisión es domiciliaria. Pero es en todos los casos. Y además ahora que está el chip este que vos no te podés mover, digo ¿por qué vas a dejar vivir a personas muriéndose?".



Pero Carrió fue más allá, y sostuvo que "hay casos muy mal juzgados" y "procesos nulos", aunque reconoció que "en otros casos están muy bien juzgados", como el de los "torturadores directos". Y más adelante profundizó la distinción: no es lo mismo, sostuvo, "alguien de 21 años que obedecía a Nicolaides", "que le decían que estábamos en guerra", en "un enfrentamiento", que alguien que torturó.

"La verdad que el kirchnerismo usó esto como venganza (…) A una determinada edad, la prisión puede ser domiciliaria, y que esto rige para todos. No puede ser que se mueran en las cárceles enfermos. Los derechos humanos son para todos", advirtió y añadió "También los que ejercieron la violencia tienen que arrepentirse. Los que estuvieron en la guerrilla… ¿Por qué no tienen que respetar a la derecha? Porque resulta que hubo millones de argentinos que no estábamos con la guerrilla ¿Está claro? No estábamos con la violencia", advirtió.

Hernán Reyes, Claudio Romero, Cármen Polledo y Paula Olivetto en la charla con vecinos junto a Carrió


Por último, la diputada sostuvo que se está "ocupando" del tema -porque es algo que la "preocupa"-, para generar "consensos" para revisar los juicios. pidió a los presentes no hablar del tema durante la campaña "porque lo único que va a servir es para embarrar la cancha, no para limpiarla".