viernes, 8 de marzo de 2013

OTRA DE ESE NEGRO DE MIERDA



Víctor Hortel, es el jefe de la agrupación NDM (Negros de Mierda sic), líder y alma mater de Vatayón Militante, pero además es funcionario nacional –se desempeña como director del Servicio Penitenciario Federal–  cargo por el cobra un sueldo mensual de  por $95.000... pagado por todos los argentinos a través del pago de los impuestos, como todo el resto de los funcionarios y empleados estatales de cualquier rango.


Hace unos días, tras festejar en el Complejo Penitenciario Federal Nº1 el fin del Carnaval con presos llevados por micros de turismo altamente confortables, con reos de Marcos Paz y Devoto en una gran carpa, donde los familiares no pasaron por requisas, se les escaparon 2 "sopres".


Este siniestro funcionario público, que ha montado un circo de militantes del cristinismo dentro de las cárceles, es quién se encarga de que los Soldados de la Patria detenidos injustamente como Presos Políticos la pasen realmente mal y reciban un trato discriminatorio del resto de la población carcelaria… además de eso, es un inútil ineficiente o cómplice a quien se le escapan reclusos en medios de sus festicholas. Por supuesto que de esos escapes no se refleja nada en los medios de comunicación social, en su mayoría hoy adeptos al gobierno o cooptados por la pauta de publicidad oficial.


Todas estas informaciones provienen de miembros del Servicio Penitenciario Federal y por su propia seguridad nos piden mantenerse en el anonimato.

LA VERDAD Y LA MORAL, ¿TENDRÁN PATRIA?


MAURICIO ORTIN

El Estado argentino, durante el período constitucional y por razones de indelegable responsabilidad que no vienen al caso, contrajo deuda a través de la emisión de bonos. Estos fueron ofrecidos con la promesa de pagar un valor mayor a la hora de ser rescatados por el Gobierno. En 2001, en medio de un increíble clima de algarabía de la casi la totalidad diputados y senadores nacionales, en lugar de cumplir con lo pactado el Estado declaró unilateralmente la suspensión del pago (default) de las obligaciones contraídas.


Ya en el mandato presidencial de Néstor Kirchner, a través del canje de la deuda, el Gobierno impuso a los acreedores una quita al valor de los bonos del orden del 70%. Así las cosas, cerca del 90% de los afectados aceptó la mutilación de su capital; el resto, con el riesgo cierto de no cobrar nada, optó por seguir con su reclamo del ciento por ciento por vía judicial. Ello los llevó a la autoridad que fuera convenida, el Juzgado Federal de Nueva York.


El proceso judicial iniciado contra el Estado argentino llegó a su fin, en una primera instancia, con el fallo del juez Griesa. Este obliga al Estado argentino a pagar en forma perentoria el valor total de los bonos a los deudores que no entraron en el canje (hoy, “fondos buitre”).


La sentencia no conformó a la Argentina y, por ello, fue apelada a la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

Cabe aquí un comentario sobre la principal estrategia que llevó adelante el Estado argentino ante el juez del caso. Esta se hace evidente en la advertencia que hiciera la primera mandataria argentina cuando, pública y categóricamente, señalara que en caso de no ser favorable la Argentina no acataría el fallo. Es decir, que desconocería la autoridad del juez y no pagaría un solo dólar a los acreedores.


En tales circunstancias, el juez convocó a las partes para que presentaran propuestas acerca de monto y forma de pago. Los acreedores exigieron el ciento por ciento, en forma inmediata. El Estado argentino, en una actitud suicida, ratificó su decisión de no pagar y desconocer el fallo. El juez resolvió hacer suya la propuesta de los acreedores (“Hacete amigo del juez y no le des de qué quejarse...”, decía el Viejo Vizcacha).

De quedar firme el fallo Griesa, según la misma Cristina, las consecuencias podrían ser desastrosas para el país ya que, además de entrar nuevamente en default, los que aceptaron el canje tendrían derecho a exigir el mismo trato que el dado a los “fondos buitre”.


Pero, ­oh sorpresa! Resulta que ahora Cristina se desdice y afirma que está dispuesta a pagar la misma suma que pagó a los deudores que entraron en el canje. “Tarde piaste”, porque la baladronada arrogante e irresponsable de vociferar “ni un dólar a los fondos buitre” podría costarle a los argentinos (según la misma Presidenta) 170 mil millones de dólares.

Más aún, considerando lo que en potencia entraña semejante problema económico, el real quid de la cuestión no pasa por ahí sino por otro lado. Fundamentalmente, por saber si, para los argentinos, el fallo del juez Griesa es justo o injusto. También, por exigir al Estado a que pague sus deudas como cualquier hijo de vecino o, en su defecto, consentir que disponga de inmunidad para estafar a quién le venga en gana (a propósito, “los fondos buitre” no estafaron a nadie). Sería trascendentalmente grave para la sociedad el creerse sus propias mentiras.
A menudo suele confundirse al Estado con la Patria. Luego, dar la razón a Griesa sería estar contra la Patria.

Jubilados estafados en la Argentina

Ahora bien, la moral y la verdad, ¿pueden ser contrarias a los intereses de la Patria? Sócrates, el gran ateniense, sostenía que más que el que sufría una injusticia se perjudicaba aquel que se envilecía infringiéndola. Un Estado que estafa no es la Patria, sino su negación.



NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.

LAS ESPOSAS DE LOS MILITARES RETIRADOS ERAN UNO DE LOS TANTOS OBJETIVOS DE LOS ESPÍAS DE GENDARMERÍA



La documentación que salió a la luz sobre el escándalo que involucra a altos funcionarios del Gobierno y ex jefes de Gendarmería Nacional por las acciones de espionaje interno sobre las actividades de organizaciones sociales, sindicales, empresarias, rurales y de defensa de los derechos humanos, entre otras, permite comprobar también que las mujeres de los militares retirados estaban (y quizás lo siguen estando) bajo la lupa de los agentes de inteligencia de esa institución.

Comisión de Esposas de Militares Retirados (CEMIR)

Así se desprende de copias foto estáticas que publica en su edición del jueves (7 mar 2013) el diario Clarín, en donde con claridad meridiana aparece la Comisión de Esposas de Militares Retirados (CEMIR) como uno de los nucleamientos prioritarios a ser monitoreados.


El affaire desnuda la endeblez de las posturas mantenidas en su momento por Aníbal Fernández y Nilda Garré y por los antiguos jefes de Gendarmería con Schenone a la cabeza.


El servicio de inteligencia de Gendarmería tuvo activa labor en las últimas semanas del pasado año al identificar a sus propios camaradas durante las protestas salariales. Prolijas filmaciones de ellos y sus familiares fueron puestas en manos de los responsables de la fuerza.



NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.

jueves, 7 de marzo de 2013

EL PERIODISMO Y LOS JUECES DE OBEDIENCIA DEBIDA



En el día en que se excarcela a Schoklender, condenan a Cecilia Pando por haber pintado el piso de la Plaza de Mayo. No dejen que el periodismo les mienta, no pintó los pañuelos, pintó el piso.


En una rara interpretación de la Ley, el piso de la Plaza de Mayo es zona protegida porque están los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo.

Todo el periodismo se hizo eco de una mentira "Pando pintó los emblemáticos pañuelos". Cuando a un portal le dije "ustedes mienten" me contestan "nosotros sólo publicamos los cables que nos mandan".
Obediencia debida.

Andrea Palomas- Alarcón
andreapalomas@gmail.com



Cecilia Pando fue juzgada por el delito de "daño agravado". Recibió 5 meses de prisión en suspenso y 30 horas de trabajos comunitarios.

La titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina (AFyAPPA), Cecilia Pando, ayer jueves 7 de marzo d 2013 se presentó ante el juez Guillermo Morrosi, del Juzgado Nº 13 de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas, para responder en un juicio oral y público por una denuncia de "daño agravado" a un sitio histórico nacional.


Cecilia Pando, es conocida por su defensa a los Soldados de la Patria que derrotaron al terrorismo en la década de los ’70 y que hoy se encuentran injustamente juzgados y condenados como Presos Políticos; el titular del Juzgado Nº 13 de la Justicia Penal de la Ciudad de Buenos Aires la condenó a 5 meses de prisión en suspenso y 30 horas de trabajos comunitarios.

Charly Pisony, integrante de la agrupación H.I.J.O.S., fue quien realizó la denuncia por las reiteradas alteraciones que realizara, Cecilia Pando, sobre los pañuelos que identifican el lugar donde las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo realizan habitualmente sus marchas. Pando sostiene que “a las madres no tiene porqué pedirles disculpas, ya que no pintó sobre ningún pañuelo” pintó el piso de la Plaza de Mayo, al igual que hicieron ellas. Es cada vez más evidente que en este país hay “hijos y entenados” y que la ley no es igual para todos.

El juez Morosi, en 2009, se hizo famoso con sus famosos fallos “blandos sobre que la ingesta de alcohol al conducir no genera un peligro sobre la vida e integridad física". Ganándose la crítica de las autoridades, expertos en seguridad vial, de la sociedad y agencias preocupadas por la gran cantidad de accidentes de tránsito producto de conductores alcoholizados. Para muestra basta un poroto, frase popular no aplicable al juez Morosi, quién continúa asombrándonos con fallos  polémicos e insólitos.


¡LIBERTAD A LOS SOLDADOS DE LA PATRIA!


Los Soldados de la Patria –miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, del Servicio Penitenciario, de otros organismos del estado y civiles que vencieron al terrorismo que pretendía hacerse del poder mediante la violencia–  están siendo juzgados y condenados en la República Argentina de acuerdo a un derecho diseñado a medida de la venganza impiadosa ordenada por el poder de turno. Es el único caso en la historia universal, de un país juzga a sus soldados vencedores.


Lo más grave es que se los acusa de haber cometido crímenes de lesa humanidad y violado los derechos humanos de la población, ahora a ellos –que están siendo juzgados- no se les reconoce ningún derecho político, ni jurídico, ni humano y tampoco disponen de la objetividad que es propia de la justicia. En definitiva no tienen las garantías de un debido proceso, especialmente reciben un trato que no es igualitario ante la ley. Vamos a insistir sobre las llamadas “Aberraciones Jurídicas”, son demasiado conocidas y a pesar de ello, los jueces y fiscales las aplican con total impunidad e impudicia… ellos bien saben que están cometiendo el delito de prevaricato[1]:


  • Conversión de juzgados en remedos de tribunales revolucionarios
  • Anulación de los indultos que los beneficiaban, dejando vigentes -en una desvergonzada decisión propia de estados totalitarios- los que protegían a los miembros de las organizaciones terroristas.
  • Anulación de las leyes llamadas de obediencia debida y punto final.
  • Condena por aplicaciones de prisiones preventivas permanentes y no ajustadas a sus fines cautelares.
  • Violación del principio constitucional de presunción de inocencia.
  • Violación del principio establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso ni juzgado por comisiones especiales ni sacado de los jueces que designaba la ley antes de los hechos de la causa.
  • Imputación de delitos de "lesa humanidad" y de la figura de "genocidio", categorías que no existen en el Código Penal ni en la Constitución Nacional.
  • Violación del principio de irretroactividad de la ley penal.
  • Violación del principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos (non bis in ídem – no dos veces por lo mismo).
  • Vulnerar el derecho de defensa al rechazar testigos sin fundamento alguno.
  • Aceptación de querellantes a personas y organizaciones que no están procesalmente justificadas para ser consideradas como tales.
  • Violación del principio de aplicación de la ley más benigna.
  • Inobservancia de la garantía constitucional del derecho de defensa.
  • Aceptación de testimonios mendaces y testigos falsos.
  • Negación de excarcelaciones bajo fianza.
  • Elección del derecho con el que se va a juzgar y principio de garantía del juez natural.
  • Violación del principio de prescripción de los delitos comunes imputados.
  • Violación del principio de igualdad ante la ley.
  • Interpretación del crimen por analogía y desconocimiento de la responsabilidad individual.
  • Violación del principio de territorialidad.
  • Permanente adaptación del derecho a las necesidades políticas.
  • Violación del principio de doble instancia.
  • Rechazo de testigos de la defensa y aceptación como prueba de cargo de dudosos testigos de la acusación
  • Cercenamiento del derecho a repreguntar a testigos.
  • Inversión de la carga de la prueba.
  • Cercenamiento a los defensores del control de la producción de la prueba.
  • Negación de prisión domiciliaria a ancianos octogenarios enfermos.
  • Inobservancia de la garantía de intervención del juez dentro de su competencia.
  • Inobservancia de la garantía constitucional del juez imparcial.
  • Negación por negligencia criminal al acceso a un sistema de salud.
  • Introducción de la accesoria de la pena de muerte por abandono de persona.

191 Muertos en prisión –al día de la fecha- o como consecuencia del acoso judicial, constituyen un espantoso ejemplo de lo expresado en los últimos puntos y se teme que esa cifra irá en aumento día a día.


La sociedad argentina que en 1975 y 1976 imploraba que se le pusiera fin a esa violencia generada por el terror del accionar subversivo, hoy ha olvidado a los Soldados de la Patria a quienes se les ordenó “aniquilar”[2] a las organizaciones terroristas armadas. Esa misma sociedad debe recuperar la memoria y exigir a sus representantes que pongan fin a esa venganza desde los más alto del poder político y devolver a la libertad a aquellos que han sido injustamente detenidos como Presos Políticos… hacerlo SERÁ JUSTO.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
Por una Nueva Década en Paz y para Siempre


MEGA CAUSA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

OLIVERA ACUSÓ A MARGARITA CAMUS DE INFORMANTE DE GENDARMERÍA
La declaración se dio en el marco de la ampliación de la indagatoria, solicitada por el propio Olivera. También acusó al Fiscal Bermejo de pagarles a testigos para que declaren en contra de militares.


En el marco del mega juicio por delitos de lesa humanidad, Jorge Olivera decidió ampliar su declaración indagatoria. El hombre señaló a Margarita Camus como informante de la Gendarmería durante la Dictadura Militar. También apuntó contra el Fiscal Mateo Bermejo, a quien acusó de pagarles a testigos y de hasta ofrecerles cambio de identidad para que declaren en contra de los militares acusados. Nuevamente insistió con su inocencia en el caso Erize, en el cual aduce no haber participado.

La declaración de Olivera comenzó explicando los rangos militares y como se procede en el ámbito castrense a cumplir con las órdenes de los superiores. Durante su declaración dijo que accedió a un listado en donde figuraba el nombre de 142 personas, las cuales fueron detenidas, algunas de ellas "injustamente", según sus propias palabras. Al mismo tiempo, Olivera indicó que además de ese listado se elaboró otro más con datos sobre personas que pertenecían al ámbito universitario. En este sentido, Olivera apuntó directamente a Margarita Camus. "La señora Margarita Camus fue informante de la Gendarmería", señaló. Por otro lado, también acusó a Camus de haberle ofrecido a dos testigos que se encontraban en el Penal, Greco y Valdez, salidas transitorias a cambio de que declararan en contra de los militares acusados.


Luego, Olivera habló sobre el caso Erize. Para respaldar su testimonio utilizó el informe realizado por la CONADEP. "El Regimiento 22 no estuvo involucrado en la detención de Mariane Erize, fue la Policía de San Juan la que actuó en tal caso", expresó el hombre.


Finalmente su declaración culminó al acusar al Fiscal Mateo Bermejo de ofrecerles a los testigos dinero, la posibilidad de cambiarse la identidad si declaraban en contra de los acusados. Ante la segunda pregunta de Bermejo, Olivera dijo que no quería responder nada más porque "el Fiscal me pone violento".

De esta manera culminó la declaración de Olivera, que se extendió durante un poco más de una hora.

FUENTE: http://www.tiempodesanjuan.com/notas/2013/3/6/olivera-acuso-margarita-camus-informante-gendarmeria-28128.asp


DE MARCHI INSISTIÓ EN SER JUZGADO POR LA JUSTICIA MILITAR
El hombre dijo ser víctima de un juicio ilegal y de un Tribunal en el que prima el lobby político. Al igual que Olivera, se desvinculó del caso Erize.


Luego de que Olivera declarara, fue el turno de Gustavo De Marchi. El hombre decidió ampliar su declaración indagatoria, que no culminó porque se levantó la audiencia hasta el 13 de marzo. De Marchi insistió nuevamente, al igual que en su primera declaración, en ser juzgado por la Justicia Militar ya que consideró que el Tribunal no está capacitado para entender el ambiente castrense. 

FUENTE: http://www.tiempodesanjuan.com/notas/2013/3/6/marchi-insistio-juzgado-justicia-militar-28132.asp

REFERENCiAS:

[1] La prevaricación, o prevaricato, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias.

La misión de los jueces es la de aplicar el derecho vigente al caso concreto. El ejercicio de esa función se denomina "jurisdicción". Es decir, la esfera o el ámbito en el cual se puede desenvolver un funcionario judicial. Cuando un juez se aparta voluntariamente de la aplicación del derecho al caso concreto comete un delito del derecho penal que se denomina prevaricato.

[2] Diccionario de la lengua española Espasa-Calpe: aniquilar ⇒ Reducir a la nada, destruir o arruinar enteramente.

miércoles, 6 de marzo de 2013

ES MÁS FÁCIL FABRICAR DINERO EN LA RIQUEZA

Diario EL TRIBUNO de Salta 1 de Marzo de 2013

MAURICIO ORTIN


No es lo mismo fabricar dinero que producir riqueza. Hacer dinero es mucho más fácil, sólo es menester contar con tinta, papel y una imprenta. Mucho más complicado es generar riqueza. El dinero circulante es un instrumento que representa el valor de los bienes producidos por la sociedad. Así, en teoría, si un país durante un año produce bienes y servicios por valor de cien pesos deberá, también, incrementar el circulante cien pesos en moneda. Ahora bien, ¿qué pasa cuando en caso de producir cien se adicionan doscientos en moneda? Sucede que el Estado nacional (el dueño de la maquinita de hacer dinero), de un día para el otro y mediante el mero trámite de imprimir billetes, se encuentra en condiciones de comprar la mitad de todos los bienes y servicios producidos por la parte privada. Al no ofrecer nada nuevo, servicios o algún otro ítem que respalde la suma de dinero inyectada al sistema, el Estado se comporta como un simple ladrón de la propiedad privada. La reacción inmediata y defensiva de los ciudadanos ante semejante abuso generalmente es la de aumentar en proporción parecida el precio de los servicios que prestan o de los bienes que producen. Así, si el Estado (fabricando dinero sin respaldo) devalúa el peso en un 30% en un año, el mismo o parecido porcentaje se verá reflejado en los precios de las mercancías y en las exigencias salariales de los sindicatos. Más, no es ninguna solución a mediano plazo desplazarse a la zaga del Estado, actualizando permanentemente precios y salarios; dado que la inflación, además de constituir un robo encubierto al entorpecer el cálculo de ganancias y el ahorro que paraliza la inversión productiva, tiene también el efecto de pervertir el ciclo virtuoso de generación de riqueza. Dada esa situación, el enfriamiento de la economía, la desocupación y la pobreza generalizada son cuestión de tiempo. Esta historia se ha repetido miles de veces desde que el mundo es mundo y, sin embargo, no se aprende. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué conduce a un gobierno a actuar como el sepulturero de sí mismo? La respuesta radica en la decadente relación clientelista-populista, que establecen los que detentan el poder con los que mayoritariamente le aportan los votos. Pero todo tiene un límite material. Especialmente si no se es Papá Noel y lo que se reparte como dádiva no sale de una bolsa mágica sino del esfuerzo de otros. El déficit fiscal es la consecuencia de gastar más de lo que obtiene por impuestos. El saldo en rojo en aumento de la cuenta estatal torna cada vez más difícil mantener la creciente tropa de clientes políticos y lo que en principio era la fórmula para atornillarse de manera indefinida al poder se convierte en su puntapié eyector.


En una primera etapa, el despilfarro del tesoro público en función de conseguir votos puede, hasta cierto punto, financiarse y disimularse con la recaudación impositiva, el crédito externo y/ o la expropiación directa de los privados (robo de los fondos depositados en las AFJP o retenciones a la renta agropecuaria, por ejemplo). Mas, al régimen -raspada la olla del capital interno y “curado de susto” el externo- todavía le queda un desesperado y último recurso para “salvarse”: hacer funcionar “la maquinita de fabricar dinero”. Pero el funcionamiento de la maquinita por sí sola no es suficiente. Debe ir acompañada, entre otras, con restricciones a la libertad, control de precios y cepo al dólar. También, como es evidente, con el falseamiento de los datos estadísticos y la demonización de los que opinan lo contrario. Así, el gobierno kirchnerista, el verdadero responsable de la suba de precios, pretende para sí el rol del justiciero cuando dice que los congela (de paso, endosa su exclusiva responsabilidad a la “ambición desmedida de lucro de los empresarios”).


La Argentina y Venezuela vienen “cabeza a cabeza” disputándose el primer lugar del mundo en índice de inflación. El país caribeño aplica un control de precios estricto y multa o cierra a cualquier empresa que ose no respetar la medida de dejarse robar legalmente por el Estado. El destino en esa dirección es solo uno. Un régimen como el cubano donde el Estado finalmente se apodera de todo. Represión mediante, hacia allí también se dirige la Argentina.


martes, 5 de marzo de 2013

CONVOCATORIA #18A VAMOS POR LA REPUBLICA!

¡ES ESTE EL AÑO ELECTORAL
PARA ECHARLOS DEL CONGRESO NACIONAL, NOSOTROS TAMBIÉN VAMOS POR TODOS Y TODAS!

ENTREVISTA DE RICARDO ANGOSO



"Las FARC quieren lograr en la
mesa de negociación 
lo que no
consiguieron con las armas"
Alfredo Rangel
Director del Centro
Seguridad y
Democracia de
Colombia
Analista político, articulista y economista, Alfredo
Rangel es, quizá sin género de duda, uno de los
grandes expertos colombianos en materia de
seguridad y defensa y lucha antiterrorista. Desde su
puesto de director del Centro de Seguridad y
Democracia de Colombia, Rangel nos pone al día
sobre el momento que vive su país y acerca de las
cruciales negociaciones que se desarrollan en La
Habana entre la organización terrorista Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y
representantes del Ejecutivo del presidente Juan
Manuel Santos


Qué noticias tiene de qué está ocurriendo mientras las partes negocian una vía hacia la paz en La Habana?

La verdad es que el proceso hasta ahora ha tenido muy poca transparencia. Es muy poco lo que transciende y lo que realmente se sabe del desarrollo de las discusiones entre las partes, de la búsqueda de los acuerdos. La guerrilla ha predominado claramente en el escenario mediático, ha tenido muchas más iniciativas y se ha pronunciado más de fondo que los negociadores en los temas que están en discusión en la mesa. No así el Gobierno, que hace mutis por el foro, sin haber expresado claramente cuál es su margen de negociación en estos puntos que están sobre la mesa y se están tratando.

Pero yo creo que, en general, en el proceso gravita una gran incertidumbre porque la soberbia y el cinismo de las FARC no dan confianza a la opinión pública acerca de su real voluntad de paz.

Por otra parte, también está la manera en que las FARC han negado su relación con el narcotráfico sin haber sido un tema en la mesa de negociaciones, a pesar de que todo el mundo sabe que esta organización terrorista es ya el primer cartel de la droga en Colombia. Eso no da confianza, desde luego.

Luego también han negado que hayan producido víctimas a esta sociedad, cuando todo el mundo conoce al detalle que decenas de miles de colombianos han sido víctimas de las FARC de una manera o de otra.

Las FARC niegan haber provocado esas víctimas con sus ataques y, por supuesto, se niegan a repararlas. Y este asunto, siendo la reparación de las víctimas una condición necesaria para cualquier acuerdo de paz, crea una gran incertidumbre y genera desconfianza.

Las FARC ya han dicho que nunca repararán a las víctimas. Las FARC niegan tener secuestrados en su poder, mientras que el mismo Gobierno asegura que hay más de 400 rehenes civiles en su poder. La guerrilla de las FARC sigue reclutando niños para la guerra, sigue sembrando el territorio nacional de minas antipersonas, que producen miles de víctimas anualmente en los campos del país, y adicionalmente incumple el acuerdo firmado con el Gobierno para negociar los famosos cinco puntos fijados en la mesa de las negociaciones.
Para la guerrilla, las negociaciones se basan sobre esos cinco puntos y otros que han añadido en las conversaciones, como son algunos asuntos sociales, políticos y económicos que afectan al país.

Las FARC no tienen ninguna representatividad social ni ninguna legitimidad política en el país; todas las encuestas coinciden en que el 98% de los colombianos rechazan y repudian a la guerrilla. Así que los colombianos no podemos aceptar que con las FARC se negocien o se resuelvan de alguna forma u otra unas reformas estructurales en los campos que están buscando, que pasan por querer imponer un modelo “bolivariano” a Colombia, tal como lo dicen a las claras en sus documentos y que es lo que realmente están buscando. Las FARC quieren conseguir a través de la mesa de negociaciones lo que no consiguieron a través de las armas.

¿Es usted, como el 70% de los colombianos, escéptico con el actual proceso de paz?

Exacto. Pienso como el 70% de los colombianos, en el sentido de que las conversaciones de paz no van hacia ninguna parte y que no auguran ninguna posibilidad de éxito porque me parece que este asunto está muy mal planteado desde el comienzo. Los anteriores seis procesos de paz que han tenido éxito, entre ellos el acontecido con el M-19 y otros menos conocidos, tienen dos características fundamentales y comunes: el éxito se debe a que antes de sentarse a negociar con el gobierno estos grupos, cada uno de ellos, han cesado de manera definitiva la violencia y el terrorismo, siendo este punto de partida una precondición que han puesto los sucesivos gobiernos para sentarse a negociar e iniciar los diálogos de paz. Entonces, el cese de la violencia y el terrorismo se convirtió en una constante para llevar a cabo el proceso de paz y llegar a acuerdos. Y la segunda característica de esos procesos, tal como me refería antes, tiene que ver con que en ninguna de esas negociaciones con esos grupos se han puesto encima de la mesa asuntos de la agenda nacional que atañen a todo el país.

En esos casos, de lo que se habló es de la desmovilización, de su desarme, de su reintegración en la vida social del país. Pero, en este caso, el Gobierno está repitiendo errores del pasado, como fue el proceso del Caguán (bajo la presidencia de Andrés Pastrana), cuando se realizaron unas conversaciones en medio de la confrontación y el conflicto, sufriendo el azote de la violencia y el terrorismo, que claro no llevó a ninguna parte y fracasó. Luego hubo una agenda amplísima de temas de negociación encima de la mesa y el resultado ya lo conocemos: el fracaso del Gobierno y su humillación pública por los terroristas. 

En el caso que nos ocupa, está claro que la guerrilla de las FARC ha aceptado estas negociaciones para salir de su marginalidad, del hueco en que se hallaba tras ocho años de la política de seguridad democrática (bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe) y padeciendo una situación de postración militar y política. Para salir de ese momento de adversidad las FARC aceptaron las negociaciones que les ofreció el Gobierno y dijeron que sí a los cinco puntos que se propusieron en las negociaciones, pero la guerrilla, que es muy mañosa y muy tramposa, ha logrado tirar de todos esos puntos y ha conseguido introducir entre ellos prácticamente todos los temas nacionales, como el tema agrario, que lo han extendido hasta la minería y el petróleo. Quieren introducir en la agenda política de Estado que atañe a las esferas energética e industrial. Incluso quieren incluir en las negociaciones los tratados de libre comercio de los cuales es signataria Colombia, ya que consideran que atentan contra la soberanía alimentaría del país y, por tanto, habría que revisarlos. Exigen renunciar y rechazar los once tratados de libre comercio que tiene firmados Colombia con otros países. Así, sucesivamente; exigen reformas tributarias y van incrementando sus demandas, en el sentido de ir haciendo reformas estructurales para llegar a la paz definitiva. 

Tienen un discurso claramente radical sobre muchos aspectos y pretenden imponerlo al coste que sea en la mesa de negociaciones.

¿Coincide su análisis con el que está haciendo el presidente Álvaro Uribe acerca del proceso de
paz?

Yo creo que sí, que es coincidente.

Es decir, ¿no se muestra tan optimista como el presidente Juan Manuel Santos acerca del resultado que pueda dar el proceso negociador?

Yo creo que la visión del Gobierno es excesivamente candorosa, excesivamente ingenua, y si uno hace memoria de cuando el presidente Santos anunció los diálogos de paz dijo como argumentación, en un momento en que nadie los esperaba, que buscaba la paz para hacer frente a la amenaza terrorista. Pero este asunto no estaba en el guión, era algo nuevo. Santos se justificó diciendo que el mundo había cambiado, que ya no había socialismo, que el país también había cambiado, que era más igualitario y progresista, pero se le olvidó un detalle: haber estudiado bien estos procesos antes de abordarlos, es decir, ver si la guerrilla había cambiado.

Y ahora el Gobierno se encuentra con la sorpresa de que la guerrilla no ha cambiado, que es la misma que hace veinte o treinta años, que vive en el mismo radicalismo ideológico y no ha sido capaz de evolucionar. Las FARC tienen el mismo discurso político, practican la misma soberbia y el mismo cinismo de siempre y, en esas condiciones, es muy difícil llegar a unas conversaciones de paz. El Gobierno de Santos ha pecado, en ese sentido al que me referí antes, y no ha aprendido de los errores del pasado, a pesar de que insiste en que no va a cometerlos, aunque ya lo ha hecho, y esa es la mejor garantía para el fracaso del proceso. No olvidemos que Santos no fue elegido con la bandera de los diálogos de paz con las FARC, sino de la seguridad democrática, que implicaba primero someter a la guerrilla antes de negociar con ella y exigirle unas condiciones muy duras antes de ponerse a hablar con los líderes guerrilleros, como era el cese de la violencia y del uso de las armas para imponer sus condiciones.

¿Cree que el éxito o el fracaso de este proceso van a condicionar los procesos electorales previstos para el próximo año?

Creo que el Gobierno, que se ha quedado sin agenda política después del estruendoso fracaso de su reforma a la justicia y también de la reforma educativa, sacó de la manga los diálogos de paz sin que nadie se lo esperase para tratar de presentar algún éxito ante el país. El Gobierno ha puesto en estos diálogos con las FARC toda la carne en el asador, es una apuesta máxima. La suerte de este Gobierno está ligada totalmente al éxito o fracaso de estas negociaciones. Un fracaso en estas conversaciones con las FARC llevaría también a un fracaso de este Gobierno y le restaría muchas posibilidades para la reelección (a Santos); y un éxito, por el contrario, podría llevarle al Gobierno a una victoria, a incrementar sus posibilidades electorales y políticas, pero yo insisto que todo lo que hasta ahora ha sucedido en estos diálogos apunta a que no se va a llegar a un acuerdo. Mucho menos en el tiempo que ha establecido el Gobierno, que es en noviembre de este año. La guerrilla de las FARC sigue insistiendo en que se tienen negociar todos los asuntos de la agenda nacional, objetivo para el cual no se necesitarían meses, sino años para llegar a un acuerdo de paz. Y, claro, el país no va a tolerar unas conversaciones prolongadas que no lleguen a ningún puerto y en medio de una violencia que no cesa. El terrorismo ha seguido golpeando muy duro en los últimos meses y es algo que el país tiene en cuenta. La paciencia se puede agotar.

Cuando han pasado tres años de gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no cree que el balance es muy pobre, que ha habido muy pocos avances en el país?

Absolutamente paupérrimo, el balance que puede presentar el presidente al país es muy pobre. Por ejemplo, si uno mira en términos económicos, las inversiones extranjeras que han llegado al país, algo de lo que se jacta y presume el Gobierno, no son proyectos nuevos, sino que venían del anterior Gobierno y son una simple continuidad; en este Gobierno, en este aspecto, no se avanzó mucho. Luego está el asunto de la ejecución de las obras públicas, donde el Gobierno ha batido el récord en la no conclusión de las obras y las arcas están repletas de billones de pesos que están en los bancos esperando para ejecutar esas obras; tiene el dinero para hacerlas, pero no la capacidad. La economía está en retroceso, claramente, y los mismos representantes de los gremios industriales aseguran que la industria está paralizada. Los cafeteros están en la ruina. Los floricultores y bananeros igualmente dicen que están en crisis. Las exportaciones descendieron el año pasado, y los comerciantes también afirman que han tenido uno de sus peores años. La economía está en un franco retroceso, es algo evidente. Mientras tanto, el Gobierno dice que ha aumentado el empleo, pero lo que no dice que lo único que ha aumentado es el empleo rural no remunerado, prácticamente el empleo familiar, gente que no encuentra trabajo en la ciudad y que regresa al campo a trabajar en su entorno familiar a cambio de la comida. Pero hay más aspectos en los cuales no se avanzó nada, como en la salud, donde ha habido problemas desde los inicios de este Gobierno. Tampoco consiguió sacar adelante una reforma de la justicia y no ha habido la necesaria reforma de la educación; hay muchos asuntos de la agenda del país que no han sido tratados y se han quedado sin solucionar. El balance de este Gobierno cuando estamos ad portas de su tercer aniversario es muy pobre, hay muy pocos aspectos positivos que se puedan destacar.

¿Y en términos de seguridad cómo juzgaría estos años de gobierno de Santos?

En estos casi tres años hemos tenido un retroceso ostensible que ratificado por las mismas cifras oficiales que el Gobierno calla y oculta. Si se miran las cifras que ofrece el Ministerio de la Defensa podemos constatar, por ejemplo, que el año pasado hubo un incremento del 39% más de ataques a los oleoductos con respecto a años anteriores; pero, en general, se incrementaron los ataques a la infraestructura económica del país por parte de los terroristas. Los ataques a puentes en el 2012, hablo de voladuras de estas obras de ingeniería, se elevó hasta el 400% con respecto al año anterior. Los hostigamientos a la fuerza pública, según estos mismos datos del Ministerio de Defensa, crecieron hasta un 13% más, las emboscadas, un 48%, y los ataques a instalaciones militares, un 54%. Las acciones terroristas, descontadas las anteriores, aumentaron un 95%, el número más alto de los últimos nueve años. La extorsión, un delito muy difícil de evaluar porque muchas veces no se denuncia, aumentó un 9% el número de casos, la cifra más alta de los últimos siete años ateniéndonos a la fuente ya citada. Según nuestros datos, del Centro de Seguridad y Democracia, el número de retenes de la guerrilla se incrementó en un 151% y también, de acuerdo a nuestras fuentes, los grupos terroristas han retornado al menos a cincuenta municipios de donde anteriormente habían sido expulsados por los gobiernos anteriores durante la época de la seguridad democrática. Estos datos nos dan una idea clara del retroceso que vivimos y estamos padeciendo bajo este Gobierno.

Pero estos datos que usted me está dando se ocultan a los medios…

Totalmente. Incluso se jactan de que el homicidio está descendiendo, pero realmente, si mira las cifras oficiales, solo ha bajado un 1%, lo que sería un estancamiento y no una reducción. Durante los gobiernos de la seguridad democrática, el homicidio descendió un 50% y de ahí en adelante se estancó la mejora en la lucha contra este flagelo. Todo de lo que se jacta el Gobierno en materia de seguridad viene de la época anterior, de los grandes avances que hubo en este sentido durante los gobiernos de Álvaro Uribe y su estrategia de la seguridad democrática. Los avances de ahora vienen de antes. La situación ahora es mucho más precaria, estamos en un retroceso claro, y eso lo nota la opinión pública. La percepción negativa de la seguridad pública ha pasado del 48% al comienzo de este Gobierno al 78% actual, es decir, 30 puntos adicionales que valoran de una forma crítica la gestión del actual Ejecutivo en este campo. El 78% de los colombianos valora que hay más inseguridad hoy que hace dos años, eso lo dice todo.

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Es el momento de apoyar con toda nuestra fuerza a este prestigioso grupo de abogados, que actúa en ayuda de  los Soldados de la Patria que se encuentran detenidos como  Presos Políticos,  quienes han sido privados de sus derechos constitucionales y humanitarios. Ya han fallecido 191 Presos Políticos a manos de los jueces prevaricadores a quienes el poder de turno les ha ordenado cumplir una venganza impiadosa.

Les pedimos que difundan este mensaje a los fines de que cuanto antes podamos contar con un elevado número de adherentes a la petición que harán ante el Episcopado ArgentinoCada uno de ustedes podrá difundir y a su vez en minutos contar con el apoyo de sus familiares, amigos y corresponsales.

A los efectos que estén debidamente informados a continuación les dejamos la carta mencionada.