viernes, 7 de marzo de 2014

FALLECIÓ OTRO PRESO POLÍTICO


Estimados Amigos:

A través del aviso de la Unión de Promociones hemos tomado conocimiento que el día martes 25 de Febrero de 2014, falleció el señor Comandante Mayor (R) Víctor Enrique REI (Gendarmería Nacional), injustamente detenido como Preso Político.


Con él, son 225 (doscientos veinticinco) los Camaradas fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales y Penitenciarias; en el marco de este proceso de persecución, teñido de incontables irregularidades jurídicas y sistemática venganza.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, allegados, compañeros de Promoción y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación. Esperamos que la sociedad argentina y sus representantes políticos recuerden el manto de sangre y acciones del terrorismo que los llevaron a pedir y ordenar a las FFAA que aniquilaran al enemigo subversivo que pretendía alzarse con el poder mediante el miedo, terror y violencia. En todos sus reclamos contra el avallasamiento autoritario del poder de turno deberían incorporar un justo reclamo por la paz, concordia, justicia e historia completa dentro del marco de igualdad contra la ley.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias son cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de casi 204 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

por una Nueva Década en Paz y para Siempre

jueves, 6 de marzo de 2014

ANTE LA INJUSTICIA... EL CAMINO ¿SERÁ RECURRIR A LAS CORTES INTERNACIONALES?

Emilio Álvarez Icaza

Señor
Emilio Álvarez Icaza
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Remito en expte: P-1399-2006 la publicación del día de la fecha del periódico más prestigioso de la República Argentina en la que se denuncian los hechos por mí reclamados ante esa CIDH, verificando la justicia de mi petición.

Saludo a usted muy respetuosamente.

Eduardo Ramos Campagnolo


Lunes 03 de marzo de 2014 | Publicado en edición impresa

Editorial I

JUICIOS TEÑIDOS DE GRAVES SOSPECHAS

Es necesario que en las causas judiciales vinculadas con la trágica década del 70 prive la objetividad de los jueces por encima del odio y el afán de venganza
   
Luis Alberto Romero

En una nota publicada recientemente en LA NACIÓN, el historiador Luis Alberto Romero se hace eco de una grave preocupación que crece cada vez más. Una que, en su momento, exteriorizó también el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra cuando nos advirtió con relación a la posibilidad de que, respecto de los juicios vinculados a delitos de lesa humanidad, no se hubieran respetado principios esenciales del debido proceso legal, como el de la exigencia de prueba fehaciente o el del beneficio de la duda y la presunción de inocencia. Se trataría de un hecho gravísimo que, además, debería en algún momento generar las responsabilidades consiguientes.

Ricardo Gil Lavedra

A todo eso se suma la designación arbitraria de jueces y fiscales en esas delicadas causas, al igual que la existencia de denuncias de manipulación de pruebas testimoniales y de otra naturaleza. No menos grave resulta la realmente escandalosa actuación de fiscales carentes de independencia e imparcialidad, en tanto que habrían actuado previamente como abogados de querellantes en las mismas causas en las que luego ellos mismos intervienen como fiscales, lo que es ciertamente inaceptable.

Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis

Luis Alberto Romero ha sostenido por ello, con mucha razón, que una condena judicial es legítima tan sólo cuando realmente existen y se han aportado pruebas que deban tenerse por fehacientes, más allá de toda duda razonable. Pareciera obvio, pero hace falta aclararlo, porque no siempre se actúa con ello en vista. De lo que se deriva que la eventual impunidad de algunos cuya culpa no pudo ser probada es en rigor un precio a pagar para sostener los principios esenciales sobre los que, en una democracia, se edifica siempre la administración de justicia.

Es necesario señalar que sí, de pronto, existieran manipulaciones o maniobras irregulares en la sustanciación de las pruebas en ese tipo de causas, la responsabilidad de quienes las llevasen a cabo particularmente si ellos fueran o hubieran sido funcionarios del Estado sería inmensa, toda vez que habrían traicionado a la justicia, reemplazándola por la sed de revancha o venganza, lo que conformaría toda una enormidad, de ser efectivamente comprobado.

l juez federal Alberto Osvaldo Recondo

Una reciente sentencia del juez federal de La Plata Alberto Recondo, que contiene una seria advertencia que va en la misma línea de la formulada por los autores antes aludidos, merece ser destacada. Hablamos de un juez que ha sido designado por el actual gobierno en 2012, que actuó como magistrado subrogante en una causa que se tramita ante el Juzgado N° 1, Secretaría N° 3, atento a que el titular del respectivo tribunal estaba de licencia, vinculada con el ex ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1979, Jaime L. Smart.

Jaime L. Smart

Cabe recordar que hay numerosos casos no éste en particular en los que la recurrencia constante a la utilización de jueces subrogantes parecería haberse transformado es una práctica extendida, a la que obviamente debiera ponerse coto. Particularmente, en aquellos supuestos en los que el procedimiento legal para designar a los jueces definitivos se ha llevado a cabo y completarlo depende tan sólo del Poder Ejecutivo mediante el dictado del consiguiente decreto, puesto que entonces la designación de subrogantes podría, en verdad, esconder motivos realmente subalternos e inaceptables, por lejanos y ajenos a la administración de justicia.

Para el citado juez Recondo "si cuando nos movemos por el resbaladizo terreno que constituyen los delitos de lesa humanidad no nos aseguramos de que no nuble nuestro juicio el horror que ellos inspiraran... o la preocupación de cómo se juzguen en los diarios de mañana, creo que corremos el riesgo de deslizarnos hacia un derecho penal que deje de lado sus principios cada vez que nos enfrentemos a una situación similar". Esa rigurosa frase pertenece a una meditada decisión del referido juez en la que dispuso liberar, por falta de mérito, a Jaime L. Smart, por entender simplemente que no había pruebas suficientes para incriminarlo como partícipe responsable de los delitos de los que era acusado en la causa referida. De lo contrario, entendió el magistrado, se violaría el principio de legalidad.

Sobre los delitos de la trágica década del 70, el juez Recondo nos recuerda que, frente a ellos, lo que se necesita es hacer justicia, por oposición a moverse en función de la venganza. Dicho de otra manera, objetividad y seriedad en el actuar y no mero afán persecutorio.

Debe añadirse a todo ello una preocupación creciente en este mismo capítulo de la actividad judicial: la que guarda relación con el abuso arbitrario del instituto de la prisión preventiva, así como con la negativa sistemática a permitir el recurso a la prisión domiciliaria para procesados que ya son evidentemente ancianos o están enfermos. Actitudes que, como sociedad y por todo lo que ellas implican, no podemos consentir.

La advertencia que contienen las opiniones antes mencionadas, así como la decisión comentada del juez Recondo, apuntan por cierto a que parecería haber llegado la hora de asumir la necesidad de revisar y eventualmente corregir algunas conductas procesales que realmente lucen injustificables y hasta aberrantes. Es menester, en cambio, aferrarnos al respeto por la ley y la verdad. Por nuestra propia dignidad y de cara al juicio de la historia.


NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.




TESTIMONIO FALSO (SIN PONERSE COLORADO)

Audiencia del Jueves 27 de febrero de 2014

San Luis. El Tribunal Oral Federal que juzga en San Luis a 29 acusados por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante el gobierno de facto de las FFAA de 1976-1983, tomó hoy declaración al “testigo” el señor Roberto Francisco López, quien en el año 76 se desempeñaba como Jefe de Personal de la fábrica de cerámica “San José”, manifestando con total sinceridad (o descaro, amparándose en las prescripciones actuales para todos aquellos que pertenecían a las organizaciones terroristas, que en la fábrica había no menos de noventa  (90) personas que pertenecían a Montoneros y que él mismo se encargó de quemar sus fichas (legajos) cuando la policía o el Ejército empezó a incursionar en la fábrica haciendo averiguaciones.


Aún hay 3 personas de las cuales se desconoce su paradero, una de ellas, llamado Nolasco Leyes, cuya ausencia fue falseada por el testigo ya que narró que fue “secuestrado” por el Ejército que, según su testimonio se lo llevaron desnudo, una noche que él había terminado su trabajo, mientras se estaba duchando en la fábrica. La verdadera historia es que habiendo sido apresado por la policía cuando llegaba a su casa, escapó luego, saltando desde un camión en que era trasladado desde la Policía a la Penitenciaría (tal lo demostrado y narrado en el sumario de la época y corroborado por la declaración de un compañero de trabajo quien testimonió que Nolasco Leyes salió del trabajo en su bicicleta la noche en que López asegura que fue secuestrado).

Pero lo más interesante de este caso y digno de resaltar con mayor énfasis, es que el mismo testigo narró con toda naturalidad y total descaro (amparado por la prescriptibilidad de los delitos para los terroristas, por no ser considerados sus delitos o crímenes de lesa humanidad), es que en esa época, el abogado sindicalista sanjuanino de apellido Bernasconi, entraba y salía de la fábrica como “Pancho por su casa” o “como si fuera el dueño de la fábrica”, con la finalidad de “arengar”, casi siempre a la hora del almuerzo, a los obreros de la fábrica.

En una oportunidad en que el testigo López se retiraba de la fábrica, ingresaba el abogado Bernasconi manejando un automóvil Ford Falcon, acompañado por una persona y sobre el asiento de atrás, atrevidamente a la vista, observó que había una ametralladora.

En su testimonio el testigo omitió decir que la persona que lo acompañaba, al abogado Bernasconi, en esa oportunidad era nada más y nada menos que el “ahora” abogado de la querella, Norberto Foresti, quien más tarde caería preso por 8 años teniendo luego la opción de salir del país, eligiendo un país limítrofe como aguantadero provisorio.

Norberto Foresti

Con los años, el ahora abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, es el que acusa a los imputados todos los días en su rol de querellante.



Carta a los Lectores

LA NACIÓN – 27 de febrero de 2014

PRESOS POLÍTICOS

En su artículo de anteayer, titulado "Cuando la política desvirtúa la justicia", Luis Alberto Romero aborda uno de los temas de mayor vigencia: que por la justicia imperante no se trata de si el acusado es culpable o no, porque los juicios están "armados", contrariamente a lo que en materia judicial se llama "a derecho". Concurro frecuentemente a visitar amigos presos políticos a la cárcel de San Luis y lo que digo lo compruebo cada vez que acudo allí. Romero menciona la frase del secretario de Justicia, Julián Álvarez, ("Quisiera que los jueces hagan política a través de sus sentencias") y cita a un alumno suyo que, al referirse al juicio de su padre, preso político, señala: "No vi nada nuevo, jueces que opinaban; defensores hostigados; fiscales y abogados que indicaban a los testigos lo que debían decir; cambios notables respecto de sus testimonios; tribunas vociferantes. Todo ponderando, explícita o implícitamente, la gesta de las organizaciones armadas de los años setenta".

¿Es ésta la década ganada en materia de justicia?

Adrián Canteros


Carta a los Lectores

LA NACIÓN 04 de marzo de 2014

JUICIOS CALCADOS

El Editorial I de hoy - 03 de marzo - "Juicios teñidos de graves sospechas", parece haberse "calcado"  de lo que sucede en todos los juicios de lesa humanidad.

Soy concurrente al juicio de San Luis y concordante con vuestra columna editorial, nos encontramos: 1) Todos los Jueces son "subrogantes"; 2) La Fiscal General es Subrogante; 3) Esta misma Fiscal, se desempeñó como Fiscal Federal hasta el día anterior a la iniciación del juicio, es decir que la persona que imputó a los Presos Políticos en la etapa de Instrucción, es la misma persona que hoy, descaradamente, oficia de acusadora en el debate del Tribunal Oral; 3) Tanto los Jueces como la Fiscal fueron recusados desde el primer día siendo rechazada la demanda por el mismo tribunal; 4) El abogado querellante perteneció a una organización armada en los años '70 al que se le dio la opción de salir del país, refugiándose en Brasil; 4) Todas las acusaciones a los imputados se basan en declaraciones "testimoniales" de las "victimas" sin que la Fiscalía y el Juez Federal las hayan investigado. Es la palabra de la víctima contra la palabra del imputado sin "la exigencia de la prueba fehaciente o del beneficio de la duda y la presunción de inocencia", tal como sentencia vuestra Editorial. Ustedes mismos afirman que "el historiador Luis Alberto Romero, ha sostenido por ello, con mucha razón, que una condena judicial es legítima tan sólo cuando realmente existen y se han aportado pruebas que deban tenerse por fehacientes, más allá de toda duda razonable". 

Adrián Canteros