Audiencia del Jueves
27 de febrero de 2014
San
Luis.
El Tribunal Oral Federal que juzga en San Luis a 29 acusados por supuestos
delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante el gobierno de
facto de las FFAA de 1976-1983, tomó hoy declaración al “testigo” el señor Roberto
Francisco López, quien en el año 76 se desempeñaba como Jefe de Personal de la fábrica de cerámica “San José”, manifestando con total
sinceridad (o descaro, amparándose en las prescripciones actuales para todos
aquellos que pertenecían a las organizaciones terroristas, que en la fábrica
había no menos de noventa (90) personas
que pertenecían a Montoneros y que
él mismo se encargó de quemar sus fichas (legajos) cuando la policía o el
Ejército empezó a incursionar en la fábrica haciendo averiguaciones.

Aún hay 3 personas de
las cuales se desconoce su paradero, una de ellas, llamado Nolasco Leyes, cuya ausencia fue falseada por el testigo ya que
narró que fue “secuestrado” por el
Ejército que, según su testimonio se lo llevaron desnudo, una noche que él
había terminado su trabajo, mientras se estaba duchando en la fábrica. La
verdadera historia es que habiendo sido apresado por la policía cuando llegaba
a su casa, escapó luego, saltando desde un camión en que era trasladado desde
la Policía a la Penitenciaría (tal lo demostrado y narrado en el sumario de la
época y corroborado por la declaración de un compañero de trabajo quien
testimonió que Nolasco Leyes salió
del trabajo en su bicicleta la noche en que López asegura que fue secuestrado).
Pero lo más
interesante de este caso y digno de resaltar con mayor énfasis, es que el mismo
testigo narró con toda naturalidad y total descaro (amparado por la prescriptibilidad
de los delitos para los terroristas, por no ser considerados sus delitos o
crímenes de lesa humanidad), es que en esa época, el abogado sindicalista sanjuanino de apellido Bernasconi, entraba y salía de la fábrica como “Pancho por su casa” o “como
si fuera el dueño de la fábrica”, con la finalidad de “arengar”, casi siempre a la hora del almuerzo, a los obreros de la
fábrica.
En una oportunidad en
que el testigo López se retiraba de
la fábrica, ingresaba el abogado Bernasconi manejando un automóvil Ford
Falcon, acompañado por una persona y sobre el asiento de atrás, atrevidamente a
la vista, observó que había una ametralladora.
En su testimonio el
testigo omitió decir que la persona que lo acompañaba, al abogado Bernasconi, en esa oportunidad era nada más y nada menos
que el “ahora” abogado de la
querella, Norberto Foresti, quien
más tarde caería preso por 8 años teniendo luego la opción de salir del país,
eligiendo un país limítrofe como aguantadero provisorio.
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Norberto Foresti
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Con los años, el
ahora abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Luis, es el
que acusa a los imputados todos los días en su rol de querellante.
Carta
a los Lectores
LA
NACIÓN – 27 de febrero de 2014
PRESOS
POLÍTICOS
En su artículo
de anteayer, titulado "Cuando la política desvirtúa la
justicia", Luis Alberto Romero aborda uno de los temas de mayor
vigencia: que por la justicia imperante no se trata de si el acusado es
culpable o no, porque los juicios están "armados",
contrariamente a lo que en materia judicial se llama "a derecho".
Concurro frecuentemente a visitar amigos presos políticos a la cárcel de San
Luis y lo que digo lo compruebo cada vez que acudo allí. Romero menciona la
frase del secretario de Justicia, Julián Álvarez, ("Quisiera que los jueces hagan política a través de sus sentencias")
y cita a un alumno suyo que, al referirse al juicio de su padre, preso
político, señala: "No vi nada nuevo,
jueces que opinaban; defensores hostigados; fiscales y abogados que indicaban a
los testigos lo que debían decir; cambios notables respecto de sus testimonios;
tribunas vociferantes. Todo ponderando, explícita o implícitamente, la gesta de
las organizaciones armadas de los años setenta".
¿Es ésta la
década ganada en materia de justicia?
Adrián
Canteros
Carta a los
Lectores
LA NACIÓN 04
de marzo de 2014
JUICIOS CALCADOS
El Editorial I de hoy - 03 de marzo - "Juicios teñidos de graves
sospechas", parece haberse "calcado"
de lo que sucede en todos los juicios de lesa humanidad.
Soy
concurrente al juicio de San Luis y concordante con vuestra columna
editorial, nos encontramos: 1) Todos los Jueces son "subrogantes"; 2) La Fiscal General es Subrogante; 3)
Esta misma Fiscal, se desempeñó como Fiscal Federal hasta el día anterior a la
iniciación del juicio, es decir que la persona que imputó a los Presos
Políticos en la etapa de Instrucción, es la misma persona que
hoy, descaradamente, oficia de acusadora en el debate del Tribunal Oral; 3)
Tanto los Jueces como la Fiscal fueron recusados desde el primer día siendo
rechazada la demanda por el mismo tribunal; 4) El abogado querellante
perteneció a una organización armada en los años '70 al que se le dio la opción
de salir del país, refugiándose en Brasil; 4) Todas las acusaciones a los
imputados se basan en declaraciones "testimoniales"
de las "victimas" sin que
la Fiscalía y el Juez Federal las hayan investigado. Es la palabra de la
víctima contra la palabra del imputado sin "la exigencia de la prueba fehaciente o del beneficio de la
duda y la presunción de inocencia", tal como sentencia vuestra
Editorial. Ustedes mismos afirman que "el
historiador Luis Alberto Romero, ha sostenido por ello, con mucha razón,
que una condena judicial es legítima tan
sólo cuando realmente existen y se han aportado pruebas que deban tenerse por
fehacientes, más allá de toda duda razonable".
Adrián Canteros