martes, 16 de octubre de 2018

NUEVO ULTRAJE A LA DIGNIDAD



Centro de Estudios Salta en Historia, Política y Derechos Humanos

Cuando la Justicia es injusta
Crudo relato de los internos del penal de Güemes

Integrantes de nuestro Centro de Estudios Salta (CES) visitamos a comienzos del mes a los presos políticos internados en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) Nº III de la ciudad de Güemes (Salta), actividad que realizamos semanalmente desde 2015.

Como en otras ocasiones, nos expresaron sus padecimientos. Esta vez, centrados en la decisión de la justicia de redistribuir a muchos presos acusados de delitos federales, enviándolos a cárceles existentes en la región para aliviar las condiciones inhumanas en que se encontraban al estar detenidos en comisarías y dependencias de Gendarmería que ya están rebalsadas.

Según cuentan, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) se vio obligado a recibir a dichos detenidos, pese a no contar con lugares disponibles.

En las cárceles federales de Jujuy y de Güemes -Unidad Penitenciaria Nº 8 y CPF III-, que ya tenían todas sus plazas ocupadas, debieron ingeniárselas para cumplir la orden.

Por ejemplo, se construyeron “cuchetas” en las que hasta entonces eran celdas individuales, y que contaban con el espacio, aire, ventilación y condiciones de hábitat para una sola persona, como establecen las normas convencionales.

Desde la cárcel de Jujuy habrían sido sacados, abruptamente y de improviso, ocho internos presos políticos (mal llamados de “lesa humanidad”) que fueron trasladados al penal de Güemes. Lo hicieron sin almorzar, con los elementos personales que les cabían en sus manos, sin poder avisar del traslado a sus familiares ni a sus respectivos abogados defensores, quienes desconocían la medida.

En el penal de Güemes los alojaron en el Sector Anexo Pabellón “A”, donde había ocho celdas individuales cuya capacidad fue “duplicada” con las cuchetas. Ahora son 16 internos viviendo en un lugar previsto para ocho. Cabe señalar que todos los alojados en ese lugar superan los 65 años de edad, y la mayoría excede incluso los 70 años, con estados de salud precarios y enfermedades varias, entre las que se destacan hipertensión, diabetes, artritis y problemas óseos serios que les dificultan caminar.

Con la nueva realidad, en cada celda pasaron a convivir dos presos. Como era dificultoso subir a la cucheta de arriba, uno de los allí alojados debía dormir en un colchón en el suelo. Otro, que se ahogaba por el estrés que le produce el reducido espacio, duerme en el espacio común del pabellón, debajo de la escalera.


Luego trajeron más mesas y sillas como para que alcancen para los 16 alojados.

También a los jujeños les trajeron sus pertenencias que habían quedado en su anterior destino.

Pero el día que llegaron los jujeños, el SPF llevó al pabellón la cena y sólo había contemplado la de los ocho reclusos originales, por lo que debió repartirla entre los 16. Los jujeños ni siquiera tenían platos ni cubiertos.

HABEAS CORPUS

Los recién llegados, en su mayoría, presentaron habeas corpus al Juzgado Federal de Salta y también informaron a sus respectivos abogados defensores sobre la situación, la que fue planteada por estos ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy al día siguiente del traslado, durante la audiencia del juicio en desarrollo. El TOF dispuso que se revise inmediatamente toda la situación, pero todo siguió igual.

A la semana siguiente, luego de la audiencia donde los defensores informaron al TOF que todo seguía igual, se presentó en el pabellón el Presidente del TOF, doctor Federico Santiago Díaz, acompañado por varios funcionarios. Filmaron todo y escucharon las quejas, apreciando que enviaron todo al juzgado de Salta donde están radicados los habeas corpus.

Uno de los internos se encuentra con graves dolencias de próstata y se le debió colocar una sonda permanente. Convive en la celda con otro interno, lo que significa una amenaza para la salud de ambos.

Los internos nos expresaron, a modo de conclusión, que desde el 28 de septiembre, todo continúa igual, con la única diferencia de que cortaron las camas de arriba y colocaron una al costado de la otra, quedando un espacio, ente ambas, de no más de 30 centímetros. En la celda, ahora hay dos camas, un retrete, un lavatorio, una mesada y casi nada de espacio libre dentro del calabozo. Cuando uno quiere ir al baño, el otro debe irse afuera.

Nos contaron también que el miércoles 3 de octubre, cuatro de los internos que habían presentado habeas corpus fueron trasladados al Juzgado Federal Nº I de Salta, donde se realizó una reunión con el titular de esa dependencia, doctor Julio Leonardo Bavio, a la que también concurrieron representantes del Penal de Güemes.

TODOS LO SABEN

Según nos relataron los internos, el jefe del Servicio Médico del Penal, doctor Soria, admitió ante el magistrado “que no hay presupuesto para comprar los remedios. Sólo se
entregan los que envía el Ministerio de Salud de la Nación (genéricos) para diabetes y otras
dolencias. Por otra parte, muchas de las enfermedades que presentan estos internos de
avanzada edad evolucionan negativamente aún si les suministraran los medicamentos como
corresponde. Por ello, esos detenidos no pueden estar en cárceles, ni en Jujuy ni en Güemes, incluso si estuvieran alojados uno por celda”. (Cabe agregar a esto que a los remedios que “corresponde” se los llevan los familiares y se los entregan uno o dos días después).

En la misma reunión, el Subdirector del CPF III- NOA, manifestó: “Más allá de la actual situación, que responde al cumplimiento de las órdenes recibidas en el Complejo de Güemes, la medicación no se entrega porque no hay plata y la Dirección General del Servicio Penitenciario federal lo sabe. Se incrementan las características de estas enfermedades que padecen y estas personas no pueden estar presas en Güemes, ni en Jujuy, ni en ningún penal del país. Tienen que estar en sus casas. Así estarían realmente contenidos, correctamente medicados, cuidados por sus familiares y en lugares adecuados”.

Los internos comentaron que si la opinión expresada por estos funcionarios del Servicio Penitenciario se atendiera, se estaría cumpliendo con las recomendaciones formuladas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de las Naciones Unidas. Así se pasaría a estar en el verdadero ámbito de la justicia. En cambio, la actual situación que atraviesan se corresponde con una venganza, como bien lo explica el documental producido por el Centro de Estudios Salta cuya proyección fue censurada en la Feria del Libro en mayo último en Buenos Aires.

EL CASO MILAGRO SALA

Como ejemplo de la injusticia de que son víctimas citaron el caso de Milagro Sala, a quien otorgaron dos veces la prisión domiciliaria luego de que la CIDH obligara al Estado argentino a cumplir con una disposición del organismo en ese sentido.

Recordaron que la prisión preventiva tiene una duración de dos años, eventualmente tres, previa resolución judicial. Sin embargo, los presos políticos llevan, algunos, más de 10 años, y otros muchos murieron en esa situación sin haber tenido juicio.

La prisión preventiva es para aquellos que estando en libertad podrían intervenir y/o modificar aspectos de sus causas o a testigos, o tengan posibilidades de fugarse, condiciones que no reúne la gran mayoría de los presos políticos dadas sus edades y condiciones de salud.

Ante este escenario, se lamentaron por el hecho de que en América Latina el populismo esté desapareciendo, mientras que en la Argentina pareciera volver a empezar.

Destacaron que el actual Presidente, por acción u omisión, por incapacidad o inhabilidad, o “amiguismo”, o lo que fuera, no cumplió con su promesa de campaña de “terminar con el curro de los Derechos Humanos”. De Justicia, ni hablar…

Hay una frase de Henry Ibsen (poeta noruego 1825 – 1906) con la que se identifican: “Veremos claramente un día que el triunfo es la derrota”. En esa línea apuntan que todos los que combatieron a la subversión, la derrotaron y permitieron que hoy la Argentina no sea una Cuba, Venezuela o Nicaragua, y que la población viva en democracia (aún con desaciertos).

Y agregan que triunfaron ayer, y también hoy, como presos políticos, muriendo en prisión, víctimas de procedimientos inconstitucionales. Aseguran que no están en la derrota, sino convencidos de que su triunfo aún no fue reconocido.

Se despidieron de nosotros reiterando que la pésima situación sanitaria y de hábitat que atraviesan desde el 28 de septiembre continúa igual, y recordaron su slogan:

¡¡SOLDADO, NUNCA TE ARREPIENTAS NI PIDAS
PERDÓN POR DEFENDER
A LA PATRIA!!

RECOMENDACIÓN DE LA ONU POR DETENCIONES ARBITRARIAS



Circular 95

El 22 de mayo de 2017, mediante la Circular 81, informamos sobre la reunión que nuestra Asociación, junto con integrantes de la ONG “Puentes para la Legalidad”, mantuvo con el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), en ese momento de visita en Argentina, efectuando denuncias sobre la situación de más de 1000 militares y miembros de Fuerzas de Seguridad que venían sufriendo prisión preventiva en forma excesiva, por estar imputados de los llamados delitos de lesa humanidad.

El Reporte[1] hecho por este Grupo de Trabajo el 12 de septiembre 2018, ha dado respuesta favorable a la denuncia efectuada por la UPMAC en mayo de 2017, al ratificar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas lo ya expresado en su informe preliminar del 18 de mayo de 2017, sosteniendo respecto del “uso en exceso de la prisión preventiva”, que:

“Conforme a la Ley Nacional 24.390 promulgada el 21 de noviembre de 1994, la prisión preventiva debe utilizarse con carácter excepcional. Debe decidirse la aplicación de dicha medida excepcional según cada caso, luego de haberse considerado ciertos factores relevantes como el riesgo de fuga y el de obstaculizar la investigación, así como la complejidad del caso. En vista de estos factores, el fiscal podrá solicitar y el juez imponer una prisión preventiva de duración razonable que, en principio, no debe superar los dos años y, en caso de concurso de delitos o su naturaleza compleja, puede llegar a los tres años.

Sin embargo, el Grupo de Trabajo halla que este marco legal no se refleja en las prácticas del Poder Judicial que tiende a otorgar la mayor parte de las solicitudes de prisión preventiva. Como resultado de ello, aquellos detenidos preventivamente constituyen alrededor del 60% de la población detenida dentro del sistema de justicia penal...

Además, el Grupo de Trabajo notó que muchas veces se excedía el límite de dos años para la prisión preventiva, lo que constituye de por sí un período excepcionalmente largo, y encontró personas que pasaron de cuatro a seis años en prisión preventiva. Se le informó al GTDA sobre otros casos de individuos que habían pasado hasta 10 años detenidos en el marco de esta figura...

Al Grupo de Trabajo le preocupa la prisión preventiva que se extienda en el tiempo, el alto porcentaje de personas en prisión preventiva, así como observa que existe una necesidad urgente de revisar esta práctica en la Argentina...”

Dentro de este marco el GTDA exhorta al Estado Argentino a que respete los estándares internacionales, que la prisión preventiva sea excepcional como medida precautoria y que su duración no sea una condena anticipada.

Por ello la UPMAC le pide a los Poderes del Estado en especial al Judicial (Justicia Federal), que cesen de inmediato las prisiones preventivas de militares, miembros de fuerzas de seguridad y policiales que están excedidas en más de dos años, y que configuran no solo una violación a normas nacionales y tratados internacionales, sino una clara persecución al grupo social integrado por las fuerzas públicas y sus familiares.

Buenos Aires, 16 de octubre de 2018.


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Unión del Personal Militar Asociación Civil - U.P.M.A.C.
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[1] Ver párrafos principales extraídos del Reporte.

SALGAMOS DE LA CIÉNAGA CON EL ESFUERZO DE TODOS



Hoy en día los Soldados de la Patria que nos salvaron de caer en una sangrienta tiranía, peor que los excesos cometidos durante el último gobierno de facto del país, están purgando errores de las antiguas autoridades del estado. Ni María Estela Martínez de Perón, ni el Dr. Italo Luder, ni López Rega, ni ninguno de los ministros que refrendaron los decretos ordenando el aniquilamiento de las organizaciones terroristas han sido siquiera imputados en esas causas hoy llamadas de “lesa humanidad”. Recordemos que siempre el empleo de la fuerza es una responsabilidad política.


Lo mismo ha ocurrido con los ex Comandantes en Jefe de las FF.AA., que posteriormente lideraron políticamente el llamado Proceso de Reorganización Nacional, ellos diseñaron la estrategia e impartieron las órdenes para cumplir con esos decretos… tampoco en el juicio a las Juntas Militares, fueron condenados por “genocidio” o delitos de “lesa humanidad”. Paradójicamente sus ex subordinados que cumplieron con la obediencia debida -pilar fundamental de toda organización militar- están pagando la factura que les corresponde a los políticos y militares que eran las máximas autoridades del estado nacional.


Es hora de superar las antinomias que dividen al país, pacificar definitivamente los ánimos y todos juntos hacer el esfuerzo para sacar a nuestro querido país de la ciénaga en la que ha caído gracias a la corrupción -que permitió el saqueo sistemático de las arcas del estado- y la impericia del gobierno actual, que no puede dominar la inflación y presenta un futuro sombrío para el bienestar económico del la mayoría de la población argentina.





INSTALAR UNA TIRANÍA

El brillante editorial del 13/10/18 nos recuerda que la verdadera intención de las bandas terroristas al desplegar aquel infierno de horror y muerte, el objetivo oculto detrás de los asesinatos de civiles y uniformados, bombas, secuestros extorsivos, atentados, robos, incendios y copamientos de comisarías y cuarteles era sembrar el terror paralizante en la población civil. En todos los países que menciona el editorial en los que se instalaron tiranías comunistas se usaron el terror, la amenaza y la violencia desquiciada para silenciar a la población, amedrentándola además con las interminables purgas de fusilamientos masivos. El jefe del ERP, Mario Santucho, había anunciado en 1973 que para que la revolución tuviera éxito en la Argentina iba a ser necesario fusilar a un millón de personas. Montoneros a su vez tenía planeado fusilar a otras quinientas mil. Terminemos con el discurso falaz de que estas bandas de psicópatas asesinos defendían la democracia. Hay que decirlo con la fuerza de la verdad: el terrorismo buscaba instalar una tiranía comunista castrista por medio de la violencia y el caos, para lo cual era vital aterrorizar a la población, aplastarla moralmente y debilitar su espíritu a través del miedo y de la intimidación.

Creo que para lograr la patria socialista vamos a tener que matar a no menos de un millón de personas (Roberto Santucho)

Basta de mentiras.

Manuel Pedro Fraga


NOTA: Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a la nota original.

lunes, 15 de octubre de 2018

NUEVA ENTREVISTA AL CNL (R) GUILLERMO CÉSAR VIOLA EN TLV



Sabido y reiterado es el concepto, de que gran parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles que combatieron el terrorismo subversivo que asoló durante más de 30 años a nuestra Patria, continúan padeciendo el proceso de persecución, venganza y exterminio, donde sistemáticamente se reiteran infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Con fecha 08 de Octubre del corriente, el Lic Juan Manuel Soaje PintO, Director del Canal TLV 1 (Toda La Verdad Primero), emisora independiente que se transmite por Internet, realizó una nueva entrevista al Cnl (R) Guillermo César Viola (Programa Contracara), a fin de brindar a la audiencia, un cuadro integral de la situación judicial actual en los contextos nacional e internacional, en cuanto a la temática de los Presos Políticos se refiere.

Durante el encuentro, se reitera la mención al desarrollo de verdaderas funciones circenses judiciales, a la evolución de la situación de salud y edades de los detenidos, quienes integran una población carcelaria mayoritariamente geronte. Todo ello sumado a los excesos en los tiempos de prisiones preventivas y a los cada vez más frecuentes fallecimientos en cautiverio, entre otros varios ítems relacionados.

En síntesis, el programa permite una vez más, dejar claramente expuesto, un verdadero y sistemático proceso de violación de los derechos humanos, que gran parte de la corporación político judicial continúa avalando con su silencio.

CUANDO LA VERDAD ASOMA SU VERDADERO ROSTRO


La reunión de trabajo de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, de Puentes para la Legalidad, de representantes del Estado de la República Argentina con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), nos dejó un resultado realmente muy promisorio.

El encuentro tuvo lugar en el Wolf Law Building, de la facultad de Derecho de la Universidad de Colorado.

Rápidamente el estado argentino recibió la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocando al Estado argentino para que conozca y atienda en una misma mesa de trabajo las graves denuncias formuladas por dos organizaciones no gubernamentales que bregan por la vigencia de las garantías y el debido proceso en los juicios que se siguen a policías, militares y civiles por los hechos ocurridos en la década del 70 en nuestro país. Tal decisión constituye una saludable iniciativa y una muestra de ecuanimidad necesaria y provechosa en la imagen de un organismo fundado para la salvaguarda y vigencia de los derechos humanos en el continente. Hay que reconocer que existían dudas al respecto, el organismo interamericano había desestimado en más de una oportunidad denuncias sobre la falta de garantías de un juicio justo, medidas cautelares, enfermedades, prisiones preventivas excedidas, etc.


Es llamativa la cantidad de cartas de lectores que adhieren a las recomendaciones de la CIDH y le piden al gobierno una solución para cerrar la grieta más profunda, que divide a la sociedad argentina. A continuación les dejamos algunas de esas cartas y es muy seguro que los medios hayan recibido muchas más y por distintas razones no las publican.



SEÑAL AUSPICIOSA


Muy oportuno el editorial "Derechos Humanos: una auspiciosa señal", a raíz de la reciente audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tratamiento ilegítimo y discriminatorio por la Justicia Federal penal desde el advenimiento del gobierno kirchnerista, que recibieron quienes en la década del 70 combatieron el terrorismo subversivo, mientras dormían y prescribían miles de causas por narcotráfico o corrupción estatal, como ocurrió recientemente respecto del ex presidente Menem. El editorial se dedicó a las prisiones domiciliarias indebidamente negadas en muchísimos casos a ancianos procesados en estas causas de clara connotación política, pero no a otra cuestión tan grave como aquella: cientos de las prisiones preventivas dictadas superan largamente el plazo máximo de tres años que pueden durar sin sentencia firme, según nuestra ley dictada como consecuencia de un pacto internacional. Semejante exceso condujo al escarnio interno e internacional de tener, por ahora, más de 450 fallecidos encarcelados que murieron inocentes, porque sus procesos no habían finalizado pese a tantos años en trámite, exponiendo incluso a nuestro país a una condena si la Corte Internacional procediera con la firmeza y ecuanimidad necesarias. Tal grosero exceso tuvo causa eficiente en el fallo "Acosta" de la Corte Suprema de 2008, después de que Cristina Kirchner, en ejercicio del Poder Ejecutivo, Hebe de Bonafini y el fallecido secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde amenazaran públicamente a los jueces que se atrevieron, como García y Yacobucci en la Cámara de Casación, a hacer cesar las prisiones preventivas que superaran los tres años, sin perjuicio de la continuidad de los procesos hasta su finalización.

Es hora de que las secuelas del fallo "Acosta" desaparezcan de nuestros tribunales.

Enrique Munilla
DNI 4.433.538



LOS MISMOS JUECES

Gustavo Hornos

El artículo del juez de Cámara Gustavo Hornos del 7/10/2918 sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por los Kirchner interpreta erróneamente el artículo 36 de la Constitución y vulnera el principio de legalidad del artículo 18. La norma aludida sanciona a los autores de actos de fuerza contra el orden constitucional y a los que usurparen funciones previstas para las autoridades, con las penas del art. 29 CN, esto es, "inhabilitación a perpetuidad para ocupar cargos públicos y exclusión de los beneficios del indulto y la conmutación de penas". La conducta de la última parte del artículo 36 a la que se refiere el magistrado -"grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento"- es distinta y tiene sanción distinta: "Inhabilitación por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos". Conducta distinta con sanción distinta. Una vez más, los jueces le hacen decir a la ley lo que la ley no dice. Los actos delictivos de los Kirchner no autorizan a continuar destruyendo nuestras bases constitucionales que ellos iniciaron. Debemos exigir el cese de la manipulación de las leyes y de la negación de los derechos y garantías constitucionales, y reorientar la conducta de los jueces y exigirles la defensa irrestricta del Estado de Derecho. Esta mala costumbre iniciada por la Corte Suprema en 2003 al comando del montonero Lorenzetti, que exigió "lealtad" a los magistrados federales y los autorizó a "legislar" en juicios de "lesa humanidad" (verdaderos juicios de venganza a las FF.AA. y de seguridad por enfrentar al terrorismo en los 70) al convalidar sus arbitrarias sentencias condenatorias, debe cesar inmediatamente. Las falsedades y la cobardía demostrada por la CSJN -particularmente de la mayoría kirchnerista- es la que aniquiló la seguridad jurídica con el aplauso y la aprobación de los políticos, y que se reiteró recientemente cuando dictó una sentencia concediendo el beneficio del 2x1 y revocándola inmediatamente tras la protesta de las hordas socialistas y la cobardía del gobierno.


Quienes debieron criticar el abuso de los jueces, se plegaron por conveniencia a la corriente vengativa y condenatoria sin advertir el daño que ocasionaban a la Nación y a la paz social. Esos mismos jueces y fiscales federales que ayer dormían las causas son los que hoy se erigen en paladines de la lucha anticorrupción en nuestra sociedad receptora de estos mensajes esquizofrénicos. Son los mismos jueces que por orden de Néstor Kirchner implementaron juicios ilegítimos contra las FF.AA. y de seguridad basados en falsas doctrinas, haciéndole decir a la ley lo que la ley no dice.


Hoy, tras la publicación que critico, veo que continúan esa mala costumbre declarando la imprescriptibilidad de delitos prescriptibles (legislando) con argumentos populacheros que afectan la seguridad jurídica, que debería mantenerse a rajatabla respetando las leyes sin mentir ni inventar dogmas falsos.

La inseguridad jurídica siempre afecta a toda la sociedad e impide que se nos respete como país creíble y predecible.

José M. Soaje Pinto
Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica


SIN RESPUESTAS


El reciente editorial de LA NACION del 9 del actual resultó un bálsamo para los ex soldados sobrevivientes y los familiares de los caídos en la defensa del Regimiento de Infantería de Monte 29 (RI Mte.29) de Formosa, cuando este fue atacado por el Ejército Montonero, el 5 de octubre de 1975, en plena democracia.


Entre los que entregaron sus vidas combatiendo por la Argentina estaba Hermindo Luna, mi hermano. El secretario de DD.HH. de la Nación, Claudio Avruj, asistió, junto al Jefe del Ejército, general Claudio Pasqualini, al acto recordatorio, lo que es alentador. Es la primera vez, desde el regreso a la democracia, que un funcionario de rango nacional rinde homenaje a víctimas del terrorismo de los años 70.

Se deposito una ofrenda floral, de homenaje y reconocimiento a los caídos, en el cementerio municipal de Formosa

Analizar por qué se tardó tanto me lleva a preguntarme si nuestra clase dirigente conoce la historia de nuestro país y si está a la altura de quienes dieron su vida por la Argentina. En un encuentro posterior al homenaje con ex soldados sobrevivientes y familiares de los caídos, Avruj les dijo: "Los soldados que defendieron el cuartel merecen el reconocimiento desde todo punto de vista. Merecen un reconocimiento del Estado".

Avruj evocó junto al Ejército el ataque a un regimiento militar en Formosa

Resulta por eso contradictorio que en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) de la Secretaría de DD.HH., encabezado con la leyenda: "Listado de víctimas del accionar represivo ilegal del Estado", figuren los once terroristas atacantes abatidos en aquel combate como "asesinados en ejecución de prisioneros en eventual defensa, por represión a intento de toma del RI Mte 29". Por estar incluidos en ese listado oficial, el Estado argentino pagó indemnizaciones por un total actualizado de casi 50 millones de pesos a los familiares de los terroristas que atacaron al cuartel. Conservo en mi poder el último recibo cobrado por mi madre antes de fallecer, en febrero de 2006, en concepto de pensión mensual por la muerte de Hermindo, por 286,31 pesos. Resulta también inexplicable que el gobierno de la CABA, en el Parque de la Memoria, recuerde y homenajeé a los terroristas montoneros atacantes abatidos el 5/10/75, en Formosa.

Nora Hochbaum

Hace unos días mantuve una decepcionante reunión con la directora de dicho monumento público, licenciada Nora Hochbaum, quien se negó a contestarme el escrito que le presenté, en el que sencillamente le preguntaba: ¿por qué se homenajea en el Parque de la Memoria a los asesinos de soldados argentinos, en plena democracia? Por sugerencia de Hochbaum, mediante otra nota, le trasladé la pregunta al jefe de gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, y esta vez espero recibir una respuesta a la altura de los héroes de la defensa del regimiento de Formosa.

Jovina Elena Luna
DNI 17.092.569


LIBERTAD INMEDIATA


Acerca de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que afecta a los presos militares, de las fuerzas de seguridad y civiles, en el editorial del 11 del actual se da cuenta de que en las cárceles y en domicilios particulares de nuestro país hay presos militares de edad avanzada por haber luchado contra la guerrilla comunista, sin condena firme. Esto ocurre después que todos los gobiernos de la democracia recibieron denuncias al respecto de particulares y de la Comisión de Justicia y Concordia, también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el Estado Vaticano, las Naciones Unidas y gobiernos de países amigos. LA NACIÓN recibió numerosas cartas de lectores de particulares sobre el gravísimo problema. Por eso, la noticia no hace más que exponer una hipocresía nunca vista. Mientras los miembros de la guerrilla comunista que cometió numerosos excesos en esta guerra fueron premiados con cuantiosas fortunas, quienes salvaron al país del trapo rojo sufrieron la muerte de 431 personas[1]. Ahora la ciudadanía le exige a este gobierno temeroso la libertad inmediata de todos los presos, estén en cárceles o en sus domicilios. Este acto de valor y de justicia contribuirá a cerrar la famosa "grieta" que divide al pueblo argentino. Si no lo hiciere, merecerá ser llamado infame traidor a la patria y ser susceptible de las correspondientes acciones judiciales.


Carlos Llambías


NOTA: Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a las cartas de lectores originales.


[1] Al día de la fecha 459 personas han fallecido en cautiveiro.