por una Nueva Década en Paz y para Siempre.

sábado, 24 de septiembre de 2011

Chávez perdió... Honduras se salvó.

Nuestro amigo el periodista español, señor Ricardo Angoso, nos ha hecho llegar el anticipo de su próximo libro que en las próximas semana aparecerá en Colombia y esperamos que en breve n nuestro país.


Ricardo nació en Salamanca en el año 1966, es sociólogo, analista internacional y periodista. Ha escrito, trabajado y colaborado, en los últimos años, para El Independiente, Diario 16, El Mundo, Fax Press, Colpisa, La Aventura de la Historia, Safe Democracy, Infomedio, Historia 16, Radio Francia Internacional, Radio Exterior de España, Ideas y Debate, Raíces e Historia y Vida. Durante mucho tiempo ha residido en el extranjero, siendo un buen conocedor de los Balcanes y habiendo pasado largas temporadas en Albania, Bosnia y Herzegovina, Hungría, Rumania, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. Como observador electoral de la Organización para la Seguridad en Europa (OSCE) ha participado en numerosos procesos electorales en una decena de países. A su vez, ha sido profesor en la Universidad Nacional de Honduras y becario del Ministerio de Asuntos Exteriores español en Hungría, Rumania y Turquía. También ha ganado varios premios literarios, entre los que destacan el Joven y Brillante, el Ciudad de Periana y el Ateneo de Jaén. En la actualidad, colabora en varios medios de comunicación, es Coordinador General de Diálogo Europeo y dirige la revista Lecturas para el Debate. Libros publicados: Europa a Debate, Las próximas guerras europeas y Rapsodia húngara sobre fondo rojo.

Como pueden leer en su síntesis biográfica tiene la experiencia de campo suficiente en conflictos bélicos, crisis y discernimiento histórico como para escribir el libro: "CHÁVEZ PERDIÓ: HONDURAS SE SALVÓ", donde narra y examina los acontecimientos ocurridos en este país centroamericano desde un 28 de junio del año 2009, en que para algunos hubo un golpe de Estado y, para otros, un simple recambio institucional que atendía al orden político y constitucional hondureño. Honduras se salvó porque no cayó en las manos de Chávez, ahora es una democracia libre, pero los riesgos siguen presentes tras la llegada del ex presidente Zelaya.

HONDURAS: EL VERDADERO GOLPE DE ESTADO AL DESCUBIERTO

El 28 de junio de 2009, en un acto previamente anunciado, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue depuesto aparentemente por los militares y forzado a salir del país hacia Costa Rica. Para la comunidad internacional, el asunto estaba claro: se trataba de un golpe de Estado en el sentido clásico de la palabra. Sin embargo, cuando se conocen los antecedentes de este hecho y los planes nunca ocultados del presidente Zelaya, una simple marioneta del presidente venezolano, Hugo Chávez, se verá que las cosas son muy distintas.


Zelaya era el verdadero cerebro del verdadero golpe de Estado que se pretendía perpetrar el 28 de junio, en donde había convocado a los hondureños en una consulta ilegal para perpetuarse en el poder, sentar un régimen de carácter neopopulista siguiendo la estela de los países bajo la órbita de Chávez y disolver las instituciones políticas y legales de Honduras.



Los militares, siguiendo el mandato  constitucional que le habían entregado las instituciones hondureñas, tan sólo cumplieron el papel que tenían asignado dentro del sistema político. El verdadero golpista, si hubiera llegado a cumplir con sus intenciones, era Zelaya. El presidente hondureño, obedeciendo las directrices de Chávez, ya había unido a su país a la ALBA y encaminado su política exterior hacia países como  Cuba, Irán, Nicaragua y la misma Venezuela. Aparte del proyecto reeleccionista de Zelaya, estaba en juego la inclusión de Honduras en la órbita del bloque castrochavista. Además, cinco meses después de este aciago 28 de junio, el presidente nombrado por el legislativo hondureño, Roberto Micheletti, organiza con éxito unas elecciones generales que culminan con la crisis. La democracia hondureña se había salvado, Chávez había fracasado inicialmente en sus planes. Pero la amenaza continúa.



Fuente: autor del libro.

¿Quién se robó mi fiesta?

Si el estado no es capaz de cumplir el con el derecho a una jubilación digna a través del ANSES… ¿Dónde está el dinero del cual se apropió al estatizar nuevamente el sistema previsional? ¿Por qué no cumple con los pagos ordenados por sentencias judiciales a favor de miles de jubilados? ¿Por qué la presidente vetó la ley que disponía el 82 % móvil que establece la Constitución Nacional? Algo muy grave está ocurriendo y la justicia mira hacia el costado.

14.09.2011 | Política | Por: Rubén Gioannini

¿Jubilados o condenados?


Por Rubén Gioannini para el Informador Público

Para entender que significa el Sistema Jubilatorio es imprescindible conocer el significado de la palabra JUBILADO cuyo origen viene de JUBILO que quiere decir: Regocijo, gran alegría y algazara; y JUBILEO que quiere decir: Fiesta.

Es decir que en todas sus acepciones, las raíces de “Jubilado” parten de alegría, fiesta, gozo, etc. ¿Y por qué estas alegrías? Porque termina una etapa de la vida de trabajo, esfuerzo, deberes y sacrificio de una persona para comenzar otra de merecido descanso, esparcimiento, alegría y gozo.

Cuando cumplimos 18 años e iniciamos la vida de trabajo, nos surgen deberes y obligaciones como la de aportar un más que importante porcentaje de nuestro salario al igual que nuestro empleador, quien está obligado a retener de nuestro salario el importe destinado al Sistema y a su vez a aportar también un porcentaje por el trabajador que emplea en su Empresa. Ese sistema se lo llama “Sistema Previsional”, que surge de la palabra Previsión, que quiere decir acción y efecto de prever, prevenir ó precaver, cálculo anticipado, pronóstico. Es decir que nosotros y el Estado estamos previendo que vamos a llegar a una etapa de la vida en la que el desgaste propio de la salud y los años no nos permitirán seguir trabajando y entonces deberemos ahorrar durante 47 años entre que comienzan nuestros Deberes (Aportes) y la edad requerida para retirarse.

Una vez analizada esta parte de la cuestión surge claramente que:

1º) el retiro jubilatorio exige 30 años de aportes mínimo y es un derecho constitucional observado en el Art. 14 Bis de la C.N.

2º) que el Haber jubilatorio es supletorio del salario promedio percibido en los últimos 10 años de trabajo.

3º) que al reemplazar el salario, no guarda una coherente proporcionalidad entre lo aportado y lo que debiera ganar un trabajador, en el cálculo del primer Haber inicial, ya que el importe no llega a la mitad de lo que percibía.

4º) al no respetarse la Movilidad (garantía constitucional) con el tiempo el haber comienza a depreciarse condenándonos a ganar la mínima jubilatoria, alejada también de la proporcionalidad razonable que debería existir entre el haber del jubilado en la mínima y la mínima vital y móvil del trabajador activo.

5º) el no cumplimiento del Estado en esta garantía constitucional tutelada por el Art. 14 Bis de la C.N. y los Pactos Internacionales inherentes a Derechos Humanos de los ancianos, demuestran a las claras la total falta de respeto a los compromisos del Estado en tanto al cumplimiento de sus deberes como garante de un Derecho Constitucional como lo es la garantía de la Seguridad Social, Art. 14 Bis “El estado garantizará la Seguridad Social que tendrá carácter de integral e irrenunciable...”

Y si quedase alguna duda al respecto de esta grave falencia constitucional en perjuicio de millones de ancianos, basta con observar las estadísticas propias del gobierno; en el año 2003, el 75% de las personas Jubiladas superaban la mínima; hoy año 2011, el 80% de los jubilados percibe la mínima mientras que sólo el 20% la supera.

Si a esto no se lo llama estafa, ¿cómo lo llamarían ustedes? Quizás sería bueno aclararles a todos estos “chicos malos” que han tomado por asalto los fondos de la ANSeS y que nunca se les ha conocido un trabajo que, están confundiendo “jubilarse” con “jubilar”.

Jubilarse: El trabajador obtiene el premio de retirarse dejando de trabajar por haber llegado a su edad límite ó invalidarse para pasar al descanso merecido con un Haber digno que le permita vivir decorosamente con todos sus Derechos Humanos protegidos.

Jubilar: Excluir o dejar de usar algo por viejo ó inútil.

Prefiero pensar que la juventud e inexperiencia los confunde y no han llegado a comprender que significa el Sistema Previsional y para qué debería servir, como protección de la ancianidad y el por qué de “Jubilado”; porque de pensar otra cosa no alcanzarían los epítetos para calificar tamañas atrocidades cometidas en perjuicio de la gente mayor.



viernes, 23 de septiembre de 2011

“Los mitos setentistas” en Miami

Algunos argentinos nos enorgullecemos de tener como conciudadano al señor Agustín Laje Arrigini, un joven historiador-investigador que no se tragó el “sapo de la historia oficial setentista”  y decidió investigar por su cuenta la época y con su libro –presentado con total éxito en nuestro país-,  ahora lo presentó en la ciudad de Miami, está ayudando a correr las cortinas y que la luz del sol ilumine la verdad de la Guerra Revolucionaria y Contrarrevolucionaria librada en el país durante esos años. Es un digno ejemplo para una juventud no interesada y que se conforma con adquirir un LCD en cuotas, o en el fútbol para todos y toda la parafarnalia infernal con que nos castiga y miente el poder de turno.


Cultura: Se presentó “Los mitos setentistas” en Miami

Sección: Cultura

El pasado miércoles 21 de Septiembre, con la organización del InterAmerican Institute for Democracy, fue presentado (a salón colmado) en la librería Books and Books el libro “Los mitos setentinstas. Mentiras fundamentales sobre la década del 70″, de Agustín Laje Arrigoni.

El joven autor explicó la manera en que el kirchnerismo hizo de la historia una historieta, y señaló que la Argentina de los años ´70 enfrentó una verdadera guerra irregular contra organizaciones terroristas apoyadas por el terrorismo internacional, y por aparatos estatales, principalmente el cubano. Laje cerró su exposición aseverando que el pasado está siendo utilizado para legitimar un modelo político actual, para perseguir opositores y disidentes, para promover el revanchismo ideológico, y para hacer negocios multimillonarios.

(En la foto, Agustín Laje Arrigoni exponiendo)

El presidente del InterAmerican Institute for Democracy, Dr. Guillermo Lousteau, presentó el libro enfatizando en la necesidad de que más jóvenes se comprometan en las ideas que promuevan la libertad y la democracia en la región.

(En la foto, el Dr. Guillermo Lousteau presentando “Los mitos setentistas”)



El libro fue presentado también por el periodista y escritor cubano (exiliado) Pedro Corzo, quien elogió enfáticamente el libro y destacó en torno al desarrollo de la responsabilidad del castrismo en la preparación de terroristas for export en la guerra revolucionaria en Argentina. Asimismo, agradeció al autor por haberle quitado las vendas en torno a la novela de “La Noche de los Lápices”.

(En la foto, Pedro Corzo presentando “Los mitos setentistas”)


El evento se vio enriquecido por la presencia además de reconocidas figuras del pensamiento y la política, como el escritor y embajador ante la OEA Armando Valladares, el ex ministro boliviano Carlos Sánchez Bersain, el historiador cubano Enrique Ross, entre otros.

Además de la presentación del libro, Agustín Laje junto al escritor Nicolás Márquez, recorrieron medios de comunicación brindando una visión distinta tanto del pasado como del presente argentino.


(Programa radial “Pensando bien”)

“Los Delitos de Lesa Humanidad y su Enjuiciamiento. El Caso Argentino”


En la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata se realizó una importante conferencia sobre un tema de notable actualidad: “Los Delitos de Lesa Humanidad y su Enjuiciamiento. El Caso Argentino”, con un panel integrado por el Dr. Alberto Solanet, el Dr. Carlos Bosch y el Dr. Fernando Goldaracena.

Ante una gran presencia de público, que motivó la apertura de tres aulas auxiliares con circuito cerrado, el Decano de la Facultad de Derecho de la UCALP, Hernán Mathieu, dio la bienvenida y explicó que “hoy tenemos el gusto de contar entre nosotros con estos tres especialistas en Derecho que integran la Asociación de Abogados por la Concordia y la Justicia”.

“Nos van a ilustrar sobre un tema de actualidad que forma parte de la situación desgarrante que se vive en Argentina desde bastantes años atrás y que es la violación de los principios básicos del derecho penal, en una pretendida defensa de los llamados derechos humanos, que no son otra cosa que los derechos naturales que una universidad como la nuestra, que es una universidad católica, se ha encargado siempre de defender y hacer prevalecer”.

Además el Decano Mathieu destacó que “en nuestro país se están viviendo varios casos o muchos casos muy especiales en esto. Y se han utilizado conceptos que en los tratados internacionales, que en la jurisprudencia de los tribunales internacionales, se ha dado en llamar delitos de lesa humanidad. Pero la aplicación que se hace en nuestro país dista mucho de coincidir o de seguir de estos conceptos que los tribunales internacionales y que los tratados internacionales han elaborado sobre los delitos de lesa humanidad”.

El Dr. Alberto Solanet explicó que “nosotros somos los agradecidos porque se nos brinda una oportunidad de hablar en este ámbito. Para nosotros es un privilegio en este foro de la verdad. Porque la Universidad Católica de La Plata es un foro de la verdad y se identifica plenamente en lo que es una universidad católica, no ha perdido la identidad”.

Todas las exposiciones fueron brillantes, por razones de espacio no las podemos publicar a todas, hemos seleccionado dejarles la que estuvo a cargo del presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.


Amigos:
Ante la presencia de jóvenes alumnos, creo conveniente hacer un breve exordio histórico acerca de lo ocurrido en nuestro país, desde la década del sesenta, cuando comienza la agresión guerrillera en la Argentina
Las bandas terroristas que asolaron a la República durante las décadas del '60 y el 70 tenían como objetivo, reiterada y públicamente declarado, tomar el poder por la violencia en el país, para luego implantar un sistema marxista-leninista, como en Cuba, cuyo gobierno brindo apoyo, asilo, entrenamiento y medios a los subversivos que tomaron las armas contra la Nación para lograr aquel empeño.
En su accionar no trepidaron en asesinar, robar, secuestrar, extorsionar, y cometer toda clase de atentados violentos, no solo contra los integrantes de las FFAA y FFSS y sus guarniciones, sino también contra civiles inocentes, políticos, empresarios, y sindicalistas
El conflicto se acentuó en la década del 70, y lamentablemente, al restablecerse en 1973 el régimen constitucional, las tres primeras medidas del Congreso y del Poder Ejecutivo fueron disolver la Cámara Federal en lo Penal con competencia para juzgar a los imputados de hechos terroristas, derogar la legislación penal que sancionaba tales conductas, y liberar indiscriminadamente a todos los imputados, procesados y legítimamente condenados por actos terroristas. Presos que habían sido juzgados con todas las garantías del debido proceso, que inmediatamente retomaron sus actividades criminales.
En esta actitud irresponsable participaron, no solo los ideólogos de la subversión, que se encaramaron en el gobierno títere de Campera, sino también, los partidos políticos y el Congreso en pleno, que por aclamación sancionó la amnistía y la disolución de la Cámara Federal. En descargo se adujo que los presos ya estaban libres. Vaya justificativo. Ni siquiera se apeló a la postura testimonial. Indudablemente la dirigencia política no estuvo a la altura de las circunstancias. Del baño de sangre que sobrevino, hasta ahora nadie asumió la responsabilidad, ni pidió perdón ante la república, por aquella incalificable disposición.
La guerra adquirió una intensidad sin precedentes. Diariamente ocurrían los más espantosos homicidios, secuestros, usurpaciones, asaltos a guarniciones militares y otros gravísimos delitos. Un verdadero baño de sangre.
A partir de decretos dictados por Isabel Perón e ítalo Luder, ante una situación caótica que desbordaba a las instituciones policiales, en 1975 se ordenó a las fuerzas armadas que aniquilaran el accionar terrorista.
La guerra prosiguió con su secuela de excesos, hasta que finalmente la embestida guerrillera quedó bajo control, con muy aislados brotes de violencia.
Al asumir las autoridades constitucionales el 10 de diciembre de 1983, resolvieron enjuiciar a los Comandantes, sustanciándose un proceso ante el Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas y, simultáneamente, dispusieron denunciar a los dirigentes de la guerrilla en actuaciones que tuvieron limitada proyección. En cambio, los tribunales federales, después de abocarse al conocimiento de los procesos castrenses, vulnerando la garantía del juez natural, avanzaron hacia toda la línea de mando de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, sin excluir a quienes ostentaban las jerarquías más modestas como oficiales o suboficiales.

A partir de 1987 surgieron levantamientos militares que finalmente fueron superados a través de las leyes de punto final y obediencia debida. También los imputados de hechos subversivos fueron incluidos por el Congreso entre los beneficiados con la extinción de las acciones penales. Finalmente, en 1989 y 1990, se dictaron amplios decretos de indulto para todos los que participaron en la guerra. Prácticamente, luego de veinte años de desencuentros feroces, parecía que se había superado el conflicto.
Ante el estupor de muchos que así lo consideraban, e impulsada por motivaciones ideológicas y resentimientos, la confrontación resurgió, y, con auspicio del presidente Kirchner, se forjó una visión asimétrica y unilateral del último medio siglo, según la cual los militares e integrantes de las fuerzas de seguridad fueron considerados malvados asesinos que persiguieron a jóvenes idealistas que sólo querían procurar el bien de las clases más humildes. Se ha predicado a tiempo y a destiempo, el odio y el resentimiento contra un solo sector de la contienda, como si la guerra se hubiera desatado sin que nadie la hubiere provocado. Se fue acentuando el hostigamiento contra militares y fuerzas de seguridad cuyo objetivo es privarlos de su libertad a cualquier precio. Falsa visión de los hechos que se impuso como verdad incontrovertible en el desarrollo de los múltiples procesos judiciales y que ha hecho olvidar que el exterminio del terrorismo había sido ordenado por el propio gobierno constitucional del general Perón y clamado por todo el espectro político de ese entonces.

Una condición esencial es superar esa permanente mirada hacia el pasado, teñida de una interpretación sesgada, asimétrica y vengativa. Esto no se logrará pretendiendo reconstruir la historia según el color de un dogmatismo faccioso del presente, que interpreta los hechos según su particular ideología e intereses. Menos aún podrá cultivarse la paz interior si esta historia hemipléjica y plagada de odios, se introduce en las aulas escolares, en las universidades, en el cine, en los medios masivos de comunicación, hasta el hartazgo.
El impulso y presiones del poder político Kirchnerista sobre el Congreso y la Justicia han llevado a que ésta actúe por encima de los principios que deben regirla y que nunca debieron abandonarse. La anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final rompió con el precepto legislativo de que las leyes no se anulan sino que se derogan o se modifican. A partir de allí y con la complicidad de la Corte Suprema, quedaron arrasados los principios de legalidad, de irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, aplicación de la ley penal más benigna etc... De esta forma cientos de militares con destacados servicios y carreras impecables, luego de haber permanecido sin objeciones en sus respectivas fuerzas, ascendidos a jerarquías superiores en plena democracia, algunos de ellos condecorados por el Congreso como héroes en la guerra de Malvinas, comenzaron a ser imputados por la justicia por hechos ocurridos casi treinta años atrás, detenidos y sometidos a un largo encarcelamiento sin pena ni juicio. El mismo Estado que durante un gobierno constitucional les encomendó aniquilar las fuerzas irregulares que sumieron al país en la violencia de una guerra revolucionaria, el mismo Estado que dictó las leyes que significaron tres amnistías sucesivas, el mismo Estado que revisó prolijamente sus casos y luego los mantuvo en actividad durante mas de quince años sin cuestionamiento alguno, ese mismo Estado modificó radicalmente su postura e instaló una persecución implacable e ilegal.

Este mismo Estado se ha llevado a prisión a más de 1.000 miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, mientras esta misma justicia no ha alcanzado a los terroristas que estas fuerzas combatieron. Se trata entonces, de presos políticos entre los que debemos contabilizar, hasta ahora, 145 muertos en cautiverio. Digo hasta ahora, por cuanto el propósito de los ideólogos que hoy rodean el poder, es materializar el odio y la venganza con la muerte de todos.

Félix Luna, tan mentado por el progresismo, calificó esta circunstancia como "e/ regreso al pasado mas sombrío, este intento de reabrir el juzgamiento de las causas militares, negando los efectos jurídicos de la amnistía otorgada por el Congreso en 1987", y afirmó "que, además de confundido me siento triste. Parece que somos incapaces de resolver un problema que naciones que sufrieron guerras feroces -civiles y externas- supieron cerrar honorablemente. De lo único que estoy seguro es de que alguna vez y para siempre habrá que cerrarla caja de Pandora"

Para enfrentar este verdadero esperpento y desvarío jurídico, resolvimos unirnos y fundar la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, habiendo obtenido la personería jurídica hace dos años. Fuimos doscientos en ese entonces y hoy llegamos casi a los quinientos abogados, más los adherentes que participan de idénticos ideales.

La cuestión no es ya meramente jurídica sino de naturaleza moral. No es el horror de la guerra lo que está bajo examen sino la opción sistemática por alternativas que, transcurridos casi cuarenta años desde que comenzara la etapa más violenta de la contienda, alientan el odio y la desintegración social, empujando a los más extremados a reacciones graves e imprevisibles.

Están presos* por haber cumplido con su deber, por haber peleado en defensa de la Nación. Que democracia y que república se puede construir sobre esta realidad aciaga. En definitiva no estamos en tiempos de paz, en nuestra patria no hay orden, premisa indispensable para su existencia..
Nació nuestra agrupación en torno a la visita a las cárceles, para encontrarnos con los presos, recoger sus inquietudes, levantarles el ánimo, aunque en este punto por lo general ocurre lo contrario, ellos son los que nos transmiten entusiasmo y coraje para seguir en nuestro empeño. Sienten que su injusto encierro es un acto más de servicio. Hoy sirven a la Patria desde la cárcel. Una de las peores sensaciones, es asumir que las respectivas fuerzas a las que pertenecen, y que oportunamente les ordenaron combatir, hoy los han dejado a merced del enemigo. Luego de cada visita, uno sale edificado por el testimonio de valor y patriotismo que nos contagian. Días pasados asistí a una de las audiencias públicas, en la que se trataba la situación de un valiente y ejemplar soldado, que hace más de treinta años que es un muerto civil, Alfredo Astiz. En un cuarto intermedio, pude contemplar como, con la hidalguía que le es característica, estiraba sus manos para que el carcelero le pusiera las esposas. En ese momento pensé, como es posible que este hombre esté en esa situación y Schoklender siga caminando por la calle. Tuve que apretar fuertemente los dientes para no perder la calma.

Muchos de los jueces, responsables de los detenidos, someten a estos a verdaderos tormentos, como es soportar la cárcel cuando ya son ancianos o están seriamente enfermos. Esta gente está condenada a muerte, pero a una muerte lenta.

Mencionaré un caso lacerante como el ocurrido al General Saint Jean días pasados en esta Ciudad. El señor General, en prisión domiciliaria, desde hace tiempo padece de un Alzheimer que lo tiene postrado y casi aislado del mundo. El pasado 12 de septiembre, el Tribunal lo obligó a concurrir personalmente a la audiencia. Para ello lo trasladaron en ambulancia y silla de ruedas, y por las dudas pueda escaparse, lo esposaron. Todo se llevó a cabo a pesar de los denodados esfuerzos realizados por su hijo el Dr. Ricardo Saint Jean, quien para evitarle semejante suplicio, acreditó, previamente, el estado de postración del distinguido General. Es difícil imaginar que en el espíritu de quien debe impartir justicia, se pueda acumular tanto odio y sed de venganza. Estas audiencias, suelen estar acompañadas por el bramido de una turba compuesta por Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y cuantas organizaciones de izquierda andan por ahí. Más que un Tribunal, se asemeja al circo romano, o a los tribunales populares rodeando el cadalso.
Los propios jueces que condenaron a las Juntas han manifestado su desacuerdo con este enfadoso desvío de la justicia. Así se expresaron en el reportaje publicado en el suplemento "Enfoques" de La Nación del 15 de agosto de 2010, el Dr. Strassera: ... "este gobierno quiere prolongar estos juicios como forma de agitar la banderita de los derechos humanos; A su vez el Dr. Ledesma: "Nosotros en 1985, no juzgamos a las Juntas por delitos de lesa humanidad, juzgamos por delitos comunes, y mas adelante agrega "yo creo que si se admite la imprescriptibilidad, que acabo de decir que viola el principio de legalidad, también debían ser juzgados hoy en día los líderes de la subversión" y finaliza afirmando que " creo que el principio de legalidad no puede ser derogado por nada porque es uno de los logros mas importantes de la civilización" El Dr. Torlasco por su parte dijo: " Aquí en este momento se están juzgando hechos que normalmente hubieran estado prescriptos de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución,. Se está juzgando por la aplicación retroactiva la convención sobre imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad" Finalmente el Dr. Moreno Ocampo, opinó "Yo creo que la objeción de Ledesma de que los crímenes de lesa humanidad, si no se utilizaron en el juicios, no se pueden utilizar para la prescripción, es válida. Aquí hay un problema grave de prescripción"

Rechazaríamos, también por razones morales, que se cometan las mismas aberraciones jurídicas con quienes ayer agredieron a la Nación y hoy gozan de los favores oficiales y desempeñan altísimos cargos en los tres poderes del Estado Nacional. Las acciones penales contra todos los contendientes están irreversiblemente extinguidas y así deberán declararlo en algún momento los jueces, si la Justicia es finalmente restablecida. Porque, como lo ha declarado la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en su dictamen del 25 de agosto de 2005, descalificando la línea jurisprudencial iniciada a partir del año 2004, "los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, no sólo están en el texto de la Constitución Nacional, sino en su espíritu y, más aún, constituyen la esencia del constitucionalismo clásico de los siglos XVIII y XIX, principios que no han sido modificados por las etapas posteriores del constitucionalismo, que tienen varios siglos de vigencia y que nunca han sido cuestionados"

Desde el poder, con un cinismo insoportable, se exaltan los derechos humanos a través de genuinos intérpretes de una concepción groseramente restringida de tales derechos, opuesta a la nota esencial de universalidad que debe caracterizarlos. Es una concepción viciosa, que hoy, para un sector importante de los argentinos, sustituye a la legalidad, y para otros sirve de marco de impunidad para cometer cualquier clase de delitos y realizar pingues negocios. Ya no rigen ni las garantías constitucionales ni el Código Penal para aquellos que han sido fulminados por la acusación de haber cometido delitos de "lesa humanidad".

Los agresores de la sociedad civil, ahora son apañados y se los destaca como personalidades ejemplares, además de ocupar altos cargos en el Gobierno. A los causahabientes de quienes se alzaron en armas contra el Estado se les pagaron abultadas indemnizaciones. Los "derechos humanos", han sido utilizados por el Kirchnerismo como herramienta política, para conseguir el poder que no tenían, además, como ya dije, y está a la vista, al servicio de un pingue y obscuro negocio, del que nosotros, a través de una acción de amparo que interpusimos, solo podremos sacar a la luz una pequeña punta del iceberg.
En efecto, luego de una minuciosa investigación, llevada a cabo por uno de nuestros abogados, el Dr. Oscar Vigliani, se pudo acreditar que sesenta y ocho personas que figuran como desaparecidas, cuyos causahabientes cobraron, por ese motivo, mas de US$ 200.000.- por cada uno, en realidad eran guerrilleros que participaron y fueron muertos en combate, en los ataques al Regimiento 29 de Infantería de Monte, en Formosa; los cuarteles de Azul, Villa María, Fray Luis Beltrán y Monte Chingolo. Todo ello con anterioridad al 24 de marzo de 1976, en plena vigencia de gobiernos de iure. Es decir, estamos ante el absurdo que el propio estado indemnizó a parientes de quienes se alzaron en armas en su contra. Como dije esta es solo la punta de una gigantesca defraudación, obra de una banda de desaprensivos funcionarios, que le ha costado millones de dólares al Estado, millones de dólares a los argentinos, se estima entre 1.500 a 1700 millones de dólares, que han ido a parar sin control alguno vaya uno a saber a cuantos obscuros intermediarios y funcionarios que han medrado, nada menos que a través de la muerte de otros, que , si bien profundamente equivocados, jugaron su vida por ideales que estos depredadores dicen sostener, pero que en la guerra no movieron un dedo, sino que se dedicaron, al menos los Kirchner, a los negocios en Santa Cruz. Puedo adelantarles que el Ministerio de Justicia ha reconocido que efectivamente, los familiares de 30 de los denunciados en nuestra acción de amparo, recibieron las indemnizaciones previstas para los desaparecidos. Como se ve es la punta del iceberg.

Me imagino que los llamados jóvenes idealistas, que en ese entonces se alzaron en armas contra el estado argentino, poniendo en juego sus vidas, de ninguna manera habrían sospechado que su lucha iba a concluir en este descomunal negociado. Resulta que ahora los derechos humanos son fuente de negocios. Derechos Humanos SA, como los llamamos. Miremos a las Madres de Plaza de Mayo, Schoklender etc...Esta estafa superlativa del gobierno Kirchnerista, fue relacionada en tres sucesivas notas del periodista Mariano de Vedia en La Nación de la semana pasada

Como afirmara Abel Posse "después de los juicios a las juntas militares y de tantas condenas, los que ejercieron la violencia por orden del Estado carecen de toda esperanza legal, mientras que los violentos del otro sector, con sus miles de atentados, reciben un trato inaceptable en cualquier sociedad civilizada".

Parece que tamaña corrupción no conmueve a nadie. Sobre esto nadie habla, la sociedad guarda silencio, en general por ignorancia y la dirigencia política también guarda silencio, pero este silencio si es doloso.

Como dije, a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso resolvió anular los indultos que habían sido homologados por la Corte Suprema y las leyes de obediencia debida y punto final que habían extinguido las acciones penales, leyes de amnistía que fueron declaradas constitucionales por el mismo alto Tribunal. Luego, la Corte Suprema a través de distintos fallos, dócil a las órdenes del Poder Ejecutivo, posibilitó la reapertura de los procesos, vulnerando la garantía de la cosa juzgada, violando de modo manifiesto el principio de legalidad, aplicando retroactivamente normas penales, desnaturalizando la forma republicana de gobierno, desconociendo la presunción de inocencia que tienen todos los procesados, negando la detención domiciliaria a quienes en derecho les correspondía, excediendo en muchos años los límites impuestos a la prisión preventiva por la Convención Americana sobre, Derechos Humanos y su ley reglamentaria, y ejecutando un amplio abanico de medidas persecutorias que sólo sirven para profundizar la discordia y frustrar la necesaria unión nacional.
La Convención Reformadora de 1994, en la misma sesión plenaria que aprobó la redacción del actual artículo 75 inciso 22 y otorgó jerarquía constitucional a varios convenios internacionales, rechazó la pretensión de que los delitos de lesa humanidad fueran imprescriptibles y no susceptibles de amnistía, indulto o conmutación. ¿Cómo es posible que ahora se reclame que los jueces juzguen y condenen rápidamente a quienes ya han sido amnistiados o indultados por delitos que, además, se encuentran prescriptos?

Señores nosotros no nos agrupamos para reivindicar el llamado proceso. Sin embargo somos concientes que en los años setenta hubo una guerra, y que la subversión marxista agresora, fue derrotada en el terreno de las armas, por esas Fuerzas Armadas que combatieron en defensa de la Nación. Cambió el campo de batalla de la antigua guerra sucia de los años setenta entre terroristas que atacaban y militares que defendían. Ha sido ahora reanudada, después de años de olvido y de tranquilidad, en este nuevo campo de acción: el ámbito judicial, a través de juicios plagados de irregularidades y arbitrariedades contra los imputados.

Somos consientes que se cometieron torpezas en medio de la guerra. Pero somos igualmente conscientes, que hoy, en tiempos de paz, tanto el poder político, en el que muchos de los terroristas de entonces se han encaramado, y los jueces prevaricadores que le son funcionales, llevan adelante este plan perverso de odio y de venganza, que, además demolió las fuerzas armadas y de seguridad, dejando, hoy, a la Nación absolutamente indefensa ante la región y el mundo.

Estos jueces deberán responder por la responsabilidad que les cabe. Hoy podemos afirmar, con inmensa preocupación, que respecto de un importante sector de la ciudadanía, la legalidad y el derecho, han sido sustituidos por un esquema ambiguo y difuso denominado "política de derechos humanos"
En agosto del año pasado, en una elocuentísima demostración de la decadencia que vivimos, el presidente de la Corte, Dr. Lorenzetti, acompañado de varios Ministros y políticos, absolvió posiciones ante las madres y abuelas de plaza de mayo, y frente ai prevaricador Garzón, quien tuvo la osadía de visitarnos, para fiscalizar la conducta de estos jueces serviles y prevaricadores como él. En esa oportunidad y ante semejante auditorio, el Presidente del máximo Tribunal de la República, declaró que "no habrá marcha atrás en los juicios de derechos humanos", y agregó que el avance de estas causas no solo es el resultado de una decisión política, sino del involucramiento de todos los poderes, y en especial, enfatizó, del poder judicial. Continuó manifestando que "el avance de los juicios por derechos humanos son el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado, y afirmó que valoraba la decisión del Congreso de anular las leyes de punto final y de obediencia debida como la de la propia Corte de declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Como broche de oro, dijo que habían creado una comisión ínter poderes para llevar adelante esa política de "Derechos Humanos" como una política de estado. Para colmo, acaba de editar un libro "Derechos humanos: justicia y reparación", en el que ratifica con clara contumacia estos desvaríos y será presentado, con bombos y platillos el 27 de este mes en la Facultad de Derecho del UBA. El marco, será el de siempre, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas, y demás acólitos de la izquierda revolucionaría. No quiero imaginar cuantos dirigentes políticos se sumaran a la demostración. En un anticipo publicado en la revista "Noticias", el Dr. Lorenzetti manifestó que "los juicios de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos y constituyen una decisión colectiva, un consenso que va mas allá de cada dirigente, que no tiene dueño y que nadie puede ya impedir".

Señores, me extendí en estas manifestaciones del Presidente de la Corte, por cuanto considero que son de una gravedad extrema. Se acabó la república por cuanto hace tabla rasa con la división de poderes, comete un grosero prejuzgamiento, reitera el gigantesco prevaricato en el que incurrió la Corte, evidencia que se ha operado la sustitución del Código Penal, por una difusa política de "derechos humanos" y, al declarar que esta injusta política es una política de Estado, está descartando la posibilidad de la reconciliación de los argentinos, El desprecio por los grandes principios del derecho y el abandono de la legalidad significan la destrucción del sistema civilizado de convivencia. Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo. Creo que hay mérito suficiente para pedirle el juicio político

Hace un par de meses, en un acto que organizamos en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, ante mas de mil personas, casi todos abogados, leímos a vos en cuello, una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia, en la que le imputamos la grave responsabilidad que le incumbe en esta profunda degradación que padece la República, y en consecuencia le exigimos la renuncia a su Presidente, el doctor Lorenzetti.

Todo esto configura un verdadero desvarío jurídico que incrementa el rencor y el resentimiento, y, como dijo Recondo, ex -presidente de la Asociación de Magistrados, "el desapego a la ley en defensa de intereses facciosos, ha tocado fondo en la argentina" Es evidente que no median obstáculos jurídicos genuinos que impidan recurrir a medidas pacificadoras, como lo hicieron los pueblos sabios, en Europa y América, para aplacar los odios engendrados por los enfrentamientos pasados. En la segunda guerra mundial murieron 40.millones de personas, en Núremberg fueron condenados 38 y luego de 20 años quedó un solo preso en Dachau.

Urge volver al cauce de la Constitución histórica, recurriendo incluso a los remedios que están en su texto y que ninguna convención internacional ha abolido, que permitirían afianzar la paz interior y superar las secuelas más dolorosas de nuestra guerra. Sobre el punto, ¡a Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos autorizan la amnistía y el indulto "en todos los casos", incluso "para los delitos más graves"

La amnistía es un acto de recíproco olvido, quien la recibe debe devolverla y quien la da, debe saber que él también la recibe. Marca un olvido, tanto de las injusticias pasadas y sufridas, como de someterlas al veredicto de la justicia presente o futura. Hasta aquí, salvo excepciones, parece no llegar nuestra dirigencia, demostrando cuan alejados están de la racionalidad política y, seguramente, del sentimiento de la inmensa mayoría de los argentinos. Está claro que ante esta actitud farisaica, hablar de amnistía no parece ser políticamente correcto, pues aunque se trate de una minoría la que no la acepta, hace falta convicciones, grandeza y coraje para sostener la necesidad de su vigencia, virtudes que deberían aflorar en el escenario político. La sociedad en general, la dirigencia política y empresaria dan vuelta la cara ante esta ominosa realidad. No es políticamente correcto hablar del asunto. Esta ponzoña, que envenena el alma de nuestros ciudadanos desde su más tierna infancia, no ha merecido, que yo sepa, salvo contadas excepciones, la más mínima condena. En estos tiempos de campaña electoral los dirigentes políticos, nos hartan con sus peroratas vacías, en las que ignoran dolosamente los hechos apuntados, sobre todo algunos que no se cansan de hablar de la moral y los valores. No se sabe de que moral y que valores, ya que, cuando les tocó como diputados, votaron por el matrimonio homosexual, o le hicieron "una verónica" como expresó con un cinismo insoportable una de las candidatas a la presidencia.

Esta realidad que hoy denunciamos está en sintonía con el formidable avance de una implacable revolución cultural que, aunque originada en el mundo, antes de ahora, ha cobrado en estos últimos tiempos una inusitada gravedad en nuestra patria, afectando severamente el orden social y especialmente a la institución de la familia, con leyes como la del matrimonio homosexual, ahora acompañada con la posibilidad de cambiar el sexo, y el aborto, estas últimas a las puertas de ser sancionadas. Ello se suma a la destrucción de las Fuerzas Armadas, a la persecución que padece la Iglesia Católica, cuya influencia y ascendiente en la sociedad argentina se intenta reducir a la mínima expresión, empujándola a recluirse en el secreto de sus templos y a desertar de su misión providencial de formar a los hombres para la construcción de una sociedad justa. La cizaña ha crecido mucho en nuestra patria, pero no desesperemos, todavía queda trigo bueno y en algún momento llegará el tiempo de la siega.

Hemos denunciado, y no nos cansaremos de hacerlo, que el avasallamiento de los principios más básicos del derecho, empezando por el principio de legalidad, origina que cualquier ciudadano argentino esté en libertad condicional, sujeto al capricho del poder político. Esto no es una presunción retórica. Hemos visto como, desde la Presidencia de la República, se impulsó el procesamiento y encarcelamiento de conocidos empresarios, vinculados a los medios mas importantes de la prensa escrita, a Jueces, a quienes considera hostiles a los fines del Gobierno, acusándolos de absurdos delitos de "lesa humanidad".. Les decimos a quienes hasta ahora se han mantenido indiferentes ante esta lacerante realidad, que pueden ir por ellos y por sus bienes. La persecución no tiene límites.

La paz social, la verdadera paz, definida por San Agustín como "la tranquilidad en el orden" es una condición indispensable para cualquier gobierno que se proponga un mejor futuro. La confrontación no debiera ser un instrumento de poder. Es imprescindible volcar los esfuerzos y las esperanzas hacia un futuro que debería construirse con todos y para todos los argentinos. Por ello, se hace necesaria la pacificación y reconciliación. Que Dios nos
ayude

La Plata, septiembre 20 de 2011

Alberto Solanet
Fuente: U.C.A.L.P

jueves, 22 de septiembre de 2011

La hija de José Igancio Rucci, vá por los asesinos de su padre.

A través de AFYAPPA tomamos conocimiento de la noticia publicada en URGENTE 24: “La hija de Rucci llevó a la justicia a Firmenich, Bonasso, Perdía, Vaca Narvaja, y Gonzalez por el asesinato de su padre”.

Siempre pensamos que este crimen con tanta publicidad a través de los varios libros, artículos y escritos que se han efectuado a lo largo de muchos años, especialmente el libro “Operación Traviata”, que algún día la justicia debería tomar cartas en el asunto. Hoy su hija, elegida como Diputada Nacional en 2009 por el Peronismo Federal, presentó la denuncia correspondiente ante Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Secretaría Nº 8, Causa Nº 13683/08 Comodoro Py 2002, Piso 3º.



El juez a cargo del mencionado tribunal es el Dr. Ariel Oscar Lijo y la Secretaria interina es la Dra. Andrea Santos, sobre ellos ha caído la pesada responsabilidad de investigar y aclarecer uno de los tantos crímenes impunes de la organización político militar Montoneros. Deseamos que se produzca una investigación objetiva, verdadera, esclarecedora y ejemplar sobre este crimen y que la justicia abra las puertas a muchas otras investigaciones pendientes y cuyas víctimas o familiares claman por justicia.


Juez Dr. Ariel Oscar Lijo

Les dejamos el artículo mencionado.



22/09/2011Compartir Urgente24
Alerta | JUSTICIA



NO TODOS LOS ASESINOS ESTÁN MUERTOS. La hija de Rucci llevó a la justicia a Firmenich, Bonasso, Perdía, Vaca Narvaja, y Gonzalez por el asesinato de su padre.

La diputada nacional Claudia Rucci pide a la Justicia que declaren 13 ex montoneros en la causa por el asesinato de su padre. Entre los citados se encuentran Mario Firmenich, Miguel Bonasso, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, entre otros.


CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Este jueves 22/09 de septiembre la diputada nacional Claudia Rucci aportó a la Justicia federal información clave que podría permitir el esclarecimiento total del asesinato de su padre, José Ignacio Rucci, ocurrido el 25 de septiembre de 1973, en el barrio porteño de Flores.
La Justicia reabrió la causa hace 3 años y si bien tuvo algunos avances iniciales no ha producido todavía pruebas concluyentes sobre los autores del crimen.
A través de un escrito, la diputada Claudia Rucci le solicitó al juez federal Ariel Lijo que llame a declarar a 13 ex integrantes de la organización Montoneros en calidad de testigos y aportará cuestionarios con datos sensibles sobre lo ocurrido.
"Yo sé quién apretó el gatillo, y le voy a dar el nombre al juez", sostuvo Claudia Rucci, poco antes de ingrresar a la audiencia.

La diputada del Peronismo Federal, quiere que se  que se llame a declarar al ex líder de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich; el diputado Miguel Bonasso; el titular de la Biblioteca Nacional e integrante de Carta Abierta, Horacio González, Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja; a la esposa de FirmenichMaría Elpidia Martínez Agüero, y a otros ex integrantes de la agrupación Montoneros.


Para quienes deseen leer el texto completo de la presentación de Claudia Rucci, por favor dirigirse a la caolumna derecha del blog, donde encontrarán el link para ingresar a la misma.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Denuncia ante la Cruz Roja Internacional por Abandono de Persona y Violación a las Condiciones Mínimas de Dignas Condiciones de Detención

Desde este espacio llamamos la atención sobre el hacinamiento y mal trato que recibían los Presos Políticos, detenidos en la Unidad Penitenciaria de Bahía Blanca de Villa Floresta (ver nota A nadie se le mueve un pelo publicada en este blog el 25 de julio de 2011). En una de sus partes decíamos:


“Tenemos el derecho a pensar que los jueces y el estado, al menos cometieron los delitos de  “abandono de persona” u “homicidio por omisión”. Las Unidades Carcelarias del país no están en condiciones de asistir en tiempo y forma a los ancianos enfermos y que necesitan atención médica urgente y especializada, esto lo saben muy bien los jueces que deben velar por sus derechos y garantías. Sin embargo ya tenemos muchos muertos en cautiverio y a nadie de le mueve un pelo.

Desde hace varios días se está denunciando que 23 “Presos Políticos” detenidos en la Unidad Carcelaria de Villa Floresta de Bahía Blanca, se encuentran en situación de hacinamiento y en riesgo su salud. Tampoco esta situación conmueve a sus señorías… es como si despreciaran la vida y la salud de las personas a las que están juzgando. Es la sensación de una condena a muerte anunciada, antes de haberse emitido una sentencia judicial. A pesar que la pena de muerte no existe en nuestro país… la misma está siendo aplicada en forma sistemática y con odio”.

Un joven abogado, que nos ha distinguido con su amistad, se vió en la obligación de recurrir a organismos internacionales, tal como la Cruz Roja Internacional, ya que la justicia argentina no presta atención  a sus continuos reclamos por las condiciones aberrantes e inhumanas en que se encuentran detenidos los Presos Políticos en el mencionado instituto penal. En especial trata en detalle el caso de un defendido suyo, de 80 años de edad y gravemente enfermo de leucemia, que se encuentra en riesgo de muerte anunciada y los jueces del Tribunal Criminal Oral Federal Nro 1… no se conmueven.

A continuación le dejamos la nota de presentación ante la Cooperación con Sociedades Nacionales - Delegación Regional del Comité Internacional de La Cruz Roja (CICR) para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.


Posteriormente en página separada y en la columna la derecha podrán acceder a la Denuncia Formal completa.


CRUZ ROJA INTERNACIONAL

PERSONERIA:
Gustavo Alberto Taffarel, argentino, abogado, 38 años de edad, argentino, DNI 23.033.333. domiciliado en O Higgins 2300 7mo B, Capital Federal, vengo a denunciar una situación de extrema gravedad que esta ocurriendo en estos momentos, en un penal de la Republica Argentina, mas concretamente en La Floresta, Penitenciaria ubicada  en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
En dicho penal están detenidos en condiciones aberrantes, inhumanas, que a continuación relatara en forma pormenorizada, un grupo de "presos políticos", ex militares, que están siendo juzgado en dicha Jurisdicción, a disposición, este grupo de militares, del Tribunal Criminal Oral Federal Nro 1.

INTRODUCCION:
Como fuera señalado, se trata de un grupo de hombres de avanzada edad, el mas joven tiene 59 y la mayoría supera los 70 años, existiendo algunos de mas de 80 años, que están siendo juzgados por supuestos delitos, ocurridos en la década del 70, en el marco de lo que la Cámara Federal, en democracia, llamo, la Guerra Antisubversiva, enfrentamiento entre argentinos, de trágicas consecuencias que se libro en la década del 70 en la Republica Argentina.

Como señale, los señores imputados, y que concurren al Juicio en la ciudad señalada, están siendo Juzgados, por delitos llamados de "lesa humanidad", que no se encuentran tipificados en ningún ordenamiento local, violentando la Corte Suprema, a través de la apertura de estas causas, principios consagrados en nuestro ordenamiento legal, nuestra Carta magna, la Constitución, algunos de ellos son, de Seguridad Jurídica, irretroactividad, legalidad, ley penal mas benigna etc. Han sido violados sistemáticamente por la Corte Suprema de Justicia, y los Jueces que se sujetan a la doctrina sentada por dicha Corte.

SITUACION DE PRESOS POLITICOS:

La calidad de presos políticos de los militares, es tal, por el motivo claro, simple y directo de que están detenidos y siendo juzgados, por una decisión política, del gobierno de turno.

Haciendo una pequeña reseña histórica, se debe señalar que el estado Argentino, a través de sus poderes, dio un manto de "perdón", a estos trágicos hechos ocurridos en la década del 70, se votaron leyes de perdón (Obediencia Debida, Punto final), y perdones a ambos lados de la contienda, Indultos. Estos perdones, fueron otorgados, durante gobiernos democráticos, elegidos por la voluntad popular, y refrendados por la Corte Suprema.-

El gobierno que actualmente rige la Argentina, anulo las leyes, y la Corte Suprema también anulo los indultos, y reabrió los procesos, pero solo contra un lado de la contienda de la guerra de los 70, los militares y fuerzas de seguridad que combatieron al terrorismo internacional.
Manteniendo los perdones a los guerrilleros, por eso considero que son presos políticos, obedecen la reapertura de estos procesos, a la decisión política del poder de turno, quebrantando la seguridad jurídica, violentando los principios del derecho, como ut supra lo señale.

CONDICIONES DE DETENCION:

Quien escribe, visito el penal de referencia, hace dos meses, y pudo corroborar con mis sentidos, las condiciones que a continuación señalare.

Están 17 personas, hacinadas, en circunstancias, aberrantes, sin condiciones mínimas de salubridad, higiene y decencia que cualquier humano debe recibir, máxime teniendo el agravante de ser personas de muy elevada edad, (algunos de ellos superan los 80 años), y también algunos de ellos con enfermedades terminales (diabetes, o cáncer).


Señalaba que visite el lugar y cuesta graficar con palabras lo que observe, en un lugar de 12 metros por 6 de ancho, conviven 14 personas aproximadamente, durmiendo uno al lado del otro, sin intimidad alguna, y en el mismo ambiente se alimentan. Cerca de ese lugar, inmediatamente pegados a ellos, se encuentra el baño, que no tiene las mínimas condiciones de higiene.


Para ser grafico y directo con el baño, explicare que en el retrete donde hacen las necesidades los detenidos, tienen que asearse, lavarse la cara, y lavar los utensilios y las hoyas para cocinar, degradante, directamente humillante, y violatorio de cualquier derecho humano.

El lugar al ser de muy pequeñas proporciones, es un "caldo de cultivo", para cualquier infección, que se contagia rápidamente, debido al grado de hacinamiento y poco espacio que tienen los internos.

Como afirmaba, eso fue hace dos meses, por comunicación de familiares que han visitado recientemente el penal, me afirmaron que la situación es peor, ya que muchos se han enfermado, y bajado mucho de peso, con el riesgo que entraña dicha situación.

AGRAVAMIENTO POR ENFERMEDADES PREEXISTENTES, Y PROVOCADAS:

Como se señalo ut supra, varios de los detenidos, son mayores de 70 años, algunos de mas de 80, y con enfermedades terminales, dicha circunstancia agrava, las condiciones de detención, y provoca lo que yo considero un grado de tortura "psíquica" y física, que es muy difícil de sobrellevar.

Sin mas, deseo contarle que una familiar viajó el fin de semana próximo pasado a esta poco digna cárcel, y encontró un panorama de carácter insólito, y degradante, humillante...los internos en estado de depresión, varios con color amarillento en su rostro (por el grado de encierro) y con una merma importantísima en el estado físico, háblese de mucho menos peso de masa corporal cada uno de ellos, en especial los mas ancianos.

SOLICITUD DE INSPECCION:

Atento a lo señalado ut supra, y en razón de que el Tribunal Oral Federal Criminal, no ha dado respuesta a la sucesiva requisitoria por parte de los abogados defensores, en cuanto a que las condiciones de habitación, y vida en dicha institución carcelaria es poco menos que "aberrante", infrahumana, y degradante, solicitando varios de ellos sean removidos a un lugar mas espaciado, y de mejores condiciones, es que solicito a la Cruz Roja Internacional, envíe un comité de Inspección al Penal señalado, para que corrobore lo que exprese anteriormente y llegado el caso, se presente en el expediente judicial, solicitando mejores condiciones, dignas medianamente condiciones , de vida de los internos actualmente alojados en el Penal de La Floresta en Bahía Negra.

Desde ya, muchos agradecimientos, esperare su respuesta, que debe en
razón de lo señalado, en forma lo mas rápido que se pueda.

Gustavo Alberto Taffarel
Abogado