Apurar el trámite... Política de Estado

Existe la decisión de apurar el trámite, de ser posible las sentencias tienen que salir en octubre… antes de las elecciones del 23. El oficialismo quiere “mostrar” un resultado que sea favorable a su política de Derechos Humanos, la sensación es que “apurar el trámite” es una Política de Estado.

28-09-11

"Hay demoras injustificadas" en los juicios a represores

     

Los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura sufren "injustificadas demoras" que constituyen un "impedimento para que concluyan en un tiempo razonable", evaluó la Comisión Interpoderes para agilización de esos procesos. La comisión citó en concreto a los juicios orales por las causas Feced (Díaz Bessone), en Rosario, y ESMA, como un ejemplo de esas dilaciones.

El organismo exhortó a los jueces a cargo de esos procesos a "imprimirle la mayor celeridad posible" para no desvirtuar "lo que los tres Poderes del Estado nacional han considerado como política de Estado".

La "exhortación" a los jueces fue emitida al fin de la última reunión plenaria de la Comisión para la Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad (conocida como Interpoderes). Del encuentro participaron los responsables de la Unidad Fiscal para seguimiento de estas causas en la Procuración General de la Nación, Jorge Auat y Pablo Parenti; el secretario general de la Corte Suprema, Alfredo Kraut; la presidente de la Cámara de Casación, Angela Ledesma; el titular del Consejo de la Magistratura, Mario Fera; el juez federal Daniel Rafecas; el secretario de Justicia, Julián Alvarez; Juan Martín Mena, del Ministerio de Justicia; la senadora Blanca Osuna y el diputado Luis Cigogna.

Con sustento en la acordada Nº 42/08 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la comisión consideró "necesario exhortar a los jueces intervinientes en causas por delitos de lesa humanidad a impulsar con la mayor celeridad posible" su trámite".

Sostuvo que es "imprescindible" que los magistrados agilicen las investigaciones en curso y el inicio de los juicios orales y públicos que aún no tienen fecha de debate, procurando incluir en ellos la mayor cantidad de casos posibles, a los efectos de evitar su atomización, y “el desgaste de las partes", en especial los testigos.

Además, la comisión exhortó a los jueces de los Tribunales Orales que comparten salas de audiencias a optimizar su uso.

El juicio oral contra 17 represores de la ESMA se inició a fines de noviembre del 2009 y el Tribunal Oral Federal 5 porteño, que integran los jueces Ricardo Farías, Daniel Obligado y Oscar Hergot, proyecta emitir sentencia a mediados de octubre próximo.

El proceso por los crímenes en el Servicio de Informaciones de la policía de Rosario, conocida como causa Feced, comenzó a ventilarse —sólo en parte, bajo el nombre de causa Díaz Bessone— en julio del 2010 ante el Tribunal Oral Federal 2, que integran Beatriz Caballero de Barabani, Jorge Venegas Echagüe y Otmar Paulucci.

En ambos casos se trata de verdaderas "megacausas" por la cantidad de imputados y víctimas, y los presentes juicios son apenas los primeros tramos en ser juzgados. Actualmente se están realizando 13 juicios en los que están siendo juzgadas 133 personas.

Por fin se empieza a correr el velo

En una de sus editoriales del día de la fecha el diario La Nación toca el tema de la discriminación entre las víctimas, el mismo está inspirado en el Proyecto Víctimas que fuera desarrollado y presentado por Celtyv el pasado 18 de agosto de 2011 en Centro Cultural Borges ante una nutrida concurrencia ansiosa de conocer la verdad sobre este doloroso tema, sobre el cual pareciera que el estado nacional tiene un Plan Sistemático de olvido, discriminación y de ignorarlas permanentemente.

Sábado 01 de octubre de 2011 | Publicado en edición impresa

Editorial I

Discriminación entre víctimas

El Gobierno y la Justicia siguen ignorando arbitrariamente a quienes han sufrido en carne propia la violencia de la guerrilla.

El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas -Celtyv- presentó recientemente las conclusiones de su trabajo denominado Proyecto Víctimas, destinado a establecer quiénes y cuántas fueron las personas victimizadas por las organizaciones guerrilleras en la década de los setenta.

En el acto de presentación prestaron su testimonio cuatro hijos de personas inocentes que fueron asesinadas, algunas de ellas cruelmente y en presencia de su familia.

Hay un extendido reclamo debido a la inequidad en la que se encuentran miles de ciudadanos que se convirtieron en víctimas del terrorismo y que no sólo no han sido indemnizados, sino que también han carecido de reconocimiento e incluso han sido rechazados.

Particularmente en estos últimos años la actitud explícita del Gobierno ha sido la de evitar toda aproximación a estas personas que pudiera interpretarse como alguna sombra a la idealización heroica de los militantes guerrilleros.

En el acto del Celtyv que comentamos, su presidenta, Victoria Villarruel, afirmaba: "Este informe debió ser anterior al de la Conadep y el motivo primero de la preocupación de los políticos, pues se trata de lo que le pasó a la población civil inocente y ajena a las hostilidades. El proyecto llena un vacío que inexplicablemente dejó el Estado argentino".

Agregó que esas víctimas inocentes "materializan el bien jurídico que toda legislación doméstica e internacional protege en primera instancia y por sobre todas las cosas. Todos los gobiernos del mundo acuden en ayuda de las víctimas del terrorismo, buscan ejercer la justicia con sus responsables, las reparan, las honran y las cuidan. Sin embargo, en la Argentina permanecen sin reparación, ocultadas y hasta estigmatizadas".

La negación del Estado a conceder los derechos a estas personas constituye una violación masiva de derechos humanos que una democracia que se precie de tal no debe permitir, no sólo porque es contraria a su razón de ser, sino porque el Estado tiene la obligación internacional de investigar y reparar.

Sin embargo, desde hace 35 años les niega a estas víctimas el acceso a la Justicia, la verdad y la reparación, sumiéndolas en una doble victimización: primero la perpetrada por las organizaciones terroristas y ahora la que el Estado produce al negarles sus derechos. Como si esto fuera poco, además las discrimina al otorgar el pleno goce de los derechos y abultadas indemnizaciones a algunos de sus propios victimarios.

El Estado no puede de manera arbitraria decidir a quiénes les reconoce derechos y a quienes no. Los gobiernos son los administradores temporales y transitorios de una parte de nuestros derechos que hemos cedido a personas que tienen voluntad de servir, pero que no deben olvidar que, si bien representan al pueblo y administran nuestros bienes colectivos, no son sus dueños.

Estas víctimas les están reclamando públicamente a sus representantes que les otorguen lo que les corresponde y que cesen en la discriminación a las que éstos las someten.

Resolver su situación es un problema político. De acuerdo con el serio estudio del Celtyv, que debe ser cumplimentado con la información que obra en poder del Estado, hubo 1355 muertos, 2735 heridos, pero el Estado mantiene aún una fuerte deuda en el campo de los derechos humanos, con más de 18.331 personas directamente agredidas por el terrorismo.

TRIBUNAL RECHAZO PEDIDO DE SUSPENSION SOLICITADO POR UNA DEFENSA

REPRESION-ESMA

TRIBUNAL RECHAZO PEDIDO DE SUSPENSION SOLICITADO POR UNA DEFENSA

Política | 12:04:00

Buenos Aires, 29 de septiembre (Télam).- El Tribunal Oral en lo Federal 5 no hizo lugar hoy al pedido de la defensa de uno de los represores imputados para que se suspenda por diez días el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

Apenas comenzada la audiencia de esta mañana, el abogado Olmedo Barrios, quien asumió la defensa de una media docena de imputados, tras la renuncia en la última audiencia de su colega Alfredo Solari, solicitó la interrupción del debate por diez días, pero el presidente del Tribunal, Daniel Obligado, recordó que esa circunstancia "no suspende" el devenir del juicio.

El camarista citó disposiciones legales y procesales según las cuales para la etapa prevista para hoy no es menester que los defensores conozcan toda la causa ya que solamente deben "escuchar" las "réplicas" de la fiscalía y la defensa y luego se les concederá una prórroga de tres días para que preparen sus "dúplicas".

Las "réplicas" y "dúplicas" son las últimas instancias que se conceden en los juicios orales donde las partes intentan desvirtuar los alegatos de sus oponentes, tras esa etapa los jueces otorgan a los imputados la posibilidad de decir sus "últimas palabras" y se retiran a deliberar para el dictado del veredicto.

La negativa a suspender el proceso provocó malestar en buena parte de los familiares de los imputados, quienes abandonaron la bandeja superior de la Sala de audiencias, encabezados por el abogado Fernando Goldaracena, quien defendió a los marinos juzgados en la histórica "causa 13" contra los Comandantes de las Juntas Militares.

De acuerdo a los plazos previstos es probable que entre hoy y mañana concluyan sus "réplicas" el fiscal Pablo Ouviña y los querellantes y -tras los tres días de prórroga a la defensa- el jueves y viernes de la semana próxima sería el turno de la defensa de los represores para formular sus "dúplicas".

Al comenzar su exposición de esta mañana Ouviña explicó que no replicaría sino que "sólo contestarán cuestiones incidentales planteadas por las defensas" a las que responsabilizó de haber "tergiversado y sacado de contexto" expresiones incluidas en su alegato en el que solicitó más de una docena de prisiones perpetuas para los imputados.

El fiscal también sostuvo que las defensas insistieron en "planteos de nulidad y excepciones" que ya fueron resueltas por "tribunales superiores" en referencia a la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia que, reiteradamente, se expidieron sobre el tema, tal como la "cosa juzgada" o la imprescriptibilidad por tratarse de delito de lesa humanidad.

En su oportunidad la fiscalía reclamó la pena de reclusión perpetua para Alfredo Astiz, Jorge "el Tigre" Acosta, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Pablo García Velasco, Juan Coronel, Adolfo Donda, Raúl Scheller, Juan Carlos Fotea, Néstor Savio y Alberto González.

Para los represores José Antonio Montes, Manuel García Tallada, Carlos Capdevilla y Juan Antonio Azic el representante del ministerio público reclamó que se les imponga 25 años de prisión por su diferente grado de participación en los delitos cometidos en la ESMA.

Por su parte, las defensas solicitaron las absoluciones de todos los procesados, insistiendo en excepciones que ya fueron reiteradamente resueltas por la Corte Suprema, tal como esta mañana lo recordó Ouviña.

En este juicio, cuyo veredicto se estima para mediados de octubre, se investigan, entre otros delitos, la privación ilegal de la libertad de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, el secuestro y la muerte del periodista y escritor Rodolfo Walsh y el de la joven sueco-argentina Dagmar Hagelin. (Télam)

Fuente:

http://www.elpatagonico.net/index.php?item=viewlast&ref=ultimas&id=275234&sec=pol

Guerra contra terroristas

Hemos subido al blog un artículo de señor Dr. Alberto Benegas Lynch (h) publicado por la Revista Digital Gratuita La Prensa Popular, una opinión políticamente incorrecta como sus editores la definen.

En más de una oportunidad en este espacio hemos manifestado que el “peor error que cometieron las Fuerzas Armadas y de Seguridad, fue utilizar los mismos métodos que los terroristas a quienes combatían”, en su artículo el Dr. Benegas Lynch desarrolla el mismo tema con una mayor sabiduría y mejor pluma. Quienes hemos tenido el privilegio de ser sus alumnos, sabemos de su rigurosidad académica, exigencia como profesor y le estamos muy agradecidos por ello. Basta ver una síntesis de su extenso curriculum para comprender que el autor de artículo no es un charlatán, es un intelectual con experiencia de campo.

Alberto Benegas Lynch (h) es doctor en Economía y también es doctor en Ciencias de Dirección. Es Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, ambas en Argentina. Es autor de dieciséis libros y cuatro más en colaboración. Fue profesor titular por concurso en la Universidad de Buenos Aires y enseñó en cinco Facultades: Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia de la de Filosofía y Letras. Es profesor en la Maestría de Derecho y Economía de la UBA. Fue Director del Departamento de Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y, durante 23 años, Rector de ESEADE donde es profesor emérito. Fue asesor económico de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de la Cámara Argentina de Comercio, de la Sociedad Rural Argentina y del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. En dos oportunidades integró el Consejo Directivo de la Mont Pelerin Society, es Académico Asociado de Cato Institute de Washington DC, es miembro del Consejo Consultivo del Institute of Economic Affairs de Londres y recibió grados honoríficos de universidades de su país y del extranjero.

Sección: Opinión / Actualidad

Solo la mala fe puede sostener que (en los años 70`) no hubo guerra, cuando en infinidad de declaraciones que son del dominio público las propias organizaciones terroristas insistían en mantener que se trataba de una guerra, y toda la terminología de estos facinerosos y sus respectivos organigramas y cadena de mandos era de carácter militar.

Por Alberto Benegas Lynch (h)

De entrada digo que, en rigor, no hay tal cosa como la “guerra contra el terrorismo” (como ha decretado el gobierno de G.W. Bush que promovió la peligrosa figura de la “invasión preventiva” y consolidó la patraña de Irak) puesto que como indica el hoy candidato presidencial Ron Paul “no se puede hacer una guerra contra un método”, del mismo modo que Milton Friedman escribió que no tiene sentido hablar de la “guerra contra las drogas” de la misma manera que “no se entabla una guerra contra la aspirina” (es imposible imaginarse un bando constituido por aspirinas y equivalentes). Las guerras se libran contra personas o grupos de personas reunidas en países o regiones pero no contra cosas o contra estrategias (por más repulsivas que resulten). En el caso que nos ocupa, es una guerra contra terroristas criminales cuyos resultados más positivos han sido las operaciones comando con propósitos muy específicos fruto de buena inteligencia y no de desplegar decenas y decenas de miles de soldados en acciones bélicas contraproducentes que conducen a fiascos superlativos. Y otra cuestión terminológica en este contexto que hace al buen uso del idioma: aludir a los “derechos humanos” constituye un grosero pleonasmo puesto que los minerales, los vegetales y los animales no son sujetos de derecho (ni agentes morales, por ello no responsables ante los tribunales de justicia).

En esta nota me detendré a considerar el caso argentino en la guerra contra terroristas, sobre lo que he escrito en reiteradas ocasiones: en secciones de libros y en artículos dedicados al tema (el último en el diario “Perfil” de Buenos Aires). Antes que nada debe subrayarse que la violencia sistemática por medio de las armas asesinando a mansalva la comenzaron los grupos terroristas y, como natural reacción, las combatieron las Fuerzas Armadas (para eso están: ataques exteriores y conmociones interiores), de lo cual no se desprende que deban introducirse los repugnantes  y bárbaros métodos a que recurrieron dando lugar a la a todas luces inaceptable y monstruosa figura de “los desaparecidos”.

Es cierto que el 28 de mayo de 1971 -a instancias de Jaime Perriaux- se puso en funcionamiento la Cámara Federal en lo Penal la que con todos los requerimientos del debido proceso operó hasta que de modo inaudito se disolvió el 25 de mayo de 1973 y se soltaron de las cárceles a criminales terroristas que a poco andar integrantes de sus grupos de asalto asesinaron a uno de los jueces, balearon a otros dos y los nueve restantes tuvieron que exiliarse para salvar sus vidas. Sin duda que nada de lo dicho justifica que no se hayan constituido tribunales militares, haciendo lugar a las debidas defensas en juicio, labrado actas con las firmas de los responsables por las penas que en su caso pudieran corresponder. Por no seguir estos procedimientos se procedió de manera similar a los terroristas con lo que esta guerra infame se ganó en el terreno militar pero se perdió en el terreno moral.

Solo la mala fe puede sostener que no hubo guerra, cuando en infinidad de declaraciones que son del dominio público las propias organizaciones terroristas insistían en mantener que se trataba de una guerra, y toda la terminología de estos facinerosos y sus respectivos organigramas y cadena de mandos era de carácter militar. Lo que ocurre es que la eliminación del hecho de la guerra les permite imputar como homicidios a las bajas de sus secuaces en acción bélica y de este modo la toma de prisioneros de guerra se convierte en secuestro, la detención en confinamientos clandestinos y así sucesivamente.

De un tiempo a esta parte y en grado creciente, en la Argentina tiene lugar una  hemiplejia moral superlativa puesto que se condena a las fuerzas militares por los antedichos procedimientos inaceptables pero se exculpa a los terroristas por sus crímenes atroces. Además, en el primer caso, se vulneraron principios elementales del derecho. Es decir, cuando se trata de una país dominado por cafres en el que se cometieron todo tipo de actos criminales que luego se pretenden ocultar (y justificar) por medio de parodias judiciales y legislativas, es perfectamente lícito que todo eso se revise por gobiernos decentes como ha sido el caso de los juicios de Nuremberg y otras situaciones equivalentes. Pero cuando se trata de actos jurídicos de gobiernos constitucionales surgidos de intachables procesos electorales, que gobiernos posteriores revisen, anulen leyes (lo cual no es facultativo del Congreso) y contradigan lo establecido en aquél contexto, se traduce en una afrenta flagrante al orden institucional y a los principios jurídicos y republicanos básicos, con lo que se destruye todo el basamento de legalidad y los marcos de seguridad. Este precisamente es el caso argentino que eliminó de un plumazo la garantía de la cosa juzgada, la irretroactividad y las normas fundamentales del derecho penal. Incluso miembros del Tribunal que juzgó a la Junta Militar han presentado serias objeciones a los caminos que comentamos se adoptaron con posterioridad.

Por otro lado, en íntima conexión con lo que venimos diciendo, es pertinente a esta altura volver a insistir en el más vehemente rechazo a la tortura para combatir a los terroristas (lo cual no solo apunta al caso argentino sino que alude a casos como el de los Estados Unidos). Vuelvo entonces a repetir lo que he escrito antes sobre esta materia tan importante y delicada.

Cesare Beccaria, el pionero del derecho penal, afirmaba en De los delitos y de las penas que “Un hombre no puede ser llamado reo antes de la sentencia del juez [...] ¿Qué derecho sino el de la fuerza será el que de potestad al juez para imponer pena a un ciudadano mientras se duda si es reo o inocente? No es nuevo este dilema: o el delito es cierto o es incierto; si es cierto, no le conviene otra pena que la establecida por las leyes y son inútiles los tormentos porque es inútil la confesión del reo; si es incierto, no se debe atormentar a un inocente, porque tal es, según las leyes, un hombre cuyos delitos no están probados [...] Este abuso no se debería tolerar”. Y continúa con la crítica a quienes alegan contradicciones en las que incurren personas torturadas “como si las contradicciones comunes en los hombres cuando están tranquilos no deban multiplicarse en la turbación del ánimo todo embebido con el pensamiento de salvarse de un inminente peligro [...] No vale la confesión dictada durante la tortura”.

Los fines no justifican los medios. En el fin están presentes los medios. No es posible escindir fines y medios. Descender al nivel de la canallada para combatir a la canallada terrorista, convierte también en canallas a quienes proclaman la lucha contra los terroristas. Por este camino se pierde autoridad moral y la consecuente legitimidad. Incluso si se creyera que una persona posee la información sobre la colocación de una bomba que hará estallar el planeta -aún bajo la sospecha que el sujeto en cuestión fuera cómplice- no es justificable abusar de una persona. No caben análisis utilitarios sopesando unas vidas frente a otras. Nadie puede ser usado como medio para los fines de otros. Toda persona tiene un valor en si misma. No pueden sacrificarse algunos para salvar a muchos otros. Una vez que se acepta colocar a seres humanos en balanzas como si se tratara de una carnicería, se habrá perdido el sentido de humanidad y los valores éticos sobre los que descansa la sociedad abierta. Una vez aceptados estos balances se abren las puertas para aberraciones tales como que se exterminen jubilados en beneficio de la población joven mas numerosa y así sucesivamente. Permitir el abuso extremo del poder provoca daños irreparables en la sociedad ya que se dejan de lado los signos más elementales de cordura y decencia.

El caso hipotético de la bomba que hará estallar el planeta supone más de lo permisible. Supone que el torturado en verdad posee la información, que la bomba realmente existe, que no es una falsa alarma, que se puede remediar la situación, que el torturado trasmitirá la información correcta, etc. Como ha escrito Beccaria si no se sabe que una persona ha cometido un delito no es permisible sancionarlo antes de sentencia judicial y si se sabe es superflua la tortura (además de lo que también señala en cuanto a que la información recabada durante la tortura no es confiable, lo cual es confirmado por quienes manejan detectores de mentiras).

Michael Ignatieff escribe que “La democracia liberal se opone a la tortura porque se opone a cualquier uso ilimitado de la autoridad pública contra seres humanos y la tortura es la mas ilimitada, la forma mas desenfrenada de poder que una persona puede ejercer contra otra”.

Explica que en situaciones límite es perfectamente legítima la defensa propia pero la tortura no solo ofende al torturado sino que degrada al torturador. Ignatieff sugiere que para evitar discusiones inconducentes sobre lo que es y lo que no es una tortura, deberían filmarse los interrogatorios y archivarse en los correspondientes departamentos de auditoria gubernamentales.

No cabe la pregunta tramposa de que haría una persona frente a un sospechoso de haber secuestrado a su hijo. Este tipo de escenarios desdibujan lo que debe ser una norma civilizada y la sustituyen por lo que podría hacer una persona en el contexto de una situación de extrema conmoción. Una cosa es lo que debería hacerse y otra la que eventualmente resulta de lo que hace un ser humano en una situación límite. Por ejemplo, en medio de un naufragio una persona puede no atender los requerimientos del dueño del único bote disponible en cuanto al orden de prelación de quienes pueden hacer uso de el y, en cambio, imponer la salvación de su familia. Pero, nuevamente, a lo que apuntamos es a lo que debería hacerse y no lo que hace determinada persona en circunstancias de catástrofe. Del mismo modo, en nuestro caso, estamos pensando sobre la posición civilizada frente al abuso de una persona a través de la tortura.

También en la actualidad se recurre a las figuras de “testigo material” y de “enemigo combatiente” para obviar las disposiciones de las Convenciones de Ginebra. Según el juez estadounidense Andrew Napolitano el primer caso se traduce en una vil táctica gubernamental para encarcelar a personas a quienes no se les ha probado nada pero que son detenidas según el criterio de algún funcionario del poder ejecutivo y, en el segundo caso, nos explica que al efecto de despojar a personas de sus derechos constitucionales se recurre a un subterfugio también ilegal que elude de manera burda las expresas resoluciones de las antedichas normas internacionales que se aplican tanto para los prisioneros de ejércitos regulares como combatientes que no pertenecen a una nación.

Habiendo dicho todo esto, reitero que una “justicia” tuerta y basada en concepciones que contradicen principios jurídicos elementales como es el caso argentino, se encamina a la liquidación de toda norma civilizada donde nadie tiene garantizados sus derechos porque se juega de tal manera con las instituciones republicanas que en definitiva dejan de tener significado y así se extingue la noción de la sociedad abierta. Una cosa es rechazar los aberrantes procedimientos en la guerra contra los terroristas y otra bien distinta es contradecir abiertamente todo el andamiaje en que descansa el derecho y hacer la vista gorda para los que iniciaron el escandaloso asalto a la vida.

Cierro con una reflexión de Jorge Masseti, ex agente de los servicios cubanos de espionaje, quien escribe en su libro El furor y el delirio: “Hoy puedo afirmar que por suerte no obtuvimos la victoria, porque de haber sido así, teniendo en cuenta nuestra formación y el grado de dependencia de Cuba, hubiéramos ahogado el continente en una barbarie generalizada”.

Fuente: Diario de América

NOTA: los párrafos destacados son nuestros u no del auto.

Me están asesinando sin que nadie haga nada

En abril de 2005, el juez platense Arnaldo Corazza decretó el procesamiento con prisión preventiva del Comisario [R] Eros Amílcar Tarela en la "causa Camps II".

Actualmente el Comisario [R] Tarela es juzgado dentro del denominado “Circuito Camps” por el Tribunal Oral Federal Nº 01 de La Plata, presidido por el juez Carlos Rozanski, el lunes 19 de septiembre de 2011 inició en tribunales un principio de descompensación de su salud, que se fue agravando día a día. Su defensor de oficio es el abogado Adriano Máximo.

El lunes 26 de septiembre de 2011 fue trasladado a su casa, para continuar en prisión de domiciliaria del señor Comisario [R] Eros C. Tarela. Él mismo ha narrado en primera persona esta desgarradora circunstancia:

Asunto: Para conocimiento de que me están asesinando sin que nadie haga nada.

Acabo de arribar a domicilio. con las manos azules y tubo de oxigeno descargado durante más de media hora de viaje.

Estoy tratando de reponerme con flujo de oxigeno a 10 litros por minuto y Amoxilina 850.

Firmó nota con dicha novedad, mi esposa, a pedido personal Penitenciario Federal

El medico acompañante labró informe de la acrocianosis sufrida y casi una severa descompensación respiratoria para elevar al S.P.F. con riesgo imaginable.

Por lo visto no se quiere creer lo que informó el médico que me atiende y creo que el forense también.

Reitero mi conexión al oxígeno líquido es las 24 horas.

Continúo con síntomas de mi neumonía, cosa que comenzó en el Tribunal el lunes pasado, agravándose.

  

En la madrugada concurrió un médico del sistema de servicio de emergencias Vittal. Controló durante 45 minutos que desapareciera la acrocianósis y la saturación llegara a niveles, algo estables, recomendando utilizar antialérgico mañana y tarde -adjunto receta- y vigilar que no me vuelva a resfriar o engripar ya que el salón donde se nos hace la "vista de causa", en la AMIA de La Plata, está congelado.

Saludos y gracias por lo que puedan hacer por mí, porque el lunes que viene me vuelven a trasladar a la vista de causa. A mis 75 años, con oxígeno permanente, padeciendo neumonía y un enfisema gravísimo, mi cuerpo no podrá tolerar más esta situación.

Eros Amílcar Tarela Santiago

Comisario   PPBA

Prisionero de guerra- Preso Político

4633-3703

† Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem cœli et terrae, visibilium omnium et invisibilium; et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia sæcula; Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero; genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt: qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cœlis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine, et homo factus est: crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus, et sepultus est: et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in cœlum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos; cuius regni non erit finis: et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur; qui locutus est per prophetas: et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum: et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi sæculi. † Amen.

¿Qué le hace una mancha más al gato?

Hoy limpiando el archivo, encontramos una “joyita” que nos enviara un abogado amigo y la cual lamentablemente se nos traspapeló. Aprovechamos para ofrecerles nuestras disculpas por ese error involuntario y transcribimos lo que nos envió el 5 de agosto de 2011.

“Hay quienes no saben, o no recuerdan, que ocurría en los años setenta. Hemos asistido a una catarata de mensajes del gobierno y de los llamados “organismos de derechos humanos” que nos dicen, por años, que se persiguió y mató a una “juventud maravillosa”.

Pero hay gente que da la sensación que piensa distinto: Uno es el actual juez de la Corte Suprema, el doctor Eugenio Zaffaroni.

En 1977 el Dr. Zaffaroni era juez federal en la ciudad de Buenos Aires. Durante la sustanciación de un recurso de habeas corpus a favor de una persona desaparecida, el 9 de septiembre de 1977 el Dr. Zaffaroni redactó, firmó y dio curso a un pedido de informes a diferentes destinatarios (Ministerio del Interior, Policía Federal y Comandante del Ejército Argentino) que se adjunta a continuación.

Vale la pena resaltar que en ese escrito, el Dr. Zaffaroni dice:

“…, y considerando que el país vive una etapa de convulsión motivada en la cobarde agresión de que es víctima, lo que lógicamente conlleva un estado de sobrecarga en la labor de las fuerzas de seguridad que son el principal blanco de esta agresión…”

Teniendo en cuenta lo que ha hecho en la Corte Suprema, hay algo que no cierra, ¿no?

Por otra parte, si dice que no tuvo más remedio que escribir eso dada “las circunstancias opresivas de la dictadura” o cualquier justificación que se le ocurra, ¿no me cubre a mí también? ¿Porqué él si y yo no? Las circunstancias ¿no eran las mismas para todos?

Además, ¿esto no es “apología de la dictadura”? Creo que hasta hicieron una ley que lo prohíbe. A lo mejor hasta es delito de “lesa humanidad”.”

Ya que estamos, sigamos echando leña al fuego, agregamos otra nota del mismo amigo, que estaba junto a la anterior:

"A continuación les envío dos artículos muy interesantes, especialmente dedicados a los señores Magistrados Federales que por gracia de Dios, como broma que nos hizo el Supremo, nos mandó a los argentinos.

Uno de ellos es el benemerito Dr. Gonzalez Macías y el otro es el excelente periodista y amigo Horacio Verbitsky.

Lean en la nota con detenimiento las siguientes expresiones del "Perro"

" ... Para Verbitsky, eso no es ninguna casualidad, y aseveró que en nuestra provincia hay un plan deliberado para que los juicios no se produzcan y que los cabecillas de llevar adelante ese plan son los camaristas federales Luis Miret y Otilio Romano. De hecho, el escritor aseguró que ambos lo hacen en defensa propia, porque, de llegar a una instancia de juicio oral, “sin dudas habrá un desfile de testigos que contarán el papel que ambos magistrados desempeñaron durante la dictadura”. En tanto, también hizo referencia a los dichos de Miret en la entrevista concedida a El Sol y que se publicó en su edición de ayer. En ella, el magistrado dijo que había grupos que iban por él para ocupar su cargo. Frente a esas expresiones, Verbitsky no sólo explicó que iba contra él, sino también contra todos los funcionarios judiciales que colaboraron con la dictadura militar. ..."

Lo dice bien claro "VA POR TODOS LOS JUECES QUE COLABORARON CON LA DICTADURA". Pero ¿y el amigo Zaffaroni?

Bueno pero eso no es nada, a continuación hace una férrea defensa de su amigo el Juez Juan Antonio González Macías, y dice muy claro:

"... El titular del CELS también se refirió a la recusación que sufrió el presidente del Tribunal Oral Federal Nº1, Juan Antonio González Macías, que provocó que el juicio que tenía previsto comenzar el 11 de marzo se suspendiera.

El periodista aseguró que los argumentos que se utilizaron contra el magistrado son “absolutamente notables”, y nombró, a modo de ejemplo, que se haya utilizado como excusa el hecho de que el juez hubiera intervenido en otros casos de violaciones de derechos humanos y haya declarado inconstitucional la Ley de Obediencia Debida en 1987.”

Pero digo yo, ¿El Perro no integraba el aparato de inteligencia de Montoneros? ¿No hace inteligencia ahora para Kristina?, Es increíble que no investigara a su amigo González Macías, que sí declaró inconstitucional la ley de obediencia debida.

Pero es muy interesante el argumento por la cual la declara inconstitucional.

Creo que el Perro se equivocó, ya que su amigo Gonzalez Macìas dijo:

"... Pero si es oportuno decir que esta ley ofende a las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se batieron con valentía y honor contra un enemigo solapado y artero," " ...las Fuerzas del Orden que lucharon en defensa de la ley y dentro de su marco no pueden ni deben sentirse gratificadas, en cuanto ello importa aceptar la comisión de un delito ..."

Es decir, si yo no entiendo mal, este Juez "DEL PROCESO", la sentencia es del 07 de octubre de 1983, a quien el Perro defiende, declara inconstitucional la ley en el 83, pero PORQUE LAS FFAA Y LAS FFSS NO COMETIERON DELITO EN LA LUCHA CONTRA LA SUBVERSION. ¿NO ES CÓMICO? Este juez ahora està juzgando y condenando a los que el en el 83 les dijo VALIENTES Y HONORABLES.

Esto es la Biblia y el Calefón. La gorda Hebe ahora sale en defensa del mismo al que insultó en el mismo Palacio de Justicia. Perdón pero yo entiendo cada vez menos.

Por favor les pido difundan estas notas pues alguien me lo podrá tal vez explicar, en una de esas el mismo Perro o el Juez me ponen en claro."

Es para destacar que el ex magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones, con jurisdicción en Mendoza, San Juan y San Luis, Dr. Otilio Romano, se prófugo el 24 de agosto pasado viajando a Chile, país al que solicitó “Asilo Político”.

Si un Juez se fuga porque la justicia lo investiga, no dá para pensar que al conocer muy bien el sistema optó por el mal menor. Huir y no presentarse a derecho, se lo acusa de delitos de lesa humanidad por haber sido fiscal y juez subrogante entre 1975 y 1983.

¿Y entonces que hacemos con  Zaffaroni? Cuando en el Senado de la Nación se debatió el pliego para su designación en la Corte, y se le objetara:

• Que desde 1969, durante el gobierno militar de entonces, fue juez de la Cámara de Apelaciones de la provincia de San Luis, para lo cual juró por el Estatuto de la “Revolución Argentina”.
• Que en 1976, en el último gobierno de facto, juró por el “Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional” cuando fue designado juez en lo criminal de sentencia en la Capital Federal.
• Que, según el senador Rodolfo Terragno que objetó su pliego, en ese Juzgado ingresaron, entre 1976 y 1983, 128 hábeas corpus, 38 correspondían a infracciones policiales, 6 fueron desistidos; pero de los 84 restantes, cuando había detención, Zaffaroni solía disponer la libertad. En cambio, en los casos de desaparición de personas, en 27 casos rechazó la acción y remitió las actuaciones a la Cámara del Crimen de la Capital o al Juzgado de Instrucción competente de la provincia de Buenos Aires, para que se investigase la privación de la libertad. “No he encontrado ningún ejemplo de actividad judicial de Zaffaroni que haya puesto en aprietos a las autoridades o permitido salvar una vida”, aseguró Terragno. En el caso “Ollero Inés”, Zaffaroni rechazó el hábeas corpus, y ese fallo, confirmado por la Cámara, fue revocado por la Corte Suprema de Justicia (25/4/78), reprochándole no “extremar la investigación adoptando las medidas necesarias” a fin de esclarecer qué había pasado luego de la detención de la desaparecida.
• Que en 1980 Zaffaroni escribió el libro Derecho Penal Militar en el que sostuvo que en determinadas circunstancias, como ser un “hipotético estado de necesidad” en el que sucediera la “desaparición de cualquier autoridad o siendo incapaz la que resta”, un grupo militar podía “usurpar justificadamente la función pública”; y esboza asimismo nociones técnicas como: “derecho penal militar de excepción”, “circunstancias especiales”,  “necesidad terrible”, “necesidad terribilísima”, “bando militar como ley material”, “bando militar como tipificador de delitos”, “excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”, o “muerte por legítima defensa cuando el delincuente haga armas contra la autoridad”. Ese libro está actualmente agotado. En su descargo ante el Senado Zaffaroni dijo: “Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”, lo que en vez de ser un atenuante mejor pareció un agravante. También dijo que: “Comparto [esto] con toda mi generación. [Yo] no era un militante político. Era un abogado, un juez, un funcionario. Lo tomábamos como una profesión.” (…) “Nací y me crié en medio de convulsiones políticas y de tipo institucional, como toda la gente de mi generación”. “Estábamos habituados a ver como normal lo que era anormal” (…) “Los que nacieron o se criaron en los últimos veinte años quizá no lo entiendan. Es una vivencia por la que asumo la responsabilidad, pero junto con toda mi generación”. Trasladar sus culpas personales a una generación, tampoco nos satisfizo, y no quisiéramos escuchar un descargo parecido para explicar, ahora, lo de la prostitución en sus departamentos. Los jueces del Proceso fueron calificados de partícipes del sistema represivo por la “doctrina del paralelismo” elaborada por los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al que después de 1983 Zaffaroni se incorporó. A su vez, las Madres de Plaza de Mayo, presididas por Hebe de Bonafini, denunciaron por “conniventes y funcionales a los designios de los usurpadores” a 437 jueces que juraron por los “Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional” entre 1976 y 1980, como “represores del Poder Judicial”; en esa lista, publicada entonces en la página web de esa Asociación, figuraba Zaffaroni  en el puesto 435.

Los HYNPP ofrecieron sus disculpas

Está muy bien que los Hijos y Nietos de Presos Políticos en su página web “ofrezcan disculpas” por los insultos que profirieron ayer durante su justo reclamo ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, seguramente los ánimos se les fueron de las manos.

El insulto fruto de la impotencia e impaciencia solo empaña la valiente acción que estos jóvenes llevaron delante de un público totalmente contrario a sus reclamos. No tenemos dudas que los insultos groseros no estaban previstos para reclamarle al autor del libro sobre los Derechos Humanos y Jurídicos que les niegan a sus familiares, los que se encuentran detenidos como Presos Políticos. Como dijimos antes empaña el reclamo, pero no lo justo del mismo.

El Dr. Ricardo Lorenzetti debería cumplir su palabra y recibir a esta asociación, como se los prometió hace más de un año. Este mal rato que sufrió ayer, debería hacerlo reflexionar en forma adulta y no discriminar a ningún sector de la sociedad… todos tienen derechos a ser escichados, máxime teniendo en cuenta los años de prisión que exceden largamente lo previsto por ley y la cantidad de más de 145 fallecidos en prisión.


Si buscan abajo en nuestro blog, encontrarán el enlace para ingresar al Sitio Web de Hijos y Nietos de Presos Políticos, podrán leer su ofrecimiento de disculpas, su nota y dejarles algún comentario.

Quiénes son los que escracharon al presidente de la Corte Suprema

Los Hijos y Nietos de Presos Políticos reivindican la represión durante la última dictadura y reclaman "legalidad y juicios justos" para sus familiares.

 Unas 15 personas escracharon ayer a Lorenzetti en la facultad de Derecho de la UBA.  Foto: Cedoc

Se autodenominan "Hijos y nietos de presos políticos". Reivindican la represión militar durante la última dictadura. Opinan que gracias a las Fuerzas Armadas "se pudo restablecer la democracia" en Argentina porque "ganaron la guerra". Y el martes escracharon al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, durante la presentación de su libro sobre derechos humanos.

"Aspiramos a reunir a los hijos y nietos de los más de 1000 presos políticos que hoy existen en Argentina", afirman en su sitio web los Hijos y Nietos de Presos Políticos. El grupo reúne a familiares de represores condenados por delitos de lesa humanidad en los juicios que se reanudaron durante los gobiernos kirchneristas, tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.

"Las FF.AA. ganaron la guerra, la bandera azul y blanca sigue flameando en nuestro territorio nacional y la 'Patria Socialista' es sólo un desagradable recuerdo", sostienen, y agregan que "gracias a ello se pudo restablecer la democracia en nuestro país y esperamos que para siempre".

En su sitio web, los Hijos y Nietos de Presos Políticos pidieron disculpas por el escrache realizado por unos 15 jóvenes en la presentación de Lorenzetti en la facultad de Derecho de la UBA. "Antes que nada, pedimos disculpas por los insultos, fruto de la impotencia de la situación", sostuvieron, y luego agregaron "porque hace más de un año, Lorenzetti se comprometió a recibirnos y no lo hizo".

"No representamos ni a la derecha, ni a la izquierda, sino sólo estamos por los DDHH de nuestros Viejos, por la legalidad y por juicios justos", manifiestan en su sitio web. "Los vencidos de aquel entonces están ahora, 30 años después, en posesión de poder político. Y con un resentimiento, odio, rencor y deseos de venganza exacerbados realmente fuera de lo común", aseguraron.

Alegato Completo de la Defensa efectuado por el Dr. Alfredo Solari

Después de mucho trabajo hemos logrados subir exitosamente como página, el Alegato Completo de la Defensa que efectúo el señor Dr. Alfredo Solari. La que iniciara brillantemente en la mañana del 09 de Septiembre y finalizara el 22 de Septiembre de 2011, obligado a renunciar a la continuidad de la defensa de sus patrocinados por graves razones de salud; situación que se venía venir por su marcado deterioro físico.

La finalización vino acompañada de un hecho doblemente preocupante:

1. Preocupante por el Dr. Solari, profesional conocido, respetado y apreciado tras ocho o más años de bregar en esta causa, pues se lo vio sensiblemente afectado, dolido y con su salud en muy mal estado.

2. Preocupante también por sus defendidos, pues a partir de la renuncia enfrentan una situación no prevista, no habitual y muy delicada.

La renuncia fue aceptada de inmediato por el Tribunal, el que, aparentemente, proyectaba continuar los procedimientos sin demoras de ningún tipo, asignando a los patrocinados por el señor Dr. Alfredo Solari la asistencia de la Defensora Oficial Daniela Mazza. Quién desde mayo de 2011, no desde comienzo de juicio, es mencionada como "Defensora Oficial Sustituta"; aunque no lo era específicamente del Dr. Solari y sus patrocinados.

Hubo varios cuartos intermedios pues surgieron diferentes problemas de procedimiento (que no se exponen por nuestra condición de legos), hasta que finalmente el Tribunal otorgó tres días hábiles para que los procesados indefensos decidieran si presentaban un defensor particular o tomaban un defensor oficial.

En su edición del día siguiente, Página 12, normalmente bien informado, y que no siempre relata las noticias con precisión… pero sí con intención, da su versión de los hechos. Razón por la que a continuación damos ejemplos de noticias mal intencionadas:

• La crónica está encabezada por una fotografía del señor Capitán de Fragata Don Alfredo Astiz, que no era patrocinado por el señor Dr. Alfredo Solari y ni siquiera estaba presente en la audiencia en cuestión, pero cuando pueden... le dan con un caño.

• La crónica proporciona un dato sugerente que permite dilucidar el repentino apuro de este tribunal:  sentencia el 14 de octubre de 2001, un poco antes de la elección del 23 de octubre del mismo año.

Tratamos de aportar más información brindada por el Centro de Información Judicial (CIJ), órgano informativo oficial del Poder Judicial de la Nación, normalmente prolífico en informar sobre de la "megacausa ESMA", pero la única noticia es la siguiente:

“Arrancan las réplicas en el juicio oral por crímenes cometidos en la ESMA        

Comienzan este jueves ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital, con la exposición de la Fiscalía. En el proceso se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en aquel centro clandestino de detención durante el último gobierno militar.

Serán los representantes del Ministerio Público Fiscal quienes inicien su exposición.

...

En tanto que el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de reclusión perpetua para Astiz, Acosta, Cavallo, Radice, Rolón, Pernías, García Velasco, Coronel, Donda, Scheller, Fotea, Savio y González. Además, requirió 25 años de prisión para Montes, García Tallada, Capdevilla y Azic.

La sesión de hoy jueves 29 de septiembre de 2011 promete ser interesante: los asistentes sabrán si hay nuevo(s) defensor(es) particular(es), si se toman defensores oficiales o si alguno continúa su propia defensa. También qué recaudos adopta el Tribunal.

Destacamos que el señor Dr. Alfredo Solari en su alegato final, peticiona:

“A mérito de lo cual solicito:

a.-Por formulado alegato;

b.-Oportunamente SE ABSUELVA A MIS DEFENDIDOS LIBREMENTE

Y SIN COSTAS, DECRETÁNDOSE SU INMEDIATA

LIBERTAD POR EL EXCESO AL TÉRMINO MÁXIMO LEGAL,

conforme la doctrina de la Corte IDH „in re‟ “Bayarri” (CorteIDH 30-10-2008)

QUE SERÁ JUSTICIA.”

Para quienes deseen consultar el Alegato Completo del señor Dr. Alfredo Solari, bastará con abrir el archivo correspondiente que se encuentra en la columna derecha de este blog, es un escrito extenso… pero extremadamente entretenido por las lecciones de derecho, de la historia y sus conclusiones sobre la “justicia aplicada a este caso”. Muy buena ayuda memoria.