Como testigo de la época más violenta de la guerra revolucionaria, declarada unilateralmente por las organizaciones político-militares a toda la sociedad argentina, deseo dejar mi testimonio. Esa espiral de violencia se desató durante un gobierno elegido democráticamente por el pueblo y recordemos lo que decían los líderes políticos, funcionarios y empresarios que vieron semejantes barbaridades y no supieron cómo resolver ese grave problema institucional:
Hace pocos días recordamos a nuestros próceres de 1816 en el aniversario de nuestra independencia. El 19 de julio se cumple otro aniversario de la muerte del mayor Juan Carlos Leonetti, perteneciente a la promoción 95 del Colegio Militar de la Nación, que hoy lleva su nombre.
por Enrique Guillermo Avogadro
“Una vez más, desertamos de
la historia
y nos conformamos con la noticia”.
Antonio Scurati
Por favor, ¡entiéndanlo de una buena vez! Con el kirchnerismo puro y duro, ese que hoy manda en el país y que es el único que tiene un verdadero plan, por siniestro que sea, no se negocia ni se dialoga. Para quienes creen en los dogmas que emanan del Instituto Patria, cualquier discusión, cualquier disensión es una grave herejía contra una religión que sólo tiene una diosa que, como tal, es indiscutible en su figura y en su proceder. La única forma de desalojarlo del poder será derrotarla en elecciones, si ella nos permitiera llegar a las urnas y expresarnos sin trampas.
Por el Centro de Estudios Salta
El abogado defensor del médico naval Omar Di Nápoli responde a las acusaciones de los querellantes del Estado, que lo tildan de “negacionista”, y revela los intereses detrás de estos juicios. El Dr. Fanego también brindó su testimonio en el documental del Centro de Estudios Salta “Será venganza!”, que aborda esta temática.
A todos los Camaradas de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias.
A los integrantes de las distintas
Instituciones y ONG vinculadas.
A todos los familiares de los Presos
Políticos.
A todos los allegados, amigos, interesados
y compatriotas en general.
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Estimados Camaradas y Amigos
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En esta ocasión, el entrevistado es el Coronel (R) Guillermo César VIOLA, Miembro Fundador de la Unión de Promociones (UP).
Lo que sigue es el contenido de la entrevista.
Salta, 14 de julio de 2020
En el marco de la persecución infame y contraria a los más elementales principios del derecho que sufren los acusados de crímenes de lesa humanidad, llamada, paradójicamente, “política de derechos humanos”, el abogado Guillermo Fanego ha sido acusado, por los poderes ejecutivos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires a través de sus organismos dependientes, por no ejercer una “defensa técnica” y, en su lugar, ejercer el “negacionismo del terrorismo de Estado”.
Por Vicente Massot
Si el crimen de Fabián Gutiérrez se analiza dejando de lado todo preconcepto ideológico —lo cual no resulta cosa fácil en un país tan cargado de odios— es menester descartar de cuajo la idea de que los responsables del hecho pudieran ser sicarios contratados por el kirchnerismo. Es cierto que, por las características del tema, la nunca resuelta muerte de Alberto Nisman salta como un resorte escondido y, en un santiamén, se adueña de la mente de los argentinos. El efecto que obra la sombra del ex–fiscal revoloteando en el asunto es el de empañar la objetividad que hace falta para no ceder a la tentación conspiracionista.
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| Ángel Gutiérrez, Mario Paz y Martín Jaime |
En marzo pasado, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, recibió una misiva de parte de tres miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Ángel Gutiérrez, Mario Paz y Martín Jaime, quienes se presentaron con mención de su grado de "capitanes" militares del "Estado Mayor de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP" y ofrecieron "respetuosamente" por dicha vía su colaboración al presidente de la Nación en el marco de la pandemia. El grado de organicidad de la agrupación que representan se desprende claramente del hecho de que no se dirigen directamente al primer mandatario, sino que, como indican los procederes castrenses, elevan su pedido al Ministerio de Defensa, como si fuese su superior jerárquico inmediato.
Joaquín Morales Solá - LA NACIÓN
El odio es también una enfermedad que no
tiene vacuna ni remedio. Una sociedad enferma de odios tiene forzosamente un
mal pronóstico. Es imposible evitar las consecuencias sociales, tal vez
catastróficas, de esos rencores patológicos. Nadie puede hacer más en contra
del odio, o a favor de él, que los que controlan el gobierno del país. Alberto
Fernández acaba de pronunciarse contra los "odiadores
seriales". Muy bien. Pero ¿cómo andamos por casa? La grieta política, que divide a cerca del
40 por ciento de la sociedad entre unos y otros, es una construcción del
kirchnerismo. La arbitrariedad y la injusticia hacen más profunda esa oquedad.
El Presidente destrató al periodista Diego Leuco (en rigor, retuiteó un mensaje
que aludía a agresiones físicas contra este) porque le hizo dos preguntas
necesarias al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. De la cantera cristinista no
dejan de salir anuncios de nuevas persecuciones contra el periodista Luis
Majul. En los últimos días, se conocieron decisiones que beneficiaron a Lázaro
Báez y a Cristóbal López. Los dos son amigos de los Kirchner (o socios en
algunos casos), a quienes la Justicia investiga por monumentales hechos de
corrupción. La sociedad antikirchnerista
reaccionó en el acto con masivos banderazos y cacerolazos. Los límites de la
paciencia social se agotan.
El
asesinato de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de Cristina Kirchner,
que acusó a la expresidenta como imputado colaborador de la Justicia en la
causa de los cuadernos, reflotó la
existencia de riquezas inexplicables en los círculos que rodearon (y
rodean) al matrimonio Kirchner. La enorme cantidad de propiedades a nombre de
Gutiérrez instaló en la Justicia la sospecha de que el hombre asesinado en el
sur era solo un testaferro del exmatrimonio presidencial. Los Kirchner,
deducen, podían tolerar cierto enriquecimiento de sus allegados, pero no
compras masivas de propiedades inmobiliarias y autos de muy alta gama. Ese
nivel indescriptible de prosperidad económica por parte de sus colaboradores
sería, si fuera auténtico, la confesión
implícita de que les robaban a ellos. Es probable que el fiscal Carlos
Stornelli, que tomó declaración a Gutiérrez y pidió su procesamiento, reclame
en los próximos días la incautación preventiva de todas las propiedades de Gutiérrez.
Si hubiera sido un testaferro, esas propiedades no eran de él, sino del Estado
argentino.
Lázaro Báez volverá a casa, en condición de
preso, porque llevaba más de cuatro años en la cárcel cumpliendo prisión
preventiva. ¿En cuánto tiempo debe cerrarse una investigación? ¿Por qué la Justicia es insoportablemente
lenta en la Argentina? ¿La culpa es de los jueces o del Código Penal, que
permite infinitas chicanas dilatorias por parte de los acusados? Basta una
breve descripción para alcanzar la certeza de que Báez es un producto de la
corrupción. Era un empleado bancario cuando los Kirchner llegaron al poder. Y
era uno de los hombres más ricos del país cuando los Kirchner abandonaron el
poder. Sus negocios fueron siempre con el Estado. Con el Estado kirchnerista y
con nadie más. El 80 por ciento de la obra pública de Santa Cruz cayó en sus
manos en licitaciones amañadas. Santa
Cruz tuvo tanta obra pública como la provincia de Buenos Aires en los años de
los dos Kirchner. La Justicia le incautó propiedades a Báez por valor de
250 millones de dólares. Báez tenía su propia financiera que lo ayudaba a lavar
los dólares de la corrupción. Báez lavaba ese dinero, a su vez, en los hoteles
y edificios de los Kirchner. El viejo amigo de los dos presidentes del kirchnerismo
debió ser condenado hace mucho tiempo. No merece estar en virtual libertad.
Hay causas contra Báez que ni siquiera se
mueven en la Justicia. Una de ellas investiga los créditos que el Banco Nación
le dio, superando todos los límites reglamentarios, al supuesto constructor.
Báez ganaba la licitación de una obra pública, agarraba el certificado y corría
al Banco Nación, que le entregaba en el acto el 20 por ciento del valor de la
obra. El gobierno aumentaba el precio de
la obra inmediatamente después de su adjudicación. Cualquiera es
constructor con semejantes beneficios (y con amigos tan influyentes). Además,
el banco le otorgó préstamos injustificados a Báez para cubrir giros en
descubierto. Gran parte de la fortuna de Báez salió del tesoro del Banco Nación.
El proyecto de moratoria fiscal elaborado
por la administración de Alberto Fernández beneficia a Cristóbal López porque
le permite, como evasor que es, ampararse en esa concesión del Estado a los
morosos. La razón de la moratoria es la caída vertical de la actividad
económica por efecto de la pandemia y la cuarentena, que obligó a muchas
empresas y personas a no pagar sus impuestos. Cristóbal no pagaba desde antes de la gripe A, que abatió a la
sociedad en 2009. Nunca necesitó del actual Covid-19 para incumplir sus
compromisos con la AFIP. El problema del empresario es que no pagaba los
impuestos del Estado que retenía cuando vendía naftas en su compañía Oil Combustibles. Es un delito mucho
más grave que evadir impuestos a las ganancias genuinas. La ley excluía a los
combustibles y el juego, los negocios de López, de los beneficios de una
moratoria; el proyecto de ahora los incluye. Cristóbal podría ganar, pero no
todavía. La AFIP, conducida entonces por Alberto Abad, le inició dos juicios a
López: uno por evasión y el otro por administración fraudulenta. La evasión le
permitiría ingresar en la moratoria. Pero el fraude a la administración pública
se lo impediría. Un interminable juicio oral y público está juzgando el
supuesto delito de López por administración fraudulenta. El juicio no terminó porque la pandemia lo frenó. ¿López es
culpable o es inocente? La sentencia no existe todavía. Y como no hay sentencia
en el juicio por fraude es probable que pueda ingresar a la moratoria como
simple evasor.
Cristóbal
López y su socio, Fabián de Sousa, son ansiosos. De
Sousa inició un juicio penal contra Macri y varios colaboradores suyos porque,
denunció, intentaron sacarles los medios de comunicación que tienen. El caso está en el juzgado de María Servini
de Cubría, quien ya ordenó varias medidas, como el entrecruzamiento de
llamadas telefónicas entre funcionarios y empresarios de aquella época. La
noticia insólita es que De Sousa incluye entre sus denunciados a Abad, el
exdirector de la AFIP que los denunció a él y a López por evasión y fraude.
López y De Sousa no esperaron el final del juicio oral y público para acusar a
Abad. ¿Conocen de antemano, acaso, el resultado del juicio? Según parece, el
destino de Abad no tenía solución buena. O estaba en el juicio de la jueza
Servini o hubiera sido denunciado por incumplimiento de los deberes de
funcionario público. Su misión como titular de la AFIP era cobrar lo que le
debían al Estado. Y López le debía casi 12.000 millones de pesos, dinero que
usó para comprar nuevas empresas. Hasta el departamento jurídico de la actual
AFIP le negó la posibilidad de un acuerdo. El argumento es irónico: una
resolución del gobierno de 2014 (de Cristina Kirchner) prohibió acuerdos con
deudores impositivos que estén siendo enjuiciados por sus deudas con el Estado.
Y López está en un juicio oral y público
por defraudar a la AFIP.
Lázaro Báez estará en su casa. Cristóbal López podría beneficiarse de una moratoria y quiere vengarse de los que le cobraban un dinero que no es de él. El odio es un fuego que alimentan los que mandan.
Por: Joaquín Morales Solá
FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/opinion/los-alimentan-odio-nid2395508
