miércoles, 13 de marzo de 2019

CAÍDOS EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN


Los miembros de las fuerzas de seguridad que fueron víctimas del ataque ocurrido en 1975 han sido olvidados por gran parte de la sociedad


“Lo que más estremece a quien escribe y estremecerá a los lectores es el odio y la sangre que se dieron cita esa víspera de la Navidad de 1975, con una violencia inolvidable, maldita, premonitoria del tiempo por venir” (María Seoane, “Testimonio del horror”, Revista N°  20/12/03). A fines de ese año, en pleno gobierno constitucional, la ofensiva revolucionaria del Ejército Montonero (Montoneros) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en la Argentina alcanzó su máxima intensidad. En dos agobiantes días de verano, el 23 y el 24 de diciembre de 1975, el ERP atacó al Batallón de Depósito de Arsenales 601 Cnel. Domingo Viejobueno, del Ejército Argentino, en Monte Chingolo, Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Tiempo antes, el aparato de inteligencia de Montoneros había alertado al ERP acerca de un infiltrado del Ejército entre sus filas: Jesús Ramés Ranier, apodado el Oso, quien llevó a cabo "[...] una impecable tarea de espionaje que le permitirá [al Ejército] atrapar a decenas de miembros del ERP y detectar la preparación de una operación guerrillera de características excepcionales", según refiere Gustavo Plis-Sterenberg en su libro: Monte Chingolo: la mayor batalla de la guerrilla argentina.

En las semanas anteriores al ataque fueron apresados, desaparecidos o muertos irreemplazables jefes del ERP. El 7 de diciembre le había tocado el turno a quien planeó y debía comandar el operativo contra el Batallón Viejobueno, Juan Eliseo Ledesma (Comandante Pedro), quien fue reemplazado, inmediatamente por Benito Urteaga (Mariano), al frente del Batallón José de San Martín, flamante creación del ERP.

“El ERP planeaba sacar de allí 900 FAL con 60.000 tiros, 100 [pistolas semiautomáticas] M-15, con 100.000 tiros, 6 cañones antiaéreos automáticos de 20 mm con 2400 tiros, 15 cañones sin retroceso con 150 tiros, armas portátiles antitanques Instalazas [similares a bazucas] con sus proyectiles, 150 pistolas ametralladoras”, según se relata en el mencionado libro Monte Chingolo: la mayor batalla de la guerrilla argentina.

Plis-Sterenberg también da cuenta de que el plan de ataque al Batallón Viejobueno incluía una gran cantidad de acciones bélicas simultáneas, para aislarlo por varias horas. “Si el núcleo central eran alrededor de 60 compañeros, con toda la gente movilizada, los cercos, las postas sanitarias, los equipos de logística que tenían que cargar el armamento [...], es decir todo el conjunto, sumó alrededor de 300 personas”, refiriéndose al total de integrantes del Batallón José de San Martín del ERP.

Cuando el Ejército Argentino tuvo la certeza de que el objetivo eran las armas almacenadas en el Depósito de Arsenales, se montó un contracerco alrededor de los cuarteles, al tiempo que se reducía la cantidad aparente de tropas con el propósito de inducir al estado mayor del ERP a creer que seguía contando con el factor sorpresa a su favor. Los jefes insurgentes se tragaron el anzuelo.

La experiencia en combate de la mayoría de los integrantes del ERP estaba lejos de ser la requerida para “la mayor batalla de la guerrilla argentina”. La logística estaba infiltrada; el armamento era insuficiente, antiguo y precario; las comunicaciones nunca funcionaron; las contenciones, cortes de rutas y acciones de distracción fallaron, y si se combatió ferozmente en el asalto central fue porque la “moral revolucionaria” de los guerrilleros resultó temeraria.

El Ejército repelió el ataque movilizando miles de soldados, sumando a la Policía Federal y a la de la provincia de Buenos Aires y contando también con el apoyo de la Fuerza Aérea y de la Armada, presentes con aviones y helicópteros.

“Desde la torre del tanque de agua norte [...] el coronel Abud observó [...] la columna que se acercaba por el Camino General Belgrano. Apuntó con cuidado. La cabina del Mercedes-Benz quedó en el centro de la mira de su MAG [una ametralladora calibre 7,62 mm de gran poder de fuego y precisión]". Ninguna de las unidades atacantes del ERP logró sus objetivos y, apenas comenzado el combate, los bisoños revolucionarios se vieron obligados a emprender una retirada caótica y desesperada. Las víctimas fatales del ERP fueron 56, más tres prisioneros y decenas de heridos; mientras que las Fuerzas Armadas y de seguridad registraron siete muertos y 34 heridos. La tragedia se completó con, por lo menos, seis víctimas mortales identificadas y decenas de afectados entre los vecinos de Monte Chingolo, producto del fuego cruzado durante el repliegue del ERP.

El Oso Ranier sería ejecutado mediante una inyección letal, luego de un “juicio revolucionario” por traición, el 13/1/1976. Al decir de Juan Arnol Kremer, único dirigente máximo del ERP sobreviviente hasta nuestros días: “El problema con lo del Oso fue que se llevó detrás de él todas las causas de nuestro fracaso”. El pensamiento mágico de la “vanguardia iluminada” del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), órgano político al que estaba subordinado el ERP, resultó suicida, y si desde el punto de vista ideológico el plan de ataque al Batallón Monte Chingolo fue mesiánico, en lo estrictamente militar fue una rotunda derrota.

El ERP fue aniquilado en el Batallón Viejobueno y lo que siguió fue su exterminio, tal como lo había ordenado, casi un año antes, el entonces presidente, teniente general Juan Domingo Perón, primero en su discurso por cadena nacional, vestido de uniforme del Ejército Argentino, y luego en su carta a sus camaradas de la Guarnición de Azul, atacada por el ERP el 19 de enero de 1974.

Del total general de 65 muertos identificados con nombre y apellido, contando guerrilleros abatidos o prisioneros y vecinos, 55 de ellos figuran como “desaparecidos” o “asesinados” en alguno de los tres informes oficiales de 1984, 2006 y 2015. En 37 casos se pagaron indemnizaciones “reparatorias”: dos por la ley 24.043, para “víctimas de detenciones ilegales y  exilios forzosos”, y 35 por la ley 24.411, para familiares de “víctimas de asesinatos y desapariciones”. El total de dichas indemnizaciones, actualizado a marzo de 2019, es de $281.000.000, a razón de $7.600.000 por caso. En el Parque de la Memoria, 59 placas de pórfido patagónico llevan los nombres de casi todos estos guerrilleros, quienes, se afirma, “murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”.

Los muertos de las fuerzas de defensa y de seguridad han sido olvidados por la mayor parte de los argentinos. Ellos son: el capitán Luis María Petruzzi, el teniente primero José Luis Spinassi, el sargento ayudante Roque Cisterna y los soldados Roberto Caballero, Benito Manuel Rúffolo y Raúl Fernando Sessa, todos del Ejército, y el cabo segundo Enrique Grimaldi, de la Armada. La misma suerte corrieron los heridos.

El 24 de marzo de 1976 comenzaría la última de las dictaduras militares, la que logró una tan aplastante como impiadosa victoria militar en la guerra contra los ejércitos revolucionarios. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional terminaría en su propia debacle, luego de la Guerra de las Malvinas, de 1982.

Ha llegado el momento histórico de honrar a quienes, fieles al juramento de defender la Constitución nacional, cayeron o fueron heridos resistiendo el ataque terrorista en Monte Chingolo hasta horas antes de la Nochebuena de 1975.

Pedro José Güiraldes
Ingeniero civil

NUEVO ATAQUE JUDICIAL A LAS FF.AA.

La Tablada es la tercera ola de una ofensiva que comenzó con los juicios por los años 70 y siguió con Malvinas. En diciembre de 2018, la justicia de San Martín comenzó a juzgar al general Alfredo Arrillaga por la presunta desaparición de un integrante del MTP, en el marco del copamiento del regimiento en 1989.

Agustín De Beitia
@agustindebeitia


El general (R) Alfredo Arrillaga está siendo juzgado por la presunta desaparición de un integrante del Movimiento Todos por la Patria.

El combate para recuperar el cuartel de La Tablada, en el tramo final del gobierno de Alfonsín, dejó 28 muertos del MTP, 9 del Ejército y 2 policías.­
El mes pasado se reinició el juicio por la recuperación del cuartel de La Tablada que comenzó en diciembre pasado en los tribunales federales de San Martín, un proceso que bien puede ser considerado como la tercera ola de ataque judicial contra las Fuerzas Armadas.

Las dos primeras olas apuntaron contra los militares que combatieron a los grupos armados de izquierda en los años 70 y contra los que pelearon en Malvinas en el '82. Y las tres tienen la misma secuencia: sed de venganza, testigos interesados, jueces complacientes con esta maniobra, medios cómplices.

La última ola es esta que comenzó el 10 de diciembre de 2018 en el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín. Allí se juzga al general (R) Alfredo Arrillaga por la presunta desaparición de un integrante del Movimiento Todos por la Patria (MTP), el grupo que intentó copar el Regimiento de Infantería Mecanizada 3 (RIM3) de La Tablada, en el partido bonaerense de La Matanza, el 23 de enero de 1989.

Arrillaga está en el banquillo de los acusados por haber sido el máximo responsable del operativo desplegado para recuperar el cuartel, en el tramo final del gobierno de Alfonsín, un combate que dejó 28 muertos del MTP, 9 del Ejército y 2 policías. El juicio es por cuatro presuntas desapariciones: José Díaz, Iván Ruiz, Francisco Provenzano y Carlos Samojedny. En este proceso oral y público sólo se juzgan los hechos que rodearon el destino de Díaz, aunque las otras causas ya están en etapa de instrucción.

En un juicio que cuenta con una minuciosa cobertura de medios de izquierda, la novedad de la semana última fue que citaron a declarar a otro militar de alta graduación, el general (R) Sergio Fernández quien, como jefe de la Compañía de Comandos 601 y al mando de un centenar de hombres, fue uno de los responsables también de la recuperación del cuartel.

Fernández no tuvo que responder sobre las desapariciones, ya que él estaba en otro lugar. Su testimonio fue requerido por otro asunto: para dilucidar si Arrillaga negoció o no la rendición de los terroristas a través de un megáfono.

El general contó que el único que usó el megáfono fue él ese día, 24 de enero a la madrugada, y no para negociar sino para dar indicaciones de que cesaran el combate, de que no corriera más sangre, ya que no tenían salida, estaban rodeados.

REHENES

Fernández explicó que no sabía cuántos rehenes tenían en su poder en el casino de suboficiales y que la información que le llegaba era borrosa y a veces contradictoria. Fotografías de la época registraron el momento en que los subversivos salieron con algunos rehenes a la plaza de armas, todos con las manos en alto, para luego volver a entrar, aunque sin que se pudiera dilucidar cuántos eran los cautivos. Después se sabría que eran en total 22, entre suboficiales y soldados, repartidos en distintas habitaciones.

La existencia de los rehenes se ventiló así en la audiencia del miércoles último sin que a nadie le sorprendiera. La privación ilegítima de la libertad, el uso de escudos humanos, el tormento de una muerte probable, no parecen decir nada sobre sus derechos humanos.

Fernández es veterano de Malvinas y le tocó entrar en combate otra vez en Tablada, como al teniente coronel (R) Emilio Nani, hoy en prisión domiciliaria mientras se sustancia un proceso en su contra.

Son hombres que más de una vez arriesgaron su vida por la patria y hoy desfilan por los tribunales para rendir cuentas. No habría nada que decir si la Justicia no hubiera dado pruebas de su doble estándar, de amañar los procesos y favorecer la venganza. De los sediciosos que se alzaron en armas e iniciaron el baño de sangre en Tablada, no queda ninguno en prisión. Favorecidos primero por una conmutación de penas dispuesta por De la Rúa y luego por un indulto concedido por Duhalde. Y ahora los mismos protagonistas impulsan esta causa para enjuiciar a quienes fueron convocados a defender el cuartel.

La entrega de estos últimos, en muchos casos heroica, es soslayada aquí como si no significara nada. Un menosprecio que alimenta la impresión de que este es el único país que a los héroes de guerra los arrastra a estas penurias.

Aún es recordada la actuación de Fernández en Malvinas y cómo derribó con un misil Blowpipe lanzado desde su hombro un avión Harrier GR3 pilotado por el teniente británico Jeff Glover, quien se eyectó y fue tomado prisionero, apenas una de las proezas que realizaron estos hombres en condiciones desfavorables y de las que rebosa esa contienda.

Fernández era entonces jefe de la segunda sección de la Compañía de Comandos 601. Una compañía que se formó específicamente para la Guerra de Malvinas. El jefe era el mayor Mario Castagneto.

Aquella jornada, 21 de mayo de 1982, fue el día del desembarco británico en San Carlos. Fernández se encontraba a menos de 30 kilómetros con las dos secciones de la Compañía de Comandos. Apuntó al Harrier y le disparó al segundo pasaje que hizo el avión sobre Puerto Howard, en la Gran Malvina.

Aunque después diría que fue un tiro afortunado, lo cierto es que en ese momento era el hombre más experimentado del Ejército con ese sistema de misil antiaéreo de baja cota de origen británico. Se había adiestrado durante casi tres años y desde el año anterior era el jefe del curso de Blowpipe.

El disparo le arrancó al avión un pedazo del ala. El piloto, que se había eyectado, fue capturado, retenido un día en ese lugar y luego trasladado a Puerto Argentino. Estuvo en el continente hasta julio de 1982 y luego fue devuelto a los británicos.

Los detalles del impacto pudo saberlos Fernández porque tiempo después hicieron lo que se conoce como After Action Review (revisión tras la acción) con el piloto británico aquí en Buenos Aires. Desde entonces son grandes amigos, según repite.

Su historia, y el presente juicio, vienen a recordarnos que con ciertos enemigos se puede recomponer la vida y con otros se sigue combatiendo porque actúan artera y alevosamente hasta muchos años después. Con el agravante de que son compatriotas.

FUENTE: http://www.laprensa.com.ar/474236-Nuevo-ataque-judicial-a-las-FFAA.note.aspx