sábado, 14 de marzo de 2015

EL SENTIDO DE LA CONTRARREVOLUCIÓN



Por Agustín Laje

Si la década del ’90 fue, según la terminología impuesta y comúnmente utilizada, la “revolución neoliberal” que embistió contra el Estado de bienestar, sería dable caracterizar el período que va desde el cierre de aquella década hasta nuestros días como la era de la “revolución neomarxista” que se manifestó a través de los experimentos populistas latinoamericanos.

Habrá quienes arguyan que es demasiado exagerado tachar de “revolución” estos momentos históricos. En efecto, la idea de “revolución” ha sido acompañada, en el marco del imaginario colectivo, por la idea de un quiebre institucional con arreglo al uso de la violencia. Son los restos que quedan en el subconsciente colectivo de las teorías revolucionarias del marxismo-leninismo.

Pero la revolución no tiene por qué ser violenta ni súbita. La revolución puede también ser lenta e inadvertida. Ello lo mostró Antonio Gramsci, desde la izquierda en sus Cuadernos de la cárcel, y Plinio Correa de Oliveira, desde la derecha en Revolución y contrarrevolución y en Diálogo: trasbordo ideológico inadvertido.

Por revolución no deberíamos entender mucho más que un cambio significativo en la configuración estructural y supraestructural del orden social, para utilizar terminología propia del marxismo; es decir, profundos cambios económicos, pero también políticos, jurídicos, ideológicos y, en resumen, culturales.

Nadie podría negar, en efecto, que el neomarxismo ha introducido cambios de fondo en todas las dimensiones destacadas. Despojado de las teorías clasistas tradicionales a las que sustituyó por nuevas “posiciones de sujeto” que no están definidas por la variable económica (y por tanto no se las puede interpretar en términos de clase); resignado respecto de encontrar un “sentido” a la marcha de la historia; abandonado el materialismo propio de lo que se denominó “marxismo vulgar” y habiendo otorgado, al contrario, gran importancia a las variables superestructurales, el “neomarxismo” llevó a cabo su revolución sin necesidad de “combatir al capital” a través de la lucha armada como otrora.

Definir el contenido de esta revolución de forma exhaustiva llevaría probablemente un libro entero. No obstante, aquí marcaré los principales puntos para luego describir cuál debería ser el sentido de la contrarrevolución.

En términos estructurales, la revolución neomarxista decidió alterar el postulado básico del marxismo clásico referido a la colectivización de los medios de producción. En su lugar, el neomarxismo ha exacerbado la colectivización de la producción misma. Ha aprendido, con la experiencia soviética, que la abolición total de la propiedad privada conduce indefectiblemente a la destrucción económica (la escuela austríaca de economía ya demostró acabadamente que el cálculo económico es imposible allí donde no hay propiedad privada). Luego, de lo que se trata es de permitir el mínimo grado posible de propiedad privada y el resto, colectivizarlo desde el Estado. Los países latinoamericanos que han sido sumergidos en esta revolución, no por casualidad soportan las mayores cargas tributarias y consuman los más desfachatados procesos de estatización.

Salvando las distancias, tanto el marxismo como el neomarxismo han experimentado en sus primeros momentos un agigantamiento de la “torta” que se disponían repartir. En el caso del primero, la inmensa incorporación del factor de la producción “trabajo” al sistema productivo soviético le dio al mismo un ensanchamiento que con el tiempo iría decayendo estrepitosamente hasta implosionar. En el caso del neomarxismo, las condiciones económicas del comercio internacional (el precio de los comodities fundamentalmente) le brindaron un contexto favorable que aquél desperdició por completo y ahora la ineficiencia del sistema ha quedado a las claras (inflación, recesión y desempleo).

En términos superestructurales, debemos contemplar al menos tres dimensiones: jurídica, política y cultural.

Respecto de la primera, ha prevalecido una teoría de la justicia que anula la responsabilidad individual en dos terrenos cruciales: el económico y el criminológico. En efecto, se ha instalado en la opinión pública la idea según la cual los demás deben pagar por el fracaso económico de los otros, sencillamente porque éstos no tendrían que ver con su suerte sino que estarían determinados por “las condicionantes de una sociedad capitalista intrínsecamente injusta”. Lo propio se dirá en el terreno criminológico: el delincuente que asesina por un par de zapatillas no eligió apretar el gatillo, sino que fue obligado a hacerlo por “la sociedad que lo puso en esa posición”, incluido aquel desdichado al que la bala le atravesó la cabeza. No es de extrañar, bajo estas teorías de la justicia que invierten el sentido original de la justicia (dar a cada uno lo suyo), que las sociedades latinoamericanas que han caído bajo la revolución neomarxista sean aquellas que presenten en la región las mayores tasas de homicidio (Venezuela), robos (Argentina), y que sean al mismo tiempo aquellas donde la cultura del trabajo mayormente se ha perdido.

Respecto de la dimensión política, la revolución neomarxista ha instalado la lógica del populismo disfrazada de “democracia radical” como gusta llamarla Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. En concreto, la idea de democracia como un medio para la libertad individual y la igualdad ante la ley (únicas concepciones de libertad e igualdad que permiten una concepción plural y abierta de la idea de “pueblo”), ha dado paso a una idea de democracia como camino hacia la igualdad material. El igualador, bajo la lógica populista, es el caudillo que logra interpretar, casi de manera mística, los deseos de un “pueblo” que, al no incluir a toda la ciudadanía sino a los designados como “pueblo” por el caudillo, se vuelve excluyente y totalitario (pues busca totalizar la parcialidad como admite el propio Laclau).

Finalmente, la dimensión cultural de la revolución neomarxista puede ser resumida en los siguientes puntos: cultura del facilismo; cultura del subsidio; igualitarismo moral; igualitarismo cultural; destrucción de la familia como núcleo básico de la sociedad; veneración a lo vulgar disfrazado de “popular”, etc.

Si tales son, en forma harto sintética, las componentes fundamentales de la revolución neomarxista, ¿cuál debe ser entonces el sentido de la contrarrevolución?

Antes de responder la pregunta, es importante destacar que hablar de contrarrevolución no es lo mismo que hablar de restauración. En efecto, la restauración busca volver a un tiempo histórico que precedió a la revolución. La contrarrevolución, al contrario, supone una revolución de signo contrario a la revolución en ciernes o triunfante, independientemente de que ese estado de cosas haya existido en tiempos pretéritos o constituya un momento histórico jamás alcanzado.

Nuestra pregunta de más arriba se contesta, entonces, con arreglo a la lógica más elemental: la contrarrevolución al neomarxismo debe tomar la dirección diametralmente opuesta a la revolución neomarxista. Esto es: en economía propender a la desregulación de los mercados, garantizar la seguridad jurídica, los derechos de propiedad y minimizar las funciones del Estado maximizando su efectividad en aquellas funciones que le son naturales (justicia, seguridad, defensa, salud); en política instalar una visión de la democracia como medio para la libertad del pueblo, entendido éste no como una entidad metafísica sino simplemente como el conjunto de todos los ciudadanos, donde los límites al poder son la consecuencia lógica de la heterogeneidad intrínseca a un pueblo concebido en dichos términos; en la dimensión jurídica lograr instalar una teoría de la justicia donde la responsabilidad individual esté en la base de la convivencia social pacífica; y finalmente, en el terreno cultural, divulgar la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, mostrar la conveniencia de ciertos valores respecto de otros y renegar de la popularidad de lo vulgar.

La era del neomarxismo parece estar acabando de a poco. La pregunta que queda abierta es: ¿contrarrevolución o reformismo?


CASO NISMAN Y EVIDENCIAS DE UN ESTADO FALLIDO

Publicado el 13 de marzo de 2015

Emilio Nani, Jorge Mones Ruiz y Guillermo Campos inician el programa con un análisis general desde el caso Nisman hasta la compleja indefensión de la república en todas las áreas, justicia, medios, políticos, marcha popular sin rumbo, etc. Estado Fallido. Estado Islámico y la crisis en Medio Oriente.

CASO AMIA: EX CHAVISTAS CONFIRMAN LA CONSPIRACIÓN IRÁN-KIRCHNER DENUNCIADA POR NISMAN

La revista brasileña Veja publica testimonios que revelan el papel de Hugo Chávez en el acuerdo de impunidad sobre la investigación del atentado. Qué pidió Teherán y qué recibió el gobierno argentino a cambio


Crédito: AFP

El semanario brasileño Veja informa este sábado que entrevistó por separado a tres ex funcionarios del gobierno de Venezuela, todos ellos “ex integrantes del gabinete de Hugo Chávez”, quienes aseguraron haber estado presentes cuando el fallecido caudillo bolivariano y el entonces presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, discutieron sobre el trabajo que estaba realizando el fiscal Alberto Nisman, a cargo de la investigación sobre el caso AMIA.

La mutual israelita de Buenos Aires fue atacada en 1994 por un coche bomba que dejó 85 muertos y el fiscal seguía la pista iraní, pero murió en enero de este año, poco después de denunciar a la presidente Cristina Kirchner por encubrir las responsabilidades del gobierno de Teherán en el atentado terrorista.

Según los ex funcionarios chavistas citados por Veja, “representantes del gobierno argentino recibieron grandes cantidades de dólares en especies. A cambio de dinero, dicen los chavistas disidentes, Irán pidió que la autoría del atentado fuese encubierta”.

Además, el acuerdo incluiría intercambio sobre tecnología nuclear: “Los argentinos también debían compartir con los iraníes su larga experiencia en reactores nucleares de agua pesada, un sistema antiguo, caro y complejo, pero que permite la obtención de plutonio a partir de uranio natural”, relata Veja.

Crédito: AFP
Mahmud Ahmadinejad y Hugo Chávez, ex presidentes de Irán y Venezuela

La cumbre Chávez-Ahmadinejad se produjo en la mañana del 13 de enero de 2007 en el Palacio de Miraflores. Estaban los dos mandatarios, sus guardias de seguridad, y la primera plana del gobierno chavista. Poco antes del mediodía, cuando compartieron el almuerzo, los disidentes exiliados relatan que se produjo el siguiente diálogo:

Ahmadinejad: Es un asunto de vida o muerte. Preciso que intermedie con Argentina por una ayuda para el programa nuclear de mi país. Precisamos que Argentina comparta su conocimiento sobre tecnología nuclear. Sin la colaboración de este país, será imposible avanzar en nuestro programa.

Chávez: Muy rápidamente. Haré eso, compañero.

Ahmadinejad: No se preocupe por los gastos que requiera esta operación. Irán respaldará con todo el dinero que sea necesario para convencer a los argentinos. Tengo otra cuestión. Preciso que desaliente a la Argentina de insistir con Interpol para que capture a las autoridades de mi país.

Chávez: Me encargaré personalmente de eso.

Los chavistas disidentes que dialogaron con Veja desde Washington dijeron haber tenido participación directa en las gestiones ordenadas por Chávez para atender el pedido de impunidad de Ahmadinejad.

Los dos presidentes evaluaron que comprar títulos de la deuda argentina era una oportunidad para impulsar el acuerdo con el gobierno kirchnerista. Veja explica que el Tesoro de Venezuela compró 1.800 millones de dólares en esos bonos en 2007. A fines de 2008, Caracas poseía unos 6.000 millones en esos títulos. El negocio para Argentina fue “formidable”, asegura la revista brasileña: “Néstor y Cristina hicieron varios agradecimientos públicos a Chávez por esta operación financiera”, recuerda.

Crédito: AP
Guido Antonini Wilson, empresario venezolano 
detenido en Argentina cuando intentaba ingresar dinero. 

El papel de Antonini Wilson

Según las fuentes de la publicación brasileña, el gobierno argentino recibiría una buena cantidad de dólares por lo pactado. Uno de estos tres ex funcionarios venezolano contó que la famosa valija de Guido Antonini Wilson, con 800.000 dólares, provenía del régimen iraní y tenía como destino la campaña presidencial de Cristina Kirchner, y que Chávez sólo fue el intermediario. “El dinero era originario de Irán para la campaña de Cristina Kirchner”, manifestó a Veja.

Coincidentemente con la detención de Antonini Wilson, Chávez realizó 48 horas después una visita oficial a Buenos Aires. Uno de los ex miembros del gobierno de Chávez reveló que cuando el caudillo bolivariano se enteró respondió con un improperio y preguntó quién había sido el “idiota” que coordinó la operación.

Los vuelos “aeroterror”

El tráfico Caracas -Teherán se intensificó y se incluyó a Damasco, Siria, en las escalas. Los vuelos eran realizados por un Airbus A340 dos veces por mes y además de dinero trasladaba drogas, documentos y equipamientos, en viajes que la cúpula chavista apodó “aeroterror”.

“Cuando partía desde Caracas, la nave era cargada con cocaína. La droga era descargada en la capital de Siria, donde era redistribuida por Hezbollah, el grupo terrorista del Líbano. A la vuelta, el avión traía dinero en efectivo y terroristas buscados internacionalmente”, dice Veja.

Luego amplía: “Uno de los principales operadores de los vuelos Caracas-Teherán era el ministro del Interior de Venezuela, Tareck El Aissami, hoy gobernador del estado de Aragua. La DEA (agencia antidrogas de los Estados Unidos) tiene muchos testimonios que señalan al político como enlace entre las FARC (Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia) y Hezbollah. El Aissami tenía como representante en Siria al libanés Ghazi Nasr al-Din, que a finales de enero entró en la lista de más buscados del FBI. Su misión era producir y distribuir pasaportes venezolanos para ocultar la verdadera identidad de los terroristas que viajaban por el mundo. Entre esos terroristas estaba el clérigo Mohsen Rabbani, citado por Nisman como ejecutor del atentado a la AMIA. Con ese pasaporte, Rabbani viajó secretamente a Brasil al menos tres veces. Aun cuando los vuelos ‘aeroterror’ finalizaron en 2010, Venezuela siguió proporcionando documentos para encubrir a terroristas. Según el grupo de exiliados chavistas, hasta mayo de 2013 el gobierno de Caracar dio refugio al menos a 35 miembros de Hezbollah”.

El polémico desarrollo nuclear de Irán


Por otro lado, la revista destaca que el pacto además incluyó secretos nucleares. Según los funcionarios chavistas, ahora radicados en los Estados Unidos, ellos no tenían información precisa de las negociaciones en torno a los temas nucleares y si finalmente se llegó a un acuerdo. Sin embargo, en otra de las revelaciones de la nota, aseguran que quien estaba al tanto del asunto era la por entonces ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, hoy embajadora ante la OEA, en Washington.

No solo eso, de acuerdo a las fuentes de Veja, Garré (quien fue por unos meses embajadora de la Argentina en Caracas) habría mantenido un amorío con el propio Chávez. “Era algo en la línea de 50 sombras de Grey”, dijo otro de los ex funcionarios chavistas arrepentido.

“No puedo afirmar que el gobierno de la Argentina entregó secretos nucleares, pero sé que recibió mucho por medios legales (títulos de deuda) e ilegales (valijas de dinero) a cambio de algo muy valioso para los iraníes”, agregó la fuente.

La tecnología que el régimen teocrático del Ayatollah Alí Khamenei quiere utilizar para dotarse de la posibilidad de construir armas nucleares, según las reiteradas denuncias de Israel, ha estado en la mira de las grandes potencias que aún hoy buscan asegurarse el acceso a las centrales que construye el gobierno de Teherán. Mahmoud Ahmadinejad estaba presionado para desarrollar ese proyecto, pero la suerte de su pedido a Chávez -obtener el asesoramiento de la Argentina- no fue monitoreado de cerca por los disidentes que consultó Veja.

De todas maneras, la publicación señala que el tema fue tratado por Garré, y consigna que “existen semejanzas entre los reactores nucleares de Arak, en Irán, con el de Atucha, en Argentina. Ambos fueron planeados para producir plutonio, elemento esencial para la fabricación de armas atómicas usando apenas uranio natural. La diferencia es que Arak debería haber entrado en operaciones el año pasado, pero no hay indicios de que eso haya ocurrido efectivamente”.

EL GOBIERNO ESTUDIA AMPLIAR LA COMPOSICIÓN DE LA CORTE Y HAY PREOCUPACIÓN EN EL TRIBUNAL

Proyecto

Por Adrián Ventura | LA NACION

  
El Gobierno estudia en reserva un proyecto de ley para ampliar la composición de la Corte Suprema a siete o a nueve miembros.

La iniciativa, de prosperar, buscaría paralizar por completo al alto tribunal, que dirige Ricardo Lorenzetti , y además forzaría a la oposición a sentarse a negociar y aceptar que el oficialismo cubra la mayoría de los cargos.

La idea, según lo confirmó LA NACION, fue propuesta a fin del año pasado por varios senadores del FPV que tienen llegada directa a la Casa Rosada. Anteayer un ministro del Poder Ejecutivo aseguró en estricto off the record que está en estudio esa posibilidad.

El rumor también se instaló con fuerza en la Justicia. Por eso el martes último los jueces supremos y los secretarios generales del alto tribunal conversaron a puertas cerradas acerca de ese posible avance del kirchnerismo sobre la independencia de la Corte.

Allí admiten que la iniciativa, de prosperar, podría tener un efecto negativo.

En efecto, actualmente, el máximo tribunal está compuesto por cinco cargos, aunque uno está vacante: para cubrir el lugar que dejó libre Eugenio Zaffaroni, que renunció en diciembre último, la presidenta Cristina Kirchner propuso a Roberto Carlés. Si la Corte es llevada a 7 o 9 cargos, para dictar sentencia en cada uno de los miles de casos que resuelve el tribunal, tendrían que ser nombrados tres o cinco conjueces. Esos trámites paralizarían a la Corte y, además, el Gobierno podría filtrar a conjueces adictos al oficialismo.

Además, por ahora el pliego de Carlés encuentra muchos escollos para ser aprobado. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal denunció que Carlés mintió en su currículum y, además, si bien se graduó hace más de una década, no tiene los años mínimos de ejercicio de la profesión y tampoco tiene antecedentes en la Justicia.

El proyecto de ampliar la Corte sería el plan B del Gobierno (como informó LA NACION anteayer) y, una vez presentado, el Congreso podría aprobarlo en quince o veinte días, porque para sancionar esa ley no requiere una mayoría especial.

Por ahora, el plan A del FPV avanza con el pliego de Carlés y planea realizar una audiencia pública el 31 de este mes. Pero el jefe del bloque de senadores del FPV tiene un problema: los bloques de la oposición mantienen su postura que firmaron en diciembre y se niegan a discutir postulantes a la Corte hasta que no asuma el próximo gobierno. El oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios.

El Gobierno dice que actualmente la oposición bloquea la atribución de la Presidenta de completar la Corte. Sin embargo, la propia Constitución nacional le reconoce a la oposición la facultad de apoyar o no las propuestas del Ejecutivo. Por eso, si se traba el pliego de Carlés, el proyecto de llevar la Corte a 7 o 9 jueces podría producir varios efectos:

- El primero: sobre el trabajo de la Corte. Paralizaría por completo su actividad. Hoy, en una Corte de cinco, alcanza el voto de los cuatro jueces que la integran para dictar cualquier fallo. Pero si se elevara e incluso duplicara el número de integrantes, el peso de Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt -los tres jueces que más preocupan al Gobierno- quedaría completamente diluido.

-Además, la Corte tendría la necesidad de nombrar a cientos de conjueces para resolver miles de casos. Esto le daría al Gobierno la posibilidad de elegir conjueces amigos, especialmente a la hora de resolver los casos más delicados, como el de la ley de medios

-La diputada Elisa Carrió desconfía y aseguró que teme que el Gobierno proponga a León Arslanian y le ofrezca un cargo a la UCR.

-Pero encumbrados senadores y dirigentes de la UCR y Pro aseguraron a LA NACION que el Gobierno no los tentó con ningún ofrecimiento y aseguran que no están dispuestos a aceptar esa maniobra.

-La jugada del FPV, de todos modos, buscaría descolocar a la oposición: una cosa es no aprobar el pliego de Carlés y otra mucho más grave sería bloquear la designación de cuatro o cinco jueces nuevos, aun cuando esos nombres fuesen difíciles de digerir o no tuvieran antecedentes. Eso es lo que piensan en el Gobierno.

CARLÉS, EN LA MIRA POR LA MORA EN UNA DEUDA

Sería de unos $ 300.000; adujo que la contrajo para atender gastos de salud de su madre

El postulante a la Corte Suprema de Justicia que impulsa el Gobierno, Roberto Carlés, está demorado en el pago de una deuda de al menos 300.000 pesos, contraída con un banco privado. Según el registro del Banco Central, actualizado a enero último, dicha deuda se halla en la categoría 2, es decir, “con seguimiento especial, riesgo bajo”.

Los datos del Banco Central dan cuenta de una deuda superior, del orden de los 486.600 pesos. Consultado por LA NACION, Carlés explicó que el monto de deuda, contraída con tarjeta de crédito y un préstamo personal, se redujo en estos dos meses a algo más de 300.000 pesos.

“Lamentablemente me he endeudado en la segunda mitad del año pasado en razón de los gastos que asumí por la enfermedad de mi madre, que falleció en diciembre pasado -señaló Carlés-. Actualmente estoy reuniendo la documentación necesaria para iniciar la sucesión de mi madre, que una vez realizada me permitirá cancelar esas deudas”.

El pliego de Carlés ya ingresó en el Senado y el 31 de este mes se realizará la audiencia pública en la que el joven abogado deberá defender su postulación, en reemplazo del renunciante Eugenio Zaffaroni.

Para su aprobación se requieren los dos tercios de los senadores presentes en el recinto, pero la oposición ya anticipó su rechazo.

“Carlés no reúne los requisitos de idoneidad necesarios para ocupar un sitial en la Corte Suprema”, enfatizó el senador y jefe del radicalismo, Ernesto Sanz.

Una de las principales críticas que se le formulan a Carlés es que no cumple con el requisito de ocho años de ejercicio profesional que prescribe la Constitución nacional. Además, la oposición le achaca su férreo alineamiento con el kirchnerismo; de hecho, entre quienes adhirieron a su postulación figuran agrupaciones oficialistas como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y miembros de Justicia Legítima.

En cambio, Carlés recibió severos cuestionamientos de los principales referentes forenses del país, como la Academia Nacional de Derecho, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Colegio de Abogados de la ciudad.

viernes, 13 de marzo de 2015

TURQUÍA, LA PIEZA QUE NO ENCAJA EN OCCIDENTE PERO LOS ESTADOS UNIDOS Y SUS SOCIOS EUROPEOS NECESITAN



12 de marzo de 2015

















Turquía es una pieza fundamental en Oriente Medio, dada su situación geoestratégica entre Asia y Europa, pero todavía quedan serían dudas acerca de su compromiso sincero con los valores que encarna Occidente.

Los recientes acontecimientos en Oriente Medio, sobre todo debido a la disolución del Estado iraquí y la irrupción del Estado Islámico en la región, han llevado a una nueva revalorización geoestratégica del papel de Turquía, tanto a nivel regional como en lo que significa para la Occidente. Sin la ayuda de Turquía, junto con otros actores regionales, como Irán y el debilitado gobierno de Bagdad, será muy difícil derrotar a los fanáticos fundamentalistas que decapitan impunemente a “infieles” y siembran el terror en todos aquellos territorios que caen en sus manos. Por no hablar de su brutalidad, e ignorancia, a la hora de destruir conjuntos históricos de un valor incalculable.


La OTAN sigue necesitando de Turquía en esta zona del mundo, es una base de aprovisionamiento militar estratégicamente situada en la primera linea de frente en Oriente Medio, toda vez que los Estados Unidos y sus aliados europeos no tienen aliados creíbles y serios en la región. Si exceptuamos a Israel, Occidente tiene escasos amigos a la hora de poder diseñar una estrategia regional que compartan todos los actores implicados en los problemas que se presentan  en esta parte del mundo.

A la división religiosa existente, sobre todo entre sunitas y chiítas que dramáticamente se enfrentan en Irak, Siria y también en Líbano, hay que añadir las diferencias políticas entre los que mantienen una visión teocrática del Estado, como Arabia Saudí e Irán, y los que todavía guardan las formas, al menos aparentemente, laicas, como podrían ser los casos de Líbano, Siria y la misma Turquía. Las divisiones políticas y religiosas, para añadir más complejidad a los conflictos abiertos, son transversales y atraviesan a todos los países de la zona.

ESTÁ NACIENDO UN NUEVO MAPA DE ORIENTE MEDIO


Además, asistimos en estos días al final de unas lógicas políticas y militares que fueron impuestas por las metrópolis colonizadoras, pero especialmente Francia y Gran Bretaña, en Oriente Medio. En los acuerdos Sykes-Picot, firmados por estos dos países el 16 de mayo de 1916, las dos potencias acordaron dividirse los territorios de Oriente Medio una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Françcois Georges-Picot, por Francia, y sir Mark Sykes, por la Gran Bretaña, acordaron una mapa en donde quedaba fijada la subordinación de Siria y un ficticio Líbano creado para no satisfacer los apetitos territoriales de los sirios a los franceses y el resto, pero sobre todo lo que se conocía como Irak hasta ahora e Irán, quedaría bajo dominio británico.

Las primeras consecuencias de estos cambios que se avecinan, provocados sobre todo por las errática intervención de los Estados Unidos en Irak -secundando por algunos aliados europeos, todo hay que decirlo-, es la desaparición del Estado iraquí, que quedaría seguramente conformado por tres entidades territoriales: un Estado kurdo, un gobierno de Bagdad cada día más plegado a los intereses de los chiítas e Irán y una zona bajo control sunita que hoy está en manos del Estado Islámico pero que un futuro podría devenir en un suerte de “Estado” independiente de facto.

En una situación tan volátil como la que estamos viviendo, en que los escenarios cambian y aparecen nuevos enemigos como de la nada, la posición de Turquía ante estos acontecimientos es de vital importancia para los intereses occidentales. Irán también se revaloriza, pero a falta de que se resuelva el contencioso nuclear entre Teherán y las grandes potencias, algo que se definirá antes de julio, no parece que vaya a haber una mejora sustancial en las relaciones con este país.

LOS DILEMAS FRENTE A TURQUÍA


Pese a este contexto tan crítico para Occidente, pero también para una zona del mundo que asiste a un cambio de paradigmas, Turquía se constituye para los occidentales, pero especialmente para los Estados Unidos y sus socios europeos, en un aliado fundamental a la hora de desarrollar una estrategia regional que pueda tener éxito y dote de estabilidad a Oriente Medio.

Sin embargo, hay que anotar que en los últimos años Turquía no ha dado muestras de querer avanzar en la resolución de los conflictos con sus vecinos y que el actual líder del país, el presidente Recep Tayyip Erdogan, se ha mostrado más nacionalista que sus antecesores. Basta solo anotar que el problema kurdo, enquistado desde hace ya más de tres décadas y que ha costado unas 50.000 víctimas, sigue sin ser resuelto y sin que las dos partes, el Estado turco y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), hayan firmado un acuerdo; que Turquía sigue ocupando el 37% del territorio de Chipre que invadió ilegalmente y que se opone a negociar con Nicosia la resolución política del problema; y, finalmente, que se niega a reconocer el genocidio armenio perpetrado por las autoridades turcas, entre fines del siglo XIX y 1923, y en el cual murieron aproximadamente dos millones de armenios.


Incluso, en una muestra de que el burdo nacionalismo turco sigue presente, Turquía llegó a querer opacar la celebración del cien aniversario del genocidio armenio (1915-2015), que se realizará en Yereván este año el 24 de abril, intentando celebrar ese mismo día su victoria en la batalla de Galipoli, en un hecho bastante ruin y poco afortunado. El problema reside en que la nueva Turquía que fundara Mustafá Kemal Atatürk sobre las ruinas del Imperio Otomano se hizo sobre una base  monoétnica, excluyente con respecto a las minorías étnicas y religiosas, con un notable déficit democrático y claramente expansionista con respecto a sus vecinos. Este discurso, con un componente rayano en el racismo y en el odio hacia el diferente, sigue prevaleciendo, en cierta medida, en la política turca y es el que impide avances en la resolución de los problemas con sus vecinos. Y que convierte a Turquía en un elemento, a la larga, de inestabilidad regional. Sin hacer frente adecuadamente  a los dilemas antes descritos, Turquía seguirá siendo un aliado de la OTAN, los Estados Unidos y la Unión Europea en esta parte del mundo pero más por razones coyunturales que porque comparta los valores democráticos de Occidente. Se impone, simplemente, la realpolitik.

Ricardo Angoso
Periodista español

NEPOTISMO A LA NICARAGUENSE



CARLOS SALINAS

Managua 9 MAR 2015 - 04:32 CET

El poder queda en familia Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha nombrado canciller a su esposa, y asesores a cuatro de sus hijos















El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asistió a finales de enero a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Costa Rica, acompañado de una comitiva familiar. Para el evento el mandatario había nombrado a su mujer, Rosario Murillo, como “canciller en funciones de Nicaragua”, y a dos de sus hijas, Camila y Luciana, como asesoras presidenciales, mientras que el mayor, Rafael, asistía con rango de ministro.

Con este viaje familiar el mandatario, llamado Comandante Ortega en Nicaragua, dejaba en evidencia a nivel internacional una de sus prácticas comunes desde que regresó al poder en 2007, el nepotismo como política de Estado.


Desde que asumió la presidencia, tras casi dos décadas en la oposición, Ortega nombró a su esposa como vocera del Gobierno, a cargo del pomposo Consejo de Comunicación y Ciudadanía, cuyas funciones van desde el manejo de la publicidad estatal, el control de la información pública y los medios de comunicación, la administración del día a día del Estado (Murillo pone y quita ministros), el manejo de las campañas electorales del Frente Sandinista (el partido gobernante, dominado por la familia Ortega), la organización de los eventos públicos del Presidente, el recibimiento de visitas oficiales extranjeras..., hasta el manejo de emergencias nacionales, como sucedió el pasado abril, cuando una serie de fuertes sismos sacudieron el país. Con su nuevo nombramiento, la primera dama parece dispuesta a dictar hasta la política exterior de Nicaragua, en detrimento del canciller oficial, el sandinista Samuel Santos.

El empresario chino, Wang Jing es recibido
por Laureano Ortega Murillo

El mandatario nicaragüense cuenta con una lista de 24 asesores presidenciales, entre los que destaca —además de Luciana, Camila y Rafael— su hijo Laureano Ortega Murillo, asesor para inversiones y quien estuvo a cargo de contactar al empresario chino Wang Jing para negociar la concesión para la construcción de un Canal Interoceánico en Nicaragua.

Ha sido Laureano Ortega quien ha encabezado las delegaciones presidenciales a China y Rusia, dos de las potencias emergentes con las que Daniel Ortega coquetea.

Rusia ha prometido a Nicaragua apoyo militar para combatir el narcotráfico, además de ayuda alimentaria y cooperación técnica.

Con sus decisiones, el mandatario se salta la Constitución.

Para los analistas, la decisión de Ortega de nombrar a esposa e hijos para cargos públicos, violando la Constitución y las leyes de probidad del país, se enmarca en una larga tradición de nepotismo que nació con la conquista española, y que alcanzó su máxima expresión durante la dinastía somocista, cuando el poder se pasó, durante más de 40 años, de padre a hijo y se repartió entre hermanos.

“Es una práctica que se hereda desde la época colonial. Pedro Arias de Ávila, primer gobernador de Nicaragua, se las ingenió para que lo sucediera su yerno, Rodrigo de Contreras”.

Carlos Tünnermann

“El nepotismo era parte del sistema colonial”, explica el analista político Carlos Tünnermann. “El vicio del nepotismo forma parte de la cultura política nicaragüense, una cultura atrasada. Los mandatarios ven al poder como cosa patrimonialista, y no ven mal que se aprovechen de eso sus mismos parientes”, añade.

Azahalea Solís

Con el nombramiento de sus hijos como asesores y de su esposa como vocera del Gobierno y como canciller, el presidente Ortega viola la Constitución de Nicaragua, recientemente reformada por él para permanecer en el poder indefinidamente. Azahalea Solís, experta en temas constitucionales, afirma que Ortega ha violado el artículo 130 de la Constitución, que establece que los funcionarios públicos, incluido el presidente, no pueden nombrar en cargos del Estado a sus familiares.

Solís explica que Ortega, además, violó el artículo constitucional 138, que determina que el nombramiento de un ministro debe ser ratificado por la Asamblea Nacional, lo que en el caso de Murillo no ocurrió. “La de Ortega es como una monarquía feudal, absolutista”, dice Solís.

Las voces críticas ven en su política una reedición del somocismo.

diputado Eliseo Núñez

El diputado Eliseo Núñez, del opositor Partido Liberal Independiente, asegura que al nombrar a sus familiares Ortega también viola la Ley de Probidad de Funcionarios Públicos de Nicaragua, “que establece una prohibición expresa de que familiares de funcionarios tienen vedado ocupar cargos públicos”. “Parece que en Nicaragua estamos volviendo a parir una nueva dinastía. Ortega nos dice ‘Mi familia es la familia del poder’, por lo que se ve que aquí la sucesión familiar ya está muy encaminada. Esta es una reedición del somocismo”, critica el diputado.

Ortega controla la mayoría parlamentaria, por lo que es difícil que la oposición en la Asamblea Nacional pueda exigir una explicación por una política que deja el poder en familia. Lo que más preocupa a los analistas es la imagen internacional negativa que Ortega deja de Nicaragua.

Rubén Berríos

En la pasada cumbre de la CELAC el presidente nombró al independentista puertorriqueño Rubén Berríos como su representante en una reunión privada que mantendrían los presidentes, lo que hizo que el mandatario costarricense, Luis Guillermo Solís, diera por terminada la cumbre. A Berríos se le entregó un pasaporte nicaragüense y Ortega lo nombró como su asesor en “políticas internacionales en materia de descolonización”, violando las leyes de nacionalización nicaragüenses. “Quedó en evidencia frente a los presidentes de América Latina el nepotismo de Ortega y el hecho de que no respeta ninguna ley”, lamenta Tünnermann.


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

FRANCISCO: "A VECES ME HE SENTIDO USADO POR LA POLÍTICA DE MI PAÍS"

A dos años de asumir como Papa, el Pontífice argentino se refirió a los dirigentes que viajan a Roma por la foto

Crédito: AFP

El papa Francisco brindó un extenso reportaje a la cadena mexicana de televisión Televisa. Allí una vez más repasó la polémica por la frase que generó el enojo de los aztecas cuando habló de la “mexicanización de la Argentina”. El Pontífice explicó que un amigo suyo, el legislador porteño Gustavo Vera, le había enviado un mail manifestando su preocupación por el avance de las mafias del narcotráfico. Como respuesta a ese escrito, Francisco utilizó el término “mexicanización”, que generó algún malestar diplomático del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La periodista mexicana Valentina Alazraki interpeló al prelado argentino. “¿Usted no les dice que esta correspondencia es privada?”. Y Francisco contestó: “Este amigo mío me contestó pidiendo perdón, que me juraba y me re juraba que nunca más lo iba a publicar”.

“¿Sigue siendo su amigo?”, acotó Alazraki. El Papa contestó: “Y sí... Porque además lo hizo como diciendo hasta el Papa está luchando contra la droga, ¿no? Es verdad que el hecho de tocar un tema delicado, no cierto, me puede dar consecuencias. Pero lo tengo que decir, a veces yo me he sentido usado por la política del país. Políticos argentinos que pedían audiencia...”.

Los dichos del Pontífice surgen de la transcripción de la entrevista que publicó el Vaticano. El video que publicó Televisa en su canal oficial de YouTube fue editado y no contiene el fragmento en el cual Francisco alude a los políticos argentinos que suelen ir a visitarlo a Roma.
 

No es la primera vez que el Papa manifiesta su malestar con algunos políticos que van al Vaticano a buscar la foto. Meses atrás, en una entrevista concedida a la periodista de La Nación Elisabetta Piqué, Francisco había dicho que iba a dejar de recibir a los dirigentes que viajan para buscar rédito político de la imagen del obispo de Roma.


Francisco bromeó con respecto a la personalidad de los argentinos. Los calificó como “engreídos” e hizo una broma que despertó algunas risas en su entrevistadora. “¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? Se sube arriba de su ego y se tira para abajo”, repasó. Más allá del chiste, el Papa dejó una frase que podría tener varios destinatarios en su país natal: “Los argentinos cuando vieron un Papa argentino se olvidaron de todos los que estaban a favor o en contra de él. Y los argentinos no somos humildes, somos muy engreídos”.

jueves, 12 de marzo de 2015

DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE ENFERMOS NEGADOS A LOS SOLDADOS PRESOS POLÍTICOS


Señor Director:

Recientemente familiares de presos llamados de “lesa humanidad”, han tomado conocimiento de una directiva del  Ministro de Salud que prohíbe la atención de estos enfermos en los hospitales militares. Llama la atención la ligereza -quizás por cierta suposición de impunidad-  con la que  un funcionario de alta jerarquía incurre a nuestro parecer en una flagrante violación a los derechos humanos, más específicamente derechos de los enfermos, los que incluyen la libre elección del profesional y/ o institución en la cuál atenderse.

Cabe agregar como singular agravante, que la negación de atención en estos institutos que son prestadores de las obras sociales militares, constituye una clara discriminación,  no conociéndose prohibición de atención  de este tipo (de acceder a un prestador determinado) a ningún afiliado a obra social alguna.

No sería  precisamente una muestra de autoridad ni de  valentía el ensañamiento con las personas más vulnerables de la sociedad: presos, enfermos, y en su mayoría ancianos.

Las autoridades de los hospitales y otras instituciones de salud no deben olvidar las obligaciones que como tales les corresponde, y recordar que el concepto castrense de “obediencia debida” no es exculpatoria de la comisión de un delito.

Creemos que la justicia, más temprano que tarde, deberá intervenir en este tema que tanta angustia agrega a personas enfermas privadas de su libertad y a sus familias.

Antonio Asencio
antonioasencio1968@gmail.com

MI OPOSICIÓN AL NOMBRAMIENTO DEL DR. ROBERTO CARLÉS COMO MIEMBRO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 


Señor Ministro de Justicia de la Nación
Dr. Julio Alak
S/D

Sr. Ministro el PE ha propuesto como candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Dr.  de acuerdo a la manda constitucional.

Como un  simple ciudadano vengo a ejercer el derecho que me corresponde para oponerme a dicho nombramiento por las razones que detallaré a continuación:

INTRODUCCIÓN

La Corte Suprema tiene entre sus funciones la responsabilidad política de control de los actos de los otros poderes como función integradora del sistema republicano y para ello requiere que sus integrantes posean título de abogado, con versación en la ciencia del Derecho, experiencias de vida y sobre todo ejercicio de la abogacía en forma extensa e intensa, claramente demostrable.

Este control de constitucionalidad es la mejor forma de poner en salvaguardia la supremacía de la Constitución Nacional dado que la misma guarda todos los derechos y garantías a que tienen derecho todos los habitantes de nuestro país.

Por ello el nombramiento de un juez para la Corte Suprema debe tener en el mejor de los casos consenso social y político debido a que la persona a designar debe poseer cualidades y por sobre todas las cosas estar exenta de reproches.

El Decreto Nº 222/2003 posibilita a distintos sectores sociales a emitir la opinión acerca del candidato propuesto por el PE.

El artículo 2º del citado decreto señala:  “…déjase establecida como finalidad última de los procedimientos adoptados, la preselección de candidatos para la cobertura de vacantes en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en un marco de prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función…”

De los antecedentes publicados del Dr. Roberto Carlés no surgen antecedentes de reconocida trayectoria, como señala la norma previamente aludida. Tampoco cumple la propuesta con el objetivo que señala el artículo 3º del decreto indicado cuando dispone que la designación debe: “…posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional, en el marco de la idea de representación de un país federal…”

ANTECEDENTES DE GRADO DEL POSTULADO

Del análisis de las materias aprobadas para obtener el título de abogado, no se mencionan las calificaciones ni el promedio conseguido por el candidato.

Respecto de los estudios de posgrado y doctorado no se encuentra convenientemente explicado como el Dr. Roberto Carlés pudo haber obtenido dos doctorados en derecho en dos universidades ubicadas en Italia y otra en Guatemala entre los meses de abril y julio de 2012. Por lo general se requiere un mínimo de dos años mínimos de cursado de materias del doctorado, asistencia mínima, monografías, tesinas, investigaciones, trabajos personales y compartidos, preparación y defensa de tesis. Amerita una explicación por el escaso lapso de tiempo entre ambos doctorados y la distancia entre las dos casas de altos estudios (una en Centroamérica y la otra en Europa). Aprobó seis de los nueve cursos de posgrado informados entre 2006 y 2008 que, de acuerdo a las horas cursadas, no hubiera podido el Dr. Carlés realizar otras tareas. La calificación de haber realizado trabajos “inéditos” impide evaluar su calidad científica y su contenido.

ANTECEDENTES ACADÉMICOS

El postulado ostenta como única actividad docente ejercida el de auxiliar docente cargo obtenido por concurso de oposición y antecedentes en la Cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal bajo la dirección del Dr. Eugenio R. Zaffaroni con el que el candidato guarda una estrecha vinculación académica según su CV. No fue jefe de trabajos prácticos, ni profesor adjunto, asociado ni titular, por lo cual no puede dictar en soledad materia alguna.

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS ACADÉMICOS

La participación en congresos, conferencias, etc. El Dr. Carlés las define como “eventos” aclarando que su participación ha sido en carácter de ponente, expositor invitado y conferencista. Dichas actividades no pueden considerarse previo a la obtención del título de abogado y su matriculación legal, en tanto que era un estudiante de la carrera de abogacía y no un abogado. Es llamativa la actividad desplegada por el Dr. Carlés en el año 2014 dado que entre marzo y noviembre de 2014 participó en 40 jornadas. Al respecto cabe acotar que existen superposiciones de fechas o ubicación anormal geográfica. Llama poderosamente la atención que en un congreso celebrado en Grecia en 2003 (no siendo abogado), el candidato haya expuesto y participado en 59 temas vinculados a temas variados no ya del derecho sino de relaciones internacionales del mundo actual.

ANTECEDENTES LABORALES

El Dr. Carlés en este aspecto no cumple con lo dispuesto como requisitos el artículo 5º del Decreto 222/2003 que lo obliga a presentar: “…nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes contratistas de por lo menos los últimos ocho años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes…” El CV del Dr. Carlés no permite visualizar cuales fueron sus medios de vida o tareas remuneradas, cuestión que deber ser específicamente evaluada de acuerdo a lo que informe la AFIP en los términos del Decreto Nª 222/2003.

El candidato propuesto manifiesta que actúa como coordinador y asesor del Dr. Zaffaroni de acuerdo al acto de designación por Decreto 678/2012 como si fueran dos cargos diferentes. Además dice desempeñarse como asesor del Senado de la Nación desde 2012 hasta la fecha, pero ninguna de las tareas que realiza en tal carácter se relacionan con el derecho o temas jurídicos. Tampoco se conoce el horario en que se desarrollan las tareas. Debemos recordarle Sr. Ministro que el C.P.A.C.AB.A. ha negado el desempeño como asesor en dicha entidad profesional  del Dr. Carlés. La intensa actividad desplegada por el Dr. Carlés realizando cursos , jornadas, conferencias, etc, permiten sospechar que el Dr. Carlés no trabaja desempeñándose como abogado.

No existen antecedentes de actuación del Dr. Carlés tramitando expedientes judiciales en carácter de abogado, no existen antecedentes de actuaciones del Dr. Carlés en recursos, defensas, apelaciones propios de las tareas de abogados. Tampoco existen antecedentes de recursos ordinarios o extraordinarios o de hecho ante la Corte Suprema.

No menciona tener clientes. No ha litigado como patrocinante, apoderado o defensor de persona alguna.

No tiene conocimiento alguno de los Tribunales, su funcionamiento y su características.

Desconozco si está o no matriculado en el C.P.A.C.A.B.A.

Resulta grave que no haya ejercido la profesión de abogado y el ejercicio profesional de la abogacía no puede justificarse con la sola concurrencia a 130 jornadas, congresos y conferencias en calidad de estudiante de derecho, porque ello no resulta a la hora de elegir un miembro de la Corte Suprema.

Ello determina en mi modesta opinión que el Dr. Carlés no reúne los requisitos previstos por el artículo 111 de la Constitución Nacional que dispone imperativamente que ninguno podrá ser miembro de la Corte Suprema sin ser abogado  con ocho años de ejercicio.
  
En virtud de lo expresado en párrafos anteriores e invocando el derecho de peticionar establecido en la Constitución Nacional por el artículo 14, solicito se reflexione sobre la necesidad de preservar la institucionalidad jurídica y moral de la Corte Suprema retirando el pliego del Dr. Roberto Carlés, ello en defensa de la República.
  
Saludo a V.S. con la consideración más distinguida.

Dr. Mario Brodsky