"Más
que la civilización, la Justicia es la necesidad del pueblo".
Pietro
Colletta
Esa sensación me
embarga, como le sucede a muchos, desde que nada menos que Amado Boudou, el ex
Vicepresidente que se convirtió en tal cuando sugirió a Cristina Elisabet
Fernández apoderarse de los ahorros de quienes habían optado por el sistema de
capitalización previsional, fue excarcelado mediante el pago de una multa
insignificante, sólo cuatro meses después de haber sido condenado a cinco años
de prisión por corrupción, pese a tener otros cuatro procesos pendientes. Sólo
veinticuatro horas después, su cómplice en el robo de la máquina de fabricar
nuestro dinero, José María Núñez Carmona, recibió el mismo privilegio.
Así, una vez más, la
Justicia se cubrió de mugre, dando la razón a quienes tan poco confían aquí en
ella, que debiera ser garantía de igualdad y de inexistencia de privilegios de
todos los ciudadanos. La mayoritaria indignación social provocada por el fallo,
sin embargo, no generó una masiva manifestación de rechazo, tal como nos tienen
acostumbrados la izquierda vernácula y sus circunstanciales aliados para
imponer a autoridades y legisladores sus deseos por los métodos más violentos,
pese a lo menguado de su caudal en las elecciones; evidentemente, nada nos
conmueve lo suficiente a los demás como para salir a la calle a reclamar que se
cumpla con la Constitución.
Recuerdo que, en las
competencia electoral de 1983, Raúl Alfonsín e Italo Luder lograron, sucesivamente,
concurrencias que superaron largamente el millón de personas en la Avda. 9 de
Julio y que, cuando Carlos Menem quiso privatizar las empresas del Estado,
quienes se oponían a esa política llenaron la Plaza de Mayo; pero
espontáneamente también, otros argentinos, se movilizaron para manifestar su
vocación por achicar el gasto público, superando ampliamente a aquéllos. Es
evidente que, como diría Leopoldo Lugones, nos hemos empequeñecido de corazón
y, en cambio, desarrollado un cómodo tejido adiposo, que nos impide actuar a
favor de nuestros intereses sociales, si ello implica asumir graves riesgos
como, por ejemplo, perdernos un partido de fútbol por televisión.
Es cierto que el
fallo que condenó a parte de la banda (los verdaderos responsables aún no se
han sentado frente a los jueces) todavía no está firme, ya que puede ser
apelado ante Casación y, muy probablemente, llegue a la Corte Suprema, pero
estos tránsfugas estaban ya en prisión porque, claramente, podían interferir en
la investigación -una de las razones que justifican la privación de la
libertad; la otra, el riesgo de fuga- de la conducta de otros importantes
miembros de esa asociación ilícita: vgr. Jorge Brito y Gildo Insfrán.
Si bien Boudou ya no
es funcionario, la administración pública y hasta el Poder Judicial están
llenos de quintacolumnistas enterrados por el kirchnerismo como minas
antipersonales, y todos ellos están dispuestos a pagar los favores recibidos
con acciones que favorezcan política y judicialmente a los saqueadores o con
omisiones que traben el desempeño del Gobierno.
Pero lo que más
sorprende de este período, en el cual muchos cifrábamos esperanzas con relación
a la situación de los únicos presos políticos de esta democracia falluta, es la
cotidiana doble vara que aplican todos, desde los jueces prevaricadores hasta
los funcionarios encaramados en cargos relacionados con el tema, como el
Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Éste continúa no sólo
protegiendo el negocio de quienes tanto han lucrado sino, mucho peor aún,
impulsando estas inicuas persecuciones a través de los fiscales que le son
adictos.
Porque nadie puede
sostener hoy que, a más de cuarenta años de los hechos, los militares detenidos
en inmundas mazmorras puedan tener alguna influencia sobre las presuntas
pesquizas y, menos aún, evadir la acción persecutoria fugándose. A pesar de
eso, y como lo demostró la Corte hace una semana, para ellos no rige ningún
derecho constitucional, como la irretroactividad de la ley penal o el principio
de inocencia, así como tampoco los máximos plazos legales en materia de
prisiones preventivas, en todos sus casos vencidos hace años.
Pero no es sólo culpa
de jueces o funcionarios: la sociedad entera convalidó con su silencio la
represión de las organizaciones terroristas hasta su aniquilamiento, ordenada
por el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, ya que estaba harta
de la violencia de los asesinatos del ERP y Montoneros, llamó unánimemente
-peronistas incluidos- a los militares para que, en marzo de 1976, la
desalojaran de la Casa Rosada por la inoperancia de su gobierno, el caos
administrativo y el clima de guerra civil que las acciones de la Triple A
habían generado.
Hoy, esa misma
sociedad mira para otro lado e ignora el tema, porque ha elegido a estos dos
mil veteranos de tantas batallas para que carguen solos con la pretendida culpa
de todos, tal como sucedió tantas veces en la historia de la humanidad. Sobre
esas dos mil cabezas, el conjunto depositó sus presuntos pecados colectivos y,
si purgarlos requiere hasta de sus vidas, lo considera un precio razonable que,
pagado, impida que nadie más pueda culpar al resto de los argentinos. ¡Qué
actitud hipócrita, miserable y cobarde!
He debido, por
razones profesionales, la reunión fundacional del P.A.D. hasta febrero; le haré
saber el lugar y la fecha con anticipación. Hasta la semana próxima.
Asunción, 15 Dic 18
Enrique
Guillermo Avogadro
Abogado
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
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