Este 1° de diciembre
se cumplieron 42 años del atentado que sufrió la familia Viola en la provincia
de Tucumán. El capitán Humberto Viola y una de sus hijas, María Cristina, de
tres años, fueron asesinados por terroristas del ERP como parte de la guerra
revolucionaria que habían emprendido contra la Argentina. Otra de sus hijas,
Fernanda, fue herida de bala en la cabeza. Fueron necesarias ocho operaciones
para salvarle la vida y devolverle precariamente la salud. Sus asesinos están
todos libres. Por el crimen fueron condenados sus autores materiales, Francisco
Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Núñez y
Miguel Norberto Vivanco; más tarde dejados en libertad durante el gobierno de
Alfonsín mediante una ingeniería política llamada "3x2" que conmutaba
sus días de cárcel en esa proporción si habían sido cumplidos durante el
gobierno militar. El resto de los integrantes del pelotón que atentó contra la
familia Viola ya había sido indultado por el presidente Bignone mediante el
decreto 2714/83. Hoy, los asesinos condenados y confesos de la familia Viola,
son querellantes en el vergonzoso juicio contra el Operativo Independencia en
la provincia de Tucumán. Los asesinos son los querellantes.
Este recuerdo
pretende ser un homenaje a la viuda del capitán, Maby Picón, que salió adelante
con el resto de sus hijas, sin ayuda del Estado, ni de ningún organismo de
derechos humanos de la Argentina ni del mundo.
El concejal Andrés
Suriani aseguró que la demolición del monumento se trató de un error histórico.
Además dejó en manos del Ejército Argentino los pasos a seguir. “Los habían tratado casi de genocidas, pobre
soldados”, enfatizó.
En la última sesión
del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta se aprobó, por mayoría
abrumadora, la resolución que deroga a la 37/12. Esa vieja resolución había
dispuesto la demolición del monumento al Combate de Manchalá que se erigía en
tierras del ejército en nuestra provincia. El Centro de Estudios Salta viene
trabajando fuertemente para que esto ocurra, desde la promulgación de la
resolución derogada, allá en el año 2012. El instrumento aprobado es el
elemental e imprescindible desagravio al puñado de soldados salteños que
enfrentaron, heroicamente, a una fuerza terrorista diez veces superior en la
provincia de Tucumán. El 28 mayo de 1975, alrededor de las cinco de la tarde,
doce soldados de la Compañía de Ingenieros 5 de Salta, que pintaban la escuela
de Manchalá, fueron ametrallados por sorpresa, en un intento de aniquilamiento,
por una columna del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo).
La valentía, la
defensa de la propia vida y la del compañero, además de la fortuna, hicieron
que luego de un combate que se sostuvo hasta entrada la noche, sobrevivieran y
frustraran la toma de Famaillá, objetivo final de los subversivos.
Por orden de la
presidente Isabel Perón, los soldados se encontraban allí para defender el
gobierno constitucional, la integridad del territorio nacional y el Estado de
Derecho. Demás está decir que cumplieron con creces su función y esa, y no
otra, fue la motivación para que se erigiera el monumento al Combate de
Manchalá en la ciudad de Salta, origen de los héroes hoy desagraviados pero
nunca olvidados.
La tremenda carta de
un militar a los Generales argentinos
Dic 1, 2016
Generalmente,
respecto de la cuestión “Juicios de Lesa Humanidad”, suelen oírse reproches
hacia el presidente de la Nación, hacia los políticos en general y hacia los
diversos organismos de Derechos Humanos, todos ellos cómplices (tanto por
acción u omisión) del actual orden de cosas. Pero prácticamente nunca se ha
generado un cuestionamiento al curioso silencio nada menos que de los actuales
generales de las distintas armas del Ejército Nacional. Por este motivo cobra
especial relevancia la carta que a ellos dirige el Suboficial Mayor (R) Juan
Armando Giovarruscio. Sabrá el lector digerir e interpretar las duras
expresiones que siguen a continuación y que, aunque pocas veces han sido
pronunciadas, seguramente reflejarán el sentir de miles de familias argentinas.
En mi calidad de
Suboficial Mayor Retirado del Arma de Infantería, prisionero del estado
argentino, detenido ilegítimamente, procesado, con ya casi cuatro años de
prisión preventiva, me nace la inquietud de hacerles llegar estas líneas.
Me dirijo a todos los
Generales en actividad tras haberlo hecho en su momento y en particular con los
señores Jefes de Estado Mayor Gral. César Milani y Luis Cúndom, sin haber
obtenido ninguna respuesta. ¿Por qué será así?
Particularmente, a mí
se me acusa de haber violado, siendo suboficial –sargento– los derechos humanos
hace 38 años. Todo esto… sin absolutamente ninguna prueba.
Al requerir por mi
parte quién me acusa y qué pruebas existen en mi contra, el “juez subrogante” (NO JUEZ NATURAL)
Eduardo Ariel Puigdéngolas, me manifestó: “A usted no lo acusa ninguna persona, pero
usted estuvo en San Rafael” (?), lo cual deja en evidencia tanto la
completa falta de imparcialidad como el hecho de que ya tenía una decisión
tomada y que era inútil la etapa de instrucción.
Es decir, las “pruebas contundentes” que pesan sobre
mí y que me convierten en delincuente son:
·Haber pertenecido al Ejército y estar
destinado entre los años 1976/1980 en la Sección 144 “San Rafael”.
·Poseer la Aptitud Especial de
Inteligencia y Comando.
·Poseer la Aptitud Especial de Comando.
En virtud de tamañas
arbitrariedades, hoy insisto en dirigirme a ustedes dado que me resisto a
creer, o mejor dicho no puedo entender, cómo es posible que a 39 años de haber
librado un combate contra fuerzas irregulares (entrenadas en el exterior), que
tenían como objetivo eliminar un millón
de argentinos para instalar el marxismo en el país, hoy seamos prisioneros de
aquel enemigo (más de dos mil detenidos y casi 400 muertos en cautiverio);
¿cómo es posible que a esta altura de los acontecimientos y a casi diez años de
reiniciarse un plan de venganza denominado “política
de Estado”, la conducción de las FF.AA. aún continúen comprando el relato
de que cometimos un genocidio y violamos los DD.HH.? Sí… sí… hubo hechos de
exceso. Pero ello fue la excepción. La
misión sublime de salvar a la sociedad argentina de las garras del
totalitarismo se cumplió tal cual lo ordenaron.
Me sorprende la falta de dignidad ante los muertos,
heridos y prisioneros que se encuentran abandonados en el ocaso de sus vidas.
Hace casi cuarenta
años yo era Sargento, por lo tanto, ustedes bien saben que los suboficiales no
tuvimos la mínima posibilidad de planificar, decidir y menos aún ejecutar
ninguna acción que no estuviera debidamente ordenada de acuerdo a las leyes y
reglamentos militares.
“Entregué lo mejor de mi vida al Ejército y a la Patria”
Hoy, luego de varios
años de injusto e ilegal presidio, puedo afirmar:
·El Ejército me entregó para redimir “su culpa”. Para ello facilitó mi legajo
a las organizaciones de DD.HH. y al CELS, que preside Horacio Verbitsky.
·Se viola la Constitución Nacional,
principalmente los artículos 18, 27, 75 inc. 22.
·Se invierte la carga de la prueba.
Para lograr detenerme se ha realizado un montaje judicial que pretende hacer
creer que somos peligrosos para la sociedad y que por ello el Estado “hace justicia” al apresarnos.
·Se ha destruido el sistema de derecho
al incorporar teorías extrañas al mismo, cargadas de odio, y sólo nos juzgan a
nosotros, mientras a los terroristas los distinguen con cargos públicos.
·Se violan, mediante una interpretación
sesgada, los Tratados Internacionales como el Tratado de Roma, el Pacto de San
José de Costa Rica, etc.
·Se juzga con una justicia de doble
estándar (por ejemplo, “yo, preso; Milani
libre”).
·No se juzga con el Código de Justicia
Militar. Nos cambiaron todas las reglas de juego. Jueces que no son los
naturales, tribunales especiales, construcción de la memoria respecto de hechos
falsos…
No puedo creer que
las FF.AA. continúen indiferentes ante tamaña injusticia, haciendo pagar a los
cuadros subalternos una fiesta en la cual no tuvimos la más mínima posibilidad
de decidir. No puedo entender cómo la
conducción de las FF.AA. permanece impasible ante las violaciones de la
Constitución Nacional y Tratados Internacionales. (Es lo que percibo desde
el cautiverio). No estoy sugiriendo ningún hecho de violencia, tal como se
hacía en otras épocas. Me sorprende la falta de dignidad ante los muertos,
heridos y prisioneros que se encuentran abandonados en el campo de batalla, más
cuando esos muertos, heridos y prisioneros… están en el ocaso de sus vidas.
No observo un solo
gesto de contención, comprensión o solidaridad, ya no con los presos, pero al
menos con los familiares, dado que son quienes más sufren.
Por otra parte, aún está la sangre pegada en las paredes y
los restos esparcidos por las calles solitarias, los barrios y los cuarteles, allí
mismo donde cayeron nuestros camaradas bajo las balas asesinas y traicioneras
del terrorismo.
No me voy a detener
en describir todas las violaciones e ilegitimidades a las cuales estamos
sometidos, dado que ya es público y notorio y está al alcance de todo aquel que
se interese.
“Ni siquiera se acercaron a nuestras familias para ver
si necesitaban algo”
Quiero expresarles,
además, porque es probable que aún no lo hayan percibido, que los más de 2000
prisioneros (sin olvidar los casi 400 muertos) permanecemos moralmente enteros.
El Estado “enemigo” argentino no ha podido quebrar
nuestra voluntad y, tal cual nos entregamos en el pasado, hoy estamos dispuestos a morir de pie. Es probable que cada muerte
nuestra signifique en el futuro cientos de luchadores que pelearán en todos los
frentes para revertir la injusticia que hoy se comete con nosotros.
Señores Generales, es
preciso que comprendan que hoy lo que está en peligro no es MI libertad sino LA
LIBERTAD DE TODA LA SOCIEDAD ARGENTINA. Mañana irán por otros oponentes que “el
modelo” creará.
Esta indiferencia por
parte de ustedes, los Generales, se recibe y percibe no de otro modo que como
TRAICIÓN Y DESPRECIO. Hemos sido entregados al enemigo, dejados dispersos en el
campo de batalla, heridos, viejos, enfermos, indefensos y desprotegidos,
despojados de todos nuestros derechos (hasta de ser atendidos en un hospital
militar). Somos la carne de cañón ofrecida por la institución para redimir un
pasado del cual no tuvimos la mínima o nula posibilidad de decisión.
Esta indiferencia por parte de ustedes, los Generales,
se recibe y percibe no de otro modo que como TRAICIÓN Y DESPRECIO
Hoy somos
discriminados, ignorados y estigmatizados hasta por nuestros pares. No existe
un solo gesto de humanidad ni para con nuestros seres queridos, que son los que
más sufren. De parte de ustedes, los Generales, nuestras familias no han
recibido el más mínimo gesto, ni siquiera una sola visita a sus domicilios para
ver cómo están, qué necesitan, o para llevarles alguna palabra de aliento a
esas personas que ayudaron a sus hijos o a sus nietos a recorrer la vida
militar durante más de treinta años.
Si hoy me tocara
partir de este mundo, lo haría mirando al Cielo, de pie y bien firme, para que
se vea la bayoneta traicionera del EJÉRCITO ARGENTINO clavada en mi espalda,
que traspasa hasta el pecho y atraviesa mi corazón.
Le entregué lo mejor
de mí al EJÉRCITO Y A LA PATRIA. Treinta y tres años de vida. Yo, hoy, no
necesito probar mi inocencia; SOY inocente.
Sin otro particular,
y con el mayor de los respetos y consideración, saludo a los señores Generales
del Ejército Argentino.
Hubo ayer una noticia
que debe enorgullecernos, la legislatura salteña derogó una repulsiva ordenanza
que declaraba "genocidas" a
un pequeño grupo de soldados (colimbas para más datos) que no dudaron en
defender a la Patria del ataque de más de un centenar de "jovenes maravillosos, traidores y asesinos".
Los valientes de
Manchalá fueron reconocidos como tales
Los mensajes de
alegría y salutación se multiplicaron durante todo el día en las redes.
Y en contraste, me
llama la atención el absoluto silencio de nuestras autoridades nacionales...
Son las mismas
autoridades que no dudaron en plegarse al cobarde coro de tiradores de flores
al río en homenaje a tantos asesinos traidores a la Patria...
Son las mismas
autoridades que llegaron al poder prometiendo acabar con el "curro de los derechos humanos"...
Son las mismas
autoridades que siguen sin reconocer a quien haya ofrendado o puesto en peligro
su vida para defender nuestro pabellón...
Son las mismas
autoridades que mantienen los jugosos subsidios, cargos públicos, prebendas y
demás privilegios para todos los que atentaron contra la democracia, todos los
traidores a la Patria
Son las mismas
autoridades hipócritas y cobardes de siempre.....
PRIMERA
JORNADA DE AYUNO Y ANÁLISIS DE LOS PRESOS POLÍTICOS DE ARGENTINA A
DESARROLLARSE LOS DÍAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2016
Las dos actividades
que titulan la convocatoria a nivel nacional buscan la confluencia del ayuno,
como método de reflexión y concentración, y el análisis, como herramienta
racional direccionada a los temas a evaluar.
El ayuno será
voluntario y de alimentos sólidos por 48 hs corridas.
El análisis será
realizado por distintos equipos integrados por quienes deseen participar en
cada penal del país, en base al siguiente temario tentativo.
Balance del 1er año
de gobierno de Cambiemos en relación con
derechos humanos de los PP.
Evaluación de la
justicia con relación a las causas de “lesa humanidad” (condenas,
domiciliarias, prorroga de preventivas, continuidad de los juicios, etc).
Vinculación con los
organismos de DDHH internacionales(CIDH, CPI, etc.).
¿Se acabó el curro de
los DDHH?.
No reconocimiento del
gobierno para con las víctimas del terrorismo castro comunista en los 70.
Apoyo del gobierno a
las actividades de las ONGs que reivindican al terrorismo de los 70 (Con base
en los medios de comunicación).
Balance de las
acciones realizadas por ONGs amigas y referentes de la causa de los PP.
Evaluación de la
actividad de la Sec de DDHH y los organismos de DDHH de izquierda y su accionar
frente a laJusticia y el gobierno
actual.
Evaluación del rol de
la Iglesia Católica, otros credos y organizaciones, en la búsqueda de la paz y
la reconciliación.
Probable evolución y
cursos de acción por parte de los PP.
Informe final (será
distribuido a los destinatarios que en la jornada se determinen).
María Cristina Viola,
tres años, su última foto, sí, con las familias también se metieron!!!
Los que hemos
sobrevivido al ataque terrorista del 70 aportamos nuestro testimonio,
lamentamos que la promesa de terminar con la injusticia de las víctimas del
terrorismo no hayan sido cumplidas por el gobierno del presidente Macri.
Deseamos que no sean sólo promesas de campaña.
Reclamamos nuevamente
verdad, justicia, historia y reparación!!!
Créase o no, el auto
de elevación del juez Bejas, el que
promovió el juicio oral que por estos días se celebra en Tucumán con el nombre
de “Operativo
Independencia”. Afirma que el contexto en el que se dieron los hechos
que se juzgan fue el de un plan de aniquilamiento sistemático contra la
población civil a través del cual cientos de tucumanos fueron perseguidos,
torturados y/ o eliminados por su posición política, pensamiento, o condición
social. Casi idéntica aserción obra en el respectivo requerimiento a juicio
producido por los fiscales Leopoldo
Oscar Peralta Palma y Pablo Camuñas (“la primera intervención masiva de las
fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de
opositores políticos”). Pues bien, actuando ambos escritos en la causa y
teniendo en cuenta el hecho de que el “Operativo Independencia” comenzó a
ejecutarse el 8 de febrero de 1975, no hay otra opción posible que endilgar la
responsabilidad intelectual al gobierno que diseñó y ordenó dicha acción. El
cuál, no es otro que la gestión del partido
Justicialista comandado por María
Estela Martínez de Perón y sus
ministros.
Yo
no fui; fueron ellos
Mas, créase o no, el juez Bejas, en su escrito, sostiene que
no fue así y, en una suerte de responsabilidad objetiva, atribuye
exclusivamente la responsabilidad del Operativo
Independencia al colectivo de las fuerzas armadas y a las de seguridad
(jefes y subordinados incluidos). De allí que, con prescindencia del cargo o
grado del individuo y por el mero hecho de pertenecer al colectivo que actuó en
Tucumán en esa época, es suficiente para caer bajo el estado de sospecha. En
tal marco “jurídico” una simple
denuncia por una “violación de domicilio”,
supuestamente, acaecida hace cuarenta años basta y sobra para procesar
penalmente, enviar a juicio y condenar al infortunado; no así, en cambio, para Estela Martínez de Perón y los ministros firmantes del Decreto 261/75 que ordenó dicho
Operativo. Es más, en su escrito, Bejas
sugiere que los militares (léase, desde Videla hasta el cabo más moderno e
incluyendo a los conscriptos) se aprovecharon de la candidez política de los López Rega, Lorenzo Miguel, Cafiero,
Ruckauf, Herminio Iglesias y demás
angelitos del peronismo gobernante para embaucarlos y así convencerlos de
firmar el decreto para combatir la subversión en Tucumán.
Onganía,
verdadero “padre” del Operativo
Independencia
Según Bejas el Operativo Independencia constituiría una segunda fase a ejecutar de
un plan militar contra la economía tucumana anterior al gobierno peronista que
asumió el 25 de mayo de 1973. “El Operativo Tucumán”, a éste se
refiere, es un plan de la presidencia del general
Onganía que, entre otras medidas y en medio de la crisis del bajo precio
mundial del producto, terminó con el subsidio a la industria azucarera
tucumana. Dicho plan, sostiene Bejas,
preveía la futura represión de los obreros y campesinos (especialmente sus
líderes sindicales) que se verían afectados por la pérdida de sus fuentes de
trabajo.
Al
juez Bejas lo comprenden las generales de la ley
Ello así porque Bejas, antes de ser juez federal, se
desempeñó como apoderado del partido justicialista tucumano (antecedente que
suele ser decisivo en la elección de un magistrado). Por ende, quién más
calificado e interesado que un ex apoderado para desvincular a su partido de la
paternidad del Operativo Independencia.
Además, un trámite sencillo por estos tiempos; como quitarle un dulce a un
niño; sobre todo cuando se tiene a disposición a ancianos militares que hacen
de pato de todas las bodas de los políticos.
Trabalenguas
de la traición
El Operativo
Independencia fue ordenado, en su momento, por los peronistas para defender un
gobierno peronista de los terroristas
que querían hacerse del poder por las armas. Hoy, paradojalmente, son
también peronistas los que persiguen y llaman “genocidas” a aquellos que cumplieron la orden (“criminal”), del gobierno peronista, de defender el gobierno
peronista. Y, para más inri, son peronistas los que les erigen monumentos y
llaman víctimas a justamente aquellos que, en su momento, mandó a aniquilar.
Los
hechos
A nadie, que frise
los cincuenta años o esté medianamente informado, se le escapa que el Operativo Independencia fue la reacción
natural, previsible, constitucional, lógica y espontánea, del gobierno civil de
Isabel Perón, al ataque de fuerzas guerrilleras que
intentaron hacerse del estado tucumano como primer paso hacia la toma del poder
de la Nación. Así lo expreso el
fallo de la causa 13 en el juicio a las Juntas. Por lo dicho, además de una
falsedad ideológica, constituye una burla y un insulto a la inteligencia de los
argentinos el llamar “opositores
políticos civiles” a individuos que, estaban organizados en banda (Ejército
Revolucionario del Pueblo) vestían uniforme de combate, portaban armas largas a
la vista, habían sido entrenados militarmente en Cuba, enarbolaban bandera
extraña al pabellón nacional, contaban con extranjeros en sus filas, atacaban
cuarteles; tomaban pueblos; secuestraban y asesinaban civiles (entre ellos,
niños); derribaban aviones; etcétera. Así, por ejemplo y con el objeto de
aniquilarlos, en número de 120 atacaron a doce soldados en la escuela de
Manchalá. Todos esos actos de guerra están registrados hasta en los más mínimos
detalles en los cientos de publicaciones del ERP. Sin embargo e
incomprensiblemente, Bejasy losfiscales del caso no se tomaron el
trabajo de citar una de estas revistas. ¿Será que allí, por lo menos una vez
por página, se insiste que están librando una guerra? ¿Será que se quiere
ocultar lo evidente?
Lo
evidente
Lo evidente es que
era absolutamente legítimo e imperioso reprimir a los guerrilleros en Tucumán. Se
podrá cuestionar la forma. Más, no es ésta sino la represión, en sí misma, lo
que el juez Bejasy losfiscales consideran crimen de lesa humanidad. El axioma que rige en
los juicios de lesa humanidad es que reprimir a los “opositores políticos” es un acto criminal de lesa humanidad. De
allí que los juecesy fiscales, a contrapelo de los hechos,
se ven en figurillas para negar que fue una guerra. Se llega hasta el monstruoso
absurdo de, por ejemplo, que en el propio juicio oral los asesinos del Capitán Violay su hijaMaría Cristina sean
querellantes-víctimas de aquellos que los reprimieron por haber cometido el tan
alevoso crimen. Un disparate nauseabundo que califica crimen de lesa humanidad
al hecho de que los policías atrapen a los asesinos pero no al que estos (para
los jueces, “víctimas”) masacren a
una niña de tres años.
Pudor
El tribunal de la
Megacausa “Operativo Independencia” está integrado por los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez
Montilla y Juan Carlos Reynaga. Los dos primeros, ya recibidos de abogado,
residieron en Tucumán en el tiempo de los hechos que se juzgan. Como pocos y de
manera directa, conocen el contexto en que se dieron. Es de suponer que el
contexto histórico, que el juez Bejas y
los fiscales proponen como el real, les cae como una grosera falta de
respeto a su inteligencia y a su investidura. De no ser afectados de tal manera
y aceptar dicho “contexto” como
ajustado a la verdad, entonces sería deseable que, por una cuestión elemental
de pudor, transiten las calles de La Cuna de la Independencia con sus
respectivas caretas.
A TODOS LOS CAMARADAS
DE LAS FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE SEGURIDAD, FUERZAS POLICIALES Y FUERZAS
PENITENCIARIAS,
A LOS INTEGRANTES DE
LAS DISTINTAS INSTITUCIONES Y ONG VINCULADAS,
A TODOS LOS
ALLEGADOS, AMIGOS, INTERESADOS Y COMPATRIOTAS EN GENERAL,
Estimados Camaradas y
Amigos:
Sabido es que la
persecución judicial desatada contra los miembros de las distintas Fuerzas
Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y
Civiles (incluidos mujeres y hombres), ha dado paso a interminables procesos
viciados de nulidad absoluta. Así lo continúan formalmente denunciando
numerosos académicos y especialistas del Derecho.
La Constitución de la
Nación Argentina, infinidad de Normativas Legales y Principios del Derecho con
reconocimiento universal, han sido -y continúan siéndolo- sistemáticamente
vulnerados.
A partir de lo
expresado en el libro Juicios de
Venganza (Juan Daniel Amelong - Alberto E. González - Abril 2015), las
aludidas violaciones, irregularidades y/o arbitrariedades más relevantes se
encuentran desarrolladas en el extracto "Ilegalidad
de los Juicios llamados de Lesa Humanidad", documento de 9
(nueve) fojas.
Resulta también de
capital importancia tomar conocimiento del aludido documento, solicitándose
asimismo otorgarle la mayor difusión pública posible.
Ya desde 2012 en este
blog existen notas llamando la atención sobre el juez Eduardo Freiler y
señalando como uno de los de los que hicieron del prevaricato su metodología
para negar justicia, para posibilitar la venganza del terrorismo contra las
FFAA que los vencieran en el campo de batalla de los ’70.
Una vergonzosa red de
complicidades se tejió en los tribunales de Comodoro Py para otorgarle
impunidad al juez que no puede justificar su patrimonio
La sonrisa de la impunidad. Foto: Archivo
Con otro estilo, el
camarista federal Eduardo Freiler parece dispuesto a recorrer la senda del
escándalo judicial que en su momento hizo tristemente famoso al ahora ex juez
Norberto Oyarbide.
Los escándalos
judiciales que protagoniza Freiler, integrante de la Sala I de la Cámara
Federal porteña, tienen, también, la rara virtud de mostrar una red de
complicidades y encubrimientos en la justicia federal que va más allá de él y
que revela un muy preocupante modus operandi al que es preciso poner fin. Se
trata de los delitos cometidos por jueces y fiscales que se apañan y se
protegen entre ellos y que, al hacerlo, cometen nuevos delitos a los que ellos
otorgan un blindaje de impunidad.
Son varios los
problemas de Freiler, uno de los magistrados más allegados y funcionales al
kirchnerismo. Para empezar, un gigantesco enriquecimiento que hasta ahora no ha
podido explicar y que se compone de caballos de carrera, campos, una mansión en
Olivos, un departamento en Pinamar y una flota de automóviles de colección y un
yate, además de un 50% de un balneario en Necochea. Lo más llamativo es que,
como informó LA NACION, buena parte de esos bienes habrían sido adquiridos
entre 2012 y 2015 con su sueldo de camarista. Freiler también es propietario de
una financiera en sociedad con la ex esposa de Alfredo Lijo, hermano del juez
federal Ariel Lijo.
Luego de que el
abogado Ricardo Monner Sans lo denunció por enriquecimiento ilícito y por su
sospechosa participación societaria en la financiera, se puso en marcha la
aceitada maquinaria judicial para defender a sus miembros a partir del
principio "hoy por vos, mañana por
mí".
Así fue como en la
causa por enriquecimiento ilícito actuó el fiscal Ramiro González, quien se
desempeña como profesor en la cátedra de Freiler. En tiempo récord y sin que se
llevaran a cabo peritajes ni ninguna medida de prueba, la enorme fortuna de
Freiler se volvió lícita y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo
sobreseyó basándose en los dichos del propio investigado. Importante pieza en
esta deleznable maniobra, Martínez de Giorgi, a diferencia de Freiler, se
caracteriza por su bajo perfil. Su esposa, Ana María Juan, es secretaria en la
misma sala de la Cámara Federal de Freiler.
Como dijimos en esta
columna en abril pasado al ocuparnos de los escándalos de Freiler, Martínez de
Giorgi asumió una jurisdicción que jamás debió haber asumido pues, por razones
de elemental decoro, debió haberse excusado, y absolvió con una velocidad
inédita al jefe de su señora. Lo mismo cabe decir del fiscal González, quien
también debió haberse excusado, dados sus vínculos con el camarista
investigado. En este punto, dichos funcionarios parecen no ser conscientes de
que es imprescindible que quienes administran justicia no incurran en conducta
alguna que pueda arrojar dudas sobre la imparcialidad con la que deben actuar.
En cuanto al fiscal
González, Monner Sans lo denunció penalmente para que se lo investigue por
presunto enriquecimiento ilícito. La causa recayó en el juzgado de Rodolfo
Canicoba Corral.
A su vez, por
considerar con mucha razón que el sobreseimiento de Martínez de Giorgi a
Freiler es fraudulento, el abogado pidió la reapertura de la causa con el
argumento de que se trata de una sentencia írrita pues se sobreseyó sin ninguna
investigación. En declaraciones a Perfil, Freiler calificó de "aberración jurídica" la cosa
juzgada írrita, y al presentar ante el Consejo de la Magistratura donde se lo
investiga su descargo, que en realidad pareció un descaro, argumentó que aquel
sobreseimiento en la causa de enriquecimiento ilícito es cosa juzgada.
Quizá debiera
recordársele a Freiler que la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta reconoce
antecedentes en fallos de la propia Corte Suprema y también de la Cámara
Federal de Casación Penal, que son sus superiores jerárquicos, lo cual revela,
una vez más, su incompetencia para ocupar el cargo que ostenta. O que su
criterio es tan parcial como interesado, pues la impunidad que se otorgan unos
a otros los magistrados requiere que no haya la menor fisura en la cosa juzgada
si el beneficiado es uno de ellos.
No hace mucho, al
analizar en esta columna el tema de la sentencia írrita, señalábamos que la
cosa juzgada o la imposibilidad de rever una sentencia firme es uno de los
pilares del Estado de Derecho, pero planteábamos también que cuando se utiliza
a la Justicia para garantizar el fruto de la corrupción y la impunidad de los
culpables, la sociedad no puede quedar inerme teniendo que soportar en el
futuro a los corruptos devenidos en honestos por sentencias judiciales
inamovibles y no revisables. En síntesis, ¿puede lograrse impunidad a través de
fallos inescrupulosos? En ocasiones, se recurre también hasta a la autodenuncia
para obtenerlos con jueces amigos que garantizan impunidad.
Si el juez no accede
a beneficiar a sus colegas, se lo quita del medio. En 1991 el juez Miguel Pons
procesó a su colega María Servini de Cubría por su escandalosa actuación en el
Yomagate en beneficio de Amira Yoma, ex cuñada de Carlos Menem, y pidió su juicio
político, pero fue ascendido a juez de tribunal oral y la causa terminó en la
Corte con sólo un descuento de 60 pesos en el sueldo de Servini de Cubría.
Freiler ha sumado
otra denuncia en su contra, basada en versiones coincidentes sobre un pago a este
juez que habría realizado el empresario del juego, presidente de Boca Juniors y
operador judicial del Gobierno, Daniel Angelici, para beneficiar a Mauricio
Macri en la causa de las escuchas telefónicas. El 14 de junio pasado, la Sala I
de la Cámara Federal, que integra Freiler, confirmó el sobreseimiento del
Presidente, que había resuelto el juez federal Sebastián Casanello en diciembre
del año pasado, pocos días después de que Macri asumió la presidencia. La
denuncia por el pago de las presuntas coimas la realizó un diputado del
massismo e incluye a Angelici.
La Justicia es la
institución fundamental para llevar a cabo la tan ansiada lucha contra una
corrupción que en las últimas décadas ha crecido exponencialmente.
Pero no hay ninguna
posibilidad de librar esa contienda si al mismo tiempo no se procede a sanear
la Justicia de personajes tan siniestros como Freiler y varios de sus colegas
del fuero, como también muchos fiscales. En el caso de ellos, el problema
consiste no sólo en que no combatan la corrupción, sino que forman parte de
ella.
Hace solo tres meses,
el contraalmirante Raúl Alberto
Lachnicht fue designado Auditor General de las Fuerzas Armadas, máximo
cargo al que puede aspirar un abogado militar en actividad. En su cargo,
informó al ministerio de Defensa sobre una serie de irregularidades en la
Dirección de Asuntos Jurídicos de esa carga. La denuncia le costó el cargo.
Pero lo más llamativo fue la rapidez de la reacción: no hubo ni margen para una
investigación...
El 16 de agosto
pasado, en el 'Boletín Oficial', se leía la siguiente publicación:
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 42 -
E/2016
Buenos Aires,
01/08/2016
VISTO la Ley Nº
26.394, los Decretos PEN Nros 2.666/12 y 721/16, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley
Nº 26.394 se aprobó la organización del SERVICIO DE JUSTICIA CONJUNTO DE LAS
FUERZAS ARMADAS, como Anexo V de la misma.
Que el órgano rector
de dicho Servicio es la AUDITORÍA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
Que, por lo tanto
resulta indispensable designar al Auditor General de las Fuerzas Armadas, cuyo
mandato se extenderá por el lapso de DOS (2) años, a partir del 27 de febrero
de 2016 (artículo 4º, Anexo V, Ley Nº 26.394).
Que este MINISTERIO
DE DEFENSA ha llevado a cabo el procedimiento previo previsto por el artículo
3º del Anexo III del Decreto PEN Nº 2.666/12, reglamentario de la Ley Nº
26.394, no existiendo oposiciones que enerven el dictado de la presente medida.
Que según lo previsto
por el artículo 4º del Anexo III del Decreto PEN Nº 2.666/12, reglamentario de
la Ley Nº 26.394, se dispone el orden de sucesión de la Fuerza de la cual
provendrá quien se desempeñe en el cargo de Auditor General de las Fuerzas
Armadas en el período subsiguiente.
Que la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la
intervención que le corresponde.
Que la presente
medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el inciso 2° del
artículo 2° del Decreto PEN N° 721/16.
Por ello,
EL MINISTRO DE
DEFENSA RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Dáse
por designado al Contraalmirante Auditor Raúl Alberto LACHNICHT (D.N.I. Nº
10.557.648), en el cargo de Auditor General de las Fuerzas Armadas, a partir
del 27 de febrero de 2016 y hasta el 26 de febrero de 2018.
ARTÍCULO 2° —
Establécese que el EJÉRCITO ARGENTINO será la Fuerza de origen del Auditor
General de las Fuerzas Armadas para el próximo ejercicio.
ARTÍCULO 3° —
Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. — JULIO CESAR MARTÍNEZ, Ministro, Ministerio de Defensa.
e. 16/08/2016 N°
57697/16 v. 16/08/2016"
Desde aquella
publicación no se completaron 3 meses antes que el ministro de Defensa, Julio
Martínez, emita el siguiente comunicado:
¿Qué pasó en tan poco
tiempo con el Auditor General de las Fuerzas Armadas (máximo cargo al que puede
aspirar un abogado militar en actividad) Contralmirante
Raúl Alberto Lachnicht?
Según afirman, el
auditor le informó hace poco al ministro de Defensa sobre una serie de
irregularidades en la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese ministerio, y la
respuesta no se habría hecho esperar: en menos de 24 horas, Martínez le
contestó a través de una nota con fecha del 15 de noviembre que se quedaba sin
trabajo desde el primero de diciembre.
¿Qué denunciaba? Lo
que fuere resulta demasiado sospechoso desde el punto de vista de la rapidez de
la reacción del ministro, quien claramente, no dejó margen siquiera para
investigar lo denunciado...
Como es de público
conocimiento, al día de hoy 2175 presos políticos integrantes de las distintas
fuerzas, mujeres y hombres, uniformados y civiles cuyas edades van de los 54 a
los 96 años, han atravesado -y continúan haciéndolo- por distintas situaciones procesales.
Hemos lamentado ya el fallecimiento de 385 de ellos, es decir, el 17,70 % del
total.
Dentro de ese frío
número hoy se encuentran en cárceles comunes casi 500 presos políticos en
condiciones extremas de hacinamiento, precariedad y hasta de abandono. A los
problemas lógicos de salud propios de la edad se suman las enfermedades
adquiridas dentro de los penales. Las autoridades penitenciarias han expresado
que no están en condiciones de cubrir las mínimas necesidades de un hombre de
más de 50 años, menos aún de personas que en la mayoría de los casos superan
largamente los 70 y 80 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
la OEA y el Grupo de Trabajo de la ONU han expresado su preocupación y reparos
respecto de la situación de Milagro Sala en Jujuy, casi "exigiendo" su libertad. Se presenta entonces la
inmejorable oportunidad de aprovechar ese "fluido
canal abierto de diálogo", para que esos organismos internacionales
puedan requerir a nuestras autoridades un panorama actualizado de la gravísima
situación descripta.
Ese fructífero
intercambio ayudará sin duda a evitar más fallecimientos y quizá nos ayude a
comprender el verdadero significado del tan manoseado, politizado y desvirtuado
concepto integral de los "derechos
humanos".