sábado, 8 de agosto de 2015

FALLECIÓ OTRO PRESO POLÍTICO


Estimados Amigos:

A través de la Unión de Promociones hemos tomado conocimiento que el lunes 06 de Julio de 2015, falleció el señor Comisario (R) Hugo Cayetano Britos (Policía de la Provincia de Córdoba), quién se encontraba injustamente detenido como  Preso Político.

Con él, son 306 (trescientos seis) los Camaradas fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y civiles; en el marco de este proceso de persecución, teñido de incontables irregularidades jurídicas y sistemática venganza, propias de una justicia prevaricadora.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, allegados, compañeros y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Dadas las avanzadas edades y estados de salud de los Presos Políticos en la Argentina, estas lamentables noticias son cada vez más seguidas. Una vez más levantamos nuestra voz hacia el poder de turno, no pueden continuar con esta matanza selectiva… es su obligación como presidente de todos los argentinos garantizar el debido proceso, la igualdad ante la ley, brindar asistencia sanitaria adecuada y por sobre todo lograr la unión de la sociedad para superar las antinomias que después de casi 205 años aún nos mantienen divididos. Es hora de sin odios, ni venganzas, es hora de una mirada superadora.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva

por una Nueva Década en Paz y para Siempre

LAS MENTIRAS DE LOS REGÍMENES SOCIALISTAS DEL SIGLO XXI


Publicado el 30 ene. 2014

Cesar Vidal es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad Alfonso X. Historiador, escritor y periodista español, autor de numerosas obras de divulgación histórica, ensayos y novelas con un claro predominio de la historia. Como la serie Nuevos enigmas históricos al descubierto, ensayos como España frente al Islam. Articulista del diario La Razón; colaborador en las revistas Muy Interesante e Historia de Iberia Vieja, y en los periódicos digitales Libertad Digital y Protestante Digital. Su síntesis de las mentiras del socialismo moderno son dignas de ser tenidas en cuenta por todos los ciudadanos en condiciones de votar.

EL PRECIO DEL ALIVIO


En el artículo "La decisión de Hiroshima", publicado el jueves, se afirma, entre otras cuestiones, que "la explosión que acabó con la vida de 100.000 personas en nueve segundos sacudió la conciencia universal, pero, a la vez, trajo alivio al mundo, porque selló la derrota de Japón y puso fin a la Segunda Guerra Mundial". Desconozco el origen de las cifras, pero no sé si contabiliza los muertos por la destrucción de Nagasaki con otra bomba similar, los que fueron muriendo con el correr de los años como consecuencia de las secuelas de la radiación, como tampoco los miles de mutilados, todos víctimas inocentes de la locura de la guerra. Traigo esto a colación por la frase que he seleccionado y que encabeza este escrito: dos bombas atómicas que generaron que los japoneses tuvieron que sufrir "la temperatura 50 millones de grados centígrados en la zona del impacto y 1800 grados a una distancia de dos kilómetros" y vivir hasta el presente en el espanto nuclear, para traer "alivio al mundo" omitiendo agregar "occidental" Casi dos tercios de las muertes de sobrevivientes de los bombardeos atómicos registrados en el hospital de Hiroshima hasta marzo de 2014 se debieron al cáncer de pulmón, hígado, leucemia, intestinos y linfomas malignos. En ese mismo período, más de la mitad de los fallecimientos registrados en el hospital de la Cruz Roja en Nagasaki también se debieron al cáncer.


Esto me hace pensar en lo que, en muchísima menor escala, hemos debido sufrir en nuestro país para "traer alivio" a la sociedad argentina ante el flagelo terrorista de los años 60, 70 y 80, con la diferencia que "Occidente" vio con buenos ojos la atrocidad nuclear para lograr su "alivio" y en nuestro país, más de mil miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias y civiles, purgan ilegal, ilegítima e injusta privación de libertad por haber participado en la guerra contraterrorista que le trajo ese "alivio". De ellos 305 ya han sido ejecutados en el marco del plan criminal de exterminio de un sector de la población diseñado por la corporación política y ejecutado por la judicial.


Tte Cnel (R) Emilio Guillermo Nani


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

viernes, 7 de agosto de 2015

ESTE GOBIERNO DEMOLIÓ AL ESTADO

Por Luis Alberto Romero

En declaraciones recientes, Mauricio Macri se pronunció en favor de la Asignación Universal por Hijo y afirmó que no privatizará ni YPF ni Aerolíneas. Son declaraciones sensatas y hasta obvias. La AUH -un proyecto de E. Carrió- es una medida que tiene amplio respaldo, especialmente porque, a diferencia del resto de los subsidios, la universalidad la pone fuera del alcance del aparato político.


Aerolíneas e YPF fueron privatizadas por los peronistas y estatizadas luego por los mismos peronistas, generando en ambos casos buenos lucros prebendarios. Lo mejor que se puede hacer por ellas es dejarlas en paz, reordenarlas y ver más adelante. Por otro lado, con estos anuncios Macri da una señal de la prudencia con que se manejaría si llegara al gobierno, y aventa la estereotipada imagen de privatista ideológico instalada en mucha gente, no solo oficialista.

De inmediato los kirchneristas declararon que Macri había cambiado el discurso, adoptando el “proyecto” y el “modelo”. Son chicanas electorales, que no darían para mucho comentario si, a la vez, no reflejaran un malentendido que tampoco es exclusivo de los K, pues muchos periodistas independientes se sumaron a esa explicación. En el fondo, muchos creen que el kirchnerismo, a diferencia del menemismo, reconstruyó el Estado y desarrolló políticas estatistas.

En realidad es al revés. El kirchnerismo completó la destrucción del Estado iniciada por el menemismo, lo fragmentó y desarticuló, utilizando cada parte como instrumento de un gobierno hipertrofiado. Los mismos políticos participaron de ambos gobiernos, con una coherencia que habitualmente no se subraya. Los golpes contra el Estado hicieron crecer a los gobiernos discrecionales y arbitrarios, y en ese aspecto Menem y los Kirchner se parecen mucho. Tratando de liberarse de controles molestos, ambos avanzaron sobre los fundamentos jurídicos del Estado, que según la Constitución se asienta en el gobierno de la ley y en las instituciones republicanas.


El avance del Ejecutivo comenzó con Menem y las leyes de emergencia y culmina en nuestros días con el ataque a la Justicia de Cristina Kirchner, quien ha agregado una novedad discursiva: el avasallamiento se justifica en nombre de una legitimidad que los votos conceden irrestrictamente al presidente. El gobierno discrecional se ha devorado al Estado, el gobierno de la ley retrocede y reina la inseguridad jurídica.

Por el mismo proceso, el gobierno avanzó sobre la administración del Estado, esto es las agencias, oficinas y dependencias encargadas de la gestión de gobierno y poseedoras del saber técnico acumulado por una burocracia experta. El manejo político de la administración no es nuevo, pero con los K. la diferencia es más que cuantitativa. Desde el caso del Indec hasta la reciente colonización de los ministerios por La Cámpora, este gobierno completó la demolición estatal.

Quienes se quejan por una excesiva intervención estatal deben fijarse si se trata de un Estado en forma, con sus regulaciones y controles, o simplemente de una pieza suelta, como la AFIP o la SIDE, utilizada por un gobierno que ya ha transpuesto los límites de la ley. Quienes piensen que con los K el Estado estuvo activo deben mirar las realizaciones, muy inferiores a los anuncios e inauguraciones.


En estos doce años la gestión fue mala o pésima, con casos extremos y muy costosos, como el déficit energético. La incapacidad administrativa se entrelazó con una corrupción convertida en régimen cleptocrático, pues el gobierno promovió especialmente aquellas iniciativas que más “retornos” les generaban. Solo una combinación de pésima gestión y alta corrupción puede explicar la situación a la que llegó Aerolíneas.

La reconstrucción del Estado es la prioridad de un gobierno que se proponga el cambio. En primer lugar tendrá que mostrar con claridad que se propone restablecer el estado de derecho y encarar la reparación institucional. Necesita generar un shock de confianza, pues las urgencias de todo tipo reclamarán una alta dosis de ejecutividad. Es probable que, al menos por un tiempo, recurra a los decretos de necesidad y urgencia, legales pero ajenos a las buenas prácticas republicanas, de modo que debe quedar muy clara cuál es su intención general.


Por otro lado, el nuevo gobierno deberá mejorar sustancialmente lo que Macri denominó la administración. Habrá que recuperar a los funcionarios capaces -muchos se fueron, pero otros permanecen, arrinconados- y devolverle la normalidad a las oficinas y agencias que saben cómo hacer las cosas. Este ha sido un punto fuerte en la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires, de modo que hay pocas dudas sobre sus intenciones.

La capacidad de gestión y la seguridad jurídica son los pilares de un Estado en forma. No hay manera de atacar seriamente problemas como los de la pobreza sin la herramienta estatal. La declaración de Macri coincide con lo que, más explícitamente, han dicho Sanz y Carrió. Señalar los problemas del Estado y de su administración hará más nítida la opción electoral y permitirá elevar el nivel y calidad de la propuesta.


La cuestión de la mala gestión llevará a la corrupción cleptocrática, que no se soluciona solo con el castigo del delito, pues medio país transita hoy por la zona gris de la ley a medias y el amparo prebendario. A la vez, permitirá identificar claramente a quienes han llevado al país a esta situación deplorable. Hoy nutren las boletas electorales del oficialismo, comenzando por el candidato a presidente.

Cuando hayamos llegado a la situación de tener un Estado básico y normal, con respeto a la ley y funcionarios capaces y capacidad para controlar al gobierno, podremos comenzar la segunda discusión: pensar qué otras cosas debe hacer el Estado.



Por ejemplo, discutir hasta dónde su acción se ajustará a la lógica del mercado y cuándo deberá intervenir en función de otros aspectos del interés general, como la equidad. En los países normales estos son los temas que se discuten. Nuestra prioridad hoy está en llegar a la situación de poder discutirlos. Y para eso necesitamos rehabilitar al Estado, que los gobernantes kirchneristas han destruido sistemáticamente.

publicado en Los Andes, 02/08/2015


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original. 

PROHIBICIÓN DE INDULTAR Y AMNISTIAR: OTRO DISPARATE LEGISLATIVO


El 24 de julio del corriente se sancionó la ley 27.156 que prohíbe los indultos, amnistías y conmutación de penas de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en el Estatuto de Roma.  Se trata de una ley groseramente inconstitucional y, además, inaplicable a los juicios que se están llevando a cabo en Argentina.

En primer lugar, porque los indultos y las amnistías son dos instrumentos otorgados por la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo y al Legislativo respectivamente, sin condicionamiento alguno salvo expresa excepción fijada por la propia Carta Magna.  Se trata de dos facultades que son irrevisables por el Poder Judicial -salvo que hayan sido dictados por error o por corrupción- ya que son potestades exclusivamente brindadas a los gobernantes a efectos de que puedan hacer realidad el mandato que el Preámbulo les encomienda: consolidar la paz interior.  Por una razón de jerarquía normativa, ninguna ley del Congreso puede modificar una disposición constitucional. Ni puede el Congreso recortar las facultades que el Pueblo, a través de la Convención Constituyente, les brindó en forma expresa al propio Parlamento y al Poder Ejecutivo. Pueden tanto el Presidente de la Nación como los señores legisladores nacionales no conceder dichos beneficios, pero no pueden suprimir total o parcialmente la facultad que poseen de otorgarlos.

En segundo lugar dichas potestades no sólo le son otorgadas en el texto de la Constitución Nacional desde siempre, sino que también se encuentran reconocidas en los arts. 4.6 de la Convención Americana sobre DDHH y 6.4 del Tratado de Derechos Civiles y Políticos, los cuales, además, han recibido jerarquía constitucional por obra del art. 75 inc. 22 de la Carta Magna, sancionado en la reforma del 94.  Esas disposiciones tampoco pueden ser modificadas por una ley.

En tercer lugar, la ley es inconstitucional porque existe una interpretación que se llama “auténtica” -que es la realizada por el propio autor de la norma- que indica exactamente lo contrario.  Y es que ya en la Convención Constituyente de 1994, la Convencional María Lucero propuso exactamente el mismo texto para ser insertado en la nueva Constitución.  La moción fue analizada y rechazada por el Plenario.

Por último, la norma es inaplicable a cualquiera de los juicios que se llevaron o se llevan a cabo en Argentina  porque su letra dispone expresamente que se prohíben las amnistías, los indultos y la conmutaciones de penas de los delitos contemplados en los arts. 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma.  Y en ninguno de los procesos que se llevan a cabo en nuestro país se ha aplicado el Estatuto de Roma. ¿Porqué?:  porque comenzó a regir para la Argentina recién en el año 2007 y el art. 24 de ese Estatuto prohíbe expresamente su aplicación retroactiva.  Esto hace que en la parte dispositiva de todos los procesamientos y condenas, ninguno de los Tribunales actuantes cite las normas del Estatuto de Roma.  Los militares, policías y civiles acusados no están siendo juzgados y condenados en Argentina por el Estatuto de Roma, sino por una categoría de delitos llamados de “lesa humanidad”, inexistente al momento de los hechos.  Lisa y llanamente una ley penal no escrita, barbaridad que no es aceptada sino en países que mantienen su legislación  en la prehistoria de la humanidad.

 Semejante ilegalidad es sostenida hasta la actualidad en nuestro país por un fallo de la mayoría kirchnerista de la Corte Suprema (el Dr. Carlos Fayt votó en contra), que modificó anteriores fallos de nuestro más Alto Tribunal, que podría y debería ser revocado por otro pronunciamiento judicial o dejado de lado en tanto produce una evidente afectación a las atribuciones republicanas de los Poderes. De hecho, el fallo fue descalificado en categóricos términos por un dictamen nada menos que de la Academia Nacional de Derecho emitido el mismo año de su sanción.

En definitiva, se trata de una ley que vuelve a evidenciar la urgente necesidad de que el nuevo gobierno revise todo lo legislado y actuado desde la reapertura de los juicios por delitos llamados de “lesa humanidad”, teñidos de ilegalidad, inspirados en una retribución vengativa, y caracterizados por una crueldad y discriminación ajenas a todas nuestras tradiciones y principios jurídicos.


                                                                                 Ricardo Saint Jean

LA CARTA DE LANATA A CRISTINA

Miércoles 05 de Agosto de 2015


Jorge Lanata difundió una carta en la que se refiere a los dichos de Cristina Kirchner en su cadena nacional de este miércoles, en la que salió en defensa de Aníbal Fernández, quien en el último programa de Periodismo para todos fue acusado por Martín Lanatta como el autor ideológico del triple crimen de General Rodríguez, y asoció la denuncia en su contra con la que ella enfrenta por Hotesur.

LA CARTA DE LANATA A CRISTINA

Señora de Kirchner:

He escuchado con desagrado, en su trigésimo primera cadena nacional que viola la veda electoral, que Ud. comparó nuestra nota del pasado domingo con el trabajo de los grupos de tareas de la dictadura. Sinceramente, la comparación me parece ofensiva e injusta y viniendo de Ud., mucho más. No sé cuál es su estatura moral para hablar de los años de plomo de la Argentina, años en los que Ud. y su esposo se enriquecían ejecutando propiedades gracias a la tristemente célebre 1.050. En esos años, señora, yo fui mozo de bar –había comenzado antes el periodismo, a los 14 años, algo que podría servirle como ejemplo a su hijo– y desde que volví al periodismo ayudé en todo lo que pude a los organismos de derechos humanos.

Le recuerdo, señora, que el diario que Ud. prostituyó y yo fundé fue el primero y el único en publicar solicitadas gratis, casi diarias, de los familiares de los desaparecidos y que encabezamos las campañas internacionales por el regreso al país de Juan Gelman y Miguel Bonasso, entre otros. Ud. y su difunto esposo, señora, no se animaron, siquiera, a presentar un habeas corpus en aquellos años, como recordó el fiscal Strassera, días antes de su muerte, a Magdalena Ruiz Guiñazú durante una entrevista.

Ustedes, señora, descubrieron el negocio de los derechos humanos mucho después, y dejaron el terreno devastado: prostituyeron a las Madres, dividieron a los familiares, los compraron con algunos cargos así como Menem, años antes, los había dividido con las indemnizaciones.

Nunca formé parte de ningún grupo de tareas y sobre mi conciencia no pesa ninguna muerte. En su caso Señora, debe todavía darle respuestas al público sobre varias. Sé que es en vano pedirle que se disculpe por la ofensa.

Con el respeto al que me obliga su investidura, pero con ningún respeto personal la saluda.

Jorge Lanata
Periodista
Ci 6867586



POSTURA DE LA MESA DE CONVERGENCIA REPUBLICANA ANTE LAS ELECCIONES PASO DEL 09 AGO 2015


Estimado Camarada/Conciudadano:

Conforme al compromiso que asumimos e informamos en nuestro anterior mensaje, hemos procedido a poner en conocimiento de distintos sectores políticos el documento de ocho puntos consensuado entre todos los miembros de la Mesa que agregamos como recordatorio al pie.

A pocos días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.), que se celebrarán el domingo 9 de Agosto, nos parece oportuno trasmitirle el resultado de las gestiones efectuadas. Cabe aclarar que en estas elecciones los precandidatos de los partidos y alianzas existentes compiten internamente para elegir quiénes representarán a  cada fuerza política como candidatos, y quienes no tienen rivales internos pugnan por superar el piso del 1,5 por ciento del padrón para quedar habilitados a participar en las elecciones generales de Octubre.

En primer lugar debemos informar que ningún candidato a presidente se avino -hasta el momento- a aceptar en forma explícita el documento que expresa nuestras necesidades y propuestas, por  lo que no apoyaremos a alguno en particular.

No obstante ello, tomamos nota de que el candidato del "Frente para la Victoria" expresó en forma pública su voluntad de profundizar la política de derechos humanos sostenida hasta el presente, lo que se opone francamente a nuestra visión y corta toda posibilidad de diálogo fecundo. Asimismo, también hemos registrado que la candidata de la Alianza "Progresistas" promete  “Continuar con los esfuerzos por llevar ante la justicia, sin demoras innecesarias, a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar, garantizando la continuidad de los juicios de lesa humanidad y todos los mecanismos de cooperación y financiamiento que sean necesarios”  y ha refrendado este compromiso ante Amnesty Internacional.

En virtud de lo expuesto y atento a que las elecciones a celebrarse el sábado tienen por objetivo esencial la elección interna de los candidatos, consideramos que dichos comicios representan la ocasión ideal para votar a los precandidatos según la convicción personal, la empatía y la coincidencia con las propuestas presentadas por ellos, excluyendo aquellos que hemos mencionado y que se han pronunciado explícitamente en oposición a la idea de concordia, unión y pacificación nacional que defendemos.

Por otra parte, aspiramos a mantener el diálogo tanto con los integrantes de la alianza "Cambiemos" (PRO, UCR y Coalición Cívica), así como con los de la alianza "Unidos por una Nueva Alternativa" (Frente Renovador y Unión por Córdoba), con quienes aún conservamos la expectativa de alcanzar el consenso con las propuestas que hemos presentado. Este diálogo se facilitará luego de que se hayan definido los dos candidatos ganadores.

Finalmente hemos coincidido por unanimidad en sostener la continuidad de la Mesa de Convergencia Republicana, aún después de la finalización de todo el  proceso eleccionario y hasta alcanzar los objetivos perseguidos en beneficio de nuestros camaradas y de nuestra querida patria.

Buenos Aires, 06 de agosto de 2015.

Juan Carlos Neves     Francisco Ricardo Verna

Alberto E. Solanet


OBJETIVOS PARA UN COMPROMISO REPUBLICANO

RECUPERACIÓN DE LA REPÚBLICA

1. Sostener sin restricciones, los derechos fundamentales de la persona humana, como el derecho a la Vida, a la Libertad y a la Propiedad Privada, como valores centrales de una sociedad civilizada.

2. Restablecer la vigencia plena de la Constitución Nacional propiciando su aplicación con absoluta independencia de tendencias ideológicas o sectarias, asegurando la independencia de los poderes del Estado como garantía del sostenimiento del sistema representativo, republicano y federal.
3. Revalorizar la jerarquía de las instituciones trascendentes, fundamentales y fundacionales de la Nación en el marco de una democracia republicana moderna, infundiendo con el ejemplo el respeto por las mismas.

4. Revertir las pautas culturales en materia educativa que han producido declinación y desencuentros, sin tergiversar la historia, destacando el ejemplo de los verdaderos próceres de nuestra emancipación y organización nacional.

CONCORDIA Y PAZ INTERIOR

5. Cumplir la Constitución Nacional, los Principios Rectores del Derecho Penal y el Código Procesal Penal para aquellos civiles y uniformados sometidos a juicio por hechos acaecidos en los conflictos producidos en la segunda mitad del siglo pasado, asegurando el principio de igualdad ante la ley, poniendo fin a la ilegalidad y a la discriminación de que son objeto.

6. Procurar la concordia, la unión y la pacificación nacional, tal cual ha propiciado el actual Papa Francisco en escritos tales como el “Documento de Aparecida” redactado para “favorecer en nuestros pueblos todos los gestos, obras y caminos de reconciliación y amistad social”, reafirmado por la Conferencia Episcopal Argentina en su  documento “Camino hacia el bicentenario en Justicia y Solidaridad”, cuando propone “avanzar en la reconciliación y la capacidad de diálogo”.

DEFENSA  Y SEGURIDAD

7. Establecer claras políticas de Estado para la Defensa y Seguridad Nacional, restituyendo el rol de cada una de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, actualizando su organización, preparación y equipamiento, teniendo en cuenta las nuevas amenazas, tales como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y las distintas expresiones del crimen organizado, con una asignación presupuestaria acorde con las tareas asignadas.

8. Reformular la política de remuneraciones de los servidores uniformados del Estado, dentro de cada Fuerza (escala jerárquica),  entre las distintas Fuerzas y de modo equitativo con otros agentes del Estado, haciendo que se cumpla la Constitución Nacional y las respectivas leyes y restablecer los históricos marcos legales de dependencia y funcionamiento del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y de las Obras Sociales de dichas Fuerzas.

jueves, 6 de agosto de 2015

EN LA UCA, UN PEDIDO POR LA MEMORIA Y LA RECONCILIACIÓN

Debate


Casaretto, Morandini y Larrabure exigieron una mirada completa de la violencia de los setenta; críticas a los candidatos

Por Javier Fuego Simondet
 
Una convocatoria de la Universidad Católica Argentina (UCA) reunió ayer a víctimas de la violencia de los años setenta ubicadas en bandos contrarios. Entre la senadora Norma Morandini, que tiene dos hermanos desaparecidos por la dictadura militar en 1977, y Arturo Larrabure, cuyo padre fue asesinado por el ERP en 1975, afloraron las coincidencias al pedir reconciliación y superar divisiones que el país acarrea desde aquellos años.

En el mismo sentido se pronunció el obispo Jorge Casaretto, que completó el panel que moderó Marco Gallo, director de la Cátedra Pontificia de la UCA. El encuentro se realizó en el auditorio Monseñor Octavio Derisi, con el título "Una reflexión sobre los años setenta: de la lógica del enfrentamiento a la cultura del diálogo".

Gallo introdujo el debate con una definición sobre el espíritu del encuentro: "La reconciliación es con nosotros mismos, no con los represores".


Morandini consideró que "los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha; son un valor". La senadora del Frente Cívico leyó una carta que le envió el papa Francisco como respuesta a un libro que ella le hizo llegar. "Deseo de corazón que el mensaje de perdón y reconciliación ilumine a más personas. El perdón construye y une", señala la misiva en uno de sus pasajes.

"Tengo un cementerio generacional. Y una madre de pañuelo blanco que pidió verdad y justicia, y que no saltó de la plaza al palacio", aseveró la senadora.


Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, remarcó que no se necesita del arrepentimiento del agresor para perdonar, porque el perdón es un acto íntimo y personal. Emocionó al auditorio leyendo fragmentos del diario personal de su padre, en el que contaba su cautiverio. Y resaltó que "sus ocho cartas ratifican su perdón a sus asesinos".

"¿Existieron los derechos humanos para mi padre?", se preguntó Larrabure en un tramo de su participación. "Ansío la verdad y la justicia para todas las víctimas, sin distinciones", afirmó.


Casaretto comenzó con un mea culpa. "Vengo de un Episcopado que tuvo que pedir perdón dos veces por no haber estado a la altura", señaló.

Pero inmediatamente destacó que la Iglesia vivió tres reconciliaciones: la de los obispos, posterior a los setenta; la de las diferentes religiones, que propició encuentros interreligiosos, y la de la Iglesia con el peronismo.

"Estamos anclados en el pasado porque no tenemos un proyecto de futuro", evaluó el obispo, que fue el primero de los expositores en pedir compromiso a la clase política para reconciliar a la sociedad.

Aunque no hubo menciones directas para los principales aspirantes presidenciales que competirán en las PASO del domingo próximo, sí se escucharon pedidos de un mayor compromiso para superar las divisiones que surgieron a partir de los setenta.

"Ninguna fuerza política ha presentado proyectos para la reconciliación de los argentinos. Puede ser que eso no aporte votos. La política no se hace eco y nosotros, como sociedad civil, tenemos que hacer algo", reclamó Casaretto.

La exigencia del obispo encontró la rápida coincidencia de Morandini y Larrabure.

"A la política no le interesan estos temas. Si no, no se hubieran permitido la sectarización y la partidización de los derechos humanos, que son universales", subrayó Morandini.

"La memoria no puede estar sujeta a interpretación. La historia no puede perpetuarse como resentimiento", añadió la senadora.

Larrabure fue contundente. "Necesitamos comenzar a solucionar esto y no quedarnos en simples palabras. Los argentinos estamos totalmente divididos, algo debemos hacer, pero debemos hacerlo entre todos. La política y la Iglesia deben marcar el rumbo", aseguró.

El obispo Casaretto cerró el encuentro con una mirada distinta a la de Larrabure. "Yo no tengo una visión negativa del futuro. Es un camino difícil. Tengo una visión esperanzada del futuro. Esto no son sólo palabras, es un deseo en el corazón de la sociedad", concluyó el referente de la Pastoral Social.

RECLAMOS DE DOS VÍCTIMAS

Norma Morandini
Senadora nacional

"A la política no le interesan estos temas. Si no, no se hubieran permitido la sectarización y la partidización de los derechos humanos"

Arturo Larrabure
Hijo del Coronel Larrabure

"Ansío la verdad y la justicia para todas las víctimas, sin distinciones".



NOTA: Las imágenes -crédito de Adrián Escandar- y los destacados no corresponden a la nota original. 

miércoles, 5 de agosto de 2015

IMPULSA LA IGLESIA UNA INICIATIVA EN FAVOR DE LA RECONCILIACIÓN

Por Mariano De Vedia
  
La Iglesia se apresta a dar un paso en favor de la reconciliación y el perdón para que el país supere la lógica del enfrentamiento que caracterizó a la violencia política de los años 70, cuyas secuelas se extienden hasta hoy.

Por primera vez, abrirá sus puertas para reunir a familiares de víctimas del terrorismo de Estado y de la acción de organizaciones guerrilleras, en un encuentro considerado por fuentes eclesiásticas un punto de partida para promover un acercamiento tendiente a cerrar heridas. "Se constata con dolor que es una tarea pendiente", resumió un obispo a LA NACION.

El encuentro será hoy, a las 18, en la Universidad Católica Argentina (UCA), y reunirá a la senadora nacional Norma Morandini (Frente Cívico), que sufrió la desaparición de sus hermanos Néstor y Cristina en 1977, y al doctor Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, ultimado por el ERP en agosto de 1975, luego de permanecer un año secuestrado. Ambos estarán con el obispo Jorge Casaretto, referente del área de Pastoral Social del Episcopado.

Fuentes eclesiásticas indicaron que con esta iniciativa la Iglesia quiere preparar el camino para el Bicentenario de 2016, ocasión que algunos estiman propicia para renovar el llamado a la reconciliación, teniendo en cuenta que para el año próximo se espera la visita del papa Francisco al país.

"Hay gente que quiere cerrar la etapa de la mejor manera. En otros tiempos se probó cerrarla de cualquier manera, pero no funcionó", estimó Larrabure.

Larrabure y Morandini, además de Casaretto, fueron convocados por la Cátedra Pontificia de la UCA, que dirige Marco Gallo, director de la Comunidad de San Egidio. "La lógica del enfrentamiento y la violencia nos debe llevar a sacar enseñanzas para que no vuelva a suceder", explicó el licenciado Gallo, que tiene como modelo el caso de Sudáfrica. Confió que "el papa Francisco siempre busca acercamientos, como en el reciente encuentro con los movimientos populares en Bolivia, donde animó a todos a conocer y penetrar más adentro, sin miedo, en la complejidad de la historia".

"En la UCA se han realizado otros encuentros semejantes de manera más reservada", explicó su rector, el arzobispo Víctor Manuel Fernández, de estrecho diálogo con el pontífice argentino. Y añadió: "Entendemos que la palabra reconciliación puede ser molesta, suele estar cargada de connotaciones ideológicas. Entonces, nos parece que lo mejor es crear espacios concretos y reales de diálogo que hagan posible mirarse cara a cara y ponerse en el lugar del otro".

Se trata de un tema de recurrente debate en el Episcopado. Como señaló el rector, hubo previamente encuentros reservados entre oficiales retirados del Ejército y ex montoneros, ante auditorios reducidos.

Esas iniciativas se sumaron a otras, como el diálogo que mantuvieron el ex dirigente montonero Héctor Leis y Graciela Fernández Meijide, infatigable luchadora por los derechos humanos, que quedaron registrados en el documental "El diálogo", y luego en un libro.

En agosto del año pasado, además, compartieron un panel en el colegio Marín, de San Isidro, el coronel retirado Enrique Alsina; el ex soldado conscripto Rogelio Mazzacote, que defendió un regimiento de Formosa atacado por los Montoneros; Luis Labraña, ex integrante de esa organización guerrillera, y el jurista Julio Ojea Quintana, hermano de dos desaparecidos y de un ex integrante de Montoneros. Allí sumó su testimonio José Sacheri, cuyo padre, Carlos, fue asesinado por el ERP en 1974.

Sacheri fue artífice hace cuatro años del proyecto 70 veces 7, bendecido por el recordado obispo Carmelo P. Giaquinta, fallecido en 2012, que promovía la reconciliación y el perdón entre familiares de víctimas de la violencia de distintos signos políticos. Lo acompañaban Cristina Cacabelos, hermana de una militante de Montoneros muerta en un enfrentamiento, y Beatriz Fernández, que integra la comunidad de la iglesia de Santa Cruz, donde fueron secuestradas las monjas francesas desaparecidas.

Los obispos Giaquinta, Casaretto y Miguel Hesayne fueron algunas de las voces de la Iglesia que intensificaron la prédica en favor de la reconciliación, como quedó plasmado en varios documentos episcopales. La nueva iniciativa responde a un impulso por promover acciones concretas, más allá de las exhortaciones.

"No responde a un pedido del papa Francisco, pero está en línea con su propuesta de una cultura del encuentro, que también la UCA quiere propiciar", dijo el rector Fernández.


HISTORIA SIN FIN


La señora Stolbizer ha firmado un acta-compromiso ante Amnistía Internacional para mantener los mal llamados juicios de "lesa humanidad". Me extraña, pues ella bien sabe que estos juicios son ilegales. Los derechos que estos juicios conculcan no pueden ser derogados ni modificados sino a través de una convención constituyente y con efectos posteriores a su sanción, nunca retroactivos. Los pactos internacionales tampoco pueden modificar ni alterar los derechos incluidos en la Constitución Nacional, particularmente los de la primera parte, referidos a derechos y garantías, por ejemplo el artículo 18. Anular una ley que ha entrado en vigor es ilegal. Podría ser declarada inconstitucional, pero con efecto posterior, nunca en forma retroactiva, como lo han hecho con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y aunque así lo hiciesen deberían respetar el principio de "ley más benigna". Tanto Stolbizer como los políticos de diversos partidos, aliados a los K en esta cuestión, violan la Constitución sin importarles las consecuencias futuras. Todos los que en su momento lucharon contra el terrorismo acatando órdenes del Ejecutivo tienen familias que ya están hartas de ver a sus familiares presos, convirtiendo esto en una "historia sin fin". Algunos puntos violados por los jueces de turno: artículo 18, todo juicio penal debe estar fundado en la ley anterior al hecho del proceso y ninguna disposición posterior puede aplicarse al caso, tampoco en los tratados de derechos humanos desde 1994 (con jerarquía constitucional) como el Pacto de San José de Costa Rica. El presidente Alfonsín hizo expresa reserva de que el Pacto sólo se aplicaría en concordancia con los principios y garantías de la Constitución.

En resumen, se cometen diversas irregularidades en contravención con la Constitución Nacional, principio de legalidad, retroactividad de la ley penal, ley penal más benigna, cosa juzgada, derechos adquiridos, etc.

Lucrecia G. Astiz

DNI 10.768.628

lunes, 3 de agosto de 2015

LESA VENGANZA

Editorial I

Frente a la vulneración de principios legales universales en causas judiciales, es necesario recordar que ni el odio ni el rencor podrán reemplazar a la Justicia
  

Ríos de tinta corren a diario para dar cuenta de infinidad de causas judiciales que se tramitan en distintos fueros sin que el ciudadano común pueda muchas veces comprender o dimensionar la gravedad que la vulneración de principios legales universales desde los estrados puede implicar. No está de más continuar alertando respecto de cómo el objetivo de impartir justicia se diluye cuando la ideologización o el fraudulento armado de causas se constituyen en andamiaje del odio y la venganza en una sociedad.


A lo largo de los últimos ocho años, estas columnas se han hecho eco del reclamo de la familia del doctor Jaime Smart -internado en la cárcel de máxima seguridad del Complejo Carcelario de Marcos Paz y próximo a cumplir ochenta años-, quien debió soportar ya dos juicios orales celebrados en La Plata con bulliciosas audiencias plagadas de activistas y militantes que falsamente declaman una defensa de los derechos humanos, cuando está claro que sólo buscan agraviar y ofender a procesados y defensores que no comulgan con su ideario. Sin una sola imputación concreta en su contra, se lo procesó por presuntos hechos delictivos asociados a su desempeño como ministro de gobierno bonaerense en tiempos de actuación de un jefe policial sindicado como el verdadero responsable y que fue condenado por sus crímenes hace ya casi 30 años.

Smart es uno más de los 100 funcionarios civiles, en su mayoría judiciales, que habiendo cumplido funciones en la época del régimen militar son acusados por delitos de lesa humanidad, cuya tipificación y definición surge del Estatuto de Roma, un tratado internacional al que nuestro país adhirió en el año 2000 y que recién se ratificó a nivel nacional en 2007. Nuestra Constitución consagra el principio de legalidad que prohíbe una aplicación retroactiva de la ley. La adhesión argentina en 2003 a la Convención celebrada sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad no puede tampoco pasar por alto lo normado ni la costumbre internacional imperativa en la materia, así como la necesidad de poder probar los crímenes más allá de cualquier duda razonable.

Soslayando las bases fundamentales de nuestro sistema jurídico, con el impulso de la Secretaría de Derechos Humanos, el apoyo del Ministerio Público Fiscal y la connivencia de varios jueces federales, se pretende crear una nueva causa de atribución de responsabilidad penal, basada en el "contexto" político en que ocurrieron los hechos imputados, dejando de lado la exigencia de probar la autoría, más allá de cualquier duda razonable.


Como bien señaló el juez Eduardo Farah en un reciente fallo de la Cámara Federal: "La posibilidad ciertamente relevante de que los hechos puedan encuadrarse en la categoría de los crímenes de lesa humanidad no es inocua para el proceso. Mas ello, claro está, no exime de aplicar las reglas que impone la ley para todos los procedimientos penales de esta jurisdicción, sobre la prueba y la dirección de la instrucción, ni de aplicar las pautas que jurisprudencialmente se han trazado para situaciones iguales a la planteada en la presente causa".

En el mismo sentido, sostuvo el integrante de la Cámara de Casación Penal Mariano González Palazzo que "las razones indicadas traducen la necesidad de ser ajustados en el intento de delimitar los conceptos que integran las normas, tratados y resoluciones judiciales, para evitar, por una cuestión de conveniencia circunstancial o por un sentimiento determinado, hacer menos excepcional lo excepcional".


Dando por cierta la falsa afirmación de que en la Argentina, a diferencia de Venezuela, no tenemos presos políticos, el propio candidato a vicepresidente por el partido gobernante, Carlos Zannini, destaca orgullosamente la labor de la administración kirchnerista en materia de supuestos derechos humanos. Al día de hoy, hay más de 3500 imputados y 1100 procesados en cárceles o con prisión domiciliaria, miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y civiles, que combatieron a las organizaciones terroristas, de los cuales sólo 620 tienen condena. Lo que no dice el flamante candidato es que son más de 300 los muertos en cautiverio, en muchos casos, por demoras y deficiencias en la atención médica que se suman a las presiones psicológicas que se ejercen sobre ellos. Está claro que no se pretende cuestionar que se investiguen delitos supuestamente cometidos, sino que se garanticen juicios imparciales y conformes a las leyes, con condenas justas y encarcelamientos que respeten, como indica la Constitución, la dignidad humana.

Los abogados de Smart, al igual que muchos otros defensores, han solicitado en reiteradas ocasiones el beneficio de la prisión domiciliaria por edad avanzada para su cliente, pedido sistemáticamente rechazado por el escandaloso juez platense Carlos Rozanski al argumentar absurdamente un "alto riesgo de fuga". Con el voto de los doctores Gustavo Hornos y Luis Cabral, y la obvia disidencia de la doctora Ana María Figueroa, que pareciera estar más interesada en llegar al máximo tribunal que en impartir justicia, la Cámara de Casación revocó aquella denegatoria hace dos meses y ordenó que se dicte un nuevo fallo que conceda la prisión domiciliaria. Rozanski no sólo no cumplió el fallo, sino que pretendió frenarlo con diversos artilugios procesales que culminaron con una orden de la cuestionada procuradora general de la Nación al fiscal de Casación, Ricardo Weschler, para que interpusiera un recurso extraordinario ante la Corte a fin de frenar lo dispuesto. Los alegatos del obediente representante de la procuradora Alejandra Gils Carbó evidencian la gravedad con que se instrumenta una venganza impulsada por la autodenominada Justicia Legítima, de neto corte kirchnerista, reeditando una vez más las groseras violaciones a la Constitución a las que nos tienen acostumbrados para el tratamiento de temas que, con ligereza y mendacidad, califican de "lesa humanidad".

Ya no se esgrime el riesgo de fuga, sino el "ascendiente" que este hombre mayor podría conservar sobre estructuras de poder que podrían pervivir. Con desparpajo se afirma sin razón alguna que, casi octogenario, quien permanece encarcelado sería miembro de un supuesto grupo de acción capaz de poner en peligro a la democracia, luego de más de tres décadas de vida institucional, olvidando que Smart renunció a su cargo de ministro de gobierno cuatro años antes de finalizar el gobierno militar en abierta disidencia con el Poder Ejecutivo de entonces.


Por todo lo expuesto, no cabe duda de que denegarle la prisión domiciliaria responde a otra clara motivación política a la que se vienen prestando ciertos sectores del Poder Judicial, sin suficiente oposición, en bolsones sumamente ideologizados de nuestra Justicia Federal. El tribunal que preside el juez Rozanski bien reconocía que la razón principal de estos ataques judiciales, pese a que se la pretende ocultar, radica en que Smart ha sido uno de los jueces de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación que juzgó y condenó en forma ejemplar entre 1971 y 1973 a terroristas de entonces, luego liberados por el gobierno de Héctor Cámpora y, en ciertos casos, tan cercanos al gobierno actual.


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.