sábado, 6 de diciembre de 2014

¿ALGÚN DÍA VEREMOS PRESO A UN FUNCIONARIO CORRUPTO?


El art. 268 (1, 2 y 3) del Código Penal, define y sanciona el delito de Enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Es la forma en que el Estado demuestra y ejerce su interés en la lucha contra la corrupción. Se trata de un delito de difícil comprobación, ardua instrucción y casi imposible condena. Porque una cosa es el Estado y otra el Gobierno, pese a que haya mandatarios y mandatarias que supongan que se trata de la misma cosa. De ahí que si bien el Estado, a través de sus normativas aspire a impedir la corrupción, un gobierno corrupto por lógica consecuencia tratará de evitar cualquier investigación que lleve a sus funcionarios a la cárcel. No otra cosa es atacar a la prensa que investigue y publique casos de corrupción o el intento de suspender fiscales y jueces que pretendan cumplir con su obligación o la radicación de querellas penales contra quienes se atrevan a denunciar tales delitos. A un gobierno corrupto no le faltarán mandaderos entusiastas que se encarguen de cumplir con tales diligencias y amedrentamientos. Es por eso que a los argentinos nos extraña tanto ver en países hermanos a funcionarios que son separados de sus cargos ante la mínima sospecha de corrupción, nos sorprende la independencia de sus tribunales para instruir la causa y nos ocasiona envidia la libertad de la prensa para divulgar la noticia.

Y, finalmente, nos esperanzamos ante el ejemplo de la cárcel como destino inexorable de los corruptos.

Es lo que nunca veremos en nuestro país. La reforma del Código Procesal Penal en manos de la Procuradora General de la Nación, debidamente monitoreada desde la Casa Rosada, impedirá cualquier intento de combate a la corrupción.

Sólo podrá cambiar esta penosa realidad si los líderes de las fuerzas opositoras bajasen de sus pedestales y antepusieran la Patria a sus personales y mesiánicas pretensiones.

Juan Manuel Otero

viernes, 5 de diciembre de 2014

¿SE ATREVERÁ A SUBIRSE A LA HISTORIA?

El destacado historiador Omer Freixa, efectúa un correcto y preciso análisis sobre la figura gigante de Nelson Mandela y su desenvolvimiento como gran líder de la pacificación en Sudáfrica, al término del Apartheid.

Mandela en Soweto

Tuvimos la oportunidad de ser testigos del cambio producido en la nación sudafricana, durante los primeros años de Mandela Presidente y apreciamos la enorme tarea que hizo para apaciguar los ánimos entre sus compatriotas –de raza negra y blanca–. Los blancos tenían gran temor que los oprimidos duramente durante tantos años, buscarán venganza y ellos fueran el blanco seleccionado… seguramente era lo más previsible.

Nelson Mandela y Frederik W. de Klerk
recibieron el premio Nobel de la Paz en 1993

Mandela y de Klerk dieron una lección al mundo, mediante sus políticas de concordia y reconciliación obtuvieron el más preciado objetivo “la Pacificación Nacional Definitiva”. Tómese nota que sus beneficios aún perduran y se han instalado como una política nacional. Hoy, hombres de todas las razas conviven en la República de Sudáfrica en plena armonía y pacíficamente… los temores y errores quedaron sepultados en el pasado.

Como bien lo señala el autor de la nota –Omer Freixa– no podemos decir lo mismo por estas pampas, la crispación del poder de turno nos mantiene a todos ofuscados en forma casi permanente. Freixa señala muchos de los conflictos, con los cuales el poder de turno aún irrita a la sociedad… pero… olvidó uno muy importante: las consecuencias de la guerra revolucionaria de los ’70 y la venganza terrorista a través de la injusticia de los llamados “juicios por la memoria, la verdad, o cualquier nombre que le quieran poner”. Tal vez su juventud no le permitió ser un testigo de esa violenta época, cuando las organizaciones político-militares-terroristas ansiaban hacerse del poder del estado, mediante una cruel guerra revolucionaria, para instalar un estado marxista-castrista ajeno al sentir de la mayoría de la sociedad.


Esa minoría que abrió la “Caja de Pandora” hundió al país en la noche de las tinieblas, las únicas fuerzas legales correspondían al estado argentino y ellas vencieron por las armas al enemigo que le fue ordenado “aniquilar”… es decir reducir a la nada.

Antonio Gramsci

Esa minoría astuta –como la serpiente– supo mutar y transformó una derrota militar en una victoria política, utilizando el método historiográfico de Antonio Gramsci. En 1978 el terrorismo estaba derrotado, en 1983 actuaba en política infiltrándose nuevamente en la clase dirigente y algunos ocupan cargos en la democracia renacida. En 1990 su participación en el estado es mayor y a partir de 2003, se sacan la careta: ansían vengarse de sus vencedores. Cambian la historia e imponen un relato… la sociedad sorprendida, se traga el sapo. Y hoy estamos… como estamos, divididos, ofuscados, desesperanzados, disconformes, desavenidos, etc.

Juicio a las Juntas Militares

Con el juicio a las Juntas Militares que gobernaron durante el Proceso de Reorganización Nacional, sus sentencias, condenas y prisiones… las heridas abiertas comenzaron a curarse. Posteriormente durante el gobierno radical del Dr. Raúl Alfonsín y las leyes de perdón sancionadas por el Congreso Nacional, las heridas iniciaron su proceso de cicatrización. Con los indultos dictados por el presidente de la Nación, representante del Partido Justicialista, Dr. Carlos Saúl Menem, las heridas iniciaron la regeneración del tejido social.

Terroristas mutados a políticos y funcionarios

Pero una vez más como en la historia bíblica la serpiente hizo su trabajo, en el 2003 la concordia y reconciliación nacional retrocedieron en todos los logros alcanzados por la sociedad… las heridas se abrieron y aún mana sangre de ellas.

Es imprescindible que la concordia, la reconciliación y la justicia se reinstalen nuevamente en nuestra querida Patria. El próximo timonel del rumbo nacional, sin duda alguna, debe ser un líder con las cualidades del estadista conciliador que fue Nelson Mandela… ¿Se atreverá a subirse a la historia?

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre



NELSON MANDELA, LA RECONCILIACIÓN Y AMÉRICA LATINA

Por: Omer Freixa

África, como se sabe, siempre es el rezago de las noticias internacionales, a menos que haya catástrofes para deleitar a las audiencias. Sudáfrica, como parte de ese continente olvidado, también comparte esa pauta, salvo que existan hechos que conciten el interés internacional de vez en cuando. Si bien pasajero, uno fue en 2010, en ocasión de ser ese país sede de la Copa Mundial de fútbol, por lo que dicho año se habló más de África en general que en muchos otros. El 9 de junio de 2013, el personaje más representativo de esa nación, Nelson Mandela, entró en un declive por su acrecentada edad del cual no se repondría más, para fallecer el 5 de diciembre pasado, a sus 95 años. De nuevo todas las miradas del mundo se dirigieron a su patria para honrarlo como un ícono mundial de la paz y de la reconciliación que, con 67 años de militancia, e incluyendo 27 de presidio, logró superar la infamia racial del Apartheid y alcanzó la unidad de una nueva Sudáfrica democrática de la cual resultó electo primer presidente, y el primer negro al poder de la que denominara “nación del arcoiris” en relación a su diversidad étnica y cultural, y la reconciliación post Apartheid. En otro gesto loable de la talla de uno de los estadistas más admirados del siglo XX, voluntariamente (a diferencia de tantos mandatarios africanos que se enquistan en el poder) cedió el mando en 1999. Finalmente, en cuanto a efemérides, se cumplen 20 años del fin del tan repudiado Apartheid.

Manos enlazadas por la conciliación

Mandela concita la admiración y el respeto en todo el mundo. Su ejemplo en aceptar dialogar con el enemigo, perdonarlo por los agravios del pasado, y pretender la reconciliación, debiera ser imitado en muchos lugares. En América Latina no hay figuras de su talla, y lo más cercano a una homologación fue que al presidente José Mujica de Uruguay lo hayan querido comparar con el sudafricano, pero “Pepe”, con su brutal honestidad, rechaza esa clase de comparación. De modo que lo que urge en nuestra región es la presencia de líderes con gestos conciliadores como el del sudafricano más famoso.


















Al momento del fallecimiento de Mandela el presidente venezolano, Nicolás Maduro, comparó su muerte con la de Hugo Chávez nueve meses antes, en el sentido de homologarlos como dos grandes políticos del mundo, pero el fenecido líder bolivariano no tuvo la capacidad de unir la nación como lo hiciera hace 20 años el sudafricano, sino de dividirla, pese a las mejoras a los sectores más postergados antes del inicio de la Revolución Bolivariana. A su muerte, sobrevino el desafío de todo régimen basado fuertemente en el carisma de su líder, preservarlo, misión que le tocó a Maduro, quien se declaró hijo del Comandante. Pero la situación comenzó a complicarse con protestas estudiantiles a comienzos de febrero pasado que desataron un panorama cercano a la guerra civil y que para agosto cerró con un balance lamentable de 45 muertos, cientos de heridos y más de 2.500 detenidos, todo ello sumado a una economía que tambalea, por ejemplo, con la inflación más alta de toda la región. El chavismo, así como la oposición, pierden el desafío de unir a los venezolanos ya que ambos contribuyeron a generar una fractura sin precedentes de la sociedad venezolana de la cual el estado de violencia que la asoló durante gran parte del año es su mejor reflejo. Ni Chávez es Mandela, ni tampoco lo es el referente opositor Leopoldo López, encarcelado desde el 18 de febrero, quien comparó su situación a la del ícono negro por el injusto presidio que sufrió. Para muchos opositores al gobierno, López es un nuevo Mandela, generado por Maduro, ya que el gobierno lo catalogó de golpista y culpó de orquestar la protesta fascista, así como de engendrar la violencia cuando también el gobierno la promovió, por ejemplo, a través de los motorizados y la represión estatal. Como sea, y más allá de la discusión eterna entre diversos actores que se endilgan culpas, no hay espacio para ningún gesto reconciliador y menos uno a la altura de Madiba, el apodo clánico del primer presidente negro de Sudáfrica.


El contexto argentino, si bien no tan ríspido como el venezolano este año, tampoco ofrece una figura reconciliadora de la talla de Mandela ni mucho menos. Los cruces entre oficialismo y oposición son permanentes y muchos subidos de tono. Hace unos días el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en conferencia de prensa llamó a un periodista opositor “marmota” en un juego de palabras por unas críticas efectuadas y el piquetero oficialista Luis D´Elía, con su verborragia habitual, pidió simbólicamente en una pica la cabeza del juez Claudio Bonadío, magistrado que pidió investigar un activo de la presidenta Cristina Fernández. La oposición no se queda atrás. El periodista y conductor televisivo Jorge Lanata, que el pasado 20 de febrero comparó a Leopoldo López con Perón y Mandela en relación a su arresto, con el tono incendiario y displicente que lo caracteriza, hace unas semanas cargó contra todos los referentes opositores acusándolos de inútiles. La oposición y el oficialismo podrían llenar capítulos de libros con episodios infantiles de cruces verbales y peleas para todos los gustos.


Con tantos ejemplos a la vista de confrontación y odio, tanto en Venezuela como en Argentina, es claro advertir que no resulta fácil vislumbrar algún fenómeno similar a lo ocurrido en Sudáfrica en cuanto a reconciliación nacional, ni en los demás países de América Latina. Estamos muy lejos de tener nuestro propio Nelson Mandela.


NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.

jueves, 4 de diciembre de 2014

JUECES CÓMPLICES EN LA MUERTE DE ANCIANOS MILITARES

En el programa 8910 de Juan Manuel Soaje Pinto que se transmite por el canal TLV1, el señor Coronel (R) Guillermo Viola, Miembro Fundador de la Unión de Promociones habló sobre la situación de los presos políticos militares, la decadencia de la justicia y la complicidad de los jueces en la muerte de los ancianos militares quienes serán juzgados oportunamente. Hablaron sin mordaza sobre el tema...

¿PASO CERRADO PARA UNA AMNISTÍA O UN INDULTO?

Estimados Amigos:

Una copia de la carta escrita y firmada por Juan Francisco Ramos Mejía (Padre e hijo) la recibimos hace tiempo y no la hicimos pública en nuestro blog, estábamos a la espera de una señal o palabra de la Iglesia en respuesta a este pedido reiterado ante sus máximas autoridades.

Como la Iglesia tiene sus tiempos, los cuales muchas veces no coinciden con las urgencias humanas… una nueva iniciativa del poder de turno, nos lleva a movilizarnos y alertar sobre un nuevo peligro anticonstitucional que se cierne sobre las cabezas de nuestros Presos Políticos. Nos referimos al trámite express que el oficialismo, una vez más aplicará para sancionar una nueva ley que cierra el camino a una amnistía o indulto presidencial a toda persona condenada por delitos de lesa humanidad.


El 19 de noviembre de 2014, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley del oficialismo que le cierra el paso a cualquier intento de “amnistía, indulto o conmutación de pena” a los condenados por los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. La propuesta fue definida como “una norma general para que ningún presidente futuro pueda tener el atrevimiento” de revisar las condenas por violaciones a los derechos humanos, además de “un pronunciamiento por la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad”, en los que se “empiezan a juzgar las complicidades civiles”. El radicalismo salió al cruce de las “objeciones formales” al proyecto y se plegó a favor de la iniciativa. Desde el PRO consideraron la propuesta como “inconstitucional” porque “se inmiscuye en una decisión privativa del presidente de la República” y propuso que el proyecto de ley derivara en una “declaración” parlamentaria.

El proyecto obtuvo 173 votos a favor, ninguno en contra y 16 abstenciones de los diputados macristas, que arrastraron detrás de su postura a un puñado de radicales.

El único artículo del proyecto expresa que “las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena, bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga”.

Es bien conocido que la Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, el cual encomienda a la Corte con una jurisdicción y un mandato muy específicos y cuidadosamente definidos. Una característica fundamental del Estatuto de Roma, en su artículo 11° es que la Corte sólo podrá ejercer su competencia respecto de los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, el 1 de julio de 2002. Todos los hechos por los que se acusa e imputan delitos a nuestros Presos Políticos, ocurrieron en la República Argentina con anterioridad al 1 de julio de 2002. El Estatuto de Roma recién entra en vigencia legal en nuestro país el 1de julio 2002, en consecuencia constituye un aspecto más y muy importante para declarar la inconstitucionalidad del proyecto de ley que pretende limitar a la propia Constitución Nacional.

Siendo la Constitución Nacional nuestra Ley Suprema, ninguna ley puede estar por encima de ella, a pesar de ser legos en la materia no se nos escapa que el proyecto de marras es a todas luces inconstitucional.

Como expresara oportunamente el Dr. y académico Jorge Reinaldo Vanossi[1]:

“Uno de los objetivos de la amnistía y del indulto es alcanzar ‘la paz interior’ que señala el Preámbulo de la Constitución Nacional como uno de los fines más excelsos de nuestro estado y nuestra sociedad. La oportunidad y la conveniencia de los indultos a los condenados no es materia de apreciación judicial. Su acierto o desacierto es una incumbencia presidencial”.

Aclarada nuestra ignorancia en la materia, a continuación les dejamos la carta, mencionada en el primer párrafo, y cuyos autores nos dejan sus muy buenas reflexiones. No podemos permitir más atropellos a la Constitución Nacional y sus instituciones por leyes anticonstitucionales y por lo tanto ilegales.

Sinceramente,

Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre



Buenos Aires, 10 de julio de 2014
Su Santidad
Francisco
Citta del Vaticano
Roma – Italia

De nuestra mayor consideración:

Le escribimos con motivo de la respuesta pública que venimos dando desde la Iglesia a la politización de los derechos humanos en la Argentina.


Muchos laicos venimos cuestionando el espíritu de venganza que inspira la política de derechos humanos del gobierno. Los juicios contra la represión de los 70’ se han llevado adelante por una justicia parcial violando garantías constitucionales de un estado de derecho. Entre ellas, el principio de legalidad según el cual el Estado no puede imponer penas de “lesa humanidad”, más gravosas que las que aplican para el homicidio calificado, por hechos que no preveían esas sanciones en su momento; y el instituto legal de la prescripción u olvido que se sustenta en un principio de sana convivencia cristiana de paz social, máxime cuando se trata de hechos ocurridos en medio de una guerra sucia hace casi cuarenta años.


Es especialmente grave la derogación del principio de inocencia. En estos casos es suficiente una prueba de indicios y no aplica el principio de que debe “demostrarse la culpabilidad más allá de una duda razonable”. A esto se agregan la prisión preventiva en cárceles comunes mientras se sustancian los juicios para hombres mayores que de ningún modo representan un peligro actual para la sociedad y la negativa encarnizada a otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a las personas mayores o enfermas que se otorga normalmente en otros casos, tal como ha denunciado la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia de Argentina. Son presos políticos.


Esta situación inicua contrasta con la plena libertad e impunidad con que los ex combatientes de las organizaciones terroristas acceden a cargos públicos y se vanaglorian de sus actos. Sus víctimas, que fueron muchas e inocentes, no tienen derechos ni ningún reconocimiento público, tal como reclama el Centro Legal sobre el Terrorismo y sus Víctimas de Argentina (CELTYV). No están. No existen.

Los pueblos tienen derecho a darse la paz y perdonarse los horribles pecados de la guerra cuando concluyen sus luchas internas. La experiencia de España nos sirve como ejemplo al igual que la experiencia Argentina luego de la batalla de Caseros que terminó con la guerra civil entre unitarios y federales. Nuestra Constitución Nacional sabiamente contempla el instituto político de la amnistía entre las facultades del Congreso Nacional, que se empleó para pacificar el país con las leyes de obediencia debida y punto final. También contempla el instituto del perdón presidencial o indulto, del que también se hizo uso perdonando a los líderes de uno y otro bando.

Sin embargo, mayorías coyunturales de un gobierno cuyo eje político es la confrontación declararon nulas esas leyes (algo que constitucionalmente no está permitido al Congreso) y esos indultos, pero solamente para un bando, el bando políticamente más débil.


Las víctimas de esta caza de brujas ascienden en la actualidad a mil setecientas familias, pero afectan a toda la población. Hoy, la mentira de los “juicios de la verdad” sirve para presionar magistrados, funcionarios, empresarios y opositores, militares y civiles. Su Santidad ha sido también víctima de una parodia de juicio que lo quiso implicar como partícipe de crímenes de lesa humanidad.


La construcción jurídica que han inventado los terroristas de ayer es que los delitos de los funcionarios estatales son imprescriptibles e in amnistiables, pero para ellos hay olvido y perdón. Esa justicia tuerta no tiene, sin embargo, sentido común ni es entendida así en otras partes del mundo. ¿Qué pasaría en EEUU si sus tribunales dan a Al Qaeda prescripción y perdón, y para George W. Bush y Barack Obama cadena perpetua por los abusos en Guantánamo o por haber ejecutado a Bin Laden sin el debido proceso?

Sin una solución política, la crisis se agrava y se va preparando el caldo de cultivo para un estado totalitario o para una nueva guerra fratricida. Y, la Iglesia en lugar de ayudar pareciera echar más leña al fuego.


Por un lado, se guarda el más absoluto silencio público por la inicua prisión, basada en indicios, que padecen miembros de la Iglesia como, por ejemplo, Jaime Smart (ex miembro de la Cámara Federal que juzgó los grupos subversivos) o, desde hace años, el Sacerdote y ex Capellán de la Policía, Christian von Wernich. Pero, por otro lado, la Iglesia homenajea al sacerdote Carlos Mujica como si fuera prácticamente un prócer cuando lo menos que podemos decir de él es que fue una persona muy discutida y en muchos momentos justificó la violencia armada de los ejércitos guerrilleros como una expresión del compromiso cristiano y fue responsable de que muchos jóvenes abrazaran ese camino trágico. Monseñor Angelelli, ex obispo de La Rioja, es presentado casi como un mártir cuando sabemos no murió por defender su fe, sino accidentalmente según todas las pericias y que también era una personalidad muy discutida por sus posiciones respecto a la violencia armada, a Montoneros y su pertenencia al movimiento de los sacerdotes para el tercer mundo.


Con sus acciones y omisiones públicas el gobierno de la Iglesia Argentina está inclinando la balanza en un sentido que además de injusto es inconveniente para la paz social. Va a contramano del último documento sobre la violencia. Hoy, el bien común requiere de nuestros obispos y sacerdotes que condenen firmemente la violencia de los grupos subversivos, defiendan los derechos de los presos políticos de la venganza de los guerrilleros de ayer y acompañen públicamente a las víctimas de los actos de terrorismo perpetrados por ejércitos clandestinos como montoneros o el ERP.

La sociedad necesita de la autoridad moral de Su Santidad para volver a perdonar, cerrar las heridas y mirar al futuro todos como hermanos en paz y unidad. A veces, daría la impresión que el perdón de Cristo no vino para los que con medios equivocados reprimieron la subversión. ¿Quién lava los pies de estos hombres que son hoy execrados por la sociedad? ¿Pediremos perdón como Iglesia por todos los jóvenes que nuestros sacerdotes alentaron a tomar las armas para construir el hombre nuevo no de Cristo sino de Marx? El momento es ahora, luego será demasiado tarde.


Soy padre de ocho hijos y escribo esta carta en conjunto con mi hijo mayor ya que es en su generación y en el legado que les dejaremos en lo que estoy pensando principalmente. Rogamos a Dios que ilumine a Su Santidad y que tome de esta carta solamente aquello que encuentre valioso y constructivo. Imploramos la bendición apostólica,

JUAN FRANCISCO RAMOS MEJIA (Padre)
JUAN F. RAMOS MEJÍA (Hijo)

Marcelo T. de Alvear 1173
(1058) Buenos Aires- Argentina

NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.



[1] Recomendamos leer: PRESCRIPCIÓN, LEGALIDAD, AMNISTÍAS E INDULTOS - La demolición de los principios constitucionales en la materia por Jorge Reinaldo Vanossi.

miércoles, 3 de diciembre de 2014

TREINTA AÑOS DE CONFLICTO ASIMÉTRICO EN LO MILITAR Y EN LO JURÍDICO

Los Protocolos Adicionales I y II a las Convenciones de Ginebra de 1949.

La ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional por parte de México aumenta el apoyo de Latinoamérica a la postura de los organismos de  DDHH y DIH en las NNUU. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), más lejos del rol político, cobra vigencia en el conflicto ideológico global entre Estados y Partes. 

En el mapa actual se puede ver el apoyo de Europa y Latinoamérica, menos significativo en los EEUU, Asia y el norte de África. Los Tratados Internacionales, coherentes y loables, son una necesidad y esperanza de futuro, aun cuando quienes los impulsen lo hagan con posturas de mayor oportunidad política o ideológica antes que jurídica.

Durante la Bipolaridad la posición internacional sobre los Derechos Humanos adquirió un tinte político que la alejó de su humana convicción. “La  Convención sobre la no aplicabilidad de limitaciones estatutarias a los Crímenes de Guerra y de lesa Humanidad”,  no vigente en ocasión de hechos  que son juzgados, entró en vigor el 11 de noviembre de 1970 y fue ratificada sólo por 45 naciones, con mayoría de Repúblicas de la URSS y afines, situación que afecta su internacionalidad.

La norma propone que la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad permita alcanzar a cualquiera en el futuro sin tener en cuenta posibles cambios en el lenguaje que lo hagan inadmisible. Sin embargo, tanto el Estatuto de la Corte Penal Internacional, así como documentos que lo sustentan, con excepción del Art. I de la Convención citada, tienen presente el valor de  las normas a derecho vigentes al momento de su edición. 

El 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos había dictaminado, en su Art. 2 (1) que “...toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración...” y en el Art. 11 que  “...Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito…”. La Convención no lo tuvo en cuenta.

El 7 de diciembre de 1978 entraron en vigencia los Protocolos Adicionales I y II a las Convenciones de Ginebra, después de un proceso político largo y dificultoso en pleno contexto Bipolar, donde el ejercicio del veto en el Consejo de Seguridad era una  constante.  Su concepción  había comenzado  en 1957, pero resultaron débiles por intentar evitar anteponer previsiones que pudieran dar status internacional a rebeldes, o  restringir la capacidad de las fuerzas del Estado para suprimir rebeliones (Hoy: conflictos asimétricos o no internacionales; Protocolo II).

Pese a las interferencias y demoras en su edición que oponía la Bipolaridad como sistema, los Protocolos  sirvieron para completar vacíos en las Convenciones de la Haya y de Ginebra y conformar una herramienta útil para entender en conflictos internacionales, simétricos,  (Irak – Kuwait) el Protocolo I, o no internacionales, asimétricos, como las Torres Gemelas de NY (09 – 11) el Protocolo II.

En Argentina, después del período de Guerra Interna en los años 70, el Presidente Constitucional, posterior al ciclo de facto, Dr. Ricardo Alfonsín, resolvió “adherir” a los Protocolos Adicionales I y II, no firmados en su oportunidad, por considerarlos una herramienta  adecuada para entender en el conflicto interno finalizado.

Los Protocolos podían aportar normas de comportamiento a seguir por razones humanitarias  para el trato de Heridos y Enfermos en ese tipo de conflicto, inclusive una vez finalizada la guerra. Dice el Artículo 7 – Protección y asistencia: “… 1) Todos los heridos enfermos  y náufragos, hayan o no tomado parte en el conflicto armado, serán respetados y protegidos. 2) En toda circunstancia serán tratados y recibirán, en toda medida de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre ellos distinción alguna que no esté basada en criterios médicos…”

En los ciclos Bipolar y Global el  escenario mundial fue, político e ideológicamente mutante y volátil, pero la justicia no debió hacer herramienta de ello  sino, por el contrario,  obrar como limitación y  control de esa debilidad humana.

Los documentos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) citados mantienen coherencia en cuanto a que la competencia temporal y la especificidad del consenso dialéctico sobre un proyecto, nacional o internacional, aún cuando útil y provechoso, va a ser muy difícil mientras se pretenda forzar  acuerdos donde “...la satisfacción del uno exija la subordinación o el sacrificio de la satisfacción del otro...” (Hegel – Filosofía del Derecho).

Con el análisis del conflicto asimétrico aún vigente para sólo una de las partes en la justicia, la Representación para Argentina del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene su Delegado en Brasilia con lo que el contenido de los documentos citados queda lejos de previsión, situación que podría justificar la intervención de la Comisión Internacional de Encuesta prevista en el art. 90 del Protocolo I.  El efecto lesivo rige en la falta de control de la norma que lleva a la deficiente atención de prisioneros enfermos de edad avanzada.  

Situación que destacó en sus palabras de cierre el Director de la Conferencia que dio vida a los Protocolos I y II, Pierre Graber en 1977: “…En un mundo sacudido por violencia y permanente antagonismo, la Conferencia diplomática mostró que el sólo intento de adaptar la Ley Humanitaria a la realidad moderna era un esfuerzo extremadamente ambicioso  y lleno de obstáculos. El hecho que más de 300.000 prisioneros políticos hayan podido ser visitados es lo más valioso si uno considera que los Estados Parte de las Convenciones de Ginebra no tienen la obligación de autorizar esas visitas…”. 

¿No tienen obligación? Será importante  mirar al futuro en esa dirección, 30 años de conflicto asimétrico en lo militar y en lo jurídico son muchos para convivir con una falta de control prevista en un documento al que la Nación adhirió en un gobierno constitucional.

Carlos Frasch[1], Septiembre de 2013

FUENTE: * 1 8 1 0 – BICENTENARIO – 2 0 1 0 * - POR UNA MEJOR ARGENTINA PARA RECUPERAR LA PATRIA PARA RECUPERAR LA REPÚBLICA - Año 6   Nº 225


[1] Carlos Frasch – Participante  confección del Manual de San Remo (Ottawa 10 – 14 Nov. 1989 ; Geneva: 23 – 28 Sept. 1993 y Livorno 9 – 12 Junio 1994.) 

N. de la R.: El artículo de referencia fue remitido en la misma fecha de su redacción a las autoridades del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna. Los párrafos destacados no figuran en el artículo original.

lunes, 1 de diciembre de 2014

LESA HUMANIDAD SIMILITUDES EN URUGUAY Y ARGENTINA

Montevideo, 17/11/14

Señor Don
Antonio Asencio
De mi consideración:

Tuve el gusto de leer su carta que se publica hoy en "La Nación".

¡Muy buena y muy oportuna!

En vuestro gran país y en el Uruguay se sancionaron amnistías para los dos lados, pero después los Gobiernos derogaron las amnistías de los ex militares y favorecieron a los ex terroristas-guerrilleros.

Esos Gobiernos eran amigos de los ex terroristas.

A estos últimos como usted muy bien sabe se les dieron cargos, indemnizaciones, reconocimiento de derechos jubilatorios,  otras ventajas y gangas..

En vuestro país los ex ERP y ex montoneros se acomodaron bien.

Lo mismo aconteció en mi país con los ex tupamaros.

Y al mismo tiempo se persiguió con saña a los ex militares y ex policías.

Dicha persecución abarcó a algunos casos en el Uruguay.

Mucho menos que en vuestro gran país.

Pero en vuestro país las persecuciones de los ex militares y ex policías fueron enormes.

Como usted lo dice y es notorio se trató a los ex militares muy mal en vuestro país.

Los revanchistas kirchneristas y sus camaradas de ruta violaron muchas normas jurídicas en la persecución referida.

Y dicha persecución sigue actualmente en forma intensa como usted sabe muy bien.

Como usted conoce y todo el mundo también,  se está tratando muy mal a muchos ex militares en varias prisiones de la Argentina.

Utilizaron el rótulo de "lesa humanidad" a piacere violando el Derecho.

Ese rótulo era inaplicable.

LA LEY PENAL NO ES RETROACTIVA.

Es retroactiva exclusivamente en el caso de que favorezca al condenado.

Si lo perjudica es un disparate jurídico aplicar la ley retroactivamente.

Pero en vuestro país y en el mío imperó una sádica venganza.

En vuestro país todo el mundo visita al estupendo Papa Francisco pero después muchos de esos visitantes violan cualquier norma jurídica.

Se hacen ver y se sacan una foto con Francisco, pero después violan cualquier norma.

Al margen de ello en vuestro gran país se está terminando esta lamentable década cristinista-camporista-montonerista-populista-kirchnerista-emepista-progresista.

A la Señora Presidenta le queda 1 año y unos días en su cargo pues el 10/12/15 deberá entregar la Presidencia al Sr. Ernesto Sanz, o al Sr. Mauricio Macri, o al Sr. Sergio Massa,  o a algún otro candidato.

Muy cordiales saludos,

Dr. Juan-Carlos Arrosa-Carve[1]



[1] Es corredor de seguros, abogado jubilado y escritor,  habiendo publicado 18 libros de cuentos.

CUANDO LA POLÍTICA USA A LA JUSTICIA PENAL PARA SATISFACER VENGANZAS



En su discurso ante la Asociación Internacional de Derecho Penal, pronunciado el día 23/OCT/20I4, el Papa Francisco, refiriéndose a fomentar la venganza en ámbitos judiciales, dijo lo siguiente:

“En la mitología, como en las sociedades primitivas, el público atribuye poderes maléficos a aquellos acusados de los problemas de la comunidad y que por esto serán sus víctimas sacrificiales. Esta dinámica no está ausente en la sociedad moderna. La realidad demuestra que, aunque existan instrumentos legales y políticos para enfrentar y resolver los conflictos, esto no ofrece garantías adecuadas para evitar que ciertos individuos sean acusados por los problemas de todos.”



En toda república civilizada la justicia debe ser independiente a ultranza. Debe honrar la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad. Pero en nuestro país, desgraciadamente el gobierno kirchnerista, haciendo de la mentira su principal y cotidiano argumento, impuso políticas que manosean en forma descarada a la justicia, fomentando la venganza.


En el año 2003, los oportunistas gobernantes santacruceños, presionados por las "organizaciones llamadas de DD. HH," (todas presididas por terroristas o sus parientes), apuntalados por políticos "progres" u oportunistas funcionales de la oposición, como también por periodistas surgidos de los claustros gramscianos o muy bien pagados, no titubearon en hacer de las FF. AA. el perfecto “Chivo expiatorio”: Culpable de todos los males de la comunidad, únicos “demonios”, “genocidas”, “criminales de lesa humanidad”, “terroristas de estado”, “represores de jóvenes idealistas”, etc., etc.

En forma planeada puntillosamente, incidieron con su propaganda en todos los ámbitos posibles: Justicia, política, cultura, educación, deportes, etc., con el objeto de crear en la opinión pública sentimientos de odio y venganza contra las fuerzas legales que defendieron al país de los ejércitos terroristas que lo atacaron. Sin importarles violar la verdad histórica, la Constitución y las leyes.


En este accionar judicial direccionado por la denominada “política de DD. HH.” se advierten muchas anormalidades que no corresponden a un debido proceso judicial, sino a una evidente venganza:
  • Una mancomunada acción entre querellantes, fiscales y jueces, ignorando a las defensas.
  • Gran cantidad de organizaciones querellantes, todas con fuerte apoyo estatal y algunas dependientes directamente del Poder Ejecutivo, como las Secretarias de DD.HH.
  • Fiscales que no buscan la verdad, sino ocasionar el mayor daño posible a los procesados.
  • Jueces que ignoran el verdadero contexto histórico de supuestos delitos cometidos en una guerra librada hace casi 40 años, tratándolos sin pudor como delitos comunes cometidos hoy.
  • No se conocen procesos por falso testimonio, pese al cúmulo de evidencias que dan lugar a firmes sospechas sobre testimonios falaces, armados por la querella y los fiscales.
  • Juzgados que aceptan la acción de “barras bravas de DD.HH”, con sus canticos, carteles y panfletos, profiriendo insultos y agravios a los acusados, evidentemente organizadas por la querella (incluyendo al Estado querellante). Los juicios se convierten así en un espectáculo circense y politiquero, cuando deberían ser respetables actos de justicia.
  • Imposición automática de prisiones preventivas a todos los imputados, superando por muchos años los límites impuestos por las leyes y por los tratados internacionales
  • Máximas penas a los procesados, metiendo a todos en una bolsa llamada “Plan de exterminio”.
  • Negación de la legal prisión domiciliaria, sin fundamentos válidos, a ancianos soldados que superaron ampliamente los 70 años, porque no padecen enfermedades graves o terminales.
  • Aplicación de sanciones colectivas a los detenidos, sin tener en cuenta su conducta individual, negándoles la atención hospitalaria correspondiente, porque algún preso se fugó.
  • Y muchas más aberraciones judiciales que alargarían demasiado este listado.

Ésta politizada justicia ya produjo más de 1.800 presos políticos y más de 260 muertos cautivos.


¡Esto no es justicia, es venganza!  ¡No es lo que el Papa Francisco pide al mundo!

N/E: La autoría de las presentes reflexiones corresponde a un detenido como “Preso Político”, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad.

NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original

LESA HUMANIDAD


En los denominados juicios de lesa humanidad se agravia a oficiales subalternos, suboficiales y algunos civiles al procesarlos y considerarlos penalmente responsables de hechos ocurridos hace casi cuarenta años en un contexto histórico y jurídico totalmente diferente al que se encuentra actualmente vigente, afectando de esta manera el principio de inocencia, de seguridad jurídica, de irretroactividad de la ley, pro homine y otros. También se desprecia la teoría del "error de prohibición invencible". La falta de real fundamentación, la venganza como única motivación, la sesgada interpretación de los hechos y el empleo de hipótesis desacertadas conducen al dictado de sentencias que imponen castigos desproporcionados e injustos a quienes tenían las menores jerarquías y ningún poder de decisión. Las Fuerzas Armadas, de Seguridad y policiales son de estructura piramidal y no celular.


Recordemos las palabras del papa Francisco: "Toda condena a perpetua es una pena de muerte encubierta" y hagamos un examen de conciencia respecto de la conducta de la sociedad toda frente a la acción de la guerrilla urbana y rural.

Rafael Mariano Braga
DNI 8.447.824
Siguen 20 firmas más.


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.