El
contexto
El presente alegato
lo escribo desde mi rol de dirigente político acreditado por doce años de participación en dicha
actividad, durante los cuales contribuí a la creación del partido Nueva Unión Ciudadana, con personería en la provincia de Buenos Aires y fui
cuatro veces candidato a Diputado Nacional y una vez candidato a Diputado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por distintas fuerzas y alianzas. Me mueve a
hacerlo una situación que considero oprobiosa, como es la flagrante y sistemática violación de los derechos
humanos que sufren los militares imputados por delitos denominados de “lesa humanidad” que es ignorada por la
justicia, los medios y las
organizaciones públicas y privadas que deberían velar por evitar este tipo de
agravios. Aspiro a que quede constancia histórica de que al menos un dirigente
político se apartó de la mordaza que impone el temor a exceder lo políticamente
correcto y aunque detento la condición de militar retirado eso no quitará a mi
testimonio el valor de provenir de un miembro de la dirigencia política
nacional.
Hace algunos años,
cuando se comenzó a mencionar la posibilidad de declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida, consulté la opinión de un prestigioso jurista quien me aseguró que
dichas leyes estaban ratificadas por numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia y que, en
todo caso, aunque se consumara un hecho como el planteado, no tendría validez
práctica pues desde el punto de vista del derecho las leyes no pueden
modificarse ni aplicarse en forma retroactiva, ni se pueden vulnerar derechos
adquiridos ni se puede volver a juzgar a quien haya sido previamente juzgado o
indultado. El tiempo me demostró que mi
ilustrado interlocutor conocía profundamente las cuestiones jurídicas pero no podía
anticipar la forma desmesurada y descarada con que la dirigencia política
argentina, avalada por una justicia acomodaticia, sería capaz de pasar por
encima de toda la estructura del derecho en su afán de conseguir un objetivo
político.
Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se
inició el ataque final contra todo lo que se había actuado y construido en la
materia, con el apoyo de legisladores de diferentes corrientes ideológicas y
partidos políticos, algunos de ellos con coincidencia plena y otros temerosos
de que sostener una actitud conforme a derecho los ubicaría bajo la sospecha de
ser cómplices o tolerantes de un
gobierno militar. La anulación de leyes
y de indultos en forma parcial, así como la incorporación de figuras jurídicas novedosas tales como
los delitos de “lesa humanidad” se
aplicaron en forma retroactiva
violando sin pudor principios universales del derecho, con el aval de una nueva
Corte Suprema de Justicia que reemplazó a la mayoría de los miembros
de la Corte anterior que fueron
sometidos a juicio político. Uno de esos miembros salientes me manifestó que la
condición que le plantearon para evitar ese juicio era precisamente
comprometerse a aceptar la anulación de las leyes citadas a lo que se había
negado por razones de principios. Solo el tiempo y la historia podrán
probar esa afirmación pero lo cierto es
que la nueva Corte convalidó todas
las aberraciones jurídicas que
quedaron bajo su arbitrio cuando de juzgar a militares se trató.
Si existía
alguna duda de que la justicia en
Argentina fue inmolada en el altar de la política fue justamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Ricardo Lorenzetti, quien se encargó de disiparla al expresar en un libro
de su autoría que “los juicios de lesa humanidad forman parte del contrato social de los
argentinos y constituyen una decisión colectiva, un consenso que va más allá de
cada dirigente, que no tiene dueño y que, como dijimos antes, nadie puede ya
impedir”. Esta expresión de voluntarismo de tono eminentemente político
que no admite siquiera la posibilidad de
la preeminencia del derecho, demuestra además una postura absolutamente
comprometida y anticipada de quien preside el tribunal que, en última instancia, deberá juzgar las
apelaciones y los cuestionamientos jurídicos que pudieren plantearse a esa
supuesta “decisión colectiva” de los
argentinos.
Expresado en los
términos crudos de un político cínico, lo actuado se puede sintetizar en la
idea de que los militares cometieron para su criterio crímenes tan graves que
había que encontrar los recursos jurídicos para juzgarlos y condenarlos aunque para ello fuera
necesario ignorar los obstáculos planteados por el derecho. Lo que muchos
sectores que adscribieron a esta teoría comprobaron luego duramente fue que el
gobierno una vez que comprobó que podía pasar por encima de los diques que la
ley ponía a sus apetencias, continuó
usando el recurso contra otros grupos arremetiendo contra empresas,
medios de comunicación y opositores,
llegando a tratar de imponer una reforma judicial que la Corte rechazó, ya en última instancia, cuando comprobó que también
venían por ella. Estos hechos no quedarán impunes. Como no quedarán impunes los
abusos con las millonarias indemnizaciones
que primero llegaron a los familiares de los “desaparecidos”, para continuar luego con los exiliados y con los
terroristas que cayeron atacando cuarteles en períodos democráticos hasta
llegar al extremo de malversar los recursos del Estado pagando a familiares de
terroristas ejecutados por terroristas en nombre de la “justicia revolucionaria”. Tanto abuso impune, tanto descaro para
juzgar a militares mientras se ignoran jurídicamente los crímenes guerrilleros
o se rechazan los reclamos de los familiares de víctimas del terrorismo serán
juzgados por la historia y en muchos casos, por tribunales más ecuánimes y justos que los que actualmente siguen la
corriente dominante, ignorando la justicia y el derecho.
El
núcleo
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| Militar anciano y enfermo encadenado a su cama en el Hospital Central de Mendoza |
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Sin embargo y pese a la gravedad de lo expresado, el núcleo de mi alegato está apuntado a algo más inmediato
y urgente, más grosero y aún más
oprobioso, por lo que su tratamiento no admite dilación. Esto es la forma desembozada en que se violan los derechos humanos de
los más de mil militares que se encuentran sometidos a juicios en causas
vinculadas justamente a la violaciones de derechos humanos. Esta cuestión, no la expreso en forma de
opinión o de apreciación subjetiva. Las agrupaciones constituidas por
familiares de los detenidos y los abogados defensores, han expuesto reiteradamente con nombre
y apellido los numerosos casos de ciudadanos con estado militar que
cumplen prisión preventiva durante períodos que triplican lo que autoriza la ley. Peor aún es la sistemática negativa a conceder la prisión domiciliaria
a detenidos con edades superiores a los setenta años que padecen enfermedades
que requieren tratamientos que no pueden
ser seguidos en los centros de detención en que viven en condiciones precarias.
Esa falta de atención médica adecuada ha llegado al extremo de que se prohíba a
los detenidos ser atendidos en institutos médicos dependientes de su obra social, como castigo por la fuga
de dos imputados de un nosocomio
militar. Como consecuencia de estos
agravios y de los traslados en
condiciones inadecuadas e insoportables
para las patologías y las edades de los
imputados, se ha producido ya un número
de más de 200 decesos, algunos de ellos que reflejan una notoria e inaceptable falta de atención médica. Toda
la información al respecto está disponible y debe ser urgentemente investigada
pues estas violaciones a los derechos humanos se están produciendo en estos
días y en esta sociedad en la que
convivimos.
No es en este escrito
en que citaré caso por caso (tengo la posibilidad de hacer llegar los datos
específicos a quien los requiera) pero basta relatar cómo situación
paradigmática el fallecimiento de Jorge
Rafael Videla, que según información pública tenía al morir fracturas
producidas en prisión que no habían
recibido adecuado tratamiento.
Justamente por ser el mayor imputado, su juzgamiento debería haber sido
un ejemplo del respeto a los derechos humanos, las formas y los procedimientos,
que diferencian a un Estado vengativo de un Estado justo. Pero si ni
siquiera en este caso de segura
repercusión se atendieron estas cuestiones menos aún se les da importancia
en el cuidado de la situación de los
cientos de detenidos de origen militar con condena o prisión preventiva.
Si las
cuestiones enunciadas son intrínsecamente oprobiosas en el contexto de una sociedad que pretende vivir
en estado de derecho, se alcanza el paroxismo cuando se trata el caso de los
cientos de militares, de policías y miembros de las fuerzas de seguridad y aun
de algunos civiles, que se encuentran imputados a pesar de que no tuvieron relación con los hechos
vinculados a su acusación. La cuestión es que después de que fueron juzgados los miembros de las Juntas Militares y los altos mandos que
condujeron las operaciones y establecieron
los procedimientos en la lucha contra la subversión, el afán
persecutorio se extendió sobre los
oficiales de baja graduación y suboficiales, elaborando razonamientos y
argumentos ajenos a las normas jurídicas pre existentes, que han llevado a los
tribunales a los imputados tan solo por ocupar cargos propios de su profesión o
por participar de operativos contra la guerrilla aun en tiempos de democracia.
La falta de objetividad y el respeto del principio de inocencia se hacen
evidentes y solo se traen a colación cuando se tratan casos de interés para el
gobierno como sucedió con el actual Jefe
de Estado Mayor del Ejército demostrando una inaceptable parcialidad.
Se han formulado
acusaciones bien concretas contra la animadversión evidenciada por jueces y fiscales y la respuesta es que “al menos se les concede a los
militares un juicio, cosa que ellos no
ofrecieron a sus víctimas”. Según esta aberrante línea argumental se vuelve
al concepto de que la gravedad de los crímenes de que se acusa a los militares
(sin presunción de inocencia) es tal, que ni siquiera es exigible un juicio
justo. Al llegar a este punto es necesario admitir que se hace imprescindible
un replanteo inmediato de este proceso acusatorio que ha excedido los límites
de la justicia para caer en las ciénagas morales de la venganza.
Es en beneficio de la
salud moral de la república y la dignidad que merece nuestra sociedad, que ante
la gravedad de los hechos que describo, avalado por las denuncias de familiares
y abogados defensores que son sistemáticamente ignorados y desoídos, debería realizarse una inmediata
investigación de la situación procesal de los más de mil detenidos en causas vinculadas a la violación
de derechos humanos.
Dicha acción debería poner un tope a las “prisiones preventivas perpetuas”,
remitir a prisión domiciliaria a los mayores de setenta años y a los aquejados
de enfermedades que requieren tratamientos que
no pueden cumplirse en prisión y liberar de la acción penal a todos
aquellos oficiales y suboficiales que por su jerarquía carecían de toda
capacidad de decisión y contra los cuales no hay acusaciones personales.
Esto responde a un
elemental respeto a los derechos humanos que merece todo individuo y requiere
una acción inmediata, sin perjuicio del análisis de las cuestiones de fondo
respecto de las anomalías jurídicas de la figura de lesa humanidad, su
aplicación retroactiva, la valoración del contexto en el cual se desarrollaron
las acciones objeto de acusación y la asimetría en la consideración de
guerrilleros y militares a la hora de penalizar conductas.
He expresado que escribo este alegato desde el punto de vista
del dirigente político. No persigo por cierto con ello conseguir votos para la
próxima elección, ya que soy consciente de lo políticamente incorrecto de mi
posición en el actual contexto. Tampoco cuento con que lo que expreso sea del
agrado de los detenidos o sus familiares. Mi objetivo es ofrecer a la sociedad
argentina la oportunidad de modificar una situación que en el futuro
llevará a avergonzarse cuando los hechos
que relato cobren notoriedad y obliguen al remanido recurso de pretextar
ignorancia. Hoy, en nuestro país, se
están violando los derechos humanos de un numeroso grupo de detenidos y no hay excusa que justifique ese atropello.
Para asegurar
que la información llegue a quienes
tienen que conocerla y actuar en consecuencia espero poder hacer llegar este
escrito a diversos protagonistas de la vida social:
A las autoridades de
la Iglesia Católica Argentina para
que hagan visible su proverbial vocación
por la defensa de los derechos humanos.
A su santidad,
el Papa
Francisco, a quien no puede privarse de conocer esta oprobiosa situación
que se está produciendo en su país de origen y que ya comenzó durante su
episcopado.
A los Senadores y Diputados nacionales, a
pesar de la animadversión que muchos de ellos puedan sentir por los militares
que revistaban en actividad durante el período de gobierno militar, justamente
para que demuestren que su respeto por los derechos humanos está por encima de la condición de quienes sufren
su violación.
A los jueces de la Corte Suprema de Justicia,
quienes ya recibieron información por parte de familiares de los detenidos pero
que aún no han respondido ni actuado al respecto.
A los dirigentes de los partidos políticos,
grandes y pequeños, que consideren que la universalidad de los derechos
humanos no debe admitir parcialidad ni excepciones.
A los medios de comunicación, cuyos
eficientes e inquietos equipos de investigación han ignorado hasta el presente
estas situaciones que algunas veces aparecen tímidamente en alguna de sus
editoriales.
A las organizaciones defensoras de los derechos
humanos nacionales, para darles la oportunidad de demostrar que sus
principios no tienen límites ideológicos y a las extranjeras, que celebran que en la Argentina se juzgue a los
militares pero que callan ante las denuncias de vicios de procedimiento y
violaciones de derechos.
A
todos ellos les pido que no teman hacer oír su
voz en defensa de una verdadera justicia y de los derechos humanos del más
excluido de los sectores sociales, el militar argentino, porque ningún hombre o mujer de buena fe los acusará de complicidad ni de connivencia
y podrán evidenciar, en cambio, la pureza de sus convicciones.
Liberemos
a la sociedad argentina del oprobio de la injusticia, si queremos sinceramente
dejar un legado cabal a las futuras generaciones.
Buenos Aires, 14 de febrero de 2014
Presidente de Nueva
Unión Ciudadana
Twitter:
@NevesJuanCarlos
