miércoles, 19 de febrero de 2014

EL NEGOCIO DEL MEGAJUICIO


Quiero contarles que Mendoza esta de Fiesta.  Hoy empieza el gran mega  Juicio de lesa humanidad donde se juzgan 40 prisioneros,  4 jueces (Romano entre ellos), personal civil que trabajaba en alguna dependencia, policias e integrantes de FFAA.  Todos por los rangos que tenian hace 30 años.  Como sabran no se los juzga por ser culpables personales de delitos, sino por haber estado en algun lugar hace 30 años, no solamente a partir del 76 sino tambien por el 75 algunos, aunque el gobierno fuera democratico, y todo lo que se hacia se lo hacia según decreto del poder Ejecutivo Nacional.


Quiero contarles como es esta verdadera fiestas de los DDHH , ayer domingo 16 en un parque de la Ciudad de Mendoza empezo la vigilia para hoy concurrir al Gran Megajuicio, consistiendo en grupos de musica y entretenimientos mientras se arengaba con improperios a los (genocidas).  Cosa que ya paso frente a los tribunales hasta con violencia fisica.

Para este fin ( como es una provincia K muy rica )  se contrato gente paga de distintos sectores,  entre estos LOS BARRA BRAVA del CLUB MAIPU de futbol, que hoy marchan para asistir al Mega Juicio a los tribunales de la ciudad a arengar con insultos, improperios, amenazas y violencia fisica, a todo aquel que se les inerponga, pues han sido contratados por el Estado a tal fin por el dia de ayer 16/2,( como es una provincia muy rica y que distribuye bien su riqueza) se les pago la suma de $ 50 a cada uno.

Creo que desde aca no podemos mirar mas para el costado,  esto no se sabe, y el fin es que se conozca, ya que es un infimo acontecimiento que ocurre en nuestro pais, pero que mientras involucra a toda una provincia, lo oculta para el resto del pais.


Pero hay mucho mas, La Presidenta frente a la cadena Nacional se da el gusto de pelearse con la Justicia, mintiendonos. Tiene toda una Justicia Federal Ilegitima que trabaja en la ilegalidad que es  servil a ella a todo poder el Ejecutivo y a su nucleo de allegados y que trabajan insoslayadamente baja sus ordenes, para que la politica de los derechos Humanos no caduque.  No importa a quien se juzgue sino la cantidad. Eso es lo relevante. no importa inocencia o culpabilidad las carceles y los tribunales tienen que estar completos y desbordantes, de quienes,  no importe, ya que a un Juez, Camarista o Fiscal se lo saca de alguna galera, (vaya a saber cual), con el termino subrrogante no hay que saber nada, solamente negar y condenar.

Y Todo el Pais contento porque se esta cumpliendo con la Justicia tan anhelada durante tantos años,  que indemniza si alguien es condenado por algun hecho con U$ 250.000 a las personas, ya que la conadep no fue justa y estos casos no entraron y aparecieron recien en el 2008, con todo este sistema de recompensas al que denuncie lo que sea, no importa a quien ni que.

Este año se espera para esta provincia varias fiestas,  recitales, choripanes, y Barras, ya que tienen planeado mas de un Mega Juicio.

INÉS GONZALES DEL SOLAR

SURGE UN LÍDER

En estos días de protestas estudiantiles en Venezuela y de violenta represión ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro, ya sea a través de la Guardia Nacional Bolivariana o el  Movimiento de Revolución Tupamaro[1], surgió un líder político que incentivó y obtuvo que los jóvenes se expresaran en forma entusiasta por un objetivo común. Nos referimos a Leopoldo López, un político y economista venezolano que fue alcalde del municipio Chacao de Caracas, desde el año 2000 hasta el 2008, luego de haber sido electo para el cargo por dos períodos consecutivos.


Luego de convocar a la marcha opositora del 12F , López recibió una orden de arresto por los delitos de homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles innobles, terrorismo, lesiones graves, incendios de edificios públicos, daños a la propiedad pública, delitos de intimidación pública, instigación a delinquir y delitos de asociación ilícita, . El líder opositor se entregó voluntariamente a la justicia venezolana ayer, el 18 de febrero de 2014, argumentando su inocencia. Este miércoles a las 10:00, hora local (14:30 GMT) se celebrará la audiencia en el Palacio de Justicia y habrá una nueva marcha de Voluntad Popular. Su líder está recluido en el Centro de Procesados Militares Ramo Verde, en el estado de Miranda. Maduro lo tildó de fascista y desestabilizador.



Voluntad Popular, el partido al que pertenece el dirigente opositor detenido este martes, confirmó que el destino para esa primera noche fue el penal de Los Teques. Allí también están recluidos otros políticos opositores, como Iván Simonovis y Raúl Isaías Baduel, compañero de armas de Hugo Chávez y su ministro de Defensa (2006), encarcelado por el Gobierno.

María Corina Machado y Leopoldo López

Sin duda Leopoldo López durante y después de los graves acontecimientos de las protestas masivas en Venezuela, se ha transformado en un líder natural, junto a María Corina Machado se distinguen del resto de la oposición política a Nicolás Maduro. Con presencia y acciones han demostrado que son capaces de tomar decisiones acertadas para el país, inspirando al resto de los que participan de ese colectivo a alcanzar un objetivo común.

Las bases para ser un buen líder son: mantenerse informado  de lo último en el campo en el que se desarrolla sus acciones, observar la labor de otros líderes y modificar la forma de conducción siempre que sea necesario. Por otro lado, las cualidades que debe tener alguien que ejerce el liderazgo son: conocimiento, confianza, integridad y  por supuesto, carisma para inspirar a sus subordinados.


Los mejor líderes son aquellos que son visionarios, que son capaces de comprender las situaciones productivas para la empresa antes de que estas se presenten, son innovadores y están a favor del cambio. Podemos poner como ejemplo a Bill Gates, un frustrado estudiante de Harvard, que gracias a sus cualidades de líder fue capaz de fundar una de las empresas más importantes en el sector tecnológico, Microsoft y, gracias a las decisiones que supo tomar y a que consiguió que empresas influyentes confiaran en él, se convirtió en la persona más rica del mundo. Él fue capaz de comprender que los ordenadores un día se convertirían en una parte indispensable de los hogares, y trabajó desarrollando los productos que lo permitieran, suponemos que es el mejor ejemplo de un líder visionario.


Si conseguimos cautivar al público con nuestra idea, posiblemente nos convirtamos en un líder visionario y valorado por el entorno. Existen innumerables ejemplos de líderes en la historia universal, tales como: Napoleón Bonaparte, Martin Luther King, Jr., Mahatma Gandhi, Juana de Arco, José de San Martín, Genghis Khan, William Wallace, Alejandro Magno, Adolf Hitler, Winston Churchill, Nelson Mandela, etc.

Un líder no dice que hay que hacer, enseña como se hace

En nuestro país, que se encuentra en la etapa final –dura 2 años- del kirchnerato se necesita un líder visionario capaz de reunir a la dispersa oposición bajo una sola conducción en pos de un objetivo supremo de la Nación. Por ahora no sobresale ninguna figura con esas características, no queremos llegar al extremo de Venezuela o de otros países como aquellos en los que se desarrolló la “Primavera Árabe”. Solo queremos llegar al recambio de gobierno en forma institucional y bajo el liderazgo de un dirigente político que sea capaz de sacar al país del bajo mundo al que nos han empujado y nos conduzca por el camino hacia el futuro de grandeza que se otea en el horizonte.

Sinceramente,
Pacificación Nacional Definitiva
por una Nueva Década en Paz y para Siempre


[1] No confundir con el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros de Uruguay, este es un grupo armado venezolano que suele transportarse en motos, controlan barrios y medios de comunicación, alzando la bandera de la revolución bolivariana. Esta semana atacaron las protestas de opositores.

lunes, 17 de febrero de 2014

ALEGATO FRENTE AL OPROBIO


El contexto

El presente alegato lo escribo desde mi rol de dirigente político acreditado por  doce años de participación en dicha actividad, durante los cuales contribuí a la creación del partido Nueva Unión Ciudadana, con personería en la provincia de Buenos Aires y fui cuatro veces candidato a Diputado Nacional y una vez candidato a Diputado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por distintas fuerzas y alianzas. Me mueve a hacerlo una situación que considero oprobiosa, como es la flagrante  y sistemática violación de los derechos humanos que sufren los militares imputados por delitos denominados de “lesa humanidad” que es ignorada por la justicia, los medios  y las organizaciones públicas y privadas que deberían velar por evitar este tipo de agravios. Aspiro a que quede constancia histórica de que al menos un dirigente político se apartó de la mordaza que impone el temor a exceder lo políticamente correcto y aunque detento la condición de militar retirado eso no quitará a mi testimonio el valor de provenir de un miembro de la dirigencia política nacional.


Hace algunos años, cuando se comenzó a mencionar la posibilidad de declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, consulté la opinión de un prestigioso jurista quien me aseguró que dichas leyes estaban ratificadas por numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia y que, en todo caso, aunque se consumara un hecho como el planteado, no tendría validez práctica pues desde el punto de vista del derecho las leyes no pueden modificarse ni aplicarse en forma retroactiva, ni se pueden vulnerar derechos adquiridos ni se puede volver a juzgar a quien haya sido previamente juzgado o indultado. El tiempo me demostró que mi ilustrado interlocutor conocía profundamente las cuestiones jurídicas pero no podía anticipar la forma desmesurada y descarada con que la dirigencia política argentina, avalada por una justicia acomodaticia, sería capaz de pasar por encima de toda la estructura del derecho en su afán de conseguir un objetivo político.


Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se inició el ataque final contra todo lo que se había actuado y construido en la materia, con el apoyo de legisladores de diferentes corrientes ideológicas y partidos políticos, algunos de ellos con coincidencia plena y otros temerosos de que sostener una actitud conforme a derecho los ubicaría bajo la sospecha de ser cómplices o tolerantes de  un gobierno militar. La anulación de leyes y de indultos en forma parcial, así como la incorporación de figuras jurídicas novedosas tales como los delitos de “lesa humanidad” se aplicaron en forma retroactiva violando sin pudor principios universales del derecho, con el aval de una nueva  Corte Suprema de Justicia que reemplazó a la mayoría de los miembros de la Corte anterior que fueron sometidos a juicio político. Uno de esos miembros salientes me manifestó que la condición que le plantearon para evitar ese juicio era precisamente comprometerse a aceptar la anulación de las leyes citadas a lo que se había negado por razones de principios. Solo el tiempo y la historia podrán probar  esa afirmación pero lo cierto es que la nueva Corte convalidó todas las aberraciones jurídicas que quedaron bajo su arbitrio cuando de juzgar a militares se trató.


Si existía alguna  duda de que la justicia en Argentina fue inmolada en el altar de la política fue justamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, quien se encargó de disiparla al expresar en un libro de su autoría  que “los juicios de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos y constituyen una decisión colectiva, un consenso que va más allá de cada dirigente, que no tiene dueño y que, como dijimos antes, nadie puede ya impedir”. Esta expresión de voluntarismo de tono eminentemente político que  no admite siquiera la posibilidad de la preeminencia del derecho, demuestra además una postura absolutamente comprometida y anticipada de quien preside el tribunal  que, en última instancia, deberá juzgar las apelaciones y los cuestionamientos jurídicos que pudieren plantearse a esa supuesta “decisión colectiva” de los argentinos.


Expresado en los términos crudos de un político cínico, lo actuado se puede sintetizar en la idea de que los militares cometieron para su criterio crímenes tan graves que había que encontrar los recursos jurídicos para juzgarlos  y condenarlos aunque para ello fuera necesario ignorar los obstáculos planteados por el derecho. Lo que muchos sectores que adscribieron a esta teoría comprobaron luego duramente fue que el gobierno una vez que comprobó que podía pasar por encima de los diques que la ley ponía a sus apetencias, continuó  usando el recurso contra otros grupos arremetiendo contra empresas, medios de comunicación  y opositores, llegando a tratar de imponer una reforma judicial que la Corte rechazó, ya en última instancia, cuando comprobó que también venían por ella. Estos hechos no quedarán impunes. Como no quedarán impunes los abusos con las millonarias indemnizaciones  que primero llegaron a los familiares de los “desaparecidos”, para continuar luego con los exiliados y con los terroristas que cayeron atacando cuarteles en períodos democráticos hasta llegar al extremo de malversar los recursos del Estado pagando a familiares de terroristas ejecutados por terroristas en nombre de la “justicia revolucionaria”. Tanto abuso impune, tanto descaro para juzgar a militares mientras se ignoran jurídicamente los crímenes guerrilleros o se rechazan los reclamos de los familiares de víctimas del terrorismo serán juzgados por la historia y en muchos casos, por tribunales más ecuánimes  y justos que los que actualmente siguen la corriente dominante, ignorando la justicia y el derecho.

El núcleo

Militar anciano y enfermo encadenado a su cama en el Hospital Central de Mendoza

Sin embargo  y pese a la gravedad de  lo expresado, el núcleo de  mi alegato está apuntado a algo más inmediato y urgente,  más grosero y aún más oprobioso, por lo que su tratamiento no admite dilación. Esto es la forma desembozada en que se violan los derechos humanos de los más de mil militares que se encuentran sometidos a juicios en causas vinculadas justamente a la violaciones de derechos humanos.  Esta cuestión, no la expreso en forma de opinión o de apreciación subjetiva. Las agrupaciones constituidas por familiares de los detenidos y los abogados defensores, han expuesto reiteradamente  con nombre  y apellido los numerosos casos de ciudadanos con estado militar que cumplen prisión preventiva durante períodos que triplican lo  que autoriza la ley. Peor aún es la sistemática negativa a conceder la prisión domiciliaria a detenidos con edades superiores a los setenta años que padecen enfermedades que requieren tratamientos que  no pueden ser seguidos en los centros de detención en que viven en condiciones precarias. Esa falta de atención médica adecuada ha llegado al extremo de que se prohíba a los detenidos ser atendidos en institutos médicos dependientes  de su obra social, como castigo por la fuga de dos imputados  de un nosocomio militar.  Como consecuencia de estos agravios  y de los traslados en condiciones inadecuadas  e insoportables para las patologías y las edades  de los imputados, se ha producido ya  un número de más de 200 decesos, algunos de ellos que reflejan una notoria  e inaceptable falta de atención médica. Toda la información al respecto está disponible y debe ser urgentemente investigada pues estas violaciones a los derechos humanos se están produciendo en estos días  y en esta sociedad en la que convivimos.


No es en este escrito en que citaré caso por caso (tengo la posibilidad de hacer llegar los datos específicos a quien los requiera) pero basta relatar cómo situación paradigmática el fallecimiento de Jorge Rafael Videla, que según información pública tenía al morir fracturas producidas en prisión que  no habían recibido adecuado tratamiento.  Justamente por ser el mayor imputado, su juzgamiento debería haber sido un ejemplo del respeto a los derechos humanos, las formas  y los procedimientos, que diferencian a un Estado vengativo de un Estado justo. Pero si ni siquiera   en este caso de segura repercusión se atendieron estas cuestiones menos aún se les da importancia en  el cuidado de la situación de los cientos de detenidos de origen militar con condena o prisión preventiva.


Si las cuestiones enunciadas son intrínsecamente oprobiosas en el  contexto de una sociedad que pretende vivir en estado de derecho, se alcanza el paroxismo cuando se trata el caso de los cientos de militares, de policías y miembros de las fuerzas de seguridad y aun de algunos civiles, que se encuentran imputados a pesar de que  no tuvieron relación con los hechos vinculados a su acusación. La cuestión es que después de que  fueron juzgados los miembros de las Juntas Militares y los altos mandos que condujeron las operaciones y establecieron  los procedimientos en la lucha contra la subversión, el afán persecutorio  se extendió sobre los oficiales de baja graduación y suboficiales, elaborando razonamientos y argumentos ajenos a las normas jurídicas pre existentes, que han llevado a los tribunales a los imputados tan solo por ocupar cargos propios de su profesión o por participar de operativos contra la guerrilla aun en tiempos de democracia. La falta de objetividad y el respeto del principio de inocencia se hacen evidentes y solo se traen a colación cuando se tratan casos de interés para el gobierno como sucedió con el actual Jefe de Estado Mayor del Ejército demostrando una inaceptable parcialidad.


Se han formulado acusaciones bien concretas contra la animadversión evidenciada por jueces  y fiscales y la respuesta es que “al menos se les concede a los militares  un juicio, cosa que ellos no ofrecieron a sus víctimas”. Según esta aberrante línea argumental se vuelve al concepto de que la gravedad de los crímenes de que se acusa a los militares (sin presunción de inocencia) es tal, que ni siquiera es exigible un juicio justo. Al llegar a este punto es necesario admitir que se hace imprescindible un replanteo inmediato de este proceso acusatorio que ha excedido los límites de la justicia para caer en las ciénagas morales de la venganza.

Es en beneficio de la salud moral de la república y la dignidad que merece nuestra sociedad, que ante la gravedad de los hechos que describo, avalado por las denuncias de familiares y abogados defensores que son sistemáticamente ignorados y desoídos,  debería realizarse una inmediata investigación de la situación procesal de los más de mil  detenidos en causas vinculadas a la violación de derechos humanos.


Dicha  acción debería poner un tope a las “prisiones preventivas perpetuas”, remitir a prisión domiciliaria a los mayores de setenta años y a los aquejados de enfermedades que requieren tratamientos que  no pueden cumplirse en prisión y liberar de la acción penal a todos aquellos oficiales y suboficiales que por su jerarquía carecían de toda capacidad de decisión y contra los cuales no hay acusaciones personales.

Esto responde a un elemental respeto a los derechos humanos que merece todo individuo y requiere una acción inmediata, sin perjuicio del análisis de las cuestiones de fondo respecto de las anomalías jurídicas de la figura de lesa humanidad, su aplicación retroactiva, la valoración del contexto en el cual se desarrollaron las acciones objeto de acusación y la asimetría en la consideración de guerrilleros y militares a la hora de penalizar conductas.

He expresado que  escribo este alegato desde el punto de vista del dirigente político. No persigo por cierto con ello conseguir votos para la próxima elección, ya que soy consciente de lo políticamente incorrecto de mi posición en el actual contexto. Tampoco cuento con que lo que expreso sea del agrado de los detenidos o sus familiares. Mi objetivo es ofrecer a la sociedad argentina la oportunidad de modificar una situación que en el futuro llevará  a avergonzarse cuando los hechos que relato cobren notoriedad y obliguen al remanido recurso de pretextar ignorancia. Hoy, en nuestro país, se están violando los derechos humanos de un numeroso grupo de detenidos  y no hay excusa que justifique ese atropello.

Para asegurar que  la información llegue a quienes tienen que conocerla y actuar en consecuencia espero poder hacer llegar este escrito a diversos protagonistas de la vida social:

A las autoridades de la Iglesia Católica Argentina para que hagan visible  su proverbial vocación por la defensa de los derechos humanos.

A su santidad, el  Papa Francisco, a quien no puede privarse de conocer esta oprobiosa situación que se está produciendo en su país de origen y que ya comenzó durante su episcopado.

A los Senadores y Diputados nacionales, a pesar de la animadversión que muchos de ellos puedan sentir por los militares que revistaban en actividad durante el período de gobierno militar, justamente para que demuestren que su respeto por los derechos humanos está  por encima de la condición de quienes sufren su violación.

A los jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes ya recibieron información por parte de familiares de los detenidos pero que aún no han respondido ni actuado al respecto.

A los dirigentes de los partidos políticos, grandes y pequeños, que consideren que la universalidad de los derechos humanos no debe admitir parcialidad ni excepciones.

A los medios de comunicación, cuyos eficientes e inquietos equipos de investigación han ignorado hasta el presente estas situaciones que algunas veces aparecen tímidamente en alguna de sus editoriales.

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales, para darles la oportunidad de demostrar que sus principios no tienen límites ideológicos y a las extranjeras, que celebran que en la Argentina se juzgue a los militares pero que callan ante las denuncias de vicios de procedimiento y violaciones de derechos.

A todos ellos les pido que no teman hacer oír su voz en defensa de una verdadera justicia y de los derechos humanos del más excluido de los sectores sociales, el militar argentino,  porque ningún hombre o mujer de buena fe  los acusará de complicidad ni de connivencia y podrán evidenciar, en cambio, la pureza de sus convicciones.

Liberemos a la sociedad argentina del oprobio de la injusticia, si queremos sinceramente dejar un legado cabal a las futuras generaciones.
                                                                                                             
Buenos Aires, 14 de febrero de 2014

Juan Carlos Neves
Presidente de Nueva Unión Ciudadana
Correo Electrónico: nevesar@yahoo.com.ar
Twitter: @NevesJuanCarlos

domingo, 16 de febrero de 2014

PROLONGAR LA AGONÍA


Las señales siguen confirmando el rumbo. El gobierno de Argentina se esmera en esto de ganar tiempo y hacer de esta actitud, una absoluta política de fondo. En realidad, ese es justamente su gran plan en marcha.

El oficialismo solo pretende concluir el actual mandato constitucional con el menor daño político posible. No le interesa, en lo más mínimo, los padecimientos por los que la sociedad deba transitar, ni mucho menos aún, lograr los objetivos que recita en ese relato retorcido que ha fabricado con dedicación y que se ha convertido en su propio callejón sin salida.

En el mientras tanto, intentará negociar las mejores condiciones de impunidad para la mayor cantidad de integrantes de su tropa partidaria y si complementariamente puede producir un milagro político, pondrán empeño para promover al candidato más amigable para sucederlos luego de esta etapa nefasta signada por la degradación moral.

Ya han demostrado que solo pueden conducir la nave con viento favorable y cuantiosos recursos. Se han ocupado de dilapidar una de las mejores oportunidades que ha tenido este país en su breve historia como nación.

Las decisiones que toman a diario tienen una sola dirección. Ellos NO harán absolutamente nada para resolver los problemas reales, las verdaderas cuestiones de fondo. No saben cómo, o simplemente no quieren hacerlo. Las soluciones disponibles no son de su agrado porque han resuelto no hacer el trabajo duro. No tienen el coraje necesario para enfrentar esa determinación, ni el valor político suficiente para hacerse cargo de las consecuencias esperables de lo que han engendrado durante años.

Sus energías están puestas en el arte de disimularlo todo. Por cada decisión que deben tomar, invierten abundante cantidad de horas y dinero en diseñar argumentos que los justifiquen. La labor consiste en delinear un discurso aceptablemente verosímil, que logre esconder la verdad y encontrar a los culpables de lo que está ocurriendo.

La oposición también necesita de tiempo. Está desorientada y no tiene las soluciones a la mano, ni siquiera ha logrado construir un proyecto político capaz de enfrentar con dignidad al inmenso e inescrupuloso aparato estatal con el que cuenta el oficialismo para la próxima batalla electoral.

De ese lado del mostrador, una dirigencia sin principios, mezquina por convicción, que cuida sus negocios domésticos y que hace de la disputa interna su centro de interés, no encuentra los caminos para encontrar acuerdos elementales que garanticen al menos un poco de institucionalidad, cierta sensatez y un horizonte con algunos parámetros definidos.

Lo paradójico de esta etapa, es que muchos ciudadanos, demasiados tal vez, prefieren este desenlace lento que propone el oficialismo y le resulta incluso funcional a la oposición. Es probable que eso explique, en parte, la crueldad de este proceso político. Los "representantes del pueblo", después de todo, se parecen bastante a los representados.

Dicho de otro modo, los votantes, los que seleccionan a los políticos de turno, no están dispuestos a asumir los errores como propios, ni tampoco los evidentes desaciertos electorales, ni mucho menos admitir que su mirada política errónea es la que explica, en buena medida, el presente.

La sociedad no es la que instruye a ciertos funcionarios para que se corrompan y administren las arcas públicas como si fueran suyas y se tratara de un botín. Pero es justo decir que lo estructural de este fenómeno es la consecuencia inexorable del conjunto de ideas que defiende una ciudadanía contradictoria que sigue creyendo en la utopía del Estado honesto y eficiente, cuando abundan pruebas que demuestran exactamente lo contrario. Es la gente la que fomenta la existencia de un Estado grande, omnipresente y controlador, ingrediente vital de la descomposición actual.

Una inmensa mayoría de personas están enojadas con lo que pasa, pero en algún punto, prefieren este sinuoso sendero, que ofrece una medicina amarga, como parte de un tratamiento prolongado que tampoco curará la enfermedad sino que solo atacará parcialmente los síntomas. Se acepta sin euforia y con resignación, este tipo de alivios porque resulta menos desagradable, en el corto plazo, que el duro sobresalto que en realidad se merece una sociedad que ha vivido equivocada desde hace décadas.

Las malas noticias nunca son bienvenidas. Nadie quiere un fuerte impacto, pero no menos cierto es que esta visión de posponer el trance sistemáticamente, solo aleja las soluciones reales y pone mayor distancia del anhelado desarrollo y progreso sobre el que tanto se declama.

El futuro tiene preparado algo mejor. Pero esta es una decisión que se debe tomar con plena conciencia y resulta evidente que la ciudadanía no está lista para semejante esfuerzo. La dinámica de emparcharlo todo, solo postergará el final de esta brutal etapa que ha anestesiado a la gente, haciendo que la prosperidad deba esperar mansamente su turno.

El dilema de esta nación está a la vista. Y su preferencia también. Ningún actor social, mucho menos en la política, tiene la más mínima intención de enfrentar los problemas como corresponde. Eso solo la muestra la irresponsabilidad de una sociedad que pretende que la realidad se acomode a sus deseos, sin terminar de comprender que transita este momento difícil porque ha hecho los méritos más que suficientes para estar en el lugar en que está. Por ahora, es indudable que existe consenso tácito para prolongar la agonía.



Alberto Medina Méndez



SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE VENEZUELA QUE LUCHA POR SU LIBERTAD

NO AL AVANCE DEL
CASTRO-COMUNISMO
EN LATINOAMÉRICA


¿DERECHOS HUMANOS?

Soy hija de un preso político condenado en Tucumán. Como expresa la excelente nota de Aníbal Guevara Bianchi del día 10, la vara usada en los juicios de lesa humanidad no respeta los derechos humanos que se profesan. Mi padre padece de mal de Parkinson, enfermedad incurable, agravada por el encierro y la falta de atención médica. Desde la resolución del Ministerio de Defensa de agosto de 2013, que prohíbe la atención a los detenidos por delitos de lesa humanidad en el Hospital Militar Central, no recibe el tratamiento que requiere esa patología. Sin mencionar que días antes de esa resolución fue diagnosticado de cáncer. ¿Qué razonabilidad revistió esa medida que condena al resto del universo de los presos a una muerte segura o a un claro desmejoramiento de salud? ¿Qué penal de la República tiene los medios necesarios para atender las necesidades de un detenido de 73 años? ¿Cuántas personas mayores de 70 años se encuentran privadas de su libertad por delitos que no sean de lesa humanidad? Me atrevería a decir que ninguna.


Dejemos de lado la hipocresía, el doble discurso no funciona. No reivindico el pasado, tan solo pretendo legalidad. Que el discurso de los derechos humanos sea de y para todos. Que vivamos en un sincero Estado de Derecho que cure las heridas del pasado por el bien de todos.

Lorena Belén Moore
DNI 30.887.049


NOTA: Las imágenes y negritas no corresponden a la nota original.