Para los argentinos el término corrupción forma parte de su vocabulario
habitual. Es más, el mismo, en el imaginario colectivo nacional, siempre
aparece asociado a la política y en especial a quienes la ejercen: los
políticos. Es tanto lo que los ciudadanos comunes hemos visto robar de las
arcas del Estado desde la función pública que, indefectiblemente, el término
corrupción en nuestro país, ha quedado encasillado exclusivamente en lo
referido a lo económico y la riqueza.
Sin embargo, muchos compatriotas estamos convencidos que hay una
corrupción mayor a la económica, y es la que se comete en el ejercicio de
cargos públicos o de importancia para beneficiarse o beneficiar o perjudicar a
terceros mediante fallos, decisiones o conductas antiéticas impropias de la
responsabilidad que detentan. Por citar algunos ejemplos, podríamos mencionar a
aquel policía que descubre que a la cabeza de un delito se encuentra un
poderoso empresario o político y para preservarse no lo denuncia y lo tolera, o
el sacerdote católico que vive en pecado, o el miembro de la Corte Suprema de
Justicia que es titular de una serie de departamentos que son usados como
prostíbulos… Todos ellos son corruptos y no necesariamente perciben beneficios
económicos por sus conductas.
Lo que hace corrupto al juez Oyarbide no es tanto el famoso anillo que recibió
valuado en miles de dólares, sino su vida inmoral y sus fallos arbitrarios y el
prevaricato cometido en la mayoría de ellos. Y al tiempo que escribo esto, me
resulta imposible no dar un paso más y preguntarme: “¿cómo es posible que en un sistema supuestamente republicano un juez
de la Nación pueda caer en semejantes conductas favoreciendo intereses del
gobierno de turno y todo esto sea tolerado y permitido por el mismo sistema?”.
O acaso no estamos hablando entonces, como ya lo he expresado en varios
escritos anteriores, que lo que está corrupto en la Argentina es el mismo
sistema, es decir la democracia.
Seguramente, por expresar esto, muchos dirán que estas expresiones son
propias de un “facho” o “nazi” y que no alcanzo a darme cuenta
que la democracia es lo mejor que le ha pasado a los argentinos después de
tanta violencia y dictadura, y que hay que cuidarla, y que la misma es muy
joven y que lo más importante es el poder elegir y que los gobiernos terminen
su mandato y bla, bla, bla…
Ahora cuando yo les pregunto, “¿qué
hacer cuando el sistema está corrompido en los tres poderes del Estado, cómo ocurrió
durante el gobierno de los Kirchner que estuvo a punto de ganar nuevamente las
elecciones y apenas las perdió por un par de puntos?”, las respuestas que
me dan hacen agua por todos lados.
¿Cómo explicar al resto
del mundo que nuestro país estuvo gobernado, conducido y dirigido por una
asociación ilícita conformada por el presidente de la Nación, el vice, los
ministros, los miembros de la Corte, los jueces, los diputados y senadores,
gobernadores afines y funcionarios de todos los estamentos del Estado?.
Si bien la corrupción existió siempre, esto en otros tiempos no ocurría
porque, como he dicho también en anteriores escritos, estaban los militares que
eran los comodines que utilizaban los partidos mayoritarios para sacarse entre
ellos del gobierno mediante los golpes de estado. Aniquilado el poder militar a
partir de 1983, se acabó esa “espada de Damocles” que pendía sobre la
democracia para, de alguna manera, evitar su desviación. Y ese poder de “policía” que bien o mal ejercían las
Fuerzas Armadas quedó en el aire. Entonces muchos supusimos que de ahí en más
la garantía que tendría el sistema democrático, iba a estar dado por el poder
Judicial donde lógicamente se encontraban los hombres y mujeres más probos de
la sociedad.
Pero ocurrió que vino Alfonsín y armó un poder judicial alfonsinista, y
luego Menem con jueces menemistas, después De La Rúa y Duhalde que también
quisieron hacer lo mismo pero no pudieron porque se tuvieron que ir antes de
tiempo. Es decir que, desde 1983 hasta el 2003 la Justicia en la Argentina no
fue independiente y se movió conforme con los intereses partidarios de quienes
estaban en el gobierno.
Si bien lo expresado es muy grave y deslegitima a todo el sistema republicano,
aún hay más en la historia moderna argentina.
Con la llegada al poder de los Kirchner en el 2003 se produce lo que yo
denomino “el punto de inflexión de la
injusticia argentina”. En efecto, Néstor Kirchner además de conformar también
su propia Corte, para aumentar el escaso consenso con el que había llegado a la
presidencia, instrumentó una agresiva campaña antimilitar y de derechos humanos,
dirigida fundamentalmente a lograr el apoyo de todo el espectro político de
izquierda y progresista de la Argentina. Y en tal sentido se instaló por todos
los medios habidos y por haber, un nuevo relato sobre lo ocurrido en la década
del ’70, que presentó a los agresores de la sociedad argentina, es decir los
subversivos y terroristas, como víctimas. Y a los defensores del orden, Fuerzas
Armadas, Policiales y de Seguridad, como asesinos represores y genocidas.
Y así anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y
arbitrariamente con la complicidad de todos los jueces de la Nación, volvió a
juzgar a quienes combatieron por mandato constitucional a los terroristas y
subversivos que asolaron al país en los ’70.
He aquí el punto de inflexión de la “injusticia
argentina” y que marca el grado más alto de la corrupción de los jueces en nuestro
país. A partir de ahí todo lo que vino de parte de la justicia estuvo teñido de
corrupción e ilegitimidad.
Los mismos jueces que no hicieron nada en el gobierno de Néstor Kirchner
y avalaron con su inacción todas las enormes irregularidades ocurridas, y que
después las volvieron a avalar en el gobierno de Cristina, son los que ahora
por presión de la sociedad actúan poniendo presos y llamando a declarar a los
mismos que ellos antes encubrieron.
Tan corruptos como Néstor, Cristina, Boudu, Jaime, Moreno, Delía, Lázaro
Báez, Cristobal López, Ebe de Bonafini, los Schoklender, Milagros Salas,
miembros de La Cámpora y tantos otros funcionarios del régimen kirchnerista,
son los fiscales y jueces que tuvieron que ver con sus causas judiciales y deliberadamente
las encubrieron, las dilataron y en algunos casos hasta las cerraron. Al igual
que aquellos miembros del poder judicial que aceptaron el prevaricato de juzgar
a los militares y que los terroristas queden libres de culpa y cargo ocupando
cargos en el gobierno o en las estructuras del Estado.
Y en el medio de toda esta grosería que se acaba de relatar muy
sucintamente, no sólo está la pérdida por robo de las arcas del Estado, sino,
lo que es mucho más grave, está la decadencia moral por la corrupción de la
justicia que es el daño más grande que puede sufrir una República porque deja
de ser tal. Ya lo dijo Santo Tomás de Aquino: “La corrupción de lo óptimo es lo pésimo…”
En una democracia hasta puede ocurrir la anormalidad que haya un
presidente corrupto, un vice corrupto, ministros corruptos, diputados corruptos
y senadores corruptos, pero si los fiscales y jueces que deben intervenir y procesarlos
también son corruptos, por acción o por omisión, esa democracia se degeneró y
dejó de ser lo que era para convertirse en algo totalmente ilegítimo y
fraudulento.
Quiera Dios que nuestro querido país se reencuentre con los valores y
principios Cristianos y con su verdadero deber ser Sanmartiniano y que el honor,
la ética y la moral que de él se desprenden vuelvan a primar en los corazones
de todos los argentinos.
¡Por Dios y por la Patria!
Hugo Reinaldo Abete
Ex Mayor E.A.
NOTA: Las
imágenes no corresponden a la nota original.
