sábado, 23 de enero de 2021

UNA VENTANA A LA ESPERANZA

por Enrique Guillermo Avogadro

"O dejamos que el pasado entierre al futuro, o
 hacemos que el futuro entierre al pasado".
 Thomas Friedman

La generosidad de un grupo de importantes amigos (diplomáticos, historiadores, economistas, periodistas, politólogos, militares, expertos en agroindustria, etc.) permitió que me incorporara, desde el inicio de la "cuareterna", a una reunión diaria de reflexión sobre la realidad argentina e internacional y, ante todo, la probabilidad de cambiar el rumbo de colisión que hemos escogido desde hace décadas. En ese foro se plantearon los defectos que encontramos en el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, en especial por la falta de una propuesta general, que pueda ofrecer a la ciudadanía un horizonte optimista para salir de la profunda crisis en que nos encontramos. Hasta ahora, ese conglomerado de fuerzas políticas -PRO, Radicalismo y Coalición Cívica- está limitando sus acciones a denunciar los ataques del Frente para Todos contra la República y sus instituciones, quedándose en la estricta coyuntura y sin obtener fruto alguno por la cerril resistencia de sus adversarios.

El Instituto Patria, ese semillero de economistas populistas y pende-viejos de La Cámpora que comanda Cristina Fernández y que cada vez ocupa más lugares claves en los estamentos del Estado y en las cajas más apetecibles, trabaja todo el día, y todos los días, para convertirnos en una nación asolada por la miseria, la incultura y la corrupción masiva, en el que todos seamos dependientes de un corrupto Estado a cada momento más escuálido e ineficaz, siguiendo fielmente el modelo que impusieron a sus pueblos los tiránicos regímenes cubano, venezolano y nicaragüense.

A nuestro modo de ver, sólo hay un equipo de trabajo, del cual forman parte los mejores cuadros de Recrear y Uni2, que ha elaborado un plan de gobierno y de políticas públicas capaz de devolvernos la esperanza en la posibilidad de un futuro distinto al que nos ofrece el nefasto pasado, producto de la reiteración de errores y malas intenciones, los mismos que hoy exhibe nuestra cotidianeidad. Me refiero a Libertad y Progreso, y el plan puede leerse en https://tinyurl.com/yyaaekzr. En él encontrará propuestas concretas a temas tales como: reforma del Estado, impuestos y coparticipación federal, régimen laboral, comercio exterior, seguridad ciudadana, defensa, Justicia, educación, sistema financiero y política energética; es decir, todos los asuntos clave para dar un real paso adelante, verdaderamente diferente a los que hemos dados hasta aquí.

En agosto, si Máximo Kirchner quiere, tendremos PASO. Y deberían servir para que todos quienes nos consideramos opositores a este trágico oficialismo compitamos en ellas dentro de una misma estructura, de modo tal que sean los ciudadanos de a pie quienes elijan los candidatos que llevemos a las legislativas de octubre. Obviamente, esa unificación necesita de la generosa aceptación de Juntos por el Cambio a competir con otros candidatos, peronistas no K, conservadores, liberales y provenientes de otros partidos minoritarios que, dispersos, pueden complicar el resultado esencial que necesitamos: impedir que el Frente para Todos obtenga la cantidad de diputados adicionales que le permita acceder al quórum propio, o sea, el avasallamiento final de la República.

No niego que el camino será arduo, porque tantos años ininterrumpidos de populismo han hecho que la mentalidad de la mayoría de la sociedad esté hoy infectada de esa rara enfermedad que consiste en pensar que todos los bienes y los servicios son derechos humanos, que el Estado debe proveernos de ellos sin que nos cuesten (¡qué falacia, ya que la pagamos siempre con los enloquecidos impuestos!) y que el trabajo, el esfuerzo y el mérito no pueden ni deben sernos exigidos para mejorar nuestra condición.

Pero parte, al menos, de ese camino lo está transitando el Gobierno, alivianándonos la tarea. Al repetir las dañinas políticas de precios y tarifas, de intervención en la economía y en la energía, de ignorancia de los contratos, de idas y venidas en normas y regulaciones, de creciente corrupción y de capitalismo de amigos, de guerra contra el campo y la prensa libre, de ataque a la Justicia, de repudio a la modernidad y a la inversión que practicaron durante los primeros doce años y medio en que Cristina Fernández y su marido ejercieron el poder, pronto se topará con la dura pared de la falta total de recursos para financiar sus disparates. Si espera que China o Rusia (ya no está Hugo Chávez) vengan en su ayuda, las onerosas contraprestaciones en soberanía que le pedirán estos países, cuyas terribles violaciones a los derechos humanos no parecen molestarla, podrían ser un fósforo letal para una situación local de por sí ya explosiva.

En ese escenario también incluyo una situación a la cual no prestamos la debida atención. Me refiero al conflicto con los pseudo-mapuches, que están replicando en el sur argentino y chileno la aventura que protagonizó en 1975 el ERP en Tucumán, donde pretendía construir un territorio separado del Estado argentino y lograr el reconocimiento internacional como parte beligerante. Entonces y ahora, la presencia de las fuerzas legales era resistida violentamente por los insurrectos, con la abierta colaboración de funcionarios gubernamentales, hasta que el gobierno peronista ordenó la represión con el Operativo Independencia;  pero, a diferencia de aquella época, hoy los terroristas están asociados con los grandes carteles del narcotráfico, las FARC colombianas y el Sendero Luminoso peruano.

Todavía hay una oportunidad para el optimismo. ¡No la desperdiciemos!

Bs.As., 23 Ene 21

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado

INDULTO Y AMNISTIA POR DELITOS DE CORRUPCION

 


Nuestra Constitución dispone en el artículo 75 inc. 20 que entre otras facultades: “Corresponde al Congreso: ...conceder amnistías generales”.

Tanto los indultos como las amnistías no pueden ser revisadas por el Poder Judicial ya que se trata de facultades privativas de los Poderes Ejecutivo y Legislativo respectivamente, destinadas a cumplir los fines establecidos en el Preámbulo: “constituir la unión nacional” y “consolidar la paz interior”. 

En el curso de nuestra historia, numerosos fueron los momentos en que el poder político decidió echar mano a normas de este tipo en aras de la conciliación nacional y de la paz social. La última vez fue durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín cuando se dictó la ley 23.492 llamada de “Punto Final” que fue reconocida por los mayores tribunales del país, incluida la Corte Suprema de Justicia, como una ley de amnistía. 

Ello no fue privativo de nuestro país, pues muchos otros que sufrieron situaciones de graves enfrentamientos internos han recurrido al perdón para superar las atrocidades vividas y recuperar la paz social que desde tiempos inmemoriales han constituido el motivo y causa de legitimidad de amnistías.

Este recurso, como el indulto se remonta a los orígenes de la vida en sociedad y son tan antiguos como los conflictos armados y los delitos. Esta decisión de perdón colectivo y compartido por los intervinientes en las contiendas, es un remedio que la propia sociedad se administra en su beneficio como paso necesario para recuperar la convivencia en armonía y poner la mirada en un mejor futuro.

Tras el advenimiento de Néstor Kirchner a la presidencia y el pacto espurio celebrado con Horacio Verbisky, la ley de “Punto Final”, fue declarada inconstitucional por la nueva mayoría de la Corte Suprema, pero sólo para los delitos cometidos por funcionarios estatales, mediante el dictado de sentencias que además de violar el principio de legalidad, dejaron sin efecto los fallos firmes del Alto Tribunal afectando la cosa juzgada y con ello la seguridad jurídica (Simón y Mazzeo).

Para completar el desconcierto de esta barbarie jurídica, que venimos denunciando desde hace muchos años acompañados por la opinión de juristas y Academias de notable y ganado prestigio, se sancionó el 1 de julio de 2015, esto es, durante la presidencia de la actual vicepresidente que enfrenta numerosos procesos de corrupción, la ley 27156 que -al igual que la 25.779 en su único artículo- dispone que los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena. Entre los firmantes, cabe destacar se encuentra el ex vicepresidente, hoy condenado por delitos de corrupción para quien se reclama el indulto, Amado Boudou.

El argumento para semejante retroceso del Estado de Derecho que prohíbe el perdón entre hermanos, se sustentó en los compromisos internacionales asumidos de juzgar y castigar y el derecho de las víctimas a la verdad y reparación.

Sin embargo, ni la Constitución ni los Tratados a ella incorporados, prohíben el otorgamiento de amnistías o indultos para ningún delito. Por el contrario, los autorizan expresamente. El Pacto de San José de Costa Rica establece que no puede impedírsele a un condenado a muerte, la pena prevista para los delitos más graves, solicitar la amnistía o el indulto. A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que “la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en todos los casos”.

Por su parte el art. 6. 5. del Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a conflictos armados sin carácter internacional, se estimula el uso de este tipo de remedios al establecer: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado”.

El objeto de este apartado es alentar un gesto de reconciliación que contribuya a restablecer el curso normal de la vida en un pueblo que ha estado dividido”. (Comentario al protocolo del 1 noviembre de 1998 del Comité Internacional de la Cruz Roja).

La Convención Nacional Constituyente de 1994, que dio jerarquía constitucional a esos y a otros tratados internacionales, rechazó en sesión plenaria una propuesta formulada por la convencional María Lucero consistente en incorporar al texto del art. 75 inciso 22, lo siguiente: En relación a los tratados internacionales de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad no podrán ser objeto de indulto, conmutación de penas ni amnistía. Las acciones a su respecto, serán imprescriptibles”.[1]

El rechazo por el plenario de la Convención de tal propuesta configura, sin lugar a dudas, una interpretación auténtica ejercida por quienes sancionaron las reformas de 1994. Con arreglo al criterio exegético fijado por la Convención, está muy claro que todos los delitos ahora calificados como de “lesa humanidad” son prescriptibles, indultables y amnistiables. En consecuencia, deberá ser nuevamente examinada por la Corte Suprema porque su constitucionalidad resulta incontrovertible.

De modo que no hay norma que impida al Poder Ejecutivo indultar, o al Legislativo a dictar amnistías generales, fuere cual fuere la gravedad de los delitos. Por lo demás, existen otros instrumentos para resguardar el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas, tales como las Comisiones, los denominados juicios por la verdad, y las numerosas leyes reparatorias, de las que también se ha hecho abuso llevando a esta Asociación a formular una denuncia penal.

Asombra y alarma que quienes fueran los promotores de aquellas inexistentes prohibiciones y que hoy se encuentran acusados o condenados de delitos de corrupción, invoquen y pretendan ahora ser amparados por indultos o amnistías sin que ninguno de los motivos que legitiman estos institutos, pueda siquiera insinuarse como justificativo.

No estamos frente a la necesidad de hacer un balance entre el derecho a la persecución penal por hechos sucedidos durante un periodo de brutales conflictos armados, y el derecho a superar enfrentamientos fratricidas en aras a la paz social.

Los numerosos procesos de escandalosa corrupción descubiertos por medio de un cúmulo de pruebas, con más de treinta empresarios, profesionales y funcionarios públicos confesos de sus delitos mediante su adhesión al régimen del imputado colaborador, conocido como “ley del arrepentido”, demuestran que tales ilícitos no tuvieron un origen o una finalidad política, ni fueron producto de luchas fratricidas originadas en desencuentros históricos, sino que se trató simplemente de un gigantesco mecanismo de generalizada corrupción, con el único propósito del enriquecimiento a través del traspaso, al patrimonio personal, de millonarios recursos del erario público. Esto es lo que distingue el calificativo de presos políticos con quienes son simples delincuentes

Los procesos por delitos de corrupción no han sido jamás extinguidos ni deben serlo nunca, por las   vías extraordinarias del perdón previstas constitucionalmente, sólo confiadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo para el logro de los intereses superiores de la Nación.

No es la paz interior, ni la concordia, ni la unión nacional, ni el bien común la finalidad del indulto o la amnistía reclamados para hechos de corrupción, sino  el innoble fin de favorecer a partidarios del gobierno de turno para eximirlos de responsabilidad penal y asegurar su impunidad y consolidación de un poder omnímodo, lo que constituiría un intolerable ejercicio abusivo del poder Ejecutivo y Legislativo, que sólo contribuiría a sostener una cultura de la impunidad, de prolongación de una irritante desigualdad, de vulnerabilidad e indefensión que viene padeciendo la sociedad argentina.

20 de enero de 2021

Maria Laura Olea – Ricardo Saint Jean



[1] Ver: “Obra de la Convención Nacional Constituyente. 1994”, tomo V, pág. 5234. Centro de Estudios Constitucionales y Políticos del Ministerio de Justicia de la Nación, Bs.As., 1995. Ver también el comentario de Gregorio Badeni en “Supremacía de la Constitución, Jerarquía de los tratados internacionales e Interpretación Constitucional”, ANALES de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Segunda Época, Año L, número 43, 2005, pág. 29.

LA TABLADA, 32 AÑOS DESPUÉS

A 32 años del criminal ataque contra la sociedad argentina, materializado en el asalto a los cuarteles de La Tablada perpetrado por la organización terrorista Movimiento Todos por la Patria (Ejército Revolucionario del Pueblo), el 23 de Enero de 1989, todo hace presumir que no merecerá el menor recuerdo, ni homenaje, por parte de quienes deberían tener la responsabilidad de mantener viva la memoria de aquellos que regaron con su sangre el suelo patrio.

Hubo decenas de muertos -de los cuales 28 eran civiles-, 60 heridos y 21 militantes del MTP presos. FOTO: CEDOC

Hoy vemos con espanto, cómo miembros de las organizaciones terroristas que ensangrentaron nuestra Patria, han sido indemnizados y homenajeados y ocupan cargos en los diferentes poderes del Estado, reivindicándolos, poco menos que como héroes nacionales; se invisibiliza a los miles de argentinos secuestrados, mutilados, torturados y asesinados por supuestos “jóvenes idealistas” y se persigue judicialmente a quienes, a riesgo de sus vidas y de las de sus familias, defendieron la libertad que, hasta hace poco tiempo, disfrutaban todos los argentinos.

¿Qué explicación encontramos a ello? Es simple, el enemigo no ha cesado en sus hostilidades y ataca desde todos los frentes, especialmente desde el político-judicial, aprovechando la apatía, la anomia y la indiferencia demostradas por una de una sociedad amnésica que ha olvidado sus desesperadas demandas del pasado exigiendo a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, el aniquilamiento del terrorismo subversivo y, en el presente, mira para otro lado o se suma a la chusma rencorosa y vengativa. En Argentina, nadie, mayor de 55 años ignora qué es lo que pasó en nuestro país.

El Teniente Coronel Nani, herido en las operaciones de recuperación de la Guarnición Militar de La Tablada

Como hace tiempo que no se escuchan voces oficiales ofrendando el justo y necesario homenaje a los caídos en defensa de Dios, de la Patria, la Familia y las Instituciones republicanas, por este medio quiero manifestar mi gratitud a todos los que me salvaron la vida: a quienes me rescataron de la Guardia del Regimiento 3; al Suboficial de la Policía Bonaerense que impidió que me desangrara y no me abandonó, siquiera, cuando los terroristas arrojaron un lanzagranadas RPG 7 contra la ambulancia que me trasladaba; al piloto del helicóptero que me evacuó; al Hospital Churruca y a todos los profesionales de la salud que lograron que hoy siga vivo (médicos, odontólogos, enfermeras, enfermeros, terapistas, laboratoristas y demás especialistas y personas que me ayudaron) y rendir tributo a quienes murieron por nosotros y por nuestra Patria.

Soldados Conscriptos DOMINGO JULIO GRILLO, HECTOR CARDOZO, ROBERTO TADEO TADDIA, LEONARDO MARTÍN DIAZ; Teniente Coronel HORACIO FERNÁNDEZ CUTIELLOS; Teniente Primero RICARDO ALBERTO ROLÓN; Suboficial Principal RICARDO RAÚL ESQUIVEL; Sargento Primero RAMÓN WLADIMIRIO ORUE; Sargento JOSÉ GUSTAVO ALBORNOZ, del Ejército Argentino y Comisario Inspector EMILIO GARCÍA GARCÍA y Sargento Primero JOSÉ MANUEL SORIA, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, gracias por el ejemplo que nos dieron, gracias por defendernos, gracias por haber dado todo, sin pedir nada a cambio. Somos muchos los que no los olvidamos.

Emilio Guillermo Nani
Teniente Coronel (R)
Veterano de Guerra

NOTA: Las imágenes no corresponden a la nota original.

jueves, 21 de enero de 2021

ES IMPRESCINDIBLE QUE EL Dr. ROSENKRANTZ DÉ UNA RESPUESTA

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Dr. Carlos Rosenkrantz
Presente

Desde el día 4 de noviembre de 2020, fecha en la que tomé conocimiento de la desestimación de mi petición por la CSJN que usted preside, en razón que la misma se vincula a cuestiones ajenas a la superintendencia administrativa del tribunal, he solicitado respetuosamente y reiteradamente al Dr. Fernando Sagarna que por favor me informe a qué funcionario u organismo del estado debía elevar mi petición de efectuar una auditoríajurídica sobre todo los actuado en los juicios de lesa humanidad.

Habiendo transcurridos 77 días desde entonces período en el cual fallecieron 10 personas, a mi criterio privadas injustamente de su libertad, habiendo pedido al Dr. Sagarna una URGENTE RESPUESTA dado que había en juego vida de personas; a la fecha no he recibido respuesta alguna. Si bien comprendo que las prioridades del estado están pasando por otros temas que son muy importantes, no veo la imposibilidad de no brindarme una simple respuesta.

Ante la últimas novedades sobre el fallo de los hermanos Emilio y Julio Méndez, me siento en la obligación de efectuar una actualización a mi petición y dirigirme nuevamente a usted; aprecio que el Dr. Sagarna no tiene ninguna intención de contestarme.

La actualización que menciono es la siguiente: ES IMPRESCINDIBLE QUE EL Dr. ROSENKRANTZ DÉ UNA RESPUESTA.

Sin otro particular lo saludo respetuosamente,

Roberto José Rosales
DNI N° 5.400.027


21 DE ENE. DE 2021

 

Hace años que juristas, hombres del derecho y ciudadanos venimos denunciando que esos juicios están plagados de numerosas irregularidades jurídicas, incluso hay una petición pública para que se efectúe una auditoría jurídica sobre todo lo actuado en los juicios llamados de lesa humanidad... el estado ha incumplido su obligación constitucional de garantizar el debido proceso y viene esquivando efectuar esa auditoría con un vergonzoso silencio. Creo que es hora de poner fin a esa venganza y negocio o “curro” de los derechos humanos.

Por favor si aún no firmó esa petición o puede colaborar en su difusión, haga clic ACÁ. Muchas Gracias.

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UN FALLO QUE VOLVIÓ A PONER LAS COSAS EN SU LUGAR


Después de ocho años presos, dos inocentes condenados por delitos de lesa humanidad recuperaron su libertad

El martes pasado, un artículo de Pedro Güiraldes titulado “La Navidad de Emilio y Julio Méndez” reseñaba la situación judicial de dos hermanos ante un episodio acaecido en 1977, cuando se pretendió responsabilizarlos del asesinato de Carlos Alberto Moreno, integrante de Montoneros, perpetrado en una quinta de su propiedad, abandonada por entonces. Luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, estas dos personas inocentes, condenadas sin pruebas y detenidas durante ocho años en un juicio de lesa humanidad, fueron liberadas. La medida recuerda a los jueces la necesidad de hacer efectivas las garantías del debido proceso penal; el deber de abstenerse de condenar cuando existe una duda razonable, y los principios in dubio pro reo y de igualdad ante la ley.

El argumento condenatorio era que los acusados no podían desconocer los delitos cometidos en su propiedad. Pero la presunción de inocencia, las reglas de prueba y la sola duda razonable que rigen respecto de cualquier delito también aplican a los casos considerados de lesa humanidad. La gravedad de este tipo de delitos no puede justificar que las condenas no tengan pruebas. Claro que también, como sostiene Buruma, a quien el doctor Andrés Rosler citó en otro artículo sobre el tema en nuestras páginas, “cuando un tribunal es usado para dar lecciones de historia, entonces no está lejos el riesgo de que el juicio sea una farsa”.

La flagrante discriminación solo puede explicarse desde un espíritu de venganza.

El trámite de estos juicios ha generado la crítica de la Academia Nacional de Derecho, así como de los más prestigiosos juristas de nuestro país, incluida la mayoría de los miembros de la Cámara Federal que condenó a la Junta Militar en 1984. La ausencia de aquellos principios señalados por la Corte, la negativa a conceder excarcelaciones y detenciones domiciliarias a mayores de 70 años y a enfermos, su mantenimiento en prisión preventiva durante 6 y más años y la imposición de altísimas penas a adultos mayores carentes de antecedentes por hechos ocurridos hace 45 años, que por la expectativa de vida morirán sin poder recuperar su libertad, confirma la existencia de un régimen diferente al que se aplica en todo el país para el resto de los delitos y el abandono de los principios constitucionales que garantizan la vigencia de los derechos individuales fundamentales y el Estado de Derecho. La discriminación resulta inexplicable y causa indignación en familiares, organizaciones y allegados a los denunciados, además de inquietud en vastos sectores de la sociedad, en especial porque las personas sometidas a esta clase de procesos ocupaban las más bajas jerarquías de las fuerzas a las que pertenecían.

Si bien ya se ha aceptado que resulta más grave el comportamiento delictivo de un empleado estatal que el de un particular, repugna al más básico sentido de justicia el hecho de que se juzgue y condene a agentes de policía y de los servicios penitenciarios, personal civil, baqueanos reclutados por el Ejército, suboficiales y oficiales que tenían poco más de 20 años al momento de los hechos, mientras que las máximas jerarquías de las organizaciones guerrilleras y otros miembros confesos de secuestros, torturas y asesinatos no sólo están libres, sino que se han visto beneficiados con millonarias indemnizaciones mientras ocupan, además, importantes cargos de gobierno. La garantía de la prescripción y la ley de amnistía que dictó el Congreso, conocida como de “Punto Final”, solo está vigente para ellos.

Muchas organizaciones de derechos humanos, ciegas de odio, embisten hoy contra la Corte Suprema de Justicia acusándola de instrumentar la impunidad biológica

La existencia y designación en estos procesos de jueces y fiscales pertenecientes a la agrupación político-judicial Justicia Legítima, con su pública reivindicación de una Justicia “militante” contraria al principio de la imparcialidad en el ejercicio de la función judicial, como en el caso de los jueces que condenaron a los hermanos Méndez, o incluso vinculados a las organizaciones guerrilleras Montoneros y el ERP, entre otras, genera la lógica presunción de la falta total de garantías para los enjuiciados. Se suma a ello el aporte de testigos prolijamente aleccionados por las organizaciones querellantes, que se someten al asesoramiento y consejo de estas en la reconstrucción de una falaz memoria de lo ocurrido en cada episodio. Mientras tanto, los acusados no pueden acudir al llamado de superiores o subalternos como testigos por el extendido temor de que cualquier militante ideologizado del público los señale como supuestos partícipes en un hecho de aquella época, lo que deriva en su inmediata detención, otra de las situaciones ocurridas en el juicio a los Méndez.

Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, han dictado acordadas con objeto de acelerar el trámite de estos procesos, indispensables no solo para que se pueda dar vuelta la página de un pasado de violencia y muerte que sigue dividiendo a la sociedad, sino porque la continuación de estos juicios viola sistemáticamente el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo razonable, y que le sean determinados sus derechos también en un plazo razonable (artículo 8.2 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Pero las organizaciones de derechos humanos, con el auxilio de la secretaría del área, sostenedora de una política anclada fervorosamente en el pasado, han utilizado las disposiciones de esas acordadas para multiplicar los juicios, fragmentando las causas y generando nuevas investigaciones -alimentando el afán de lucro de muchos abogados-, donde se condena por quinta y sexta vez a cadena perpetua a los mismos responsables, mientras involucran en los nuevos procesos a nuevos imputados. Es más, cuando creen que un acusado puede resultar absuelto o condenado a una pena menor que la cadena perpetua, lo imputan a posteriori en otra causa, de modo que si quedara libre debería permanecer detenido a orden de un nuevo tribunal, como también ocurrió en el escandaloso juicio a los Méndez.

Otra motivación para impulsar estas causas es el afán de lucro de muchos abogados

Se trata de las mismas organizaciones que ahora embisten contra la Corte por no apresurar estos juicios, al sostener un argumento contrario a todo concepto humanitario: la acusan de fomentar la “impunidad biológica”, ya que los ancianos a quienes acusan y mantienen detenidos están muriendo, muchos de ellos sin condena. Su lema es “juicio y castigo”, ignorando que el juicio no se hace para penar, sino para evaluar si hay argumentos para penar. Somos el único país en el mundo que continúa deteniendo y juzgando a miles de compatriotas por hechos ocurridos hace casi medio siglo. La década del 70 no quedará saludablemente en el pasado hasta que la Justicia Federal argentina reconozca la vigencia de la ley y la Constitución en el tratamiento de cualquier delito, sin importar su gravedad ni quién o quiénes los hayan cometido. Nuestro país no se fundó sino en la igualdad ante la ley de todos sus habitantes.

FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/editoriales/un-fallo-volvio-poner-cosas-su-lugar-nid2577191

lunes, 18 de enero de 2021

YA SON 618 PRESOS POLÍTICOS FALLECIDOS

Estimados Camaradas y Amigos:

Luego de la recepción, confirmación de novedades y cruce de diversos datos relacionados con la evolución de diversas causas judiciales, la Unión de Promociones informa con carácter retroactivo 3 (tres) fallecimientos de Camaradas, Presos Políticos que atravesaban por distintas Situaciones Procesales a saber:

  • 20 de Junio de 2016: Coronel (R) Juan Carlos IBARROLA (Infantería- Promoción 80 - CMN).

  • 09 de Enero de 2021: Oficial Inspector (R) José Antonio LORENZO CONSTANTINO (Policía de la Provincia de Mendoza).

  • 14 de Enero de 2021: Sargento Ayudante (R) José Hugo HERRERA (Ejército Argentino).

Consecuentemente, ya son 618 (seiscientos dieciocho) los fallecidos, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde SE CONTINÚAN REPITIENDO en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Períodos donde se produjeron los 618 fallecimientos

  • Fallecidos entre el 10 Dic 83 / 25 May 03: 25.
  • Fallecidos entre el 25 May 03 / 10 Dic 07: 56.
  • Fallecidos entre el 10 Dic 07 / 10 Dic 15: 282.
  • Fallecidos entre el 10 Dic 15 / 10 Dic 19: 205.
  • Fallecidos desde el 10 Dic 19: 50 (cincuenta) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2019.

Solicitamos a todos los integrantes de las FFAA, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y Fuerzas Penitenciarias, a las distintas ONG e Instituciones, a familiares, amigos y allegados en general, a continuar sumándose en apoyo de todos quienes deben enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución Nacional. La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a los familiares de los Oficiales Superiores fallecidos, compañeros de Promoción, Camaradas y amigos, rogándole al Señor, les conceda pronta y cristiana resignación.

Coronel (R) Guillermo César Viola
Unión de Promociones

LA TABLADA y RESPUESTA DEL TCNL EMILIO G. NANI

16 de enero 2021 - 02:23

Marcelo López Arias

Nos llegaron las noticias de la toma de La Tablada casi de inmediato pero toda la información era muy confusa.


Nos sorprendieron las proclamas de apoyo a Rico y Seineldin e inmediatamente recordé la visita que había recibido unos días antes y que me habían dejado cavilando y con la amarga sensación de no saber si yo había procedido de forma correcta y si al final de cuentas los temores de Baños podrían tener algún fundamento y si no tendría que haber respondido de otra manera a su sorpresivo pedido.

No podría decir que Jorge Baños era mi amigo, porque no era un tipo fácil. Yo lo había conocido a través del Dr. Emilio Mignone, con quien ambos colaborábamos en el CELS y habíamos trabajado juntos en muchos temas. Eso había creado cierto respeto y aprecio, creo que recíproco.

Cada tanto venía por Salta y analizábamos la marcha de los asuntos que teníamos en nuestras manos, por eso no me sorprendió cuando una amiga común (ya fallecida) me dijo que estaba en Salta y quería juntarse conmigo. No lo quise recibir en la Fiscalía de Estado por eso lo cité en mi vieja oficina, en la antigua casona que había sido de mis abuelos muy cerca de la iglesia de San Alfonso.

Él llegaba muy preocupado y me dijo que tenía información fehaciente que se estaba preparando un golpe de Estado y que grupos de carapintadas ya estaban organizados para ganar la calle y marchar hacia la Casa de Gobierno, y que incluso ya estaban definidos y adheridos los cuarteles que iban a ser la base de la insurrección.

Me propuso que presentáramos juntos un escrito en la Justicia Federal denunciando el complot, para intentar frenar el movimiento que ya era inminente y que además esa presentación debía servir de base para empezar a movilizar a la gente en defensa de la democracia y para obligar al Gobierno a tomar más medidas en contra de los militares.

Le dije que yo no tenía esa información, que si bien era claro el movimiento convulso que había internamente en las Fuerzas Armadas por la política de derechos humanos, nada hacía pensar en la posibilidad de un golpe de Estado, que seguramente no sería acompañado ni internamente ni desde el exterior.

Además, la experiencia de Semana Santa, si bien había dejado un regusto amargo de decepción y había desinflado los ánimos de movilización, también había mostrado las debilidades de los militares insurrectos y no parecía que hubiera un clima apropiado para una aventura de esa naturaleza ni para una reacción popular semejante a la de esos días convulsos que habíamos vivido no hace demasiado tiempo.

Pero como él venía de Buenos Aires, donde se suponía que habría más información, le pedí que me diera más elementos para saber si podíamos actuar con fundamentos serios.

- Es como yo te digo. Tenemos toda la información.

- Pero decime cuál es y qué elementos tenemos.

- ¿Qué? ¿No me crees?

- Si te creo, pero tenemos que basarnos en algo sólido.

Lo vi ponerse tenso y nervioso y me dijo con una agresión contenida:

- Tenés miedo! ­Te estás achicando!

- Jorge: vos sabés que no es miedo, Hemos hecho cosas más peligrosas y en momentos de más incertidumbre. Pero para actuar por la Provincia necesito más elementos. No puedo presentar un simple panfleto de conjeturas.

- Te estás achicando!

- Vas a ser un cómplice del golpe! La única posibilidad de evitarlo es movilizando, movilizando y presionando.

Terminamos discutiendo en la vereda y fue un poco surrealista porque mientras discutíamos acalorados, a nuestro lado pasaban bailando saya y tirando cohetes los de la morenada de la comunidad boliviana que homenajeaban todos los sábados desde la iglesia a la Virgen de Copacabana.

Nos dimos la mano con mucha tensión. Me ofrecí a llevarlo pero prefirió tomarse un taxi que pasaba en ese momento.

No volví a verlo, pero siempre me quedó el regusto amargo de la áspera entrevista y la frustración y el enojo de una persona a la que yo respetaba mucho y que a la luz de los nuevos hechos y de las noticias que nos llegaban aquel lunes 23 de enero sobre la toma del regimiento y las proclamas rebeldes, parecía que finalmente tenía razón. Con algunos amigos y compañeros no trasladamos a la plaza central, donde estaba la sede del diario El Tribuno, para buscar novedades y allí nos quedamos junto a la gente, hasta que empezaron a llegar noticias entremezcladas que informaban que quienes habían tomado el regimiento era un grupo de civiles y que el EJército y la policía se aprestaban a tomar el cuartel por asalto con tanques, ametralladoras y todo el equipo que uno se pueda imaginar.

A esa altura ya nadie entendía nada y era imposible imaginar que los militares se prepararan con tanto entusiasmo para un ataque si quienes estaban en el regimiento eran sus propios camaradas. Y si no eran ellos ¿quiénes eran? La guerrilla ya estaba totalmente desmantelada y no conocía a nadie que pensara seriamente que podían repetirse las circunstancias de los años 70, y los minúsculos grupos sueltos que quedaban en posiciones de extrema dureza no tenían ninguna envergadura para operaciones de esta naturaleza. Alguien imaginó en voz alta que en realidad esto podía ser un acto de presión de algún sector de la izquierda sobre el Gobierno y todos los miramos como quien mira un loco.

- ¿Para lograr qué?... ¿y quiénes?

- No se tal vez las leyes de impunidad .o acelerar los juicios.

- ¿Tomando un regimiento? Eso va a fortalecer a los milicos, que están esperando salir de la cueva.

Costaba entender lo que había pasado hasta que se hizo pública una información que me dejó helado y que terminó de aclararme muchas cosas que hasta ese momento parecían deshilvanadas y sin sentido: el grupo que había tomado el cuartel era un grupo de jóvenes militantes del MTP, sin ninguna preparación militar, que había intentado tomar el regimiento para provocar una reacción popular que solo podía existir en su imaginación. Y también comprendí la reacción cuando me negué a firmar la denuncia sobre el supuesto golpe militar, cuando, al día siguiente, se informó oficialmente que el jefe de la operación, cuyo cadáver ya había sido reconocido era nada más y nada menos que mi amigo Jorge Baños.

FUENTE: https://www.eltribuno.com/salta/nota/2021-1-16-0-0-0-la-tablada

 


RESPUESTA DEL
Sr. TCNL EMILIO G. NANI

Leer este artículo, a días del 32º Aniversario del criminal ataque a los Cuarteles de La Tablada, no hace más que generarme una profunda repugnancia, al comprobar que estos apologistas del terrorismo en Argentina, continúan con sus acciones desinformativas, por más que intenten demostrar lo contrario.

Marcelo López Arias

López Arias, en el momento de la denuncia de Baños, era Fiscal de Estado de la Provincia de Salta. Un conocido terrorista como Jorge Baños, mimetizado en el CELS para defender los derechos humanos de sus compañeros de correrías, le avisa respecto de un golpe de Estado en ciernes preparado por las FFAA, ¿no hubiera correspondido que iniciara, de oficio, una investigación, obligando a Baños a dar la información de la que disponía, más aún, luego de las apariciones públicas de Baños, Fellicetti, Provenzano y Puigjané?


Guardó silencio durante 32 años y recién ahora sale a hablar del sanguinario y cobarde ataque a los cuarteles de La Tablada. ¿Por qué no lo hizo en su momento? ¿Por qué no acompañó al valiente Senador salteño, Horacio Bravo Herrera, en su denuncia plasmada en su libro La Guerrilla de Papel?

¿Se puede creer que un filomontonero como este parásito del Estado, pudiera ignorar lo que planificaba su amigo Baños? No. Todos estos malnacidos en complicidad con la infame Junta Coordinadora Radical (Nosiglia, Gil Lavedra, Storani, Becerra y demás criminales, incluido el propio Raúl Alfonsín) tenían pleno conocimiento de lo que se cernía contra la Nación y su pueblo, sólo por mezquinos intereses políticos, por cuanto habían sido ellos quienes lo planificaron y ejecutaron, lo que le costó la vida a 11 hombres de bien, entre ellos 4 Soldados Conscriptos.


Ahora, el inicuo ex Fiscal de Estado, ex senador nacional, ,
  ex diputado nacional, ex Ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta y miembro del CELS, dice que quienes habían tomado el cuartel, era un grupo de “jóvenes” militantes del MTP[1], “sin ninguna preparación militar”. ¿Acaso es posible operar los sofisticados lanzagranadas RPG 2 y RPG 7, de origen chino y soviético o los norteamericanos de 40 mm, sin tener “ninguna preparación militar”?. ¿Es posible que se olvide de la valiosa operación periodística montada por José Ignacio López para mantener desinformada a la población sobre lo que realmente estaba sucediendo en las instalaciones del Regimiento de Infantería 3 y del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 10[2]?

Que esta basura de López Arias, que usó sus cargos para perseguir a los miembros de las FFAA que aseguraron la libertad que, hasta el 10 de Diciembre de 2019, disfrutábamos todos los argentinos, y dejar impunes a los terroristas, ahora se haga el imbécil, no hace más que demostrar el cinismo hipócrita de la corrupta corporación político-judicial argentina.

Mientras sigamos en manos de estos parásitos, Argentina jamás podrá ponerse de pie.

Nani herido en La Tablada

Tcnl (R) Emilio G. Nani


[1] Por la repugnancia que le genera la nota escrita por el autor, el señor Tcnl Nani olvida mencionar que el terrorista Enrique Haroldo Gorriarán Merlo lideró un grupo armado de Todos por la Patria que intentó copar el regimiento militar de La Tablada, no podemos decir que este asesino magnicida no tenía preparación militar.

[2] ¿Qué actuación tuvo el señor Tcnl Nani durante el intento de copamiento de la Guarnición Militar de La Tablada?.

NOTA: Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a la respuesta del señor Tcnl Nani.

domingo, 17 de enero de 2021

MIEDO, ¿POR QUÉ?


por Enrique Guillermo Avogadro

"Los grandes criminales no están en prisiones
sino en la cúspide de la sociedad".
Alexis Carrel

RECUPERAR LA MEMORIA

Fue en enero de 1974. Se cumple ahora un aniversario más del feroz ataque a la Unidad Militar de Azul, provincia de Buenos Aires, a manos de la organización armada Ejército Revolucionario del Pueblo; atentado en el que fue secuestrado mi padre 10 meses exactos. En épocas de pandemia y tuits borrados, elijo recordarlo como una persona sana, de trato cordial, correcto y con alma noble, capaz de sintetizar los ideales de patria, libertad y trascendencia espiritual. Fue mártir de la guerra más canalla que supimos soportar, y su nobleza fue avasallada. Cayó víctima de locos y cobardes que en su silencio gozaron con su agonía, sin saber que era héroe. Estoico hasta el final, nos enseñó cómo con valor y resignación cristiana se debe estar preparado para el momento más difícil. Fue militar de vocación, compenetrado de sus deberes familiares y abnegado creyente. Dura y real lección nos legó. Terminaron con su vida en un alarde de crueldad y sadismo, exento del menor sentimiento. Hoy le rindo con simpleza este homenaje que la Justicia no ha sabido comprender. No tengo espíritu de venganza ni mucho menos apetencias económicas o políticas. Tampoco intento reivindicar a ninguno de los actores que tuvieron parte en el conflicto. Solo quiero recuperar la memoria de un pueblo en donde la grieta se profundiza y transfiere a generaciones más jóvenes.

Ibarzábal, secuestrado y martirizado durante 10 meses por el ERP


 Silvia Ibarzábal

silviaibarzabal@hotmail.com

FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/opinion/carta-de-lectores/de-lectores-cartas-mails-nid2571854

NOTA: Las imágenes, enlaces y destacados no corresponden a  la nota original.