martes, 4 de febrero de 2020

¡DIGAMOS “PRESENTE” UNA VEZ MÁS!



El martes, 25 de julio de 2017 subimos a este blog, el artículo de opinión publicado en el diario La Nación: JAIME SMART, VÍCTIMA DE LA JUSTICIA MILITANTE. Nada ha cambiado desde entonces, a pesar de las denuncias y alegatos por irregularidades jurídicas cometidas el perjuicio del Dr. Smart (el hombre que debía saberlo) presentadas por su defensor, el Dr, Enrique Munilla, la justicia ha hecho oídos sordos y el estado no le ha brindado, a “Jimmy” Smart y al resto de las personas en los mal llamados “juicios de lesa humanidad”, las garantías del debido proceso.

El próximo jueves 6 de febrero de 2020 en la Sala I de la Cámara de Casación (Comodoro Py) el abogado defensor del Dr. Smart hará el último alegato en la causa donde el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata lo condenara a prisión perpetua, el miércoles 19 de diciembre de 2012. En ese caso la sentencia del tribunal integrado por el  Dr. Carlos Alberto Rozanski en calidad de Presidente, y los Sres. Vocales, Dres.  Roberto  Atilio  Falcone  y  Mario  Portela,  asistidos  por  los  Sres. Secretarios  Dres.  Eduardo  Rezses,  María  Celeste  Cumbeto  y  Noelia García Bauza, condenó a 14 personas a prisión perpetua, 1 penas de prisión de 25 a 2 años a 7 personas más.

No permitamos que la injusticia continúe llevándose  por delante los derechos humanos y jurídicos -del Dr. Jaime Smart y del resto de los miembros de las Fuerzas Legales del país y civiles que han sido, están o serán juzgados por delitos de lesa humanidad-, retornemos al solidario gesto  de acompañar y estar presentes en la sala.

Demostremos a “Jimmy” y a sus consortes en la causa,  que sus amigos y colegas no los han olvidado y han dicho “PRESENTE” una vez más.

La justicia, como institución, debe ponerle fin a esta situación; al igual que debe hacer cumplir el principio de la ley igualitaria y juzgar a todos con la misma vara. El pueblo se lo reclama y por todas esas injusticias desde este espacio adherimos, apoyamos e invitamos a participar de esta convocatoria.

También solicitamos una vez más adherir a la petición de una auditoría jurídica sobre todo lo actuado en los “juicios de lesa”.


domingo, 2 de febrero de 2020

¨LOS 5 PUNTOS¨, GUERRILLEROS Y AMNISTÍA: EL DOCUMENTO QUE INTENTÓ CONDICIONAR AL GOBIERNO DE CÁMPORA

El presidente de facto Alejandro Lanusse buscó que se firmara un “acta de garantías” que incluía desde una legislación penal para acotar la actividad subversiva, no a una amnistía generalizada y la independencia del Poder Judicial. La respuesta de Perón y la tensión militar

Por Juan Bautista "Tata" Yofre 




Alejandro Agustín Lanusse y Héctor J. Cámpora

Como el presidente de facto Alejandro Lanusse no concretó el Gran Acuerdo Nacional y Perón no se encontró con la Junta de Comandantes, desde el gobierno militar comenzó a deslizarse la posibilidad de que las agrupaciones acuerden un acta de garantías sobre determinados temas puntuales: Legislación penal para acotar la actividad subversiva; no a una amnistía generalizada y la independencia del Poder Judicial, eran algunos que interesaban a las FFAA. Ricardo Balbín dijo respecto de una amnistía que había que analizar “caso por caso” y se pronunció por la “inamovilidad del Poder Judicial y vigencia del acuerdo del Senado

Juan Domingo Perón, desde Madrid, dejó trascender que no estaba dispuesto a firmar ningún pacto de garantías, ni acta institucional, con el actual gobierno militar.

Todo hacía prever que iba a ganar el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) y que “la Revolución Argentina había pasado para nada”. Era una idea generalizada y, en medio de una contienda electoral, las organizaciones armadas habían redoblado sus operaciones: asesinatos, robos, secuestros, atentados y extorsiones servían para nutrir una gimnasia que les permitiera asegurarse un lugar de privilegio en el futuro reparto del poder.

Para no dejar nada flotando en el vacío, el martes 6 de febrero, la Junta Militar prohibió el regreso de Perón a la Argentina “hasta tanto asuman el poder las autoridades que el pueblo elija en las próximas elecciones”.

En los medios, febrero comenzó con el tratamiento de una proyectada Acta Institucional más conocida como “Los 5 puntos”. El borrador del texto había sido preparado por el Estado Mayor Conjunto, a cargo del brigadier Osvaldo Cacciatore, y analizado por la Junta Militar y los altos mandos del Ejército el 24 de enero.

Una semana más tarde la Junta no pudo ponerse de acuerdo sobre la conveniencia del documento. La Armada y la Fuerza Aérea pidieron tiempo para analizarlo. En esta cumbre Lanusse llego a afirmar -consta en actas- que “cuando a mí me hicieron conocer el trabajo que consiguieron compatibilizar los delegados nuestros, yo no estuve de acuerdo con el trabajo y me aboqué a hacer esto. Yo de esto, si la Junta no lo quiere tratar todavía, no soy quien para imponerlo a la Junta, pero lo voy a comprometer al Ejército¨.

Juan Domingo Perón, desde Madrid, dejó trascender que no estaba dispuesto a firmar ningún pacto de garantías, ni acta institucional, con el actual gobierno militar

El miércoles 7 de febrero por la mañana, Lanusse citó a los generales en actividad y los presionó para firmar “el compromiso que asume el Ejército” con el país. Dos generales de brigada solicitaron 48 horas para analizar si lo firmaban o no. Uno fue el general Horacio Aníbal Rivera, ex jefe de la Casa Militar del presidente Roberto Marcelo Levingston y en ese momento director de Producción de Fabricaciones Militares, quien lo firmó al día siguiente. El otro, Ibérico Saint Jean lo rechazó y pidió su retiro el mismo miércoles por la noche.


El acta finalmente fue convenida varios días más tarde por los tres comandantes en jefe y demandaba:

Asegurar su inquebrantable propósito de sostener la continuidad del proceso político y de acatar el pronunciamiento que manifieste la ciudadanía en las urnas, exigiendo que todos los que participen en él cumplan la Constitución y las leyes vigentes de aplicación.

Respaldar y sostener en el futuro la total vigencia de las instituciones republicanas, asegurando una auténtica democracia que permita el ejercicio de los derechos de los habitantes y el goce pleno de la libertad.

" Asegurar la independencia e inamovilidad del Poder Judicial como garantía de la vigencia de los principios, declaraciones y derechos constitucionales.

Descartar la aplicación de amnistías indiscriminadas para quienes se encuentren bajo proceso o condenados por la comisión de delitos vinculados con la subversión y el terrorismo.

Compartir las responsabilidades dentro del gobierno que surja de la voluntad popular como integrantes del Gabinete Nacional, según la competencia que le fijen las leyes y demás disposiciones, en especial en lo que hace a la seguridad interna y externa, respetando las atribuciones constitucionales para las designaciones de los ministros militares por parte del futuro Presidente de la Nación, de conformidad con la legislación vigente el 25 de mayo de 1973”.

Con sus “cinco puntos” Lanusse intentó mantener la influencia de las FFAA en el poder, porque entendía que el próximo gobierno sería de “transición”. Tenía razón en cuanto a la “transición” pero no estaba en condiciones de imponerla. Apenas tenía margen para conducir una retirada ordenada de los militares. Todo fue una pérdida de tiempo.

El último párrafo de Los 5 puntos

El documento fue observado por las fuerzas políticas como condicionante para el futuro gobierno constitucional y luego del 11 de marzo pasó al olvido. Desde Salta, Héctor Cámpora respondió, el 17 de febrero, con justeza y no menos confusión, que “nosotros tenemos una Constitución y a ella nos sometemos, para no confundirnos le preguntaremos al pueblo cuál Constitución prefiere”.

Desde otra visión, algo similar ocurrió en Chile cuando la Democracia Cristiana le hizo firmar a la Unidad Popular siete “Estatutos de Garantías Democráticas” como condicionante para que sus parlamentarios votaran por Salvador Allende en el “Congreso Pleno” (colegio electoral) del 24 de octubre de 1970. Allende hizo de todo para no respetar las “garantías” y el 22 de agosto de 1973, a propuesta del diputado demócrata cristiano Pareto, Salvador Allende fue declarado técnicamente “al margen de la legalidad” por el Parlamento abriendo las puertas a su derrocamiento.

En la Argentina el gobierno que iba a nacer apenas duraría 49 días. Nadie cumplió nada y nadie pudo frenar el clima de descontrol que se vivió en el período de Héctor J. Cámpora.

Los primeros en no cumplir lo acordado, dejando a la intemperie a los jueces de la Cámara Federal Penal, mal llamada Cámara del Terror o Camarón, fueron los propios militares. Un ejemplo lo dice todo:

En abril de 1973 -cuando la victoria de Cámpora estaba consagrada- varios miembros del denominado Camarón junto con los abogados Mario Hernández y Roberto Sinigaglia viajaron al Sur para inspeccionar la cárcel de Rawson, ver las condiciones de la misma y observar cómo vivían los detenidos por causas ligadas con la subversión, o “presos políticos” tal como eran llamados por los abogados de la Asociación Gremial. La visita había sido decidida el viernes 30 de marzo, tras un encuentro de Vicente Solano Lima con los integrantes del Alto Tribunal.

Enterado de la presencia de los jueces y los abogados, llegó a la cárcel en un helicóptero el jefe de la IX Brigada, general Leopoldo Fortunato Galtieri. Cuando bajó de la nave uno de los que observaban comentó, no sin ironía: “Se parece al general Patton”.

Enterado de la presencia de los jueces y los abogados, llegó a la cárcel en un helicóptero el jefe de la IX Brigada, general Leopoldo Fortunato Galtieri (NA)

La entrada a la cárcel tuvo un momento ríspido cuando Hernández se negó en la guardia a realizar la inspección que consistía en abrirse el saco para comprobar que no llevaba armas. Como en esos tiempos todavía sobraba una dosis de buena fe, uno de los jueces hizo de “garante” y así todos ingresaron al penal.

Al finalizar la visita los tres jueces y un joven funcionario judicial pasaron a una sala donde los esperaba Galtieri. La escena que rodeó el encuentro era propia de Federico Fellini. El jefe militar se sentó en una banqueta frailera puesta sobre una suerte de tarima, lo que le permitía ver a las visitas desde lo alto. Allí entablaron un diálogo que tuvo su momento culminante cuando el joven preguntó con el ímpetu que da la edad:

-General ¿qué va a pasar con los “5 puntos” después del 11 de marzo?

Se refería al 4º punto que trataba concretamente la imposibilidad del próximo gobierno democrático de dar “amnistías indiscriminadas” a los procesados y condenados por causas ligadas con la violencia provocada por las organizaciones armadas.

Galtieri, sin perder la compostura, pero con la ampulosidad que lo caracterizaba, levantó su brazo derecho y mirándolo fijamente le respondió:

-Lo que un general de la Nación escribe con la mano no lo borra con el codo. ¿Por qué preguntó?

-Porque quería asegurarme a través de una voz oficial - fue la ingenua respuesta del funcionario judicial.

Las crónicas sobre la liberación de los “combatientes” o los “presos políticos” de Clarín y La Nación de los días 26 y 27 de mayo de 1973 relatarán que en Rawson “no hubo inconveniente, salvo el ofrecido por un militar de apellido Galtieri quien intentó poner algunos peros para dejar salir a los compañeros.” La crónica continuará diciendo que “otras fuentes dijeron que el general Galtieri había accedido a entregar los prisioneros, luego de una consulta con el comandante en Jefe del Ejército, Jorge Raúl Carcagno.”

Entre los papeles privados de Carcagno se encontró un documento que él tituló a mano “¡Basta!” y de su texto surge que fue leído a sus camaradas en abril de 1973 en medio de un intento de dar una “patada del tablero” político en marcha, luego de las elecciones que ganó Cámpora. Son 7 carillas y en ellas sostiene entre otros conceptos:

-“Permítaseme expresar en el seno de esta reunión, en la forma más breve y más clara posible cuáles son mis ideas, mis sentimientos y mis reflexiones acerca del momento actual. Con la franqueza, con la decisión y con la honestidad de las que todos aquí nos preciamos.”

-“Con la firma de los llamados “cinco puntos” se colocó a toda la cúpula del Ejército en una posición cuestionada y censurada por todos los sectores […] Ante el requerimiento de SE el señor Comandante en Jefe, acepté en su momento (tachó con lápiz: “aún contra mis convicciones”), firmar el compromiso de los cinco puntos, compromiso del que por supuesto no me aparto ni me desdigo y continúo y continuaré manteniendo. Firmé en beneficio de una cohesión que no es tan cara y que nos ha impuesto no pocos sacrificios.”

-“Han cambiado ahora las circunstancias y no es atinado perseverar en actitudes que no han dado hasta ahora resultados positivos. Otra realidad está a la vista. El pueblo ha votado, ha consagrado a un Gobierno con un margen por demás apreciable sobre la segunda fórmula y ha materializado paralelamente un rechazo a nuestra gestión.”

-“He hablado de un repliegue en el sentido estrictamente político y nada más, porque un Ejército en la victoria no se repliega; recoge un triunfo y lo entrega a la Nación… pero pareciera por curiosa paradoja, que somos nosotros mismos los empeñados en empalidecer esta victoria; en empequeñecerla con discutibles arbitrios.”

-“Estos treinta días que faltan están plagados de acechanzas, de difíciles problemas, de serias dificultades. Más aún quizá los que seguirán al 25 de Mayo.”

-“Me pregunto ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? ¿Qué es lo que, mirando de frente a la realidad y sin engañarnos a nosotros mismos, estamos en capacidad de hacer?”

Teniente general Jorge R Carcagno

A las 10.55 del martes 22 de mayo de 1973, llegó de Madrid Carlos Cámpora trayendo una carta de Perón en la que ordenaba que el comandante militar del nuevo gobierno fuera el general de división Jorge Raúl Carcagno.

El miércoles 23, la tapa de La Opinión informaba que se habían aceptado las renuncias de la Corte Suprema y “cesó el estado de sitio”. También que “sería inminente” la liberación del almirante Francisco A. Aleman y el comandante de la Gendarmería Jacobo Nasif, ambos secuestrados por los terroristas del PRT-ERP.

Asimismo, figuraba en la portada, que varios sectores peronistas –comenzando por Perón- condenaban el asesinado de Henry Dirk Kloosterman, titular del Sindicato de Trabajadores Mecánicos (SMATA). Días más tarde se conoció que el Comando Nacional de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) se atribuyó el asesinato realizado en La Plata.

El mismo miércoles 23, Carcagno acompañado por el coronel Jaime Cesio se entrevisto con Cámpora y aceptó el cargo. Según algunos analistas militares se había impuesto una solución intermedia, entre los que pugnaban por el nombramiento “continuista” de Alcides López Aufranc, jefe del Estado Mayor de Lanusse, y los que se inclinaban por la elección de un coronel antiguo. Con la designación de Carcagno pasaron a retiro los nueve generales de división más antiguos.

El archivo del general Carcagno contiene una minuta que alguien tituló a mano con lápiz rojo: “Conversación con Cámpora, en oportunidad en que se le ofreció el cargo de Cte Jefe Ej el 23 de mayo 73”. Ese “alguien” podía ser Cesio o un colaborador del alto jefe militar.

El texto, escrito en máquina eléctrica a doble espacio, contenía 10 puntos a lo largo de sus 3 carillas. Todo el texto respiraba la incalificable insensatez en la que había caído la Argentina. Los especialistas dicen que ese documento fue escrito por el coronel Cesio y leído por el futuro Comandante en Jefe del Ejército.

Minuta de la entrevista entre Héctor J. Cámpora y el general Jorge Raúl Carcagno

El punto 7º dice: “En el convencimiento de que la lucha contra la violencia debe llevarse erradicando las causas, de la que ella no es más que un efecto, el Ejército debe comprometerse contra ella. Dicho en otros términos, se estima que el nuevo Gobierno frenará a la violencia cuando interprete debidamente el sentir y las necesidades populares.” En una clara alusión al PRT-ERP se agrego al párrafo: “Sin embargo siempre han de subsistir los sectores ultrarradicalizados o neo-nihilistas y el triunfo contra ellos, que no se logrará en el corto plazo, será obtenido cuando se concrete una real unión entre el pueblo y Ejército.” ¿Y de Montoneros no se dice nada?

El jueves 24 de mayo de 1973, la designación de Carcagno tomó estado público y no existió ninguna reacción en contrario. Fue el mismo día en que los diarios publicaban una solicitada en la que se llamaba “a la movilización popular para la inmediata libertad de todos los presos políticos” firmada por abogados y organizaciones que defendían al terrorismo. Al día siguiente, como si todo hubiera sido minuciosamente planeado, miles de personas rodearon las cárceles y “liberaron” a los terroristas.

En La Opinión del 24 de mayo de 1973, página 12, al lado de la solicitada que exigía la libertad de los “combatientes” había otra solicitada que homenajeaba a Kloosterman, bajo el título: “Otro cobarde e infame crimen enluta a los trabajadores”, firmada por la Unión Obrera Metalúrgica.

Mientras se hablaba de indultos y amnistía las organizaciones terroristas no dejaron de actuar, bajo el argumento que tenían como finalidad “asegurar la entrega del gobierno”. Héctor Cámpora, a su vez, repetía que a partir del 25 de mayo irían desapareciendo todas las expresiones de violencia, en la medida que las acciones de las organizaciones guerrilleras representaban “una respuesta” al sistema de vida vigente. El Presidente electo interpretaba que al modificarse la situación, con la vigencia de la Constitución, desaparecería la razón de ser de la guerrilla.

Como un anticipo de los tiempos que venían las organizaciones armadas continuaron operando. Un simple repaso de los medios de la época recuerdan que el martes 22 de mayo de 1973, el ERP copó el Sanatorio Mitre de Avellaneda con su columna “Héroes de Trelew”; el miércoles 23 se atacó un destacamento policial en Mendoza (Montoneros); el 24 se ocuparon dos fábricas, una en Capital y otra en Bahía Blanca. La primera era propiedad de la empresa de chicles Adams y se instó a los obreros a “expropiar sin pago” de “toda la propiedad imperialista”. También se cometieron robos de armas a policías.

El 24, Cámpora dio a conocer oficialmente la composición del gabinete presidencial y el mismo día, el gobierno militar liberó a 45 detenidos a “disposición” del Poder Ejecutivo. Entre ellos figuraba Lionel MacDonald (a) “Pasto Seco” y más tarde “Capitán Raúl”, último jefe de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP, en Tucumán.

Desde Madrid, Juan Domingo Perón preparaba en reserva su retorno al poder. Entre otras razones, venía a poner orden.

FUENTE: https://www.infobae.com/sociedad/2020/02/02/los-5-puntos-guerrilleros-y-amnistia-el-documento-que-intento-condicionar-al-gobierno-de-campora/

CUIDAR LA DEFENSA



LA NACION | EDITORIALES

El Gobierno debe considerar y atender sin más demoras la delicada situación que atraviesan nuestras Fuerzas Armadas desde hace décadas

31 de enero de 2020 

La falta de decisiones en un ministerio como el de Defensa evidencia y sintetiza, más que en otras áreas del Poder Ejecutivo, el nivel de improvisación que, junto con el complejo cruce de posiciones políticas e ideológicas, dan como resultado una indeseada parálisis. Se suma también que los ya vetustos prejuicios anti-militares tiñen y demoran cualquier avance.


Es sabido que el ministro Agustín Rossi, por segunda vez en ese cargo, no lo deseaba, pues anhelaba ser jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Sin embargo, le aplicaron el “promovere per removere” para dejarle el protagonismo en el Congreso a Máximo Kirchner[1].

Hace ya más de un mes que Rossi elevó al Presidente varias alternativas -más de una por cargo para la jefatura del Estado Mayor Conjunto, del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En sus reuniones con integrantes de los mandos, que fueron numerosas, el ministro afirmó que los nuevos jefes asumirían antes del 31 de diciembre pasado en una ceremonia conjunta sin precedente, a la que asistiría el Presidente y comandante en jefe.


Lamentablemente, esto no pudo ser, pues desde la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, pasando por los activos líderes de muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos, han resuelto sumar su opinión sobre la cuestión[2].

Político veterano, Rossi ha intentado -dicho en términos militares- compensar la escasez de potencia con movilidad. Lo hemos visto así prodigándose en ceremonias y entrevistas, incluso planteando la hipotética compra de un nuevo submarino cuyo costo de adquisición debe sumarse al de adiestramiento de las tripulaciones, mantenimiento y accesorios, todo por un valor que rondaría los 300 millones de dólares. Poco oportuno para estos tiempos de ajustes.

Nadie discute la trascendencia de que planificadores navales ahonden en las carencias y dificultades de la Argentina para ejercer la soberanía en nuestros mares, que lejos estarían de resolverse con una compra aislada de semejante calibre.

Brasil cerró el año 2019 con un Plan Estratégico para reforzar sus FFAA

Tendría otro cariz el intento de asociarnos al ambicioso programa de submarinos que desarrolla Brasil, en el contexto de un Plan Estratégico de capacidades para sus Fuerzas Armadas, muy interesante para nuestras magnitudes, que estableció Lula da Silva y que siguen desarrollando los gobiernos que lo sucedieron[3].

Pero esto implicaría negociar con Bolsonaro y sus militares, lo que parece poco probable a la luz de la reactividad de importantes sectores del oficialismo, que ven también dramáticas amenazas en la figura de Donald Trump y que, a partir de lo ocurrido en Bolivia, denuncian avances militares fantasmagóricos -según el diccionario, “fantasmagoría es el arte de representar figuras por medio de una ilusión óptica” sobre los gobiernos de la región.

Para prevenir cualquier atisbo de tan hipotética amenaza, el Gobierno prepara más de un decreto para “recuperar el control democrático sobre las Fuerzas Armadas”[4] y volver a las proclamas de Raúl Alfonsín, convertido para los peronistas de turno en paradigma de la democracia, olvidando con una conveniente amnesia cuánto lo combatieron.


En rigor, las leyes de defensa y de seguridad interior están vigentes, aunque hayan cumplido ya tres décadas, en las que el mundo y el país cambiaron. El gobierno de Cambiemos no violó la vieja e inadecuada separación entre defensa y lo que se denomina seguridad interior. Si alguien estuvo más cerca de violar la letra de aquellas leyes fueron Cristina Kirchner y Nilda Garré, con la colaboración militante del general César Milani, en el ineficiente operativo Escudo Norte y en otras tareas de inteligencia interior no publicitadas por los mandos del inexistente Ejército nacional y popular.

Sería un grave error institucional que los decretos que prepara el Gobierno -independientemente de sus proclamados objetivos y de su lenguaje seguramente efectista- tuvieran como principal correlato una nueva purga de mandos superiores de las Fuerzas Armadas, con el consiguiente debilitamiento orgánico y la pérdida de experiencia profesional que implica.

Actualmente, los oficiales, suboficiales y voluntarios de las Fuerzas Armadas suman alrededor de 90.000. Solo para dar idea de magnitud, puede precisarse que la policía de Buenos Aires tiene más de 93.000 efectivos y que existen otras 23 policías provinciales. Su magro presupuesto actual no alcanza siquiera para dar de comer a los efectivos, que cobran los sueldos más bajos de las instituciones uniformadas federales. El ministro Rossi dio a conocer anteayer un incremento salarial para las Fuerzas Armadas, ostensiblemente por debajo de la inflación, equiparándolo al resto de los trabajadores del Estado, que cobrarán un 5% este mes y otro 5% en febrero. Sin embargo, esa suba no termina de resolver la notable retracción que padecen los haberes del sector. Solo por dar dos ejemplos, para la escala de teniente general, almirante y brigadier general, el haber será de $90.317, mientras que para subteniente, guardiamarina, y alférez, será de $26.481[5].

Durante la década del 70, ante la necesidad de modernizar su capacidad anfibia, la Armada incorporó los vehículos a orugas y ruedas. Se usaron en Malvinas.

Por otra parte, el promedio de antigüedad del equipamiento militar supera los 35 años.

El Estado argentino ha perdido el control efectivo sobre los espacios soberanos: desde las fronteras, pasando por el espacio aéreo y los mares depredados, a ciudades gravemente castigadas por el narcotráfico, como Rosario. En los últimos años, y en más de una ocasión, políticos argentinos han sido advertidos, con los mejores modales, por políticos democráticos de países vecinos, respecto de que la Argentina está introduciendo un desequilibrio por defecto en la región.

En esta área como en ninguna otra, no habrá soluciones mágicas, pero debería ser la hora de la prudencia.


NOTA: Las imágenes, referencias y destacados no corresponden a la nota original.


[1] ¿Será el futuro candidato a presidente de la Nación en 2023 por el kirchnerismo?

[2] ¿Quién ejerce el verdadero poder en la República Argentina? La Constitución Nacional reconoce cómo máxima autoridad de la República Argentina a la persona que ocupa el cargo de presidente de la Nación.

[3] En la República Argentina cada cambio de gobierno significa cambiar todo lo hecho por el gobierno saliente, no tenemos políticas de estado consensuadas con todo el arco político quienes representan la voluntad de sus representados y mandantes: el pueblo argentino.

[4] Desde el regreso a la democracia, las FFAA han dado sobradas muestras de su subordinación y acatamiento al poder político democrático. Prueba de ellos que más de 2.000 de sus miembros retirados se han sometido a derecho en los llamados “juicios de lesa humanidad”. Es hora de terminar con esa excusa y atender las reales necesidades de una política de defensa nacional (debe ser una política de estado).

[5] El gobierno militar conocido como Revolución Argentina dispuso el desenganche de los haberes de las Fuerzas Armadas, los que estaban equiparados con el poder Judicial, produciendo un daño que nunca fue reparado por ningún gobierno. Después se sumaron las diferencias de haberes entre el personal militar en actividad y el que estaba en situación de retiro efectivo, numerosos juicios produjeron perjuicios al tesoro público y aún esa inequidad no ha sido reparada totalmente. 
Se deja expresa constancia que el retiro no es igual a una jubilación, el personal militar retirado continúa, después de pasar a esa situación, continúa conservando el estado militar y aportando a su respectiva caja conocida como IAF (Instituto de Ayuda Financiera) la que contribuye con el estado a la financiación de los haberes de retiro, indemnizatorios y de pensión, correspondientes al personal militar de las Fuerzas Armadas. Además, liquidan y abonan los haberes mencionados.

UNA INEQUIDAD QUE DEBE CESAR


Por Alberto Solanet
La Nación - Opinión
31 de enero de 2020

Resulta imposible superar los enfrentamientos que nos dividen históricamente como sociedad, si no ponemos fin a la iniquidad que representan los juicios de lesa humanidad con sus escandalosas discriminaciones. Las estadísticas así lo demuestran, el promedio de la prisión preventiva para delitos comunes se ubica en 1,4 años, en tanto en los procesos por delitos de lesa humanidad el promedio asciende a 6 años; mientras sólo el 4% de los presos por delitos comunes supera los 2 años de prisión preventiva, en las causas por lesa humanidad el porcentaje llega al 76%.

Podríamos escribir muchas páginas acerca de los juicios ilegales y la ausencia de las normas del debido proceso que han padecido más de 2000 presos, los cuales, víctimas de esta justicia asimétrica, son tratados como parias, para los cuales no se aplican ninguno de los derechos y garantías constitucionales de los que gozan todos los habitantes de la Argentina. Ya han muerto 545 en cautiverio, más del 95% de ellos sin sentencia firme, es decir inocentes. En realidad están condenados a muerte, una muerte lenta. Estos son presos políticos, pues su juzgamiento y encierro obedeció a una decisión política del gobierno de Nestor Kirchner, con la necesaria anuencia del Congreso y de los jueces, comenzando por la Corte Suprema de Justicia, que ignoró los principios más básicos del derecho para posibilitar la reapertura de las causas que habían fenecido, quince años antes, en pleno gobierno democrático, por virtud de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final además de los indultos presidenciales.

Hoy desde el gobierno y los medios en general, se habla del necesario respeto a la ley en materia de prisiones preventivas. Estaríamos de acuerdo si esta no fuera una hipócrita declamación, dirigida únicamente para aplicarse a los ex funcionarios corruptos y sus cómplices, quienes están siendo excarcelados uno a uno.

Nada se dice de los verdaderos presos políticos, cuyo encarcelamiento sin condena ha superado con creces el plazo legal para las prisiones preventivas. Los jueces, salvo contadísimas excepciones, continúan, y ahora más que nunca, sujetos a los designios de la perversa política llamada de "derechos humanos" que ha sustituido al derecho, en consecuencia la justicia que aplican es tuerta y discriminatoria, para vergüenza de los argentinos.

En forma creciente y por la concurrencia de nuevos testigos y "víctimas" que cobran millonarias indemnizaciones, se tergiversan los hechos, transformándoselos "en crímenes imprescriptibles cometidos por agentes estatales en el marco de un plan sistemático de exterminio de enemigos políticos". Ellos o sus familiares son indemnizados, mientras que se encarcela a los efectivos policiales o militares intervinientes luego de 40 y 50 años de ocurridos los hechos, es decir cuando cuentan 65, 75 o más años de edad. A los terroristas les es reconocido inclusive el "derecho a la resistencia", con lo cual la Justicia justifica que los ahora indemnizados hayan matado a los compañeros de esos militares o policías durante los enfrentamientos.

Muchos han sido juzgados incluso por magistrados manifiestamente vinculados con las organizaciones guerrilleras de entonces o los querellantes de ahora en abierta violación a la garantía de imparcialidad.

En una situación que resulta inexplicable, a los guerrilleros detenidos, juzgados y condenados legítimamente por el Poder Judicial de entonces, se los indemniza con los recursos de todos los argentinos, mientras que se castiga a sus aprehensores y a algunos de los Jueces que los condenaron.

El Estado argentino que a lo largo de 45 años se limitó primero a juzgar a los Comandantes y la cúpula guerrillera, luego también a los hechos aberrantes, más tarde amnistió a todos, incluidos los guerrilleros miembros de las bandas asesinas, luego indultó a los Comandantes y a la cúpula terrorista, para luego volver a enjuiciar pero sólo a los miembros de las FFAA y de Seguridad, más algunos civiles elegidos con minuciosa precisión por las organizaciones financiadas por ese mismo Estado.

Se trata del mismo Estado que en ese lapso envió a sus FFAA a combatir al terrorismo guerrillero; los alistó para una eventual guerra con Chile; los envió a la guerra contra el Reino Unido en Malvinas, a sumarse a la ofensiva internacional en la guerra del Golfo y a innumerables misiones de la ONU en todo el mundo. Se trata del mismo Estado del cual son parte los señores Magistrados que hoy actúan con semejante inequidad, aunque parecieran ignorarlo. El mismo Estado que se encuentra comprometido ante la comunidad internacional a respetar las garantías individuales, entre las que se halla la de la igualdad ante la ley, violada en nuestro territorio en forma sistemática nada menos que por quienes debieran afianzarla. Un Estado que ha "privatizado" el juzgamiento de estos delitos dejándolos en manos de muchos jueces, organizaciones y una Procuraduría de fiscales ideologizados, así como otros para los cuales los juicios de lesa humanidad -además de ser una fuente de enriquecimiento que les permite cobrar hasta 600 mil pesos mensuales por efecto de la subrogancia, han engendrado un Jordán donde lavar sus múltiples prevaricaciones, o la figuración necesaria para lograr la aceptación, el ascenso y otros favores del poder político.

La reciente exposición del Obispo Castrense Monseñor Santiago Olivera en el Vaticano, ante los Obispos Castrenses y Capellanes militares de todo el mundo, constituye un hito al cual debiera la clase dirigente argentina prestar la debida atención y avergonzarse de la situación que se está viviendo en nuestro país a causa de estos procesos.

Estos procesos judiciales fueron reiteradamente cuestionados por la Academia Nacional de Derecho y especialistas en derecho penal y constitucional, por resultar discriminatorios y violatorios de garantías constitucionales. En ninguna noción de Justicia cabe que se encuentren libres e indemnizados ideólogos y líderes guerrilleros mientras se mantengan presos a quienes los combatieron cuando eran jóvenes militares y policías de muchas de nuestras provincias.

Ante una sociedad que presenta récords inmorales de pobreza, ¿cómo se justifica que el Estado destine partidas que en breve alcanzarán 11.500 millones de dólares para mantener una política con juicios interminables que saturan las agendas de los tribunales federales, en cuyos despachos prescriben causas de narcotráfico y corrupción?

Han transcurrido 50 años y 15 desde la reapertura de los juicios. Todos los procesos que no cuentan a la fecha con sentencia firme resultan violatorios de la garantía de todo ciudadano de ser juzgado en un plazo razonable y que en un plazo razonable le sean determinados sus derechos (art. 8 CADH).

Para que nunca más vivamos divididos, es hora que el poder político y los Tribunales pongan fin a este vergonzoso capítulo de desigualdades y se restablezca la Justicia verdadera, condiciones necesarias para encontrar la concordia entre los argentinos.

FUENTE: https://www.lanacion.com.ar/opinion/columnistas/una-inequidad-que-debe-cesar-nid2329238


Por todos los conceptos tan bien descriptos por el Dr. Alberto Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, es que venimos bregando desde principios de 2019 para que se efectúe una auditoría jurídica sobre todo lo actuado en los llamados “juicios de lesa humanidad”. Si estás también de acuerdo con el Dr. Solanet, por favor firma esta petición y comparte a todos tus contactos. ¡Muchas Gracias!


UN PAÍS PARA EL ASOMBRO (Y LA LÁGRIMA)



"Más vale un inútil que un Nerón".
 Theodore Lessing

Una vieja historia aplica a la situación actual de Argentina; cuenta que un judío clamaba en la plaza de su pueblo después de un progrom zarista: "Vosotros, que quemasteis nuestras casas y nuestras cosechas; vosotros, que demolisteis nuestra sinagoga hasta los cimientos; vosotros, que matasteis a nuestros mejores hombres; vosotros, que violasteis a nuestras mujeres y asesinasteis a nuestros hijos; ¡no abuséis, no abuséis!".

Y digo eso porque el martes pasado la Vicepresidente, imputada también por este monumento a la corrupción, visitó el lugar donde se construirán -pese a su escasa prioridad, sus altísimos costos y la resistencia de los ambientalistas- las represas Cóndor Cliff y Barrancosa (que rebautizará con los nombres de Néstor Kirchner y Jorge Cepernic), en la Provincia de Santa Cruz; y lo hizo acompañada por Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, dueños de Electroingeniería, procesados con ella en la "causa de los cuadernos".

Para completar el hecho, Cristina Fernández reclamó el Gobierno nacional, que obviamente integra, la obligación de construir la Ruta Provincial Nº 9 que debería unir la cordillera con el Atlántico en esa misma Provincia. Olvidó que ese mismo camino fue "licitado" durante el período presidencial de su marido muerto y, en el suyo, fue pagado ($ 500 millones de la época) anticipadamente a Lázaro Báez que, por supuesto, nunca lo construyó pero "retornó" el importe a los Kirchner mediante el falso alquiler de camas en los hoteles familiares, ubicados a centenares de kilómetros.

Pero no fue sólo eso lo que me asombró, pues la frutilla del postre fue la designación de Anímal Fernández como Interventor en Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), a cargo de la mina y de la usina de Río Turbio. Este nombramiento fue una nueva "mojada de oreja" a la sociedad ya que es poner al zorro a cargo del gallinero y garantizar la impunidad de todos los implicados en esa megaestafa. Por este emblemático caso de corrupción están ya en juicio oral Julio de Vido, Roberto Baratta, el ex Presidente de la Unión Industrial Argentina (Juan Carlos Lascurain) y hasta empresarios españoles de la quebrada Isolux.

Hay que recordar algunos hechos absolutamente comprobados: la mina es incapaz de proveer el carbón, en calorías y en cantidades, que la central térmica requiere para funcionar; el combustible fósil en cuestión es absolutamente contaminante; el presupuesto original para la construcción se triplicó en dólares; el camino de cuatro kilómetros para unir a la fuente del mineral con el destino fue pagado pero nunca construido; el lugar elegido tiene graves fallas geológicas; el combustible fósil en cuestión es absolutamente contaminante; y la falsa inauguración del complejo pocos días antes del cambio de autoridades nacionales en 2015, exigida por Cristina Fernández para organizar un show pese a las advertencias de los técnicos, implicó la destrucción de una turbina y su reposición costaría nada menos que US$ 250 millones. ¡Pavada de lujo se dio la actual Vicepresidente!

El funcionario designado, además, estuvo implicado en oscuros episodios delictivos vinculados al narcotráfico, como el triple crimen, la importación de efedrina, etc., a punto tal que, cuando fue candidato a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la propia Iglesia recomendó a sus fieles no votarlo, precisamente por considerarlo socio local de los mayores cárteles de drogas. Y esa acusación fue reiterada por sus entonces opositores que, por esas originales vueltas que tiene nuestra historia política, hoy ocupan relevantes cargos en el Gabinete ministerial de Alberto Fernández, responsable de ese nombramiento.

Recuerdo que en algunas notas que escribí en esa época pregunté retóricamente a mis lectores si, conociendo la patológica afición de don Néstor al dinero, alguien podía pensar que le había dejado el mayor negocio del país -el tráfico de estupefacientes- a un cuatro de copas como Anímal, y dije que la conclusión obvia era que los verdaderos dueños eran los propios Kirchner.

La ciudadanía argentina, justificadamente, está hoy hablando sólo del atroz crimen de Villa Gesell, y de la epidemia de coronavirus pero, volando bajo los rangos de detección de los radares sociales, la dueña del Instituto Patria sigue nombrando a sus alfiles en puestos claves para evitar que progresen los ya innumerables juicios penales que la tienen como principal protagonista; ha sumado a Alejandra Gils Carbó y a María Fernanda Silva, otra cultora del lawfare nueva Embajadora ante el Vaticano. Ha dejado el manejo de la economía en las manos del Presidente pero debiera recordar que ese fue el principal factor de la derrota de Mauricio Macri en 2019; si Alberto Fernández y su equipo no consiguen estabilizarla y recuperarla, algo muy difícil por cierto, ella también deberá pagar ese inmenso costo.

Para concluir, mis modestas felicitaciones a quienes hoy festejan un triunfo espectacular: de consuno, Donald Trump y Vladimir Putin lograron, con la colaboración de muchos suicidas británicos, comenzar a demoler, con el Brexit, el más exitoso y más prolongado experimento europeo de paz e integración.

Bs.As., 1 Feb 20


Enrique Guillermo Avogadro
Abogado