El
presidente de facto Alejandro Lanusse buscó que se firmara un “acta de
garantías” que incluía desde una legislación penal para acotar la actividad
subversiva, no a una amnistía generalizada y la independencia del Poder
Judicial. La respuesta de Perón y la tensión militar
Alejandro Agustín Lanusse y Héctor J. Cámpora |
Como
el presidente de facto Alejandro Lanusse
no concretó el Gran Acuerdo Nacional y Perón no se encontró con la Junta de
Comandantes, desde el gobierno militar comenzó a deslizarse la posibilidad de
que las agrupaciones acuerden un acta de
garantías sobre determinados temas puntuales: Legislación penal para acotar
la actividad subversiva; no a una amnistía generalizada y la independencia del
Poder Judicial, eran algunos que interesaban a las FFAA. Ricardo Balbín dijo respecto de una amnistía que había que analizar
“caso por caso” y se pronunció por la “inamovilidad del Poder Judicial y
vigencia del acuerdo del Senado
Juan
Domingo Perón, desde
Madrid, dejó trascender que no estaba
dispuesto a firmar ningún pacto de garantías, ni acta institucional, con el
actual gobierno militar.
Todo
hacía prever que iba a ganar el Frente
Justicialista de Liberación (FREJULI) y que “la Revolución Argentina había
pasado para nada”. Era una idea generalizada y, en medio de una contienda
electoral, las organizaciones armadas
habían redoblado sus operaciones: asesinatos,
robos, secuestros, atentados y extorsiones servían para nutrir una gimnasia
que les permitiera asegurarse un lugar de privilegio en el futuro reparto del
poder.
Para
no dejar nada flotando en el vacío, el martes 6 de febrero, la Junta Militar prohibió el regreso de
Perón a la Argentina “hasta tanto asuman el poder las autoridades que el
pueblo elija en las próximas elecciones”.
En
los medios, febrero comenzó con el tratamiento de una proyectada Acta
Institucional más conocida como “Los 5
puntos”. El borrador del texto había sido preparado por el Estado Mayor
Conjunto, a cargo del brigadier Osvaldo
Cacciatore, y analizado por la Junta Militar y los altos mandos del
Ejército el 24 de enero.
Una
semana más tarde la Junta no pudo ponerse de acuerdo sobre la conveniencia del
documento. La Armada y la Fuerza Aérea pidieron tiempo para analizarlo. En esta
cumbre Lanusse llego a afirmar -consta en actas- que “cuando a mí me hicieron
conocer el trabajo que consiguieron compatibilizar los delegados nuestros, yo
no estuve de acuerdo con el trabajo y me aboqué a hacer esto. Yo de esto, si la
Junta no lo quiere tratar todavía, no soy quien para imponerlo a la Junta, pero
lo voy a comprometer al Ejército¨.
Juan Domingo Perón, desde Madrid, dejó trascender que no estaba dispuesto a firmar ningún pacto de garantías, ni acta institucional, con el actual gobierno militar |
El
miércoles 7 de febrero por la mañana, Lanusse citó a los generales en actividad y los presionó
para firmar “el compromiso que asume el Ejército” con el país. Dos
generales de brigada solicitaron 48 horas para analizar si lo firmaban o no.
Uno fue el general Horacio Aníbal Rivera,
ex jefe de la Casa Militar del presidente Roberto
Marcelo Levingston y en ese momento director de Producción de Fabricaciones
Militares, quien lo firmó al día siguiente. El otro, Ibérico Saint Jean lo rechazó y pidió su retiro el mismo miércoles
por la noche.
El
acta finalmente fue convenida varios días más tarde por los tres comandantes en
jefe y demandaba:
“1º Asegurar su inquebrantable propósito
de sostener la continuidad
del proceso político y de acatar el pronunciamiento que manifieste la
ciudadanía en las urnas, exigiendo que todos los que participen en él cumplan
la Constitución y las leyes vigentes de aplicación.
“2º Respaldar y sostener en el futuro la
total vigencia de las instituciones republicanas, asegurando una auténtica
democracia que permita el ejercicio de los derechos de los habitantes y el goce
pleno de la libertad.
"3º Asegurar la independencia e inamovilidad del Poder Judicial
como garantía de la vigencia de los principios, declaraciones y derechos
constitucionales.
“4º Descartar la aplicación de amnistías indiscriminadas
para quienes se encuentren bajo proceso o condenados por la comisión de delitos
vinculados con la subversión y el terrorismo.
“5º Compartir las responsabilidades dentro del gobierno que
surja de la voluntad popular como integrantes del Gabinete Nacional,
según la competencia que le fijen las leyes y demás disposiciones, en especial
en lo que hace a la seguridad
interna y externa, respetando las atribuciones constitucionales para las
designaciones de los ministros militares por parte del futuro Presidente de la
Nación, de conformidad con la legislación vigente el 25 de mayo de 1973”.
Con sus “cinco puntos” Lanusse intentó
mantener la influencia de las FFAA en el poder, porque entendía que el próximo
gobierno sería de “transición”. Tenía razón en cuanto a la
“transición” pero no estaba en condiciones de imponerla. Apenas tenía margen para
conducir una retirada ordenada de los militares. Todo fue una pérdida de
tiempo.
El último párrafo de Los 5 puntos |
El documento fue observado por las
fuerzas políticas como condicionante para el futuro gobierno constitucional y
luego del 11 de marzo pasó al olvido. Desde Salta, Héctor Cámpora respondió, el 17 de febrero, con justeza y no menos
confusión, que “nosotros tenemos una Constitución y a ella nos sometemos, para
no confundirnos le preguntaremos al pueblo cuál Constitución prefiere”.
Desde
otra visión, algo similar ocurrió en Chile cuando la Democracia Cristiana le
hizo firmar a la Unidad Popular siete “Estatutos de Garantías Democráticas”
como condicionante para que sus parlamentarios votaran por Salvador Allende en el “Congreso Pleno” (colegio electoral) del 24
de octubre de 1970. Allende hizo de todo para no respetar las “garantías” y el
22 de agosto de 1973, a propuesta del diputado demócrata cristiano Pareto,
Salvador Allende fue declarado técnicamente “al margen de la legalidad” por el Parlamento abriendo las puertas
a su derrocamiento.
En
la Argentina el gobierno que iba a nacer apenas duraría 49 días. Nadie cumplió
nada y nadie pudo frenar el clima de descontrol que se vivió en el período de
Héctor J. Cámpora.
Los
primeros en no cumplir lo acordado, dejando a la intemperie a los jueces de la
Cámara Federal Penal, mal llamada Cámara
del Terror o Camarón, fueron los propios militares. Un ejemplo lo dice
todo:
En
abril de 1973 -cuando la victoria de Cámpora estaba consagrada- varios miembros
del denominado Camarón junto con los abogados Mario Hernández y Roberto
Sinigaglia viajaron al Sur para inspeccionar
la cárcel de Rawson, ver las condiciones de la misma y observar cómo vivían los
detenidos por causas ligadas con la subversión, o “presos políticos” tal
como eran llamados por los abogados de la Asociación Gremial. La visita había
sido decidida el viernes 30 de marzo, tras un encuentro de Vicente Solano Lima con los integrantes del Alto Tribunal.
Enterado
de la presencia de los jueces y los abogados, llegó a la cárcel en un
helicóptero el jefe de la IX Brigada, general Leopoldo Fortunato Galtieri. Cuando bajó de la nave uno de los que
observaban comentó, no sin ironía: “Se
parece al general Patton”.
Enterado de la presencia de los jueces y los abogados, llegó a la cárcel en un helicóptero el jefe de la IX Brigada, general Leopoldo Fortunato Galtieri (NA) |
La
entrada a la cárcel tuvo un momento ríspido cuando Hernández se negó en la
guardia a realizar la inspección que consistía en abrirse el saco para
comprobar que no llevaba armas. Como en esos tiempos todavía sobraba una dosis
de buena fe, uno de los jueces hizo de “garante” y así todos ingresaron al
penal.
Al
finalizar la visita los tres jueces y un joven funcionario judicial pasaron a
una sala donde los esperaba Galtieri. La escena que rodeó el encuentro era
propia de Federico Fellini. El jefe
militar se sentó en una banqueta frailera puesta sobre una suerte de tarima, lo
que le permitía ver a las visitas desde lo alto. Allí entablaron un diálogo que
tuvo su momento culminante cuando el joven preguntó con el ímpetu que da la
edad:
-General
¿qué va a pasar con los “5 puntos” después del 11 de marzo?
Se
refería al 4º punto que trataba concretamente la imposibilidad del próximo
gobierno democrático de dar “amnistías
indiscriminadas” a los procesados y condenados por causas ligadas con la
violencia provocada por las organizaciones armadas.
Galtieri,
sin perder la compostura, pero con la ampulosidad que lo caracterizaba, levantó
su brazo derecho y mirándolo fijamente le respondió:
-Lo
que un general de la Nación escribe con la mano no lo borra con el codo. ¿Por
qué preguntó?
-Porque
quería asegurarme a través de una voz oficial - fue la ingenua respuesta del
funcionario judicial.
Las crónicas sobre la liberación de los
“combatientes” o los “presos políticos” de Clarín y La Nación de los días 26 y
27 de mayo de 1973 relatarán que en Rawson “no hubo inconveniente, salvo el
ofrecido por un militar de apellido Galtieri quien intentó poner algunos peros
para dejar salir a los compañeros.” La crónica continuará diciendo
que “otras fuentes dijeron que el general Galtieri había accedido a entregar
los prisioneros, luego de una consulta con el comandante en Jefe del Ejército, Jorge Raúl Carcagno.”
Entre
los papeles privados de Carcagno se encontró un documento que él tituló a mano “¡Basta!” y de su texto surge que fue
leído a sus camaradas en abril de 1973 en medio de un intento de dar una “patada del tablero” político en marcha,
luego de las elecciones que ganó Cámpora. Son 7 carillas y en ellas sostiene
entre otros conceptos:
-“Permítaseme
expresar en el seno de esta reunión, en la forma más breve y más clara posible cuáles
son mis ideas, mis sentimientos y mis reflexiones acerca del momento actual.
Con la franqueza, con la decisión y con la honestidad de las que todos aquí nos
preciamos.”
-“Con
la firma de los llamados “cinco puntos” se colocó a toda la cúpula del Ejército
en una posición cuestionada y censurada por todos los sectores […] Ante el
requerimiento de SE el señor Comandante en Jefe, acepté en su momento (tachó
con lápiz: “aún contra mis convicciones”), firmar el compromiso de los cinco
puntos, compromiso del que por supuesto no me aparto ni me desdigo y continúo y
continuaré manteniendo. Firmé en beneficio de una cohesión que no es tan cara y
que nos ha impuesto no pocos sacrificios.”
-“Han
cambiado ahora las circunstancias y no es atinado perseverar en actitudes que
no han dado hasta ahora resultados positivos. Otra realidad está a la vista. El
pueblo ha votado, ha consagrado a un Gobierno con un margen por demás
apreciable sobre la segunda fórmula y ha materializado paralelamente un rechazo
a nuestra gestión.”
-“He
hablado de un repliegue en el sentido estrictamente político y nada más, porque
un Ejército en la victoria no se repliega; recoge un triunfo y lo entrega a la
Nación… pero pareciera por curiosa paradoja, que somos nosotros mismos los
empeñados en empalidecer esta victoria; en empequeñecerla con discutibles
arbitrios.”
-“Estos
treinta días que faltan están plagados de acechanzas, de difíciles problemas,
de serias dificultades. Más aún quizá los que seguirán al 25 de Mayo.”
-“Me
pregunto ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? ¿Qué es lo que, mirando de
frente a la realidad y sin engañarnos a nosotros mismos, estamos en capacidad
de hacer?”
Teniente general Jorge R Carcagno |
A las 10.55 del martes 22 de mayo de
1973, llegó de Madrid Carlos Cámpora trayendo una carta de Perón en la que ordenaba que el comandante militar del
nuevo gobierno fuera el general de división Jorge Raúl Carcagno.
El
miércoles 23, la tapa de La Opinión informaba que se habían aceptado las
renuncias de la Corte Suprema y “cesó el estado de sitio”. También que “sería
inminente” la liberación del almirante Francisco
A. Aleman y el comandante de la Gendarmería Jacobo Nasif, ambos
secuestrados por los terroristas del PRT-ERP.
Asimismo,
figuraba en la portada, que varios
sectores peronistas –comenzando por Perón- condenaban el asesinado de Henry
Dirk Kloosterman, titular del Sindicato de Trabajadores Mecánicos (SMATA).
Días más tarde se conoció que el Comando Nacional de las Fuerzas Armadas
Peronistas (FAP) se atribuyó el asesinato realizado en La Plata.
El mismo miércoles 23, Carcagno
acompañado por el coronel Jaime Cesio se entrevisto con Cámpora y aceptó el
cargo.
Según algunos analistas militares se había impuesto una solución intermedia,
entre los que pugnaban por el nombramiento “continuista” de Alcides López
Aufranc, jefe del Estado Mayor de Lanusse, y los que se inclinaban por la
elección de un coronel antiguo. Con la designación de Carcagno pasaron a retiro
los nueve generales de división más antiguos.
El
archivo del general Carcagno contiene una minuta que alguien tituló a mano con
lápiz rojo: “Conversación con Cámpora,
en oportunidad en que se le ofreció el cargo de Cte Jefe Ej el 23 de mayo 73”.
Ese “alguien” podía ser Cesio o un colaborador del alto jefe militar.
El
texto, escrito en máquina eléctrica a doble espacio, contenía 10 puntos a lo largo de sus 3 carillas.
Todo el texto respiraba la incalificable
insensatez en la que había caído la Argentina. Los especialistas dicen que
ese documento fue escrito por el coronel Cesio y leído por el futuro Comandante
en Jefe del Ejército.
Minuta de la entrevista entre Héctor J. Cámpora y el general Jorge Raúl Carcagno |
El punto 7º dice: “En el convencimiento
de que la lucha contra la violencia debe llevarse erradicando las causas, de la
que ella no es más que un efecto, el Ejército debe comprometerse contra ella.
Dicho en otros términos, se estima que el nuevo Gobierno frenará a la violencia
cuando interprete debidamente el sentir y las necesidades populares.” En una
clara alusión al PRT-ERP se agrego
al párrafo: “Sin embargo siempre han de subsistir los sectores
ultrarradicalizados o neo-nihilistas y el triunfo contra ellos, que no se
logrará en el corto plazo, será obtenido cuando se concrete una real unión
entre el pueblo y Ejército.” ¿Y de
Montoneros no se dice nada?
El
jueves 24 de mayo de 1973, la designación de Carcagno tomó estado público y no
existió ninguna reacción en contrario. Fue el mismo día en que los diarios
publicaban una solicitada en la que se llamaba “a la movilización popular para la inmediata libertad de todos los
presos políticos” firmada por abogados y organizaciones que defendían al
terrorismo. Al día
siguiente, como si todo hubiera sido minuciosamente planeado, miles de personas
rodearon las cárceles y “liberaron” a los terroristas.
En
La Opinión del 24 de mayo de 1973, página 12, al lado de la solicitada que
exigía la libertad de los “combatientes” había otra solicitada que homenajeaba
a Kloosterman, bajo el título: “Otro
cobarde e infame crimen enluta a los trabajadores”, firmada por la Unión
Obrera Metalúrgica.
Mientras
se hablaba de indultos y amnistía las organizaciones terroristas no dejaron de
actuar, bajo el argumento que tenían como finalidad “asegurar la entrega del
gobierno”.
Héctor Cámpora, a su vez, repetía que a partir del 25 de mayo irían
desapareciendo todas las expresiones de violencia, en la medida que las
acciones de las organizaciones guerrilleras representaban “una respuesta” al
sistema de vida vigente. El Presidente electo interpretaba que al modificarse
la situación, con la vigencia de la Constitución, desaparecería la razón de ser
de la guerrilla.
Como un anticipo de los tiempos que
venían las organizaciones armadas
continuaron operando. Un simple repaso de los medios de la época recuerdan
que el martes 22 de mayo de 1973, el ERP copó el Sanatorio Mitre de Avellaneda
con su columna “Héroes de Trelew”; el miércoles 23 se atacó un destacamento
policial en Mendoza (Montoneros); el 24 se ocuparon dos fábricas, una en
Capital y otra en Bahía Blanca. La primera era propiedad de la empresa de
chicles Adams y se instó a los obreros a “expropiar sin pago” de “toda la
propiedad imperialista”. También se cometieron robos de armas a policías.
El
24, Cámpora dio a conocer oficialmente la composición del gabinete presidencial
y el mismo día, el gobierno militar
liberó a 45 detenidos a “disposición” del Poder Ejecutivo. Entre ellos
figuraba Lionel MacDonald (a) “Pasto Seco” y más tarde “Capitán Raúl”, último
jefe de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP, en Tucumán.
Desde Madrid, Juan Domingo Perón
preparaba en reserva su retorno al poder. Entre otras
razones, venía a poner orden.
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