sábado, 20 de mayo de 2017

ESTO ESCRIBIÓ UN HOMBRE QUE ESPERÓ LA MUERTE 372 DÍAS


CÓDIGO GEORGIAS


El Día de la Armada se emitió en TV una producción presentada por la señora Miriam Lewin, que se limitó a criticar la figura del entonces teniente Astiz, intentando hacer recaer sobre él toda la responsabilidad de lo ocurrido en las Georgias del Sur, con expresiones como "las conversaciones radiales secretas de Georgias...", "Astiz se rindió sin disparar un solo tiro", etc. El teniente Astiz tuvo un papel secundario en las acciones de Georgias, ya que solo fue desembarcado en Puerto Leith para dar protección a los chatarreros de Davidof. La verdadera operación en Georgias se realizó el 3 de abril, a partir de 11.15, en que una fracción de 40 hombres del Batallón de IM N° 1 desembarcó de helicópteros en Puerto Grytviken, isla San Pedro, asiento de la autoridad británica en las islas. El objetivo había sido ocupado por fuerzas británicas y si bien previamente se exigió la rendición por radio, no fue acatada. Al ejecutarse el primer vuelo no se produce reacción enemiga, la que sí ocurre durante el segundo, resultando muertos dos conscriptos y heridos un cabo y un conscripto. A su vez, la corbeta ARA Guerrico recibe fuego y un cabo murió y hubo cinco heridos. Finalmente la defensa británica se rinde a las 12.45. Los británicos recuperan Puerto Grytviken el 25 de abril con la acción de dos destructores y efectivos de la Royal Marines. Previamente habían averiado el submarino Santa Fe, que se encontraba en aguas restringidas. Tanto el jefe de las fuerzas argentinas de Grytviken como el comandante del submarino firmaron la rendición ante el comandante de la Fuerza Naval británica. El 26 de abril, un desprendimiento de la misma fuerza ataca Puerto Leith y luego de desalojar a los chatarreros civiles somete mediante fuego naval y sin mayor resistencia a las fuerzas de Astiz, quien no contaba con armamento adecuado. La firma de esta rendición fue fotografiada por los británicos y recorrió el mundo. Tanto en Grytviken como en Leith, las fuerzas de defensa dieron cumplimiento a las órdenes recibidas.

Para comprender y poder hablar acerca de lo ocurrido en Georgias y las acciones de la Armada en Malvinas es necesario leer el libro No vencidos, de editorial Planeta.

Luis Alberto Carbajal
Contraalmirante de IM VGM (R), ex comandante del BIM N° 1 en 1982


viernes, 19 de mayo de 2017

LOS MILITARES NO COMETIERON DELITOS DE LESA HUMANIDAD. HABLA NICOLÁS MÁRQUEZ

DELITOS DE LA GUERRILLA


El editorial del 16 de mayo ("Del dos por uno a la infinita impunidad") es digno del mejor de los elogios. Su texto es por demás claro, conciso y concreto. Aborda el tema no sólo desde la óptica jurídica, que resulta impecable, sino también desde la moral que debe regir en toda justicia que se precie de tal. No solo sugiero su detenida lectura, sino que considero un deber de los padres para con sus hijos -que no vivieron tan desgraciada época- hacérselos leer y aclararles lo que pidan para que no se dejen llevar por la artera propaganda que se hace bajo el ropaje de los derechos humanos. Como bien se dice en la bajada del editorial, "debería preocupar el olvido del que gozan los delitos del terrorismo guerrillero".

No quiero terminar sin poner especial énfasis en lo admitido por un ex montonero de que si hubiera triunfado la guerrilla se habría generado una masacre a través de fusilamientos.

Juan Segundo Areco
DNI 7.609.988


jueves, 18 de mayo de 2017

CONVOCATORIA A TODOS NUESTROS SOCIOS Y AMIGOS


Nuestra Asociación ha resuelto adherir a esta Convocatoria e invita a sus socios y amigos a concurrir el próximo miércoles 24, respaldando con su presencia el petitorio que será entregado al Ministro de Justicia.

Ante las crecientes amenazas a lo que resta del orden jurídico en nuestra Patria, es imperativo demostrar que algunos no nos dejamos intimidar.



CONTINÚAN LAS OPINIONES DE LECTORES

ALGO HUELE MAL

Quienes asolaron a la Nación utilizando métodos de violencia (bombas, secuestros, copamientos, ataques armados) solventados y apoyados por Estados extranjeros, con el propósito de instaurar un régimen comunista, se pasean orondos por sus despachos oficiales y pontifican por televisión, radio y diarios, como si fueran carmelitas descalzas, pero con sus bolsillos llenos de "indemnizaciones", negadas a sus víctimas. Quienes defendieron a la mayoría de los argentinos están encarcelados, por la venganza de los derrotados terroristas, apoyados por jueces corruptos y complacientes, sin derecho a juicios justos, en violación de todas las normas del derecho occidental, con la complacencia de quienes prefieren olvidar lo que originó el estado de guerra que hubo en los años 70. Quienes, desde la magistratura, aplican la ley, que es lo único que garantiza la armonía social, son denostados como si fueran bandidos. Quienes prometieron revisar ese estado de cosas, contrario a la verdad, generador de odios y de venganzas, no han cumplido con las expectativas declamadas.

Como escribió Shakespeare: "Algo está podrido en Dinamarca".

Guillermo Lascano Quintana




PANCARTA

De chico, cuando veía a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo marchar, llevaban consigo carteles que reclamaban por los desaparecidos. En esta última marcha del "dos por uno" llevaban una pancarta que decía "ni olvido, ni perdón, ni reconciliación". Es interesante ver cómo esos organismos, que tuvieron sus orígenes en el reclamo de los derechos humanos, se convirtieron con el paso del tiempo en organizaciones de carácter político. En el caso de las Madres, dejaron explícitamente de ser un organismo de DDHH, como afirmó Hebe de Bonafini el 24 de marzo pasado, que rechaza toda aplicación de ley benigna a los presos militares, sea "dos por uno", prisión domiciliaria, o hasta la aberración de permitir la aplicación de leyes de forma retroactiva, juzgando así a militares por hechos que en los 70 no estaban tipificados. Todo esto por el simple hecho de ser militares y negando derechos que todo ciudadano debería tener. Negarlos es caer en los mismos excesos que según ellas cometían los condenados. Y se están personificando de esta manera en eso que durante tantos años afirmaron repudiar. "Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación" es el claro ejemplo de esto.

En una sociedad que intenta mirar al futuro, estos organismos solo buscan reabrir heridas del pasado y no curarlas.

Carlos Horacio Vázquez


martes, 16 de mayo de 2017

DISCAPACIDAD MORAL Y FALLO DEL 2 X 1

Por Mauricio Ortín

En el año 2015, diez ex-agentes penitenciarios de la cárcel de La Plata fueron condenados a cumplir 14 años de prisión por el delito de “privación ilegítima de la libertad” que habrían cometido el 7 de octubre de 1976 en ocasión de custodiar a 90 presos que fueron trasladados desde el aeropuerto de Jujuy al de La Plata. El Tribunal consideró, y así falló, que los acusados cometieron crimen de lesa humanidad durante las tres horas que duró el viaje en avión.

El 2 de julio de 1976 un artefacto explosivo estalló en la Superintendencia de Seguridad Federal de la ciudad Buenos Aires. Mientras almorzaban, 23 personas murieron y otras 60 resultaron heridas. La organización Montoneros se atribuyó el hecho mediante un parte de guerra. Dado que para los jueces este tipo de crímenes no es de lesa humanidad se dio por prescripta la causa y se sobreseyó a los acusados.

Es que “No se puede pretender que se aplique la misma normativa para delitos comunes que para aquellos delitos que ofenden la conciencia de la humanidad. Estos últimos, son atroces y aberrantes”, argumentan quienes avalan los fallos citados y la negación del 2 x 1, entre otros, a los diez ex-agentes penitenciarios de La Plata.


Al respecto, confieso mi desazón por el conflicto interno que en mí se desata. Ello porque, aún con todo el empeño que me propongo, me resulta muy difícil concebir que custodiar presos durante tres horas sea infinitamente más atroz y aberrante que asesinar a 23 personas. Si la causa de esta incomprensión fuera por “Lo que Salamanca no da…”, no me sentiría tan preocupado; sí, por el contrario, si ese origen (como sospecho) fuera siniestro (el padecer, por ejemplo, el suficiente grado de discapacidad moral para arrasar de mi conciencia el sentido de justicia.)


Sostener que son los otros (los que yerran) sería muy cómodo. Mas, como es obvio, ello resultaría inaudito ante la abrumadora y masiva reacción de políticos, periodistas y hasta obispos que condenan, por injusto, el fallo de la Corte. Es más, de sólo pensar que yo fuera el que está en lo cierto, me hiela la sangre

DEL "DOS POR UNO" A LA INFINITA IMPUNIDAD

Así como la sociedad expresó su inquietud por el caso Muiña, debería preocupar también el olvido del que gozan los delitos del terrorismo guerrillero


El fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la aplicación del llamado "dos por uno" para el cómputo de pena en beneficio de un represor condenado a 13 años de prisión en 2011 por delitos de lesa humanidad provocó una tormenta política y la reacción adversa de gran parte de la sociedad.

Un mínimo de decencia obliga a señalar la asimetría entre el "ni olvido ni perdón" a quienes cometieron delitos aberrantes con la fuerza del Estado y el olvido y el perdón de los que han disfrutado otros violentos que empuñaron armas, pusieron bombas, torturaron y mataron a sangre fría invocando el socialismo nacional, y que hoy no gozan del "dos por uno", sino de una infinita impunidad.


Beneficiados por la prescripción de sus delitos, conforme al fallo "Lariz Iriondo" de la Corte Suprema de Justicia en 2005, que negó carácter de "lesa humanidad" a los actos terroristas por no haber sido ejecutados desde el Estado, aquellos violentos, muchas veces confesos, gozan de libertad y reciben trato deferente: algunos han progresado como hombres de negocios, otros ocupan cátedras universitarias y otros más son pacíficos abuelos que escriben sus memorias en la paz de sus hogares.


Sembrar el terror en la población recurriendo a los atentados, los secuestros y la muerte está prohibido desde 1949 por el derecho humanitario internacional, sin excepción alguna, salvo en la República Argentina, donde los autores de crímenes como los cometidos en la estación de Atocha, las Torres Gemelas y el semanario Charlie Hebdo o las matanzas de Ejército Islámico (EI) serían tratados como víctimas inocentes de la sociedad capitalista.


El 1° de diciembre de 1974, en pleno gobierno constitucional, terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) asesinaron por la espalda a María Cristina Viola, de 3 años, y a su padre, el capitán Humberto Viola, e hirieron gravemente a María Fernanda Viola, de 5. Los gritos desesperados de María Cristina Picón de Viola, embarazada de cinco meses, no los detuvieron. Como lo exigía el Che Guevara, actuaron como frías y selectivas máquinas de matar, imbuidos de un odio intransigente al enemigo.


Francisco Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador y Fermín Ángel Núñez fueron detenidos y condenados por estos crímenes de lesa humanidad. No cumplieron íntegramente su condena a reclusión perpetua. Fueron indultados por el decreto 1003/89, firmado por Carlos Menem y su ministro de Defensa, Ítalo Argentino Luder.

En días en que el país ha debatido intensamente la posibilidad de aplicar la ley del "dos por uno" a determinados delitos, es oportuno que los argentinos nos preguntemos si resulta justo que los asesinos de la familia Viola, como los de tantas otras víctimas inocentes, hayan quedado libres, amparados por un manto de silencio e impunidad. También agravian el más simple sentido de justicia los asesinatos y las desapariciones perpetrados por grupos paramilitares como la Triple A, creada por el siniestro José López Rega, descollante ministro del peronismo fascista y cruel de los años previos a la dictadura militar.

Debería ser todo esto tenido en cuenta también cuando, en multitudinarios actos, organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos y ciudadanos de a pie reclaman a los jueces "nunca más un genocida suelto".

Ante la negativa de la Justicia a reabrir la investigación para juzgar a otros autores directos y mediatos, la viuda de Viola denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber violado el derecho a la igualdad ante la ley, diversas garantías judiciales y el artículo 3 de las Convenciones de Ginebra de 1949, que establece que no se puede atacar ni atentar contra civiles inocentes en ningún tipo de conflicto armado. La comisión ha notificado que se encuentra evaluando la denuncia.

Elisa Carrió acaba de advertir que hay un avance del derecho internacional cada vez más fuerte que quiere declarar delitos de lesa humanidad los delitos de terrorismo, no sólo del Estado. No ignora la diputada que a partir del fallo Tadic, dictado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, ya no es posible sostener que para que exista un crimen de lesa humanidad debe mediar participación estatal; actores no estatales pueden ser también posibles autores de ese tipo de crímenes. Ello por sí solo basta para poner en crisis el argumento que apresuradamente sostiene que están prescriptos los crímenes de la guerrilla.

Además, se ha demostrado, en las causas Larrabure y Viola, que el terrorismo guerrillero fue de Estado, por haber contado con el apoyo, el entrenamiento y el financiamiento de Cuba, lo que torna directamente aplicable la jurisprudencia fijada en las causas Arancibia Clavel y AMIA, considerando crímenes de lesa humanidad los asesinatos y/o atentados planificados por un Estado extranjero y cometidos en nuestro país.


Ha quedado probada también en tales causas la complicidad de gobernadores con la acción de la guerrilla, complicidad que fue denunciada por el entonces presidente Juan Domingo Perón luego del ataque del ERP al regimiento de Azul, oportunidad en que convocó a las distintas fuerzas políticas a defender la república, alertando que no por casualidad hechos de esa naturaleza ocurrían en determinadas jurisdicciones.

No cabe entonces atenuar la gravedad de los crímenes llevados a cabo por los grupos guerrilleros. La historia demuestra que también fueron cometidos con apoyo estatal.

Si la decisión es juzgar, debe juzgarse también a aquellos que, aborreciendo la democracia, se arrogaron el derecho de matar cuando la Argentina tenía sólo un 4% de pobres, un derecho que veladamente muchos justifican apelando a una diferencia inexistente.

El pasado 24 de marzo, organizaciones que deberían defender los derechos humanos de todos reivindicaron la sangrienta militancia del terrorismo guerrillero. Desde la izquierda revolucionaria hay quienes aún reivindican la violencia como forma de acción política, idealizando la acción de grupos como ERP y Montoneros. Muchos jueces, fiscales y dirigentes políticos y religiosos han permanecido impasibles frente a esa irracional apología del delito, pese a que, como lo admitió el ex montonero Luis Labraña, de haber triunfado, la guerrilla habría generado una masacre fusilando como en la España de Franco o como en la Rusia de Stalin.


NOTA: Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.

lunes, 15 de mayo de 2017

¿LA PASIÓN O LA RAZÓN?


La sobreactuación del sector político expresado a través del Congreso de la Nación y declaraciones de los funcionarios de turnos, sumado al griterío de la izquierda vernácula, hace mucho ruido y trae temores de aumentar la inseguridad jurídica que se pone de manifiesto a diario en los llamados juicios de lesa humanidad. Esperemos que la razón predomine sobre la pasión y se cumplan las leyes en el buen sentido de la palabra.



FELICITACIONES

Felicito efusivamente a los doctores Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton por haberse atrevido a fallar conforme a derecho en el caso Muiña, al aplicar el "dos por uno" dejando de lado razones de odio o cobardía que pudieron impulsarlos a votar en sentido contrario.

Juan Luis Gallardo

ILEGALES Y NULOS

El debate de la ley del "dos por uno" oculta la cuestión de fondo: que los juicios llamados de lesa humanidad son ilegales, inconstitucionales e insanablemente nulos; en consecuencia, los fallos derivados, "cosa juzgada írrita". Inconstitucionales, porque vulneran el artículo 18 de la Constitución, e ilegales, porque desconocen el principio jurídico universal de legalidad. Por otra parte, los más de 2400 imputados fueron acusados erróneamente de genocidio (artículo 6 del Estatuto de Roma, actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional -fueron combatidos por su carácter de beligerantes y no por ser argentinos- étnico, racial o religioso) y arbitrariamente enjuiciados por la comisión de crímenes de lesa humanidad (artículo 7 del Estatuto de Roma: actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil). Además, el Estatuto de Roma (1998) se incorpora a la legislación argentina por ley 25.390 del 9 de enero de 2007, prohibiendo expresamente el artículo 25 su aplicación retroactiva. La incorporación a la legislación argentina de la convención internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad fue por el decreto 579 de 2003. España (la Audiencia Nacional), Francia (Corte de Casación) y la misma Corte Penal Internacional emitieron fallos coincidentes en el sentido de que los delitos cometidos con anterioridad a la promulgación del Estatuto de Roma se encuentran prescriptos.

Genocidio, lesa humanidad, 30.000 desaparecidos, constituyen un falso relato que derivó en el arbitrario enjuiciamiento de más de 2400 imputados y hasta ahora en la muerte de 404 personas en injusto cautiverio. ¿Un genocidio al revés?

Juan Miguel Giuliano
General
DNI 4.866.846

PRESUNCIÓN

Pablo García Aliverti atropelló hace cuatro años alcoholizado a un vigilador que circulaba en bicicleta por la autopista Panamericana rumbo a su trabajo. Luego del accidente, sin frenar, condujo unos 17 kilómetros hasta un peaje, con el cuerpo de la víctima sobre el automóvil. Durante estos cuatro años esperó su sentencia en libertad y fue sentenciado a cuatro años, por lo cual quedó libre. Y me pregunto, ¿por qué los presos de los juicios mal llamados de "lesa humanidad", con edad promedio de 74 años, en la mayoría de los casos sin juicios ni condenas, siguen siendo prisioneros ilegales de esta injusta justicia? En la Argentina, el "principio de presunción de inocencia" sólo corre para los que cometen crímenes comprobados como García Aliverti. Las Fuerzas Armadas, de seguridad y los policías del 70 son juzgados y condenados de antemano por la justicia tuerta.

Lucas José Alfaro Jones
DNI 35.169.352




UN PAÍS QUE NO SABE LO QUE QUIERE

La Argentina vive en un permanente circuito de hacer y deshacer. Las leyes de obediencia debida y punto final fueron votadas por nuestro Congreso y años después, el mismo Congreso las declaró inexistentes, cosa rara en el derecho que conocemos en Occidente. La Corte Suprema las declaró constitucionales y años después inconstitucionales. Pasó algo parecido con el "dos por uno" que tanto revuelo ha desatado en parte de la ciudadanía. La conclusión que uno saca de estos pocos ejemplos es que nuestro país es institucionalmente inestable y su sociedad, emocionalmente inestable.

Después de generaciones de alabar a Cristóbal Colón por la hazaña de su descubrimiento, hoy resulta que es un genocida. El general Roca, que era un estadista que consolidó la geografía actual del país, homenajeado en los billetes de 100 pesos que lleva su imagen, también es un genocida. El Che Guevara, de asesino serial pasa a ser héroe y lo ponemos en las estampillas.

País sin rumbo, sin estabilidad y sin seguridad jurídica, con una sociedad que no sabe qué es lo que quiere, excepto salvarse a sí misma a costa de quien sea. Así no se puede construir un país desarrollado, moralmente sano y socialmente justo. Este círculo vicioso de hacer y luego deshacer configura una situación que hace inviable a nuestro país como Estado moderno.

Florencio Olmos
DNI 5.941.080

CUMPLIR CON LA LEY

Nuestro país ratificó el Estatuto de Roma (1998) cuya vigencia corre desde enero de 2001, habiendo sido reglamentado recién en 2007. Dicho Estatuto crea la figura de los crímenes de lesa humanidad, que hasta ese momento no existían y establece que los únicos delitos que no prescriben son los de la competencia de la Corte y que, para determinar esa competencia, debe tratarse de hechos ocurridos después de la entrada en vigor del Estatuto. Su implementación fija que ninguno de los delitos previstos en ese instrumento puede ser aplicado en violación del principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de nuestra ley fundamental, que reza que "ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso". No existe absolutamente ninguna duda sobre la imposibilidad de aplicar esa normativa a acciones llevadas a cabo en la década del 70. En la sentencia de condena del célebre juicio a las juntas militares, la Cámara Federal jamás mencionó los crímenes de lesa humanidad y ello, por la sencilla razón de que, a la sazón, no existían. Como claramente podemos ver, todos los hechos que se ventilan en los tribunales federales y que mantienen privadas de su libertad en paupérrimas condiciones de hacinamiento a alrededor de 2000 personas, con 404 muertos, se refieren a sucesos ocurridos en la década del 70, muchísimos años antes de que viera la luz el vapuleado Estatuto de Roma y, consecuentemente, sin ninguna posibilidad legal de que el mismo sea aplicado en ninguno de esos casos. Todo está prescripto, aun teniendo en cuenta la letra del Estatuto. La libertad es la única solución legal para este gravísimo entuerto.

Qué sentido tiene discutir en esos casos la ley del "dos por uno" de la manera brutal en que se lo está haciendo en los medios, debates en los cuales lo único que afloran son viejos resentimientos a costa de los cuales se pretende vulnerar la ley. Tampoco resiste el menor análisis la detención del teniente coronel Emilio Nani, ordenada hace pocos días por un juez federal de Mar del Plata, por supuestos hechos acaecidos hace 40 años. Y, finalmente, tampoco y por esas mismas normas, debo decirlo, se podrá llevar a juicio a los responsables de las organizaciones guerrilleras que protagonizaron los sangrientos atentados y secuestros en aquella época. Nos guste o no nos guste, se debe cumplir con la ley.

Francisco García Santillán
DNI 10.661.522

EL TEATRO DE LOS JUICIOS

El autor indaga acerca de las razones del poder político para realizar juicios por delitos de lesa humanidad sin guardar la imparcialidad debida.

Por Luis Alberto Romero Historiador. Club Político Argentino. Especial para Los Andes

¿Cuál es el balance de los actuales juicios de lesa humanidad? Los pésimos procedimientos seguidos han dañado seriamente el estado de derecho y el principio del gobierno de la ley. Respecto de la verdad, hubo poco de nuevo, pues quienes podían hablar se han abroquelado en el silencio. Se ha castigado, masivamente y al bulto, pero muchos inocentes cayeron en la volteada. Vistos desde otra perspectiva, los juicios han constituido un espectáculo impactante, un teatro. ¿Qué es exactamente lo que se quiso mostrar?

La justicia siempre ha tenido una dimensión teatral: una escenificación destinada a expresar de modo sencillo el principio abstracto que la guiaba. En Inglaterra se trataba de la majestad de la justicia. Para eso estaban las pelucas y las togas, el estrado elevado, el juramento de los testigos, los alegatos y el fallo, en el que la culpabilidad debía quedar demostrada más allá de toda duda razonable.

En el Tribunal Revolucionario de la Francia jacobina, en cambio, se escenificaba el poder soberano del Pueblo, encarnado en el fiscal Fouquier-Tinville. Él recibía las denuncias, ordenaba las prisiones, elegía a los jueces y jurados, seleccionaba el público, redactaba la acusación e interrogaba a los testigos; luego del fallo, disponía las carretas que llevaban a los “enemigos del pueblo” a la guillotina, y al pie de ésta recibía al verdugo. Así fueron ejecutados María Antonieta, Brissot, Danton, Robespierre, y finalmente el propio Fouquier. 

Los juicios actuales por delitos de lesa humanidad no resisten la comparación con los de 1985, cuyo procedimiento inobjetable afirmó y consolidó el estado de derecho. Estos, en cambio, son manipulados sin  disimulos por el gobierno y sus militantes. En ellos no se representa ni la majestad de la ley ni la voluntad del pueblo. Con una cuidada puesta en escena, escenifican los atributos más valorados por el gobierno: su discrecionalidad y su impunidad. 

El primer acto del drama es el trato vejatorio a los acusados, para quienes no valen los derechos humanos. A los mayores, la prisión domiciliaria les fue negada sistemáticamente, incluso a los muy enfermos. Así han muerto en sus celdas más de 300[1] detenidos. No faltará quien piense que se lo merecían,  pero es un argumento inaceptable en un estado de derecho.

El público, que jugó un papel importante, era usualmente preparado previamente por la prensa y los militantes. En algún caso, se realizó un festival de rock, convocado bajo el lema “Democracia con justicia y verdad” y presidido por la fiscal general Gils Carbó y el secretario de Derechos Humanos. En las sesiones, tribunas vociferantes presionaron a los testigos y “escracharon” a los abogados defensores. Los fiscales, generalmente militantes, designaron fiscales ad hoc, elegidos entre los abogados querellantes y notoriamente parciales.

Preparados por sus abogados y por los fiscales, los testigos recordaron, treinta años después de los hechos, detalles que nunca habían mencionado antes. Si se salían del libreto, el fiscal y hasta el juez les recordaban por dónde debía ir su testimonio. En sus alegatos, los fiscales repitieron el mismo texto en diferentes juicios. Entre los jueces, hubo militantes que condujeron el proceso con mano firme, y otros timoratos, acostumbrados a un ejercicio más serio de su función pero incapaces de resistir la doble presión de los militantes y del poder político.

Lo peor fueron las sentencias. En los casos de quienes habían sido jóvenes oficiales, policías o gendarmes, el único indicio de culpabilidad fue que prestaban servicios en una dependencia en donde se torturaba o mataba. Habitualmente no había pruebas fehacientes de que hubieran participado, y se sabe que solo una parte de ellos eran convocados a ese nefasto servicio. Sin embargo, el criterio aplicado por los tribunales fue el del “partícipe necesario”: no podían no haber participado o sabido qué es lo que allí pasaba -daba lo mismo-, y eso los hacía culpables.

Esta es la desviación más grave del principio judicial de la prueba “más allá de toda duda razonable”. En la tradición judicial, y en la doctrina de los derechos humanos, se afirma que todos los acusados son inocentes hasta que no se demuestre su culpabilidad. Aquí se ha partido del principio inverso: el acusado es culpable, a menos que pueda probar su inocencia. Salvo, claro, en el caso de Milani.  

Muchos intervinientes en estos juicios han contado, en general privadamente, estas barbaridades jurídicas. Muchos expertos han dicho que con esos fundamentos las sentencias son endebles y no resisten una revisión. Es posible que esto ocurra cuando lleguen a la Corte Suprema, o cuando la presión del gobierno no sea tan notoria. Por entonces, probablemente, la mayoría de los condenados ya habrá muerto.

Estos juicios van a dejar gravemente herida a la justicia y al principio de los derechos humanos, víctima de un gobierno que, curiosamente, se gloria de defenderlos. ¿Para qué? La respuesta más obvia remite al clima faccioso, a la decisión política de llevar el enfrentamiento al límite, y a la explotación del deseo primario de la revancha, usando el poder contra los antiguos victimarios. No es justificable y es deplorable, pero es entendible. Poner la otra mejilla nunca ha sido un principio popular.

Pero se necesita algo más para explicar la grosería del procedimiento y el pisoteo de la tradición judicial. Me parece que todo es tan deliberado como un discurso de Cristina o unas declaraciones de Aníbal Fernández. Se trata de mostrar y escenificar qué valor le asigna a la justicia y a las instituciones un gobierno convencido de que el pueblo le ha confiado la suma del poder. Es la versión más terrible de una manera de entender la política, que remonta a la Revolución Francesa. Hoy, como entonces, la teatralización no es accesoria sino central.

La impunidad y la arbitrariedad son dos de los nombres del poder. Hacer gala de ellas es un poderoso disuasivo y un instrumento disciplinador. Probablemente allí resida la lógica profunda del gobierno que ahora termina.




[1] Para ser exactos al día de la fecha ha fallecido 404 presos políticos. Debe destacarse que del total de Presos Políticos que han fallecido, 63 (sesenta y tres) decesos se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

domingo, 14 de mayo de 2017

LOS MÁS MALOS DE TODOS

El análisis de James Neilson sobre el debate por la ley que beneficia a represores presos reabre las heridas de los ’70.

Por James Neilson

Mugre. El debate por la ley que beneficia a represores presos, graficado por Pablo Temes.

Muchos violadores, ladrones y asesinos comunes beneficiados por el “dos por uno” no tardarán en reincidir, pero es casi nula la posibilidad de que lo hicieran los militares encarcelados por crímenes de lesa humanidad que quisieran aprovechar un fallo reciente de la Corte Suprema que los pondría en pie de igualdad con los demás delincuentes. ¿Por qué, pues, cerraron filas virtualmente todos los políticos, luchadores sociales, comentaristas y presuntos defensores de los derechos humanos del país para denunciar lo que tomaron por un golpe demoledor asestados por el tribunal a la democracia, la convivencia civilizada y el Estado de derecho, uno que amenaza con retraernos a los días más oscuros de la dictadura? ¿Temen que si algunos ancianos terminaran sus días bajo prisión domiciliaria tambalearía la democracia? ¿O es que entienden que hay que culpar sólo a los militares por la catástrofe de los años setenta del siglo pasado a fin de minimizar el aporte de tantos miembros de la corporación política?

En el caso de los izquierdistas, peronistas K y profesionales de los derechos humanos, el motivo de la indignación que dicen sentir es evidente: quieren hacer pensar que, una vez más, la Argentina ha caído en manos de fascistas disfrazados de liberales. Para más señas, muchos odian a los milicos a menos que sean buenos revolucionarios como los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro.

También es evidente en el caso de los macristas; saben que no les convendría en absoluto brindar la impresión de estar dispuestos a solidarizarse con quienes, más de cuarenta años atrás, participaron de la represión ilegal, razón por la que María Eugenia Vidal, Marcos Peña y otros reaccionaron con vehemencia insólita frente a lo que este calificó de “un símbolo de la impunidad”. Ellos sí son tan derechos y humanos como el que más.

Tanta firmeza se justificaría si hubiera camarillas militares, apoyadas por sectores civiles importantes, que se prepararan para restaurar el Proceso, pero se trata de un peligro que sólo existe en la imaginación febril de personajes que sienten nostalgia por la violencia política de otros tiempos. Si bien el país tendrá que enfrentar muchos riesgos en los años venideros, el planteado por la eventual resucitación del partido militar no figura entre ellos. Por fortuna, los militares mismos, con la excepción notable del general César Milani que cuando aún estaba en libertad se proclamó nacional y popular a fin de congraciarse todavía más con Cristina, aprendieron mejor que nadie que es desastroso permitir que las Fuerzas Armadas se politicen. Además de tentarlas a emprender aventuras insensatas, la politización destruye la disciplina interna.

Desde mediados de 1982, a los militares del Proceso les ha tocado desempeñar un papel antipático pero, quizás, necesario para que la democracia se consolidara: el de ser los más malos de todos, sujetos que son más despreciables que los delincuentes más viles o los corruptos más codiciosos. Son apenas humanos, de ahí el repudio concertado a la idea de que les corresponda compartir derechos que en teoría deberían ser universales.

Después del derrumbe de la dictadura que siguió a la derrota en la brevemente festejada guerra de las Malvinas, muchos que hasta entonces la habían aceptado sin quejarse por suponer que la alternativa sería peor buscaron motivos para darle la espalda. Muy pronto, se formó el consenso de que los militares y sus auxiliares se habían apropiado de un país inocente contra la voluntad de la inmensa mayoría de sus habitantes.

¿Fue así? Claro que no. En la década protagonizada inicialmente por la juventud maravillosa, la “burocracia sindical” y la Triple-A, muchos creían que un régimen militar serviría para poner fin a la violencia política que cobraba tantas vidas. No les importaba la “metodología”; querían la ley marcial, con todo cuanto implicaba, o algo muy parecido.

El principio según el cual los militares que delinquieron en el marco de la guerra sucia merezcan ser tratados con muchísimo más severidad que los terroristas civiles se basa en que los primeros eran estatales mientras que sus enemigos pertenecían al sector privado. Se trata de una distinción que a veces ha reivindicado la Corte Suprema local pero que no rige en otras partes del mundo, donde suele darse por sentado que bandas de terroristas civiles son perfectamente capaces de cometer crímenes de lesa humanidad que deberían considerarse imprescriptibles. Felizmente para ciertos veteranos montoneros, nunca consiguieron el reconocimiento internacional como parte beligerante de una guerra civil que buscaban.

La diferencia de enfoque se debe exclusivamente a que aquí es minúsculo el peso político de aquellos simpatizantes de la dictadura militar que se animan a levantar la voz, mientras que “los idealistas” que, después de alzarse en contra del gobierno constitucional se imaginaban capaces de vencer a las Fuerzas Armadas en una guerra no convencional, cuentan con legiones de admiradores ruidosos bien ubicados en los mundillos político, judicial y cultural, que ven detrás de cualquier intento de garantizar un poco de orden un plan siniestro de “la derecha” para reanudar la guerra sucia. En el campo de batalla político, recuperaron buena parte lo que habían perdido, a un costo terrible, en el militar.

Es para esquivar la acusación de que sienten cierta simpatía por el Proceso que los dirigentes de Cambiemos –personas que de militaristas no tienen nada–, están afirmándose sumamente indignados por la decisión de tres de los cinco jueces de la Corte Suprema de incluir a un militar preso entre los beneficiados por el dos por uno que ha acortado su estadía en la cárcel. No es la primera vez que algo así ha sucedido; en 2013, con Cristina en la Casa Rosada, la Corte se negó a vetar un fallo similar por un tribunal inferior, pero puesto que a nadie se le ocurrió ensañarse con el gobierno kirchnerista por permitir tamaña barbaridad, el asunto cayó rápidamente en el olvido.

Es lógico que la clase política en su conjunto no quiera que nadie ponga en duda la doctrina según la cual la tragedia de los setenta no fue culpa suya. A pesar de los muchos años que han transcurrido, aún le parece imprescindible que la gente crea que los militares fueron los únicos responsables de lo que sucedió; saben que es uno de los fundamentos de la democracia. Por razones distintas, comparten tal actitud los muchos que se han sentido atraídos por sueños supuestamente revolucionarios.

Aunque puede entenderse el deseo de los políticos y otros de pasar por alto lo hecho, consciente o no, por ciudadanos respetables para que el país sufriera un baño de sangre, la verdad es que los militares contaban con decenas de miles de cómplices, comenzando con los terroristas mismos que les suministraron pretextos muy convincentes para apoderarse del gobierno del país. Fue en buena medida gracias a los crímenes políticos perpetrados a diario que, al concretarse el golpe de marzo de 1976, muchos dirigentes partidarios le dieron la bienvenida. Suponían que sería de su interés permitir que las fuerzas armadas se encargaran no sólo del “trabajo sucio” que precisaría una economía que experimentaba otra de sus convulsiones esporádicas sino también de la lucha contra la subversión violenta que, no lo olvidemos, distaba de ser un asunto meramente anecdótico.

En cuanto a los sindicalistas, pudieron haber tratado de defender lo que quedaba de la democracia ordenando una huelga general por tiempo indeterminado. Optaron por acompañar al nuevo régimen. Así pues, por debilidad, cinismo o temor, los “políticos civiles” cometieron el error imperdonable de cohonestar la toma de la suma del poder por los jefes de lo que en todas partes es una máquina de muerte que, en sociedades de pretensiones democráticas, siempre se encuentra subordinada al poder civil. ¿Previeron las consecuencias de lo que hacían o no hacían? Por lo menos algunos habrán entendido que, instalados en el poder, los militares actuarían como militares, no como miembros de una ONG progresista.

En amplios círculos es habitual dar a los terroristas el beneficio de todas las dudas concebibles, como si con escasas excepciones fueran jóvenes generosos que querían vivir en un país mejor, si bien uno que, a juzgar por lo que decían los ideólogos de las diversas formaciones especiales, hubiera tenido mucho más en común con la Cuba castrista, cuando no con la Camboya de Pol Pot, que con Suecia o Dinamarca.

¿Y los militares, integrantes de organizaciones en que es necesario que todos obedezcan sin chistar órdenes, por atroces que a algunos les parezcan? Conforme al consenso existente, hay que tratarlos como si hubieran sido civiles libres acostumbrados a discrepar con la superioridad en nombre de un código de conducta que es incompatible con la disciplina castrense, pero los ejércitos no son instituciones democráticas. Tienen que ser dictatoriales. Cuando se enfrentan con enemigos externos, tal característica no les ocasionará demasiados problemas, pero si el enemigo es interno, a menos que el poder político los tenga bien controlados, violarán sistemáticamente los derechos humanos. Es su oficio. Como advertía San Martín: “El ejército es un león que hay que tenerlo enjaulado para soltarlo el día de la batalla”. Desgraciadamente para el país, generaciones de políticos no prestaron la debida atención a sus palabras.


SOLICITAN DEROGAR ENTRENAMIENTO DE TESTIGOS E IMPUNIDAD GERONTOLÓGICA


A TODOS LOS CAMARADAS DE LAS FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE SEGURIDAD, FUERZAS POLICIALES Y FUERZAS PENITENCIARIAS.

A LOS INTEGRANTES DE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES Y ONG VINCULADAS.

A TODOS LOS ALLEGADOS, AMIGOS, INTERESADOS Y COMPATRIOTAS EN GENERAL.


Estimados Camaradas y Amigos

Continuando con las sucesivas presentaciones que lleva adelante el Estudio Jurídico de la Dra. Josefina Margaroli y del Dr. Sergio Luis Maculan, representante de Presos Políticos, se informa en esta oportunidad una nueva presentación ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el día 11 de Mayo del corriente.

El aludido Documento ha sido incorporado a la Página WEB www.uniondepromociones.info
o también en www.uniondepromociones.org).

Link: Área Jurídica – Año 2017: Dra Josefina Margaroli y Dr Sergio Maculán - Solicitando derogación entrenamiento de testigos e impunidad gerontológica - 11 May 17.


Todas las Presentaciones relacionadas:
  • Unión de Promociones - Adhesión a la CIDDHH - 19 Jul 2016.
  • Dra. Josefina Margaroli y Dr. Sergio Luis Maculán - Adhesión a la CIDDHH - 15 Nov 16.
  • Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Ampliación a la CIDH sobre Solicitud de Audiencia Temática - 20 Nov 16.
  • Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Medidas de Acción en Juicios de LH - Nivel Temático - Procedimiento Manipulación de Testigos - 27 Nov 16.
  • Cnl (R) Guillermo César Viola - 385 Muertos por el Derecho a la Verdad en Causas de Lesa Humanidad. Solicitud de Medidas Cautelares. Petición - 14 Dic 16.
  • Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - CIDH - De la Discrecionalidad a la Arbitrariedad - 27 Ene 17.
  • Dra. Josefina Margaroli y Dr. Sergio Luis Maculán - El apoyo internacional al falso relato - 05 Feb 17.
  • Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Buscando Auto Incriminación - 11 Feb 17.
  • Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Informe sobre audiencias en la CIDH - 13-Feb-2017.
  • Dra. Josefina Margaroli y Dr. Sergio Luis Maculán - Informar al Min Just y DDHH sobre Presentaciones a CIDH - Solicitud Audiencia - 21 Feb 17.
  • Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Ampliación y Reiteración Medidas Cautelares por fallecidos - 26 Feb 17.
  • Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Amplían Petición - Solicitan otorgamiento Medidas Cautelares y elevación a la Corte IDH - 12 Mar 17.
  • Grl Br (R) Juan Miguel Giuliano y Cnl (R) Guillermo César Viola - Denuncia ante el CM - 14 Mar 17.
  • Juan Miguel Giuliano y Guillermo César Viola - Petición contra el Estado Argentino - Medidas Cautelares y elevación a la Corte IDH - 05 Abr 17.
  • Dra Josefina Margaroli y Dr Sergio Maculán - Amplían Petición contra el Estado Argentino y Solicitan - 17 Abr 17.
  • Dra Josefina Margaroli y Dr Sergio Maculán - Solicitando Derogación Entrenamiento de Testigos e Impunidad Gerontológica - 11 May 17. (Presente Documento).

Se solicita tomar conocimiento de lo actuado, dando posteriormente la mayor difusión posible al presente Mensaje. 

Coronel (R) Guillermo César Viola

Unión de Promociones