sábado, 20 de mayo de 2017
CÓDIGO GEORGIAS
El Día de la Armada
se emitió en TV una producción presentada por la señora Miriam Lewin, que se
limitó a criticar la figura del entonces teniente Astiz, intentando hacer
recaer sobre él toda la responsabilidad de lo ocurrido en las Georgias del Sur,
con expresiones como "las
conversaciones radiales secretas de Georgias...", "Astiz se rindió sin disparar un solo tiro", etc. El
teniente Astiz tuvo un papel secundario en las acciones de Georgias, ya que
solo fue desembarcado en Puerto Leith para dar protección a los chatarreros de
Davidof. La verdadera operación en Georgias se realizó el 3 de abril, a partir
de 11.15, en que una fracción de 40 hombres del Batallón de IM N° 1 desembarcó
de helicópteros en Puerto Grytviken, isla San Pedro, asiento de la autoridad
británica en las islas. El objetivo había sido ocupado por fuerzas británicas y
si bien previamente se exigió la rendición por radio, no fue acatada. Al
ejecutarse el primer vuelo no se produce reacción enemiga, la que sí ocurre
durante el segundo, resultando muertos dos conscriptos y heridos un cabo y un
conscripto. A su vez, la corbeta ARA Guerrico recibe fuego y un cabo murió y
hubo cinco heridos. Finalmente la defensa británica se rinde a las 12.45. Los
británicos recuperan Puerto Grytviken el 25 de abril con la acción de dos
destructores y efectivos de la Royal Marines. Previamente habían averiado el
submarino Santa Fe, que se encontraba en aguas restringidas. Tanto el jefe de
las fuerzas argentinas de Grytviken como el comandante del submarino firmaron
la rendición ante el comandante de la Fuerza Naval británica. El 26 de abril,
un desprendimiento de la misma fuerza ataca Puerto Leith y luego de desalojar a
los chatarreros civiles somete mediante fuego naval y sin mayor resistencia a
las fuerzas de Astiz, quien no contaba con armamento adecuado. La firma de esta
rendición fue fotografiada por los británicos y recorrió el mundo. Tanto en
Grytviken como en Leith, las fuerzas de defensa dieron cumplimiento a las
órdenes recibidas.
Para comprender y
poder hablar acerca de lo ocurrido en Georgias y las acciones de la Armada en
Malvinas es necesario leer el libro No vencidos, de editorial Planeta.
Luis
Alberto Carbajal
Contraalmirante de IM
VGM (R), ex comandante del BIM N° 1 en 1982
viernes, 19 de mayo de 2017
DELITOS DE LA GUERRILLA
El editorial del 16
de mayo ("Del
dos por uno a la infinita impunidad") es digno del mejor de los
elogios. Su texto es por demás claro, conciso y concreto. Aborda el tema no
sólo desde la óptica jurídica, que resulta impecable, sino también desde la
moral que debe regir en toda justicia que se precie de tal. No solo sugiero su
detenida lectura, sino que considero un deber de los padres para con sus hijos
-que no vivieron tan desgraciada época- hacérselos leer y aclararles lo que
pidan para que no se dejen llevar por la artera propaganda que se hace bajo el
ropaje de los derechos humanos. Como bien se dice en la bajada del editorial, "debería preocupar el olvido del que
gozan los delitos del terrorismo guerrillero".
No quiero terminar
sin poner especial énfasis en lo admitido por un ex montonero de que si hubiera
triunfado la guerrilla se habría generado una masacre a través de
fusilamientos.
Juan
Segundo Areco
DNI 7.609.988
jueves, 18 de mayo de 2017
CONVOCATORIA A TODOS NUESTROS SOCIOS Y AMIGOS
Nuestra Asociación ha
resuelto adherir a esta Convocatoria e invita a sus socios y amigos a concurrir
el próximo miércoles 24, respaldando con su presencia el petitorio que será
entregado al Ministro de Justicia.
Ante las crecientes
amenazas a lo que resta del orden jurídico en nuestra Patria, es imperativo
demostrar que algunos no nos dejamos intimidar.
CONTINÚAN LAS OPINIONES DE LECTORES
ALGO
HUELE MAL
Quienes asolaron a la
Nación utilizando métodos de violencia (bombas, secuestros, copamientos,
ataques armados) solventados y apoyados por Estados extranjeros, con el
propósito de instaurar un régimen comunista, se pasean orondos por sus
despachos oficiales y pontifican por televisión, radio y diarios, como si
fueran carmelitas descalzas, pero con sus bolsillos llenos de "indemnizaciones", negadas a
sus víctimas. Quienes defendieron a la mayoría de los argentinos están
encarcelados, por la venganza de los derrotados terroristas, apoyados por
jueces corruptos y complacientes, sin derecho a juicios justos, en violación de
todas las normas del derecho occidental, con la complacencia de quienes
prefieren olvidar lo que originó el estado de guerra que hubo en los años 70.
Quienes, desde la magistratura, aplican la ley, que es lo único que garantiza
la armonía social, son denostados como si fueran bandidos. Quienes prometieron
revisar ese estado de cosas, contrario a la verdad, generador de odios y de
venganzas, no han cumplido con las expectativas declamadas.
Como escribió
Shakespeare: "Algo está podrido en
Dinamarca".
Guillermo
Lascano Quintana
PANCARTA
De chico, cuando veía
a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo marchar, llevaban consigo carteles que
reclamaban por los desaparecidos. En esta última marcha del "dos por uno" llevaban una
pancarta que decía "ni olvido, ni
perdón, ni reconciliación". Es interesante ver cómo esos organismos,
que tuvieron sus orígenes en el reclamo de los derechos humanos, se
convirtieron con el paso del tiempo en organizaciones de carácter político. En
el caso de las Madres, dejaron explícitamente de ser un organismo de DDHH, como
afirmó Hebe de Bonafini el 24 de marzo pasado, que rechaza toda aplicación de
ley benigna a los presos militares, sea "dos
por uno", prisión domiciliaria, o hasta la aberración de permitir la
aplicación de leyes de forma retroactiva, juzgando así a militares por hechos
que en los 70 no estaban tipificados. Todo esto por el simple hecho de ser
militares y negando derechos que todo ciudadano debería tener. Negarlos es caer
en los mismos excesos que según ellas cometían los condenados. Y se están personificando
de esta manera en eso que durante tantos años afirmaron repudiar. "Ni olvido, ni perdón, ni
reconciliación" es el claro ejemplo de esto.
En una sociedad que
intenta mirar al futuro, estos organismos solo buscan reabrir heridas del
pasado y no curarlas.
Carlos
Horacio Vázquez
martes, 16 de mayo de 2017
DISCAPACIDAD MORAL Y FALLO DEL 2 X 1
Por
Mauricio Ortín
En
el año 2015, diez ex-agentes penitenciarios de la cárcel de La Plata fueron
condenados a cumplir 14 años de prisión por el delito de “privación ilegítima de la libertad” que habrían cometido el 7 de
octubre de 1976 en ocasión de custodiar a 90 presos que fueron trasladados
desde el aeropuerto de Jujuy al de La Plata. El Tribunal consideró, y así
falló, que los acusados cometieron crimen de lesa humanidad durante las tres
horas que duró el viaje en avión.
El
2 de julio de 1976 un artefacto explosivo estalló en la Superintendencia de
Seguridad Federal de la ciudad Buenos Aires. Mientras almorzaban, 23 personas
murieron y otras 60 resultaron heridas. La organización Montoneros se atribuyó
el hecho mediante un parte de guerra. Dado que para los jueces este tipo de
crímenes no es de lesa humanidad se dio por prescripta la causa y se sobreseyó
a los acusados.
Es
que “No se puede pretender que se aplique
la misma normativa para delitos comunes que para aquellos delitos que ofenden
la conciencia de la humanidad. Estos últimos, son atroces y aberrantes”,
argumentan quienes avalan los fallos citados y la negación del 2 x 1, entre
otros, a los diez ex-agentes penitenciarios de La Plata.
Al
respecto, confieso mi desazón por el conflicto interno que en mí se desata. Ello
porque, aún con todo el empeño que me propongo, me resulta muy difícil concebir
que custodiar presos durante tres horas sea infinitamente más atroz y aberrante
que asesinar a 23 personas. Si la causa de esta incomprensión fuera por “Lo que Salamanca no da…”, no me
sentiría tan preocupado; sí, por el contrario, si ese origen (como sospecho)
fuera siniestro (el padecer, por ejemplo, el suficiente grado de discapacidad
moral para arrasar de mi conciencia el sentido de justicia.)
Sostener
que son los otros (los que yerran) sería muy cómodo. Mas, como es obvio, ello
resultaría inaudito ante la abrumadora y masiva reacción de políticos,
periodistas y hasta obispos que condenan, por injusto, el fallo de la Corte. Es
más, de sólo pensar que yo fuera el que está en lo cierto, me hiela la sangre
DEL "DOS POR UNO" A LA INFINITA IMPUNIDAD
Así como la sociedad
expresó su inquietud por el caso Muiña, debería preocupar también el olvido del que gozan los delitos del
terrorismo guerrillero
El fallo de la Corte
Suprema de Justicia que declaró la aplicación del llamado "dos por uno" para el cómputo de pena en beneficio de un
represor condenado a 13 años de prisión en 2011 por delitos de lesa humanidad
provocó una tormenta política y la reacción adversa de gran parte de la
sociedad.
Un mínimo de decencia
obliga a señalar la asimetría entre el "ni
olvido ni perdón" a quienes cometieron
delitos aberrantes con la fuerza del Estado y el olvido y el perdón de los que
han disfrutado otros violentos que empuñaron armas, pusieron bombas, torturaron
y mataron a sangre fría invocando el socialismo nacional, y que hoy no
gozan del "dos por uno",
sino de una infinita impunidad.
Beneficiados por la
prescripción de sus delitos, conforme al fallo "Lariz Iriondo" de la Corte Suprema de Justicia en 2005,
que negó carácter de "lesa
humanidad" a los actos terroristas por no haber sido ejecutados desde
el Estado, aquellos violentos, muchas
veces confesos, gozan de libertad y reciben trato deferente: algunos han progresado
como hombres de negocios, otros ocupan cátedras universitarias y otros más son
pacíficos abuelos que escriben sus memorias en la paz de sus hogares.
Sembrar
el terror en la población recurriendo a los atentados, los secuestros y la
muerte está prohibido desde 1949 por el derecho
humanitario internacional, sin excepción alguna, salvo en la República Argentina, donde los autores de crímenes como
los cometidos en la estación de Atocha, las Torres Gemelas y el semanario
Charlie Hebdo o las matanzas de Ejército Islámico (EI) serían tratados como
víctimas inocentes de la sociedad capitalista.
El 1° de diciembre de
1974, en pleno gobierno constitucional, terroristas del Ejército Revolucionario
del Pueblo (ERP) asesinaron por la espalda a María Cristina Viola, de 3 años, y
a su padre, el capitán Humberto Viola, e hirieron gravemente a María Fernanda
Viola, de 5. Los gritos desesperados de María Cristina Picón de Viola,
embarazada de cinco meses, no los detuvieron. Como lo exigía el Che Guevara, actuaron como frías y selectivas
máquinas de matar, imbuidos de un odio intransigente al enemigo.
Francisco
Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador y Fermín Ángel Núñez
fueron detenidos y condenados por estos crímenes de lesa humanidad. No
cumplieron íntegramente su condena a reclusión perpetua. Fueron indultados por
el decreto 1003/89, firmado por Carlos Menem y su ministro de Defensa, Ítalo
Argentino Luder.
En días en que el
país ha debatido intensamente la posibilidad de aplicar la ley del "dos por uno" a determinados
delitos, es oportuno que los argentinos nos
preguntemos si resulta justo que los
asesinos de la familia Viola, como los de tantas otras víctimas inocentes,
hayan quedado libres, amparados por un manto de silencio e impunidad.
También agravian el más simple sentido de justicia los asesinatos y las
desapariciones perpetrados por grupos paramilitares como la Triple A, creada
por el siniestro José López Rega, descollante ministro del peronismo fascista y
cruel de los años previos a la dictadura militar.
Debería ser todo esto
tenido en cuenta también cuando, en multitudinarios actos, organizaciones de
derechos humanos, dirigentes políticos y ciudadanos de a pie reclaman a los
jueces "nunca más un genocida
suelto".
Ante la negativa de
la Justicia a reabrir la investigación para juzgar a otros autores directos y
mediatos, la viuda de Viola denunció al Estado argentino ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por haber violado el derecho a la igualdad
ante la ley, diversas garantías judiciales y el artículo 3 de las Convenciones
de Ginebra de 1949, que establece que no se puede atacar ni atentar contra
civiles inocentes en ningún tipo de conflicto armado. La comisión ha notificado
que se encuentra evaluando la denuncia.
Elisa Carrió acaba de
advertir que hay un avance del derecho internacional cada vez más fuerte que
quiere declarar delitos de lesa humanidad los delitos de terrorismo, no sólo
del Estado. No ignora la diputada que a partir del fallo Tadic, dictado por el
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, ya no es posible sostener
que para que exista un crimen de lesa humanidad debe mediar participación
estatal; actores no estatales pueden ser también posibles autores de ese tipo
de crímenes. Ello por sí solo basta para poner en crisis el argumento que
apresuradamente sostiene que están prescriptos los crímenes de la guerrilla.
Además, se ha
demostrado, en las causas Larrabure y Viola, que el terrorismo guerrillero fue
de Estado, por haber contado con el apoyo, el entrenamiento y el financiamiento
de Cuba, lo que torna directamente aplicable la jurisprudencia fijada en las
causas Arancibia Clavel y AMIA, considerando crímenes de lesa humanidad los
asesinatos y/o atentados planificados por un Estado extranjero y cometidos en
nuestro país.
Ha quedado probada
también en tales causas la complicidad de gobernadores con la acción de la
guerrilla, complicidad que fue
denunciada por el entonces presidente Juan Domingo Perón luego del ataque del
ERP al regimiento de Azul, oportunidad en que convocó a las distintas fuerzas
políticas a defender la república, alertando que no por casualidad hechos de
esa naturaleza ocurrían en determinadas jurisdicciones.
No cabe entonces
atenuar la gravedad de los crímenes llevados a cabo por los grupos
guerrilleros. La historia demuestra que también fueron cometidos con apoyo
estatal.
Si la decisión es
juzgar, debe juzgarse también a aquellos que, aborreciendo la democracia, se
arrogaron el derecho de matar cuando la Argentina tenía sólo un 4% de pobres,
un derecho que veladamente muchos justifican apelando a una diferencia
inexistente.
El pasado 24 de
marzo, organizaciones que deberían defender los derechos humanos de todos
reivindicaron la sangrienta militancia del terrorismo guerrillero. Desde la
izquierda revolucionaria hay quienes aún reivindican la violencia como forma de
acción política, idealizando la acción de grupos como ERP y Montoneros. Muchos jueces, fiscales y dirigentes
políticos y religiosos han permanecido impasibles frente a esa irracional
apología del delito, pese a que, como lo admitió el ex montonero Luis
Labraña, de haber triunfado, la
guerrilla habría generado una masacre fusilando como en la España de Franco o
como en la Rusia de Stalin.
NOTA:
Las imágenes y destacados no corresponden a la nota original.
lunes, 15 de mayo de 2017
¿LA PASIÓN O LA RAZÓN?
La sobreactuación del
sector político expresado a través del Congreso de la Nación y declaraciones de
los funcionarios de turnos, sumado al griterío de la izquierda vernácula, hace
mucho ruido y trae temores de aumentar la inseguridad jurídica que se pone de
manifiesto a diario en los llamados juicios de lesa humanidad. Esperemos que la
razón predomine sobre la pasión y se cumplan las leyes en el buen sentido de la
palabra.
FELICITACIONES
Felicito efusivamente
a los doctores Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton por haberse
atrevido a fallar conforme a derecho en el caso Muiña, al aplicar el "dos por uno" dejando de lado
razones de odio o cobardía que pudieron impulsarlos a votar en sentido
contrario.
Juan
Luis Gallardo
ILEGALES
Y NULOS
El debate de la ley
del "dos por uno" oculta la
cuestión de fondo: que los juicios llamados de lesa humanidad son ilegales,
inconstitucionales e insanablemente nulos; en consecuencia, los fallos
derivados, "cosa juzgada
írrita". Inconstitucionales, porque vulneran el artículo 18 de la
Constitución, e ilegales, porque desconocen el principio jurídico universal de
legalidad. Por otra parte, los más de 2400 imputados fueron acusados
erróneamente de genocidio (artículo 6 del Estatuto de Roma, actos perpetrados
con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional -fueron
combatidos por su carácter de beligerantes y no por ser argentinos- étnico,
racial o religioso) y arbitrariamente enjuiciados por la comisión de crímenes
de lesa humanidad (artículo 7 del Estatuto de Roma: actos que se cometan como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil).
Además, el Estatuto de Roma (1998) se incorpora a la legislación argentina por
ley 25.390 del 9 de enero de 2007, prohibiendo expresamente el artículo 25 su
aplicación retroactiva. La incorporación a la legislación argentina de la
convención internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes
de lesa humanidad fue por el decreto 579 de 2003. España (la Audiencia
Nacional), Francia (Corte de Casación) y la misma Corte Penal Internacional
emitieron fallos coincidentes en el sentido de que los delitos cometidos con
anterioridad a la promulgación del Estatuto de Roma se encuentran prescriptos.
Genocidio, lesa
humanidad, 30.000 desaparecidos, constituyen un falso relato que derivó en el
arbitrario enjuiciamiento de más de 2400 imputados y hasta ahora en la muerte
de 404 personas en injusto cautiverio. ¿Un genocidio al revés?
Juan
Miguel Giuliano
General
DNI 4.866.846
PRESUNCIÓN
Pablo García Aliverti
atropelló hace cuatro años alcoholizado a un vigilador que circulaba en
bicicleta por la autopista Panamericana rumbo a su trabajo. Luego del
accidente, sin frenar, condujo unos 17 kilómetros hasta un peaje, con el cuerpo
de la víctima sobre el automóvil. Durante estos cuatro años esperó su sentencia
en libertad y fue sentenciado a cuatro años, por lo cual quedó libre. Y me
pregunto, ¿por qué los presos de los juicios mal llamados de "lesa humanidad", con edad
promedio de 74 años, en la mayoría de los casos sin juicios ni condenas, siguen
siendo prisioneros ilegales de esta injusta justicia? En la Argentina, el "principio de presunción de inocencia"
sólo corre para los que cometen crímenes comprobados como García Aliverti. Las
Fuerzas Armadas, de seguridad y los policías del 70 son juzgados y condenados
de antemano por la justicia tuerta.
Lucas
José Alfaro Jones
DNI 35.169.352
UN
PAÍS QUE NO SABE LO QUE QUIERE
La Argentina vive en
un permanente circuito de hacer y deshacer. Las leyes de obediencia debida y
punto final fueron votadas por nuestro Congreso y años después, el mismo
Congreso las declaró inexistentes, cosa rara en el derecho que conocemos en
Occidente. La Corte Suprema las declaró constitucionales y años después
inconstitucionales. Pasó algo parecido con el "dos por uno" que tanto revuelo ha desatado en parte de
la ciudadanía. La conclusión que uno saca de estos pocos ejemplos es que
nuestro país es institucionalmente inestable y su sociedad, emocionalmente
inestable.
Después de
generaciones de alabar a Cristóbal Colón por la hazaña de su descubrimiento,
hoy resulta que es un genocida. El general Roca, que era un estadista que
consolidó la geografía actual del país, homenajeado en los billetes de 100
pesos que lleva su imagen, también es un genocida. El Che Guevara, de asesino
serial pasa a ser héroe y lo ponemos en las estampillas.
País sin rumbo, sin
estabilidad y sin seguridad jurídica, con una sociedad que no sabe qué es lo
que quiere, excepto salvarse a sí misma a costa de quien sea. Así no se puede
construir un país desarrollado, moralmente sano y socialmente justo. Este
círculo vicioso de hacer y luego deshacer configura una situación que hace inviable
a nuestro país como Estado moderno.
Florencio
Olmos
DNI 5.941.080
CUMPLIR
CON LA LEY
Nuestro país ratificó
el Estatuto de Roma (1998) cuya vigencia corre desde enero de 2001, habiendo
sido reglamentado recién en 2007. Dicho Estatuto crea la figura de los crímenes
de lesa humanidad, que hasta ese momento no existían y establece que los únicos
delitos que no prescriben son los de la competencia de la Corte y que, para
determinar esa competencia, debe tratarse de hechos ocurridos después de la
entrada en vigor del Estatuto. Su implementación fija que ninguno de los
delitos previstos en ese instrumento puede ser aplicado en violación del
principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de nuestra ley fundamental,
que reza que "ningún habitante de la
Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del
proceso". No existe absolutamente ninguna duda sobre la imposibilidad
de aplicar esa normativa a acciones llevadas a cabo en la década del 70. En la
sentencia de condena del célebre juicio a las juntas militares, la Cámara
Federal jamás mencionó los crímenes de lesa humanidad y ello, por la sencilla
razón de que, a la sazón, no existían. Como claramente podemos ver, todos los
hechos que se ventilan en los tribunales federales y que mantienen privadas de
su libertad en paupérrimas condiciones de hacinamiento a alrededor de 2000
personas, con 404 muertos, se refieren a sucesos ocurridos en la década del 70,
muchísimos años antes de que viera la luz el vapuleado Estatuto de Roma y, consecuentemente,
sin ninguna posibilidad legal de que el mismo sea aplicado en ninguno de esos
casos. Todo está prescripto, aun teniendo en cuenta la letra del Estatuto. La
libertad es la única solución legal para este gravísimo entuerto.
Qué sentido tiene
discutir en esos casos la ley del "dos
por uno" de la manera brutal en que se lo está haciendo en los medios,
debates en los cuales lo único que afloran son viejos resentimientos a costa de
los cuales se pretende vulnerar la ley. Tampoco resiste el menor análisis la
detención del teniente coronel Emilio Nani, ordenada hace pocos días por un
juez federal de Mar del Plata, por supuestos hechos acaecidos hace 40 años. Y,
finalmente, tampoco y por esas mismas normas, debo decirlo, se podrá llevar a
juicio a los responsables de las organizaciones guerrilleras que protagonizaron
los sangrientos atentados y secuestros en aquella época. Nos guste o no nos
guste, se debe cumplir con la ley.
Francisco
García Santillán
DNI 10.661.522
EL TEATRO DE LOS JUICIOS
El autor indaga
acerca de las razones del poder político para realizar juicios por delitos de
lesa humanidad sin guardar la imparcialidad debida.
Por Luis Alberto
Romero Historiador. Club Político Argentino. Especial para Los Andes
¿Cuál es el balance
de los actuales juicios de lesa humanidad? Los pésimos procedimientos seguidos
han dañado seriamente el estado de derecho y el principio del gobierno de la
ley. Respecto de la verdad, hubo poco de nuevo, pues quienes podían hablar se
han abroquelado en el silencio. Se ha castigado, masivamente y al bulto, pero
muchos inocentes cayeron en la volteada. Vistos desde otra perspectiva, los
juicios han constituido un espectáculo impactante, un teatro. ¿Qué es
exactamente lo que se quiso mostrar?
La justicia siempre
ha tenido una dimensión teatral: una escenificación destinada a expresar de
modo sencillo el principio abstracto que la guiaba. En Inglaterra se trataba de
la majestad de la justicia. Para eso estaban las pelucas y las togas, el
estrado elevado, el juramento de los testigos, los alegatos y el fallo, en el
que la culpabilidad debía quedar demostrada más allá de toda duda razonable.
En el Tribunal
Revolucionario de la Francia jacobina, en cambio, se escenificaba el poder
soberano del Pueblo, encarnado en el fiscal Fouquier-Tinville. Él recibía las
denuncias, ordenaba las prisiones, elegía a los jueces y jurados, seleccionaba
el público, redactaba la acusación e interrogaba a los testigos; luego del
fallo, disponía las carretas que llevaban a los “enemigos del pueblo” a la guillotina, y al pie de ésta recibía al
verdugo. Así fueron ejecutados María Antonieta, Brissot, Danton, Robespierre, y
finalmente el propio Fouquier.
Los juicios actuales
por delitos de lesa humanidad no resisten la comparación con los de 1985, cuyo
procedimiento inobjetable afirmó y consolidó el estado de derecho. Estos, en
cambio, son manipulados sin disimulos por
el gobierno y sus militantes. En ellos no se representa ni la majestad de la
ley ni la voluntad del pueblo. Con una cuidada puesta en escena, escenifican
los atributos más valorados por el gobierno: su discrecionalidad y su
impunidad.
El primer acto del
drama es el trato vejatorio a los acusados, para quienes no valen los derechos
humanos. A los mayores, la prisión domiciliaria les fue negada
sistemáticamente, incluso a los muy enfermos. Así han muerto en sus celdas más
de 300[1]
detenidos. No faltará quien piense que se lo merecían, pero es un argumento inaceptable en un estado
de derecho.
El público, que jugó
un papel importante, era usualmente preparado previamente por la prensa y los
militantes. En algún caso, se realizó un festival de rock, convocado bajo el
lema “Democracia con justicia y verdad”
y presidido por la fiscal general Gils Carbó y el secretario de Derechos
Humanos. En las sesiones, tribunas vociferantes presionaron a los testigos y “escracharon” a los abogados defensores.
Los fiscales, generalmente militantes, designaron fiscales ad hoc, elegidos
entre los abogados querellantes y notoriamente parciales.
Preparados por sus
abogados y por los fiscales, los testigos recordaron, treinta años después de
los hechos, detalles que nunca habían mencionado antes. Si se salían del
libreto, el fiscal y hasta el juez les recordaban por dónde debía ir su
testimonio. En sus alegatos, los fiscales repitieron el mismo texto en
diferentes juicios. Entre los jueces, hubo militantes que condujeron el proceso
con mano firme, y otros timoratos, acostumbrados a un ejercicio más serio de su
función pero incapaces de resistir la doble presión de los militantes y del
poder político.
Lo peor fueron las
sentencias. En los casos de quienes habían sido jóvenes oficiales, policías o
gendarmes, el único indicio de culpabilidad fue que prestaban servicios en una
dependencia en donde se torturaba o mataba. Habitualmente no había pruebas
fehacientes de que hubieran participado, y se sabe que solo una parte de ellos
eran convocados a ese nefasto servicio. Sin embargo, el criterio aplicado por
los tribunales fue el del “partícipe
necesario”: no podían no haber participado o sabido qué es lo que allí
pasaba -daba lo mismo-, y eso los hacía culpables.
Esta es la desviación
más grave del principio judicial de la prueba “más allá de toda duda razonable”. En la tradición judicial, y en
la doctrina de los derechos humanos, se afirma que todos los acusados son
inocentes hasta que no se demuestre su culpabilidad. Aquí se ha partido del
principio inverso: el acusado es culpable, a menos que pueda probar su
inocencia. Salvo, claro, en el caso de Milani.
Muchos intervinientes
en estos juicios han contado, en general privadamente, estas barbaridades
jurídicas. Muchos expertos han dicho que con esos fundamentos las sentencias
son endebles y no resisten una revisión. Es posible que esto ocurra cuando
lleguen a la Corte Suprema, o cuando la presión del gobierno no sea tan
notoria. Por entonces, probablemente, la mayoría de los condenados ya habrá
muerto.
Estos juicios van a
dejar gravemente herida a la justicia y al principio de los derechos humanos,
víctima de un gobierno que, curiosamente, se gloria de defenderlos. ¿Para qué?
La respuesta más obvia remite al clima faccioso, a la decisión política de llevar
el enfrentamiento al límite, y a la explotación del deseo primario de la
revancha, usando el poder contra los antiguos victimarios. No es justificable y
es deplorable, pero es entendible. Poner la otra mejilla nunca ha sido un
principio popular.
Pero se necesita algo
más para explicar la grosería del procedimiento y el pisoteo de la tradición
judicial. Me parece que todo es tan deliberado como un discurso de Cristina o
unas declaraciones de Aníbal Fernández. Se trata de mostrar y escenificar qué
valor le asigna a la justicia y a las instituciones un gobierno convencido de
que el pueblo le ha confiado la suma del poder. Es la versión más terrible de
una manera de entender la política, que remonta a la Revolución Francesa. Hoy,
como entonces, la teatralización no es accesoria sino central.
La impunidad y la
arbitrariedad son dos de los nombres del poder. Hacer gala de ellas es un
poderoso disuasivo y un instrumento disciplinador. Probablemente allí resida la
lógica profunda del gobierno que ahora termina.
[1] Para ser exactos al día de la
fecha ha fallecido 404 presos políticos. Debe destacarse que del total de
Presos Políticos que han fallecido, 63 (sesenta y tres) decesos se han
producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.
domingo, 14 de mayo de 2017
LOS MÁS MALOS DE TODOS
El análisis de James
Neilson sobre el debate por la ley que beneficia a represores presos reabre las
heridas de los ’70.
Por James Neilson
 | |
| Mugre. El debate por la ley que beneficia a represores presos, graficado por Pablo Temes. |
Muchos violadores,
ladrones y asesinos comunes beneficiados por el “dos por uno” no tardarán en reincidir, pero es casi nula la
posibilidad de que lo hicieran los militares encarcelados por crímenes de lesa
humanidad que quisieran aprovechar un fallo reciente de la Corte Suprema que
los pondría en pie de igualdad con los demás delincuentes. ¿Por qué, pues,
cerraron filas virtualmente todos los políticos, luchadores sociales,
comentaristas y presuntos defensores de los derechos humanos del país para
denunciar lo que tomaron por un golpe demoledor asestados por el tribunal a la
democracia, la convivencia civilizada y el Estado de derecho, uno que amenaza
con retraernos a los días más oscuros de la dictadura? ¿Temen que si algunos
ancianos terminaran sus días bajo prisión domiciliaria tambalearía la democracia?
¿O es que entienden que hay que culpar sólo a los militares por la catástrofe
de los años setenta del siglo pasado a fin de minimizar el aporte de tantos
miembros de la corporación política?
En el caso de los
izquierdistas, peronistas K y profesionales de los derechos humanos, el motivo
de la indignación que dicen sentir es evidente: quieren hacer pensar que, una
vez más, la Argentina ha caído en manos de fascistas disfrazados de liberales.
Para más señas, muchos odian a los milicos a menos que sean buenos
revolucionarios como los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro.
También es evidente
en el caso de los macristas; saben que no les convendría en absoluto brindar la
impresión de estar dispuestos a solidarizarse con quienes, más de cuarenta años
atrás, participaron de la represión ilegal, razón por la que María Eugenia
Vidal, Marcos Peña y otros reaccionaron con vehemencia insólita frente a lo que
este calificó de “un símbolo de la
impunidad”. Ellos sí son tan derechos y humanos como el que más.
Tanta firmeza se
justificaría si hubiera camarillas militares, apoyadas por sectores civiles
importantes, que se prepararan para restaurar el Proceso, pero se trata de un
peligro que sólo existe en la imaginación febril de personajes que sienten
nostalgia por la violencia política de otros tiempos. Si bien el país tendrá
que enfrentar muchos riesgos en los años venideros, el planteado por la
eventual resucitación del partido militar no figura entre ellos. Por fortuna,
los militares mismos, con la excepción notable del general César Milani que
cuando aún estaba en libertad se proclamó nacional y popular a fin de
congraciarse todavía más con Cristina, aprendieron mejor que nadie que es
desastroso permitir que las Fuerzas Armadas se politicen. Además de tentarlas a
emprender aventuras insensatas, la politización destruye la disciplina interna.
Desde mediados de
1982, a los militares del Proceso les ha tocado desempeñar un papel antipático
pero, quizás, necesario para que la democracia se consolidara: el de ser los
más malos de todos, sujetos que son más despreciables que los delincuentes más
viles o los corruptos más codiciosos. Son apenas humanos, de ahí el repudio
concertado a la idea de que les corresponda compartir derechos que en teoría
deberían ser universales.
Después del derrumbe
de la dictadura que siguió a la derrota en la brevemente festejada guerra de
las Malvinas, muchos que hasta entonces la habían aceptado sin quejarse por
suponer que la alternativa sería peor buscaron motivos para darle la espalda.
Muy pronto, se formó el consenso de que los militares y sus auxiliares se
habían apropiado de un país inocente contra la voluntad de la inmensa mayoría
de sus habitantes.
¿Fue así? Claro que
no. En la década protagonizada inicialmente por la juventud maravillosa, la “burocracia sindical” y la Triple-A,
muchos creían que un régimen militar serviría para poner fin a la violencia
política que cobraba tantas vidas. No les importaba la “metodología”; querían la ley marcial, con todo cuanto implicaba, o
algo muy parecido.
El principio según el
cual los militares que delinquieron en el marco de la guerra sucia merezcan ser
tratados con muchísimo más severidad que los terroristas civiles se basa en que
los primeros eran estatales mientras que sus enemigos pertenecían al sector
privado. Se trata de una distinción que a veces ha reivindicado la Corte
Suprema local pero que no rige en otras partes del mundo, donde suele darse por
sentado que bandas de terroristas civiles son perfectamente capaces de cometer
crímenes de lesa humanidad que deberían considerarse imprescriptibles.
Felizmente para ciertos veteranos montoneros, nunca consiguieron el
reconocimiento internacional como parte beligerante de una guerra civil que
buscaban.
La diferencia de
enfoque se debe exclusivamente a que aquí es minúsculo el peso político de
aquellos simpatizantes de la dictadura militar que se animan a levantar la voz,
mientras que “los idealistas” que,
después de alzarse en contra del gobierno constitucional se imaginaban capaces
de vencer a las Fuerzas Armadas en una guerra no convencional, cuentan con
legiones de admiradores ruidosos bien ubicados en los mundillos político,
judicial y cultural, que ven detrás de cualquier intento de garantizar un poco
de orden un plan siniestro de “la derecha”
para reanudar la guerra sucia. En el campo de batalla político, recuperaron
buena parte lo que habían perdido, a un costo terrible, en el militar.
Es para esquivar la
acusación de que sienten cierta simpatía por el Proceso que los dirigentes de
Cambiemos –personas que de militaristas no tienen nada–, están afirmándose
sumamente indignados por la decisión de tres de los cinco jueces de la Corte
Suprema de incluir a un militar preso entre los beneficiados por el dos por uno
que ha acortado su estadía en la cárcel. No es la primera vez que algo así ha
sucedido; en 2013, con Cristina en la Casa Rosada, la Corte se negó a vetar un
fallo similar por un tribunal inferior, pero puesto que a nadie se le ocurrió
ensañarse con el gobierno kirchnerista por permitir tamaña barbaridad, el
asunto cayó rápidamente en el olvido.
Es lógico que la
clase política en su conjunto no quiera que nadie ponga en duda la doctrina
según la cual la tragedia de los setenta no fue culpa suya. A pesar de los
muchos años que han transcurrido, aún le parece imprescindible que la gente
crea que los militares fueron los únicos responsables de lo que sucedió; saben
que es uno de los fundamentos de la democracia. Por razones distintas,
comparten tal actitud los muchos que se han sentido atraídos por sueños
supuestamente revolucionarios.
Aunque puede
entenderse el deseo de los políticos y otros de pasar por alto lo hecho,
consciente o no, por ciudadanos respetables para que el país sufriera un baño
de sangre, la verdad es que los militares contaban con decenas de miles de
cómplices, comenzando con los terroristas mismos que les suministraron
pretextos muy convincentes para apoderarse del gobierno del país. Fue en buena
medida gracias a los crímenes políticos perpetrados a diario que, al concretarse
el golpe de marzo de 1976, muchos dirigentes partidarios le dieron la
bienvenida. Suponían que sería de su interés permitir que las fuerzas armadas
se encargaran no sólo del “trabajo sucio”
que precisaría una economía que experimentaba otra de sus convulsiones
esporádicas sino también de la lucha contra la subversión violenta que, no lo
olvidemos, distaba de ser un asunto meramente anecdótico.
En cuanto a los
sindicalistas, pudieron haber tratado de defender lo que quedaba de la
democracia ordenando una huelga general por tiempo indeterminado. Optaron por
acompañar al nuevo régimen. Así pues, por debilidad, cinismo o temor, los “políticos civiles” cometieron el error
imperdonable de cohonestar la toma de la suma del poder por los jefes de lo que
en todas partes es una máquina de muerte que, en sociedades de pretensiones
democráticas, siempre se encuentra subordinada al poder civil. ¿Previeron las
consecuencias de lo que hacían o no hacían? Por lo menos algunos habrán
entendido que, instalados en el poder, los militares actuarían como militares,
no como miembros de una ONG progresista.
En amplios círculos
es habitual dar a los terroristas el beneficio de todas las dudas concebibles,
como si con escasas excepciones fueran jóvenes generosos que querían vivir en
un país mejor, si bien uno que, a juzgar por lo que decían los ideólogos de las
diversas formaciones especiales, hubiera tenido mucho más en común con la Cuba
castrista, cuando no con la Camboya de Pol Pot, que con Suecia o Dinamarca.
¿Y los militares, integrantes
de organizaciones en que es necesario que todos obedezcan sin chistar órdenes,
por atroces que a algunos les parezcan? Conforme al consenso existente, hay que
tratarlos como si hubieran sido civiles libres acostumbrados a discrepar con la
superioridad en nombre de un código de conducta que es incompatible con la
disciplina castrense, pero los ejércitos no son instituciones democráticas.
Tienen que ser dictatoriales. Cuando se enfrentan con enemigos externos, tal
característica no les ocasionará demasiados problemas, pero si el enemigo es
interno, a menos que el poder político los tenga bien controlados, violarán
sistemáticamente los derechos humanos. Es su oficio. Como advertía San Martín: “El ejército es un león que hay que tenerlo
enjaulado para soltarlo el día de la batalla”. Desgraciadamente para el
país, generaciones de políticos no prestaron la debida atención a sus palabras.
SOLICITAN DEROGAR ENTRENAMIENTO DE TESTIGOS E IMPUNIDAD GERONTOLÓGICA
A TODOS LOS CAMARADAS
DE LAS FUERZAS ARMADAS, FUERZAS DE SEGURIDAD, FUERZAS POLICIALES Y FUERZAS
PENITENCIARIAS.
A LOS INTEGRANTES DE
LAS DISTINTAS INSTITUCIONES Y ONG VINCULADAS.
A TODOS LOS
ALLEGADOS, AMIGOS, INTERESADOS Y COMPATRIOTAS EN GENERAL.
Estimados Camaradas y Amigos
Continuando con las
sucesivas presentaciones que lleva adelante el Estudio Jurídico de la Dra. Josefina
Margaroli y del Dr. Sergio Luis Maculan, representante de Presos Políticos, se
informa en esta oportunidad una nueva presentación ante el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, el día 11 de Mayo del corriente.
El aludido Documento
ha sido incorporado a la Página WEB www.uniondepromociones.info
Link: Área Jurídica –
Año 2017: Dra Josefina Margaroli y Dr Sergio Maculán - Solicitando
derogación entrenamiento de testigos e impunidad gerontológica - 11 May 17.
Todas
las Presentaciones relacionadas:
- Unión de Promociones - Adhesión a la CIDDHH - 19 Jul 2016.
- Dra. Josefina Margaroli y Dr. Sergio Luis Maculán - Adhesión a la CIDDHH - 15 Nov 16.
- Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Ampliación a la CIDH sobre Solicitud de Audiencia Temática - 20 Nov 16.
- Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Medidas de Acción en Juicios de LH - Nivel Temático - Procedimiento Manipulación de Testigos - 27 Nov 16.
- Cnl (R) Guillermo César Viola - 385 Muertos por el Derecho a la Verdad en Causas de Lesa Humanidad. Solicitud de Medidas Cautelares. Petición - 14 Dic 16.
- Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - CIDH - De la Discrecionalidad a la Arbitrariedad - 27 Ene 17.
- Dra. Josefina Margaroli y Dr. Sergio Luis Maculán - El apoyo internacional al falso relato - 05 Feb 17.
- Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Buscando Auto Incriminación - 11 Feb 17.
- Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Informe sobre audiencias en la CIDH - 13-Feb-2017.
- Dra. Josefina Margaroli y Dr. Sergio Luis Maculán - Informar al Min Just y DDHH sobre Presentaciones a CIDH - Solicitud Audiencia - 21 Feb 17.
- Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Ampliación y Reiteración Medidas Cautelares por fallecidos - 26 Feb 17.
- Dra. Josefina Margaroli y Dr Sergio Luis Maculán - Amplían Petición - Solicitan otorgamiento Medidas Cautelares y elevación a la Corte IDH - 12 Mar 17.
- Grl Br (R) Juan Miguel Giuliano y Cnl (R) Guillermo César Viola - Denuncia ante el CM - 14 Mar 17.
- Juan Miguel Giuliano y Guillermo César Viola - Petición contra el Estado Argentino - Medidas Cautelares y elevación a la Corte IDH - 05 Abr 17.
- Dra Josefina Margaroli y Dr Sergio Maculán - Amplían Petición contra el Estado Argentino y Solicitan - 17 Abr 17.
- Dra Josefina Margaroli y Dr Sergio Maculán - Solicitando Derogación Entrenamiento de Testigos e Impunidad Gerontológica - 11 May 17. (Presente Documento).
Se solicita tomar
conocimiento de lo actuado, dando posteriormente la mayor difusión posible al
presente Mensaje.
Coronel (R) Guillermo
César Viola
Unión
de Promociones
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