La sobreactuación del
sector político expresado a través del Congreso de la Nación y declaraciones de
los funcionarios de turnos, sumado al griterío de la izquierda vernácula, hace
mucho ruido y trae temores de aumentar la inseguridad jurídica que se pone de
manifiesto a diario en los llamados juicios de lesa humanidad. Esperemos que la
razón predomine sobre la pasión y se cumplan las leyes en el buen sentido de la
palabra.
FELICITACIONES
Felicito efusivamente
a los doctores Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton por haberse
atrevido a fallar conforme a derecho en el caso Muiña, al aplicar el "dos por uno" dejando de lado
razones de odio o cobardía que pudieron impulsarlos a votar en sentido
contrario.
Juan
Luis Gallardo
ILEGALES
Y NULOS
El debate de la ley
del "dos por uno" oculta la
cuestión de fondo: que los juicios llamados de lesa humanidad son ilegales,
inconstitucionales e insanablemente nulos; en consecuencia, los fallos
derivados, "cosa juzgada
írrita". Inconstitucionales, porque vulneran el artículo 18 de la
Constitución, e ilegales, porque desconocen el principio jurídico universal de
legalidad. Por otra parte, los más de 2400 imputados fueron acusados
erróneamente de genocidio (artículo 6 del Estatuto de Roma, actos perpetrados
con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional -fueron
combatidos por su carácter de beligerantes y no por ser argentinos- étnico,
racial o religioso) y arbitrariamente enjuiciados por la comisión de crímenes
de lesa humanidad (artículo 7 del Estatuto de Roma: actos que se cometan como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil).
Además, el Estatuto de Roma (1998) se incorpora a la legislación argentina por
ley 25.390 del 9 de enero de 2007, prohibiendo expresamente el artículo 25 su
aplicación retroactiva. La incorporación a la legislación argentina de la
convención internacional que establece la imprescriptibilidad de los crímenes
de lesa humanidad fue por el decreto 579 de 2003. España (la Audiencia
Nacional), Francia (Corte de Casación) y la misma Corte Penal Internacional
emitieron fallos coincidentes en el sentido de que los delitos cometidos con
anterioridad a la promulgación del Estatuto de Roma se encuentran prescriptos.
Genocidio, lesa
humanidad, 30.000 desaparecidos, constituyen un falso relato que derivó en el
arbitrario enjuiciamiento de más de 2400 imputados y hasta ahora en la muerte
de 404 personas en injusto cautiverio. ¿Un genocidio al revés?
Juan
Miguel Giuliano
General
DNI 4.866.846
PRESUNCIÓN
Pablo García Aliverti
atropelló hace cuatro años alcoholizado a un vigilador que circulaba en
bicicleta por la autopista Panamericana rumbo a su trabajo. Luego del
accidente, sin frenar, condujo unos 17 kilómetros hasta un peaje, con el cuerpo
de la víctima sobre el automóvil. Durante estos cuatro años esperó su sentencia
en libertad y fue sentenciado a cuatro años, por lo cual quedó libre. Y me
pregunto, ¿por qué los presos de los juicios mal llamados de "lesa humanidad", con edad
promedio de 74 años, en la mayoría de los casos sin juicios ni condenas, siguen
siendo prisioneros ilegales de esta injusta justicia? En la Argentina, el "principio de presunción de inocencia"
sólo corre para los que cometen crímenes comprobados como García Aliverti. Las
Fuerzas Armadas, de seguridad y los policías del 70 son juzgados y condenados
de antemano por la justicia tuerta.
Lucas
José Alfaro Jones
DNI 35.169.352
UN
PAÍS QUE NO SABE LO QUE QUIERE
La Argentina vive en
un permanente circuito de hacer y deshacer. Las leyes de obediencia debida y
punto final fueron votadas por nuestro Congreso y años después, el mismo
Congreso las declaró inexistentes, cosa rara en el derecho que conocemos en
Occidente. La Corte Suprema las declaró constitucionales y años después
inconstitucionales. Pasó algo parecido con el "dos por uno" que tanto revuelo ha desatado en parte de
la ciudadanía. La conclusión que uno saca de estos pocos ejemplos es que
nuestro país es institucionalmente inestable y su sociedad, emocionalmente
inestable.
Después de
generaciones de alabar a Cristóbal Colón por la hazaña de su descubrimiento,
hoy resulta que es un genocida. El general Roca, que era un estadista que
consolidó la geografía actual del país, homenajeado en los billetes de 100
pesos que lleva su imagen, también es un genocida. El Che Guevara, de asesino
serial pasa a ser héroe y lo ponemos en las estampillas.
País sin rumbo, sin
estabilidad y sin seguridad jurídica, con una sociedad que no sabe qué es lo
que quiere, excepto salvarse a sí misma a costa de quien sea. Así no se puede
construir un país desarrollado, moralmente sano y socialmente justo. Este
círculo vicioso de hacer y luego deshacer configura una situación que hace inviable
a nuestro país como Estado moderno.
Florencio
Olmos
DNI 5.941.080
CUMPLIR
CON LA LEY
Nuestro país ratificó
el Estatuto de Roma (1998) cuya vigencia corre desde enero de 2001, habiendo
sido reglamentado recién en 2007. Dicho Estatuto crea la figura de los crímenes
de lesa humanidad, que hasta ese momento no existían y establece que los únicos
delitos que no prescriben son los de la competencia de la Corte y que, para
determinar esa competencia, debe tratarse de hechos ocurridos después de la
entrada en vigor del Estatuto. Su implementación fija que ninguno de los
delitos previstos en ese instrumento puede ser aplicado en violación del
principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de nuestra ley fundamental,
que reza que "ningún habitante de la
Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del
proceso". No existe absolutamente ninguna duda sobre la imposibilidad
de aplicar esa normativa a acciones llevadas a cabo en la década del 70. En la
sentencia de condena del célebre juicio a las juntas militares, la Cámara
Federal jamás mencionó los crímenes de lesa humanidad y ello, por la sencilla
razón de que, a la sazón, no existían. Como claramente podemos ver, todos los
hechos que se ventilan en los tribunales federales y que mantienen privadas de
su libertad en paupérrimas condiciones de hacinamiento a alrededor de 2000
personas, con 404 muertos, se refieren a sucesos ocurridos en la década del 70,
muchísimos años antes de que viera la luz el vapuleado Estatuto de Roma y, consecuentemente,
sin ninguna posibilidad legal de que el mismo sea aplicado en ninguno de esos
casos. Todo está prescripto, aun teniendo en cuenta la letra del Estatuto. La
libertad es la única solución legal para este gravísimo entuerto.
Qué sentido tiene
discutir en esos casos la ley del "dos
por uno" de la manera brutal en que se lo está haciendo en los medios,
debates en los cuales lo único que afloran son viejos resentimientos a costa de
los cuales se pretende vulnerar la ley. Tampoco resiste el menor análisis la
detención del teniente coronel Emilio Nani, ordenada hace pocos días por un
juez federal de Mar del Plata, por supuestos hechos acaecidos hace 40 años. Y,
finalmente, tampoco y por esas mismas normas, debo decirlo, se podrá llevar a
juicio a los responsables de las organizaciones guerrilleras que protagonizaron
los sangrientos atentados y secuestros en aquella época. Nos guste o no nos
guste, se debe cumplir con la ley.
Francisco
García Santillán
DNI 10.661.522
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
No dejar comentarios anónimos. Gracias!