viernes, 17 de enero de 2020

ACTUALIZACIÓN DE AYUNO EN LA PRISIÓN: EL MILITAR QUE EMPEZÓ UNA HUELGA DE HAMBRE PARA RECLAMAR UN TRATO IGUALITARIO



La situación planteada por la decisión personal del teniente primero (R) Gustavo Ramón De Marchi, quién en cautiverio se declaró en huelga de hambre, desnuda varias verdades que se mantienen ocultas o en las penumbras del conocimiento del ciudadano común:
1.  La ley no es igual para todos en la República Argentina, el personal de las Fuerzas Legales que fue sometido a los llamados juicios de lesa humanidad es juzgado con un derecho a medida para poder ser condenado (seguramente de antemano). El resto de los presos en Argentina (comunes y corruptos) gozan de beneficios legales, que a ellos les son negados.
2.  Una vez más se pone en evidencia que el estado incumplió su obligación constitucional de garantizar el debido proceso.
3.  De Marchi no reclama nada en especial, solo que le apliquen la ley igual que al resto de la sociedad.
4.  El Tte. 1° De Marchi se considera un “prisionero de guerra” y como tal su primera misión en prisión era escaparse (sobran ejemplos de guerra al respecto).
Su fuga junto a la del Mayor (R) Olivera trajo como consecuencia que el entonces ministro de defensa, Agustín Rossi, ordenara la prohibición para que todo el personal detenido en esos juicios no pudiera ser atendido en los hospitales militares, que por sus respectivas obras sociales les correspondía.
Esa prohibición produjo malestar y grave consecuencias en esos “presos políticos”, algunos fallecieron y otros agravaron sus enfermedades al no recibir la atención sanitaria que por ley les correspondía. El Servicio Penitenciario Federal reconoció -en varias oportunidades- su incapacidad para atender las necesidades de cuidado adecuado de la salud que esa población etaria requiere.
En consecuencia el único responsable de esa prohibición y sus consecuencias es Agustín Rossi, casualmente hoy nuevamente a cargo de la cartera de defensa. Se deja constancia que durante el anterior gobierno se terminó esa prohibición.
Podríamos continuar explayándonos sobre porque en la Argentina la vara de la ley no mide a todos por igual, basta con ver que la actual vicepresidente de la Nación tiene pendiente varias causas con la justicia, por supuestos delitos de corrupción y tiene un pedido de prisión preventiva. La coraza que la defiende de la justicia es la impunidad de la que hace gala.
Los argentinos hemos dicho basta a la impunidad y en el tema específico de los “juicios de lesa humanidad”, a través de esta petición (clic acá para firmar), solo pedimos que se efectúe una auditoría jurídica “global” sobre todo lo actuado… existen demasiadas denuncias de las arbitrariedades jurídicas cometidas para llevarlos a cabo.
Hacer esa auditoría jurídica causa por causa, llevaría demasiado tiempo y su dictamen llegaría tarde… la mayoría o todos los detenidos ya habrán fallecido en cautiverio. Ellos mantienen viva la esperanza que algún día recibirán la justicia que reclaman, el envío de los rosarios por su SS hecho realidad gracias a una incansable tarea realizada por el Obispo Castrense, Monseñor Santiago Olivera, reavivó la luz de la esperanza en los verdaderos presos políticos y sus familias.
Para un mayor conocimiento del drama del personal afectado por esos juicios, a continuación le dejamos un oportuno artículo escrito por Mariano de Vedia en el diario La Nación: https://www.lanacion.com.ar/politica/ayuno-en-la-prision-el-militar-que-empezo-una-huelga-de-hambre-para-reclamar-un-trato-igualitario-nid2324746

jueves, 16 de enero de 2020

FUERZAS ARMADAS


Señor Presidente de la Nación: el sector militar de la sociedad espera de usted, su comandante en jefe, se reconozca sus méritos, su misión y su estructura.




Espera que se devuelva la conducción de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y la del Instituto de Ayuda Financiera a sus integrantes, quienes las crearon y direccionaron desde su nacimiento y así, los políticos de turno que hoy las administran, dejen de percibir salarios muy superiores a los del personal militar, con fondos que salen de los aportes de los afiliados, grupo este al que nunca pertenecieron.

Señor Presidente: el sector militar de la sociedad y sus familias tienen la esperanza de poder contar con usted para que se modifique la situación descripta.

Jorge Augusto Cardos
DNI 7.784.561


NOTA: Las imágenes, enlaces y destacados no corresponden a la nota original.

martes, 14 de enero de 2020

VISITA A SS

Mons. Olivera fue recibido en audiencia privada por el Santo Padre Francisco


Estimados camaradas:

Creo que en esta oportunidad la expresión ¡¡FELIZ AÑO NUEVO!! deja de ser una indicación de nuestros buenos deseos para representar en este comienzo de año la esperanza renovada. En efecto el sábado 11 de enero Su Santidad Francisco recibió en una audiencia privada a Monseñor Olivera, nuestro Obispo Castrense, quien le explicó la situación de nuestros camaradas presos que no detallaré por ser conocida por nosotros.

Pero quiero especialmente agradecer a Monseñor Olivera la tarea realizada desde la asunción de su cargo en búsqueda de la verdad, lo que no siempre ha sido fácil o políticamente correcto, conocimientos que le han permitido informar al Santo Padre sobre nuestra real situación.

La tarea de Monseñor Olivera, fue encarada con criterio amplio y abierto lo que permitió la colaboración de grupos de oficiales y de personal retirados, así como de profesionales civiles, en forma que cada uno pudiese aportar de sí lo máximo posible.

Con la experiencia obtenida en la reunión llevada a cabo en el Vaticano por los obispos militares del mundo poco más de un mes atrás, en la que a pedido de Su Santidad, Monseñor Olivera expuso la situación en nuestro país, un grupo de integrantes del Foro de Almirantes y de Justicia y Concordia se reunió durante las dos últimas semanas de diciembre y la primera de enero para proveer a Monseñor Olivera información cierta y datos precisos para respaldar su presentación.

Ha sido un paso, un gran paso esperanzador, pero aún queda mucho camino por recorrer.

Agrego dos links, el primero con la página oficial del Obispado Castrense y el segundo con "La Nación".

Un cordial saludo,

Enrique Molina Pico
Almirante VGM                                                                     






AVANZA UNA CAUSA POR ESTAFAS EN SUBSIDIOS A GUERRILLEROS



Los cuerpos de los montoneros quedaron en el cuartel. FOTO: CEDOC.
En Comodoro Py avanza una causa que investiga si hubo una defraudación al Estado al permitir el pago de millonarias indemnizaciones por ser víctimas del terrorismo de Estado a guerrilleros que se habían alzado contra un gobierno constitucional. Se trata del caso de la toma del regimiento Monte 29 de Formosa en 1975, mientras gobernaba Isabel Perón, donde murieron doce militares y doce guerrilleros. Desde la fiscalía ya tienen acreditado que los familiares de nueve de esos guerrilleros cobraron el subsidio y ahora esperan otras medidas de prueba para definir si impulsan la causa o no. Según información que ya consta en el expediente, los guerrilleros en cuestión recibieron bonos del Estado que se fueron emitiendo entre los años 1999 y 2013 (cada uno tuvo su expediente particular). Sumados totalizan $ 3,5 millones, pero como fueron otorgados en diferentes períodos si se actualizan por inflación suman un monto de más de $ 90 millones. Esos datos fueron aportados por el Ministerio de Hacienda hace poco más de dos meses respondiendo un pedido de informes de la justicia federal.

El fiscal Ramiro González, que tiene a su cargo la investigación, volverá de vacaciones a mediados de enero y al recibir más información que fue solicitada (debe analizar, por ejemplo, cómo fue el procedimiento de entrega de cada una de las indemnizaciones) definirá si avanza con la investigación. Hasta el momento, la causa, que cayó en el juzgado de Daniel Rafecas, está caratulada como “estafa”.

La denuncia original la presentó Jovina Luna, la hermana de uno de los conscriptos que falleció en el ataque. Allí acusó de defraudación al Estado, falsedad ideológica de documentos públicos e incumplimiento de sus deberes a ex funcionarios y particulares que, según sostiene, permitieron que se incorpore al listado de víctimas del terrorismo de Estado a guerrilleros que murieron en ataques cometidos durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. Allí incluye a quienes lideraron la Secretaría de Derechos Humanos en las últimas décadas, como Martín Fresneda, Eduardo Luis Duhalde o Diana Conti, entre otros.

Durante el tramo final de su gobierno, Mauricio Macri se interiorizó en el caso, encabezó un homenaje a los militares y conscriptos caídos en el hecho conocido como Operación Primicia y habilitó un subsidio para sus familiares. Además, en el Ministerio de Justicia se abrió una auditoría para analizar el caso e incluso para tomar una determinación por otro reclamo de Luna: que sus nombres sean quitados de la lista de la Conadep y de los muros del Parque de la Memoria. Ahora deberá ser el nuevo gobierno el que defina si sigue ese camino o no.

Gabriel Ziblat
Subeditor de Política - Diario Perfil

domingo, 12 de enero de 2020

SEÑORA DE OJOS VENDADOS



"Nuestros jueces son absolutamente incompatibles.
Todo lo pueden hacer, menos justicia".
Bertold Brecht

La serie "Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía", que Netflix incluyó en su plataforma a partir del 1º de enero, el quinto aniversario de su irresuelto asesinato que se cumplirá el próximo sábado, y las declaraciones del principal imputado como autor intelectual -Mohsen Rabbani- colocaron otra vez en el tapete el tema que debiera ser prioritario en la cabeza de los argentinos: no tenemos Justicia. Procesos como los de los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la sede de la AMIA (1994) no solamente no han tenido resolución sino que se han convertido lodazales sin futuro, hollados por las pezuñas de cerdos de todos los colores, de todos los intereses y de todas las nacionalidades.

Más allá de estos y otros innumerables actos de terrorismo y de megacorrupción que han quedado -y seguramente quedarán- impunes a lo largo de nuestra historia, y de tantos magnicidios que aquí se han cometido sin que nadie consiguiera siquiera identificar a los responsables, esa carencia nos condena a la inviabilidad como nación independiente.

Piénsese qué sucedería si, por esos extraños milagros que pocas veces ocurren, pudiéramos darnos una Justicia transparente, seria, apegada exclusivamente a su rol de único intérprete de la ley y, además, veloz.

Una Justicia que permitiera a sus miembros, y a la sociedad en general, estar orgullosos de ella, volviendo a convertirse en un galardón para aquéllos a los que el mérito y la consideración pública les otorga la decisión final sobre la libertad, la honra y el patrimonio de los demás. Que se transformara, ni más ni menos, en lo que nuestra sabia Constitución, prostituida por los políticos, le concede y le exige: ser la real garantía de defensa del individuo frente al poder del Estado y frente a las arbitrariedades de los demás.

Si la Justicia recuperara ese prestigio perdido o dilapidado, mejorarían enormemente las relaciones que el país mantiene con los tenedores de bonos y con los inversores, que ya no necesitarían reclamar extrañas jurisdicciones, y las que cada uno de nosotros mantiene con sus acreedores y deudores, propietarios e inquilinos, cónyuges, padres e hijos, vendedores y compradores, profesionales y clientes, sanatorios y pacientes, empleadores y trabajadores, funcionarios y ciudadanos, etc. Porque, convengamos, somos hijos del rigor, y allí estaría la señora de ojos vendados para recordárnoslo e impedir los abusos a los que somos tan proclives.

No debe entenderse en mis dichos que todos los jueces son indignos de cumplir con honestidad y crudeza el tan noble rol que la Constitución les asigna. Por el contrario, con cincuenta y dos años de ejercicio como abogado, estoy convencido que la mayoría de ellos son probos y preparados, y mira con tanto asombro como los ciudadanos cuanto de inmundo sucede en el Poder Judicial.

Nada puede hacerse de un día para otro, pero todos los caminos comienzan por un paso. Ese paso inicial podría ser algo que ya funciona, con éxito, en muchísimos países del mundo: el juicio civil y penal por jurados, y la elección popular -desacoplada de las de cargos políticos- de los jueces y fiscales en los pueblos y ciudades de menor tamaño. La duración de los mandatos sería de cinco años, renovable, y el principal requisito para cada juez sería la residencia en el lugar en que se desempeña, para permitir un adecuado control de los vecinos sobre su conducta personal y sus bienes. 

En un plazo razonable, se encomendaría a esos distintos magistrados y fiscales la elección de aquellos que merecerían integrar las cámaras de apelaciones y de ejercer como fiscales ante ellas; y así sucesivamente hasta haber recorrido toda la pirámide que corona la Corte Suprema de Justicia y la Procuración General de la Nación. La obvia razón de esta propuesta es que nadie los conoce mejor que sus propios colegas y, cuando éstos han concitado el respeto y la admiración de los demás, seguramente se sentirán más obligados frente a la sociedad.

Lamentablemente, impulsado por las necesidades de su tan procesada Vicepresidente, Alberto Fernández nos mintió en forma descarada cuando, en su discurso de toma de posesión del cargo, aseguró que "nunca más" habría injerencia del poder político en la Justicia. Si le creímos fue sólo culpa nuestra, porque ya había condenado severamente a Cristina imputándole corrupción y complicidad con los terroristas y, poco más tarde, exigido a quienes la tienen contra las cuerdas que expliquen sus fallos y las "barbaridades" (sic) que escribieron para dictarlos.

Y la designación de personajes tan nefastos como Carlos Zannini (Procurador del Tesoro y jefe de los abogados del Estado), Daniel Rafecas (propuesto para Procurador General y cabeza de los fiscales), Juan Martín Mena (Secretario de Justicia), Gerónimo Ustarroz (Consejero de la Magistratura), Félix Crous (Oficina Anticorrupción) y miles de etc., prueban más allá de toda duda el escaso apego a la verdad que afecta a nuestro Presidente.   

Bs.As., 11 Ene 20

Enrique Guillermo Avogadro
Abogado