por Enrique Guillermo Avogadro
Cuando pienso en que corruptos condenados
como Amado Boudou o Julio de Vido, entre tantos otros, y los muchos
delincuentes comunes que, excarcelados por un supuesto miedo al contagio de
Covid-19, han vuelto a cometer delitos cada vez más violentos, no puedo menos
que recordar qué está sucediendo en los penales donde se encuentran detenidos
adultos mayores con edades que van de los 65 a los 93 años, presos políticos a
los cuales se les ha negado, desde 2003, todas las garantías constitucionales.
La situación real fue denunciada nada menos
que por Claudio Cirigliano, cómplice de Ricardo Jaime en los robos al Estado
que causaron el crimen de Once con sus 51 víctimas. El ex concesionario
ferroviario se manifestó aterrado ante el traslado al penal en que se encuentra
-Ezeiza- varios militares contagiados por el virus. Ese panorama se replica en
la cárcel de Campo de Mayo, donde 34 presos políticos se han contagiado y
varios guardiacárceles han sufrido la misma suerte.
De este patético cuadro son responsables,
sin solución de continuidad, esta sociedad que integramos, tan miserable,
hipócrita y cobarde, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto
Fernández y, en mayor grado aún, los asesinos togados que los han condenado,
literalmente, a muerte. En el mundo occidental no se registra antecedente
alguno al cual esta situación resulte comparable, tanto por el tiempo
transcurrido desde los hechos -44 años- cuanto por todas las violaciones de
derechos descripta más arriba. Ni los criminales nazis juzgados en Neuremberg
después de la II Guerra, que perdieron, sufrieron tanta saña como estos
oficiales que vencieron en el terreno militar a las organizaciones terroristas
más fuertes de los 70's.
En el otro extremo del problema se
encuentra el confinamiento que se instauró en la Argentina hace ya 128 días.
Sin negar la importancia de la mortalidad ni, por supuesto, el dolor de los
familiares por cada uno de los fallecimientos, y sabiendo ya que ninguna vacuna
estará disponible, como mínimo, hasta el año próximo, no podemos dejar de
formularnos algunas preguntas: cuándo, finalmente, se vuelva a la normalidad en
el AMBA, ¿el virus habrá dejado de ser peligroso?; si no es así, ¿se
contagiarán aquéllos a quienes se ha confinado masivamente?
Pero ha sido útil a un gobierno cuya sede
se encuentra, sin duda alguna, en el Instituto Patria, la guarida de Cristina
Fernández. Y ello así porque la cuarentena le ha permitido levantar sucesivos
velos sobre la realidad y, en especial, sobre sus objetivos. Está ya claro que estos son dos: la impunidad
para sí misma, su familia y sus cómplices (si es que a éstos no los matan
antes, como sucedió con Fabián Gutiérrez); y la creciente intervención del
Estado, con el objetivo concreto de que todos los ciudadanos terminen
dependiendo de la caridad pública, al mejor estilo cubano y venezolano, y
convertir a la libertad y al ejercicio de los derechos en una merced oficial.
A paso redoblado, está avanzando sobre el
Poder Judicial, donde pretende remover a diez jueces, modificar el organigrama
del fuero federal penal -precisamente el que debe juzgar los innumerables
delitos cometidos por la organización gangsteril que encabeza- y remover al
Procurador General; si lo logra, con la complicidad del Presidente, todas las
vacantes serán llenadas con militantes de Justicia Legítima. Los proyectos
serán enviados al H° Aguantadero la semana próxima, pero ya sabemos que el
nuevo "comité de expertos" legales que aconsejará a Alberto Fernández
estará integrado, entre otros, por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina.
Y en el segundo aspecto, a la fracasada
(pero aún no descartada) expropiación de Vicentín se sumó, esta misma semana,
la pretensión de rescindir la concesión a Edesur. Si la concretara, los
argentinos volveremos a pagar sumas multimillonarias que se sumarán a las que
ya afrontamos por Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, YPF, etc.
A mi edad, me he vuelto escéptico, y por
eso confío en podremos evitar tan terrible destino por la total ineptitud que
este Gobierno ha mostrado en todos los campos, sea en las áreas de salud,
seguridad, educación, defensa, relaciones exteriores, acción social y hasta de negociación de la
deuda, a todo lo cual debemos agregar los conflictos internos que lo afectan.
Pero ello no obsta a que reclamemos a toda
la oposición democrática que, como ya hicieron los empresarios y los
gremialistas, se siente a una mesa y acuerde las 10 o 15 políticas de Estado
indispensables para salir de la crisis socio-económica cuyo pico se acerca
inexorablemente y para torcer el rumbo de decadencia que adoptamos hace ya ocho
décadas. Con ese proceder podrá dejar de ser mera relatora de la realidad y
reunirse con el Gobierno para intentar que éste comprenda hacia dónde nos está
llevando y cambie el derrotero antes de que sea irreparablemente tarde.
El 17 de Agosto volveremos a la calle para
exigirlo.
Bs.As., 25 Jul 20
