por una Nueva Década en Paz y para Siempre.

miércoles, 3 de agosto de 2011

La preservación de las instituciones, deben ser defendidas por todos... especialmente sus integrantes

Uno de nuestros socios fundadores, nos acercó hoy una “joyita” de archivo… se las dejamos más abajo de nuestros comentarios.


¡Qué memoria flaca tenemos los argentinos! Seguramente al leer nuevamente esta nota, más de uno sentirá el sabor amargo de la injusticia, del engaño, de la mentira, de esos jueces probos que supo tener la República Argentina y que hoy parecen ausentes de los estrados.

¿Qué podíamos esperar de un aspirante a tan alto cargo que en la sesión de aprobación de su pliego en el Senado de la Nación, descargó la responsabilidad de no haber cumplido con el requisito de sus declaraciones impositivas en su contador?

¿Qué podíamos esperar de un juez que tiene como asesor a un ex convicto que pasó 13 años en prisión por habérsele probado una larga lista de secuestros extorsivos, y que fue indultado en 1991? El Dr. Jacobo Isaac Grossman asesor, socio y amigo del Juez de la CSJN  Dr. Zaffaroni reunió en 1973 a un grupo de delincuentes y los lideró conformando una banda de secuestradores que se dedicaban a sustraer menores de familias adineradas, cobrando por su rescate cuantiosas cifras.

·        Las crónicas de la época establecen que Grossman había afianzado relaciones con grupos guerrilleros que le señalaban cuáles eran las familias con poder adquisitivo alto, para que efectuara sus raptos.

·        Si bien la actividad de Grossman y sus cómplices no reportaba materialmente ni organizativamente a los grupos guerrilleros, su actividad puramente delictiva colaboraba con el fin de sembrar el terror, y por eso lo ayudaban.

¿Qué podíamos espera de un juez que siempre descarga la responsabilidad de los errores o cosas mal hechas en terceros? La primera versión del Dr. Zaffaroni apuntaba a la responsabilidad de alquilar sus departamentos en la Inmobiliaria –que no otra cosa que una entidad intermediaria- y que no le habían avisado de nada.

·        Según publica el diario Libre, el encargado de tramitar los alquileres de las propiedades del magistrado se llama Ricardo Montivero, tiene 65 años y figura ante la AFIP en el rubro "asesoramiento, dirección y gestión empresarial". De acuerdo a esa publicación, el domicilio de Montivero es el mismo que el de Zaffaroni, que vive en una casona del barrio de Caballito. "Es quien hace todas aquellas cosas que Zaffaroni no le gusta o no puede hacer, desde las compras en el supermercado, hasta firmar los contratos y administrar sus cosas", indicó a revista Noticias un amigo muy cercano al juez.

Como expresa un conocido abogado en el párrafo final de su carta elevada en la fecha a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y referida al Dr. Zaffaroni:

“No es el principio de inocencia el que está en juego, es el prestigio de esa Excma. Corte ante la opinión pública el que está gravemente comprometido”.

No nos interesan los escándolos en los que se mete solo el Dr. Zaffaroni, nos interesa la preservación de las instituciones y la justicia merece ser preservada como la mejor de las instituciones republicanas, ella debe garantizar la igualdad ante la ley y la objetividad al administrar ese bien sagrado.

"Estuve frente a frente con él, encañonado"

Una víctima lo identificó por LA NACION 
Douglas Roberts fue secuestrado por Grossman en 1974 
Su cuñado, que pagó el rescate, escribió una carta a LA NACION 
Sorpresa, indignación y desazón 

Jueves 09 de octubre de 2003 | Publicado en edición impresa


Alejandro T. Watts Bollini vio el rostro de Jacobo Grossman en las fotos tomadas a Eugenio Zaffaroni durante su exposición del lunes último ante la Comisión de Acuerdos del Senado, que publicó LA NACION, y reaccionó con asombro. El fue quien entregó en 1974 el maletín con dinero que los secuestradores pidieron para liberar a su cuñado, Douglas Roberts, un ex directivo de la empresa Pepsi Cola en la Argentina.

Escribió el siguiente texto para la sección Carta de lectores de LA NACION, con su firma, su documento de identidad, número 93.183.301, su dirección y su teléfono.

"Me siento enormemente sorprendido al ver sentado junto al Dr. Zaffaroni junto al Dr. Jacobo Isaac Grossman (LA NACION, 7/10/03). A este último, que es ahora asesor de un futuro miembro de la Corte Suprema de Justicia, mi persona haciendo de mensajero tuvo que entregarle en mano, amenazado a punta de pistola, el dinero exigido a Pepsi Cola Argentina SA para rescatar a uno de sus directores, en enero de 1974. El Dr. Grossman, en ese momento Sr. Grossman, junto con otro de sus compañeros, fue tomado prisionero, pero al poco tiempo liberado de este delito", recordó.

"Años más tarde leí en la revista Gente del 28/02/91 la trayectoria violenta que había seguido, así como su vinculación con el Dr. Zaffaroni. El secuestro al que yo me refiero sucedió hace casi 30 años; no guardo rencor, pero estos acontecimientos me recuerdan el calvario que vivieron, durante el mes que duró el cautiverio, mi cuñado, mi hermana y mis sobrinas, apenas adolescentes; y me produce un sabor amargo de desazón y de indignación el imaginar posiblemente sentado cerca de los estrados de la Justicia a este ciudadano", concluyó.

A centímetros
En diálogo con LA NACION, Watts afirmó que reconoció al allegado de Zaffaroni: "Estuve frente a frente con Grossman. Lo vi porque tenía su rostro a 40 centímetros del mío, junto a otros dos que me tenían encañonado. Todo esto lo declaré ante la justicia de San Isidro, pero él tenía siete abogados trabajando, algunos muy vinculados al general Perón", sostuvo.

Roberts evitó hacer comentarios "por pedido de la familia", según sostuvo.

Pero se refirió a su secuestro: "Luego de aquello me tuve que ir del país. Ahora, cuando lo veo a Grossman, veo que por algo pasamos los últimos 30 años que pasamos".

Los secuestradores pidieron 5 millones de dólares para liberar a Roberts. "Mi cuñado fue secuestrado el 3 de enero de 1974. Después de las negociaciones que llevó adelante la propia Pepsi Cola, cuando hubo que pagar el secuestro, los secuestradores me eligieron para que hiciera el pago", comentó Watts. "Entregué el maletín y luego de la captura de la banda se rescató al menos una parte del dinero", recordó.


Hasta el 9 de agosto puede votar en nuestra encuesta. Gracias

lunes, 1 de agosto de 2011

¡Una imagen vale más que mil palabras!

Si perseveramos lograremos lo que tanto ansiamos:


Basta de atropellos a las personas, a las instituciones,
Estamos hartos de tantas mentiras, corrupción, injusticias,
inclumplimiento de la ley por sobre todas las cosas,
solo queremos verdad, memoria, justicia y reconciliación.

domingo, 31 de julio de 2011

Nunca es tarde... aún estamos a tiempo


Desde el inicio de nuestra Asociación Civil Pacificación Nacional (en trámite) hemos tenido una prédica constante de la necesidad de la “Igualdad ante la ley”, la “Inmediata libertad de los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Civiles que combatieron y vencieron al terrorismo” y el “Reconocimiento y reparación de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina, estos tres derechos han sido sistemáticamente violados y olvidados por el poder de turno.


Ahora que en la República Argentina, se respira un aire de generalizada esperanza de terminar, por medio del voto, con el poder manipulador, crispado, totalitario que supo torcer la historia, la moral y la ética de la mayoría de la población… se empiezan a escuchar y leer otros comentarios, frutos de la vergüenza adormecida. Pero no importa, no es tarde para corregir un error… aún estamos a tiempo de salvar a la República.

La Paz y la Concordia son dos bienes fundamentales que debemos conquistar y consolidar, para que juntos como Nación logremos un futuro mejor. Les dejamos el editorial de La Nación en el día de ayer.



Editorial I



La violencia armada de los años 70

Es necesario diseñar un plan integral de reconciliación sin exclusiones, como antes lo hubo de muerte y terror

Sábado 30 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa

Desde su irrupción en el escenario nacional, el Frente para la Victoria ha pretendido adueñarse de la bandera de los derechos humanos en la Argentina. En parte movilizados por su absoluta inacción durante el prolongado ejercicio del poder en la provincia de Santa Cruz, donde hicieron muy buenas migas con los militares allí destacados, sus principales figuras han sobreactuado en los últimos ocho años de manera de imponer una única y maniquea visión sobre el complejo problema de nuestra historia reciente.

El giro se produjo al llegar a la Casa Rosada. Incluso después de haber resultado elegido, Néstor Kirchner dio marchas y contramarchas en la cuestión militar, según hay testimonios de su propio entorno inicial.

Desde entonces, el kirchnerismo ha asumido una postura grandilocuente y grotesca, que ha impedido crear el terreno de mínima tolerancia y respeto a fin de que se genere el escenario superador del drama de hace más de treinta años. Así está envilecida la Nación, con los derechos humanos usufructuados para la facturación política y para facturaciones más subalternas, pero igualmente industriosas.

La falta de consideración con la tarea realizada en la materia por el ex presidente Raúl Alfonsín con inigualable coraje cívico y abriendo una experiencia de enjuiciamiento a militares desconocida hasta entonces en el mundo, y los agravios a notorios luchadores por los derechos humanos, como la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú o el ex fiscal Julio César Strassera, han sido indicativos de la falsedad del relato oficial de los hechos de aquella época y del armado a medida de los intereses de poder de la versión ahora oficial. La manipulación de las cifras del Indec ha sido la coronación de una obstinada vocación por distorsionar la realidad y la historia.


Ha habido en estos años actos de provocación asombrosa, hasta sin la debida consideración del entonces presidente Kirchner con el jefe del Ejército designado por él mismo, a quien colocó en la situación de bajar de una pared del Colegio Militar el cuadro del presidente de facto ante el que se había cuadrado como oficial en actividad. Situaciones de esa naturaleza anticiparon las mañas que habría para avivar el rencor y, allí donde anidara, los deseos de revancha por los años de dictadura, pero también para obstaculizar el sendero de la paz y unión permanente de los argentinos.

La caducidad de las leyes de obediencia debida y punto final, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005 después de más de una década de sancionada, tampoco contribuyó a la pacificación nacional. A partir de esa interpretación, los tribunales inferiores han impedido el juzgamiento de la otra parte esencial del conflicto de los setenta: los guerrilleros que mataron a mansalva a cientos y cientos de argentinos, muchos de ellos civiles y ajenos por completo a la confrontación librada.


Alguien que en modo alguno podría ser catalogada como complaciente con los militares actuantes en la represión antiterrorista puso de relieve en el seno mismo del más alto tribunal del país lo controvertible de aquella decisión judicial. La doctora Carmen Argibay, incorporada a la Corte Suprema por iniciativa del presidente Kirchner, votó en contra de la inconstitucionalidad de los indultos. Se fundó para ello en la doctrina sentada por la Corte Suprema en 1990 que había alegado en la cuestión la existencia del principio superior de la "cosa juzgada". Y así, Argibay sostuvo en su voto que, "habiendo sido respaldado el indulto hace 17 años, ya no puede revisarse su legitimidad".

Tampoco es cierto que el carácter de lesa humanidad de tales crímenes, del que deviene su imprescriptibilidad, sea atribuible sólo a los delitos cometidos por militares. A ello se ha opuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hizo en la causa Almonacid, de septiembre de 2006, en la que sostuvo que deben ser penados los asesinatos ejecutados en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil realizados tanto por el Estado como por una organización terrorista.

Ese mismo criterio ha sido sostenido por la Corte Penal Internacional en pronunciamientos recientes. Es oportuno señalar que dichos tribunales, como las convenciones y demás instrumentos internacionales a los que la Argentina se ha adherido libremente, tienen jerarquía constitucional en nuestro país, de conformidad con la reforma de 1994.

Estamos, pues, en medio de un escenario político montado por unos en detrimento de otros, con pingües ganancias para los pescadores de río revuelto. No es equitativo que algunas de las víctimas merezcan todo tipo de reconocimientos públicos y sus familiares sean adjudicatarios de costosas indemnizaciones para el erario nacional, mientras que otras sean consideradas por el Estado innombrables y reciban un desprecio que, por procedimientos inadmisibles, se pretende transmitir a parientes y extenderlos de generación en generación. Es la saña ejercida contra jefes y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas -algunos de ellos con carreras profesionales brillantes- que han debido pasar a retiro sólo por el apellido que llevan.


El cumplimiento de penas de prisión perpetua en cárceles comunes por parte de los militares condenados seguirá siendo una expresión de enorme injusticia histórica si no es compartida por todos los protagonistas directos de los hechos de barbarie ocurridos hace tres décadas. Entiéndase bien: no puede haber juzgamiento, condena y demonización para unos, cuando ni siquiera hay un tibio reproche o una autocrítica respecto de los crímenes cometidos por los que originaron con su delirio la cruel e ilegal represión militar.

Así las cosas, es necesario diseñar un plan integral de reconciliación, como antes lo hubo de muerte y terror. Es menester convocar a las partes involucradas en forma directa, en primer lugar. Pero también a políticos, legisladores, intelectuales, hombres de la Iglesia y a todos aquellos ciudadanos destacados que sean capaces de contribuir con aportes para cerrar una penosa época de la Argentina.

Ninguna diatriba, ninguna amenaza debe arredrarnos de la voluntad de estimular ese espíritu.